Antes de que termine este mes se espera que la junta de Hidroituango, responsable de la construcción de la generadora de energía más grande del país, defina cómo se financiará.
El modelo financiero para la concesión incluye construcción y operación de la central hidroeléctrica
Pero desde ya hay un debate abierto de posiciones encontradas frente al futuro del megaproyecto. Y no es para menos: con un costo inicial de 2.832 millones de dólares y capacidad de 2.400 megavatios de energía, generaría a partir de diciembre del 2018 cerca del 25 por ciento de la electricidad del país.
Por la magnitud de esta obra, la segunda en infraestructura más costosa del país después de la refinería de Cartagena, no se han hecho esperar reacciones frente a la figura de subasta pública, prevista para el próximo 31 de julio.
Este modelo de concesión abre la posibilidad de que firmas extranjeras pujen como inversionistas junto a Empresas Públicas de Medellín (EPM), proponente local, para financiar, construir, operar y mantener la hidroeléctrica.
Hace dos semanas el ex gobernador de Antioquia y actual candidato liberal a la Vicepresidencia, Aníbal Gaviria, en un medio regional señaló que el sueño antioqueño podría terminar en manos extranjeras y lo que recibiría el Departamento no se compensa con los miles y miles de millones de pesos que obtendrá el consorcio que construya y explote la hidroeléctrica, teniendo en cuenta que se proyectan ingresos por 700 millones de dólares anuales, a precios de hoy, cuando entre en operación.
Gaviria se refiere a cualquiera de las seis firmas precalificadas, de China, Brasil y Corea, cuya capacidad instalada, en el mejor de los casos, sextuplica la de EPM.
A ello se suma lo dicho por el ex congresista Ramón Elejalde: "Ahora el Idea y la Gobernación van a entregar por 30 ó 40 años la hidroeléctrica a cambio de una prima que para los más optimistas sería de 370 millones de dólares, de los cuales a los socios mayoritarios les correspondería un poco más de la mitad".
Y el martes pasado, el ex embajador y columnista Juan Gómez sentenció que es "crimen de lesa Patria" que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), socio mayoritario del proyecto, entregue las riquezas de Antioquia "a cambio de unos centavos".
Réplicas y denuncias penales
La respuesta de Álvaro Vásquez, gerente del Idea, no se hizo esperar. A esos señalamientos respondió con argumentos y denuncias penales por propiciar, según él, un pánico económico.
"Como servidor tengo la obligación de denunciar a quien use los medios de comunicación con informaciones erróneas que pongan en riesgo la confianza inversionista", señaló Vásquez. Agregó que esto es "una pataleta de los vivos del poder".
A los críticos se sumó el ex gerente de este descentralizado del Departamento, el senador electo Eugenio Prieto.
"En este momento se tiene una grave crisis de liquidez poniendo en riesgo la estabilidad financiera del Idea en el mediano y largo plazo", aseveró Prieto.
Añadió que la baja en la calificación de riesgo crediticio de la entidad de AA a A+, por parte de la firma BRC Investor Services, en febrero pasado, se debe a las inversiones de largo plazo y que restan liquidez, como la Hidroeléctrica Ituango.
Dentro de la capitalización inicial de 300 mil millones de pesos para las primeras obras del megaproyecto, el Idea y la Gobernación aportaron hasta diciembre pasado 126.840 millones y deben pagar este año 28 mil millones.
Por su parte, EPM capitalizó con 111.465 millones y le faltan otros 25.500 millones.
El gerente del Idea asegura que la calificación crediticia bajó porque cambió la metodología de todas las evaluadoras de riesgo. Refuta que se hable de iliquidez cuando tiene en caja 156 mil millones de pesos.
Además Vásquez le confimó a EL TIEMPO que interpondrá denuncia penal contra Prieto por las mismas razones que lo hizo con sus otros contradictores liberales.
El Idea ha invertido un total de 216 mil millones, según el funcionario, sumando capitalizaciones y la cuestionada compra por 97 mil millones del 6,2 por ciento de acciones del proyecto a socios minoritarios privados en el 2008, para obtener el control de la sociedad.
Por ahora EPM no ha entrado a terciar en la discusión. Según voceros consultados, con este silencio cumple el pacto de condifencialidad al que se comprometió desde que funge como proponente en el proceso de subasta.
Decisiones cruciales
Mientras sigue la controversia entre representantes del Gobierno departamental anterior, de corte liberal, y funcionarios del actual, conservador, lo claro para los técnicos de Hidroituango es que el mal ambiente puede espantar a los potenciales inversionistas.
"Nosotros no estamos vendiendo Hidroituango, la estamos blindando jurídica y financieramente para llamar a un inversionista que ofrezca las mejores condiciones y maximice recursos de los actuales socios. De ahí que la misma EPM apoyó la subasta", explicó Juan G. Álvarez, gerente de estructuración financiera de Hidroituango.
Añade que es evidente que una remuneración inicial (prima) de parte del concesionario no será nunca menor a los 300 mil millones de pesos invertidos en obras iniciales. La concesión oscilaría entre los 20 y los 35 años.
La pelota está del lado de la junta directiva de Hidroituango para que tome cruciales decisiones financieras este mes. Así se pondrán cifras precisas a las condiciones de desarrollo del proyecto energético más importante del país.
¿Debate técnico o político?
Más allá de las diferencias políticas y de criterio en el manejo financiero del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, es evidente la aversión recíproca entre el ex gerente de la entidad Eugenio Prieto y el actual gerente, Álvaro Vásquez.
El primero considera que Vásquez ocultó una calificación de riesgo de agosto del 2009 en la que la Fitch Ratings calificó su riesgo de deuda de largo plazo A+ que ratificó en febrero pasado la nueva calificadora Investor Services.
Prieto afirma que se están incumpliendo los decretos reglamentarios que autorizan a captar recursos a los Institutos de fomento, inversión, promoción y desarrollo (Infis) -como es el Idea-.
"La norma dice que si baja la calificación deben suspender las captaciones y en seis meses siguientes deben calificarse de nuevo. En este caso la calificación no subió en febrero y por eso las captaciones actuales son ilegales", asegura Prieto.
Al respecto, Vásquez dice que en agosto lo que hubo fue una homologación de una calificación anterior, no una nueva. "La última calificación de Investor Services es en febrero, la anterior fue en febrero del 2009 por parte de Duff & Phelps. La más recientes de BRS Investor Services es una calificación inicial", dice.
Entre sus argumentos, Prieto también considera que Vásquez "se pasó por la faja" a la Asamblea Departamental, pues debió solicitarle autorización para comprometer vigencias futuras en la capitalización de Hidroituango.
Vásquez replica que el argumento jurídico de Prieto "solo aplica a entidades territoriales y desde febrero del 2008 la Junta (directiva) dio facultades para capitalizaciones". Según Vásquez, Prieto tiene "mala intención". Prieto piensa igual de él.
REDACTOR DE EL TIEMPO
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