PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

lunes, 31 de octubre de 2011

Plantón Plaza San Martín en solidaridad y apoyo a la lucha de lxs estudiantes colombianxs.


http://www.youtube.com/watch?v=_l3kpXopxJo

Plantón Plaza San Martín, Viernes 28 de Octubre, en solidaridad y apoyo con los estudiantes colombianos.
Buenos Aires, Argentina.
No a la Reforma de la ley 30.

Facebook: tinto, mate y resistencia ( https://www.facebook.com/groups/303433516349425/ )
Twitter: @tintomateyresitencia

domingo, 30 de octubre de 2011

LAS MARCHAS ESTUDIANTILES EN COLOMBIA

enviado por popula rocio: 


FOTOS DE LAS MARCHAS ESTUDIANTILES EN COLOMBIA. LAS UNIVERSIDADES SIGUEN EN PARO TOTAL Y LOS MEDIOS TRATANDO DE SABOTEAR Y ESTIGMATIZAR A LOS Y LAS ESTUDIANTES



"¡Los héroes en Colombia si existen... y están en PARO!" Protestas estudiantiles















Departamento de Casanare: Un pueblo de desaparecidos. Su exgobernador a juicio por crímenes contra la humanidad


Para-POLÍTICA:

DEPARTAMENTO DE CASANARE

...PARA QUE EL PAÍS NO PIERDA LA MEMORIA....
 
Pueblos de desaparecidos....
En Recetor un menor enseña las fotos de sus padres desaparecidos, Yadira Carreño y Javier Martínez. El niño acompañó a su padre al campamento paramilitar donde desapareció cuando fue a cumplir una citación en 2003. Luego su madre corrió la misma suerte.

CRÓNICA: semanaDos municipios del Casanare concentran uno de los eventos de desaparición forzada más aterradores de Colombia. José Monsalve viajó hasta allá en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Sábado 23 Julio 2011
Testimonio:
"Cuando eso yo tenía 6 años. Iba con mi papá a pie —habla un niño de 13— y llegamos a un alto desde donde se ve la escuela. Ahí estaban los señores esos y cogieron a mi papá y al otro señor que también lo habían mandado llamar. Los amarraron de las manos y nos llevaron hasta la escuela (…) Nos metieron en una pieza donde había un señor acostado, con las manos atrás y con una bota (metida) en la boca. El señor echaba sangre. A mi papá lo sacaron de ahí por la tardecita… ?"Al otro día reclamé que dónde estaba mi papá y me dijeron que él después venía. Entonces comencé a llorar y una señora me metió de cabeza a un tanque de agua. Ella era del grupo porque estaba uniformada. Le pidieron el favor a un señor que me trajera (al pueblo). Yo le pregunté al señor que qué eran los tiros que habían sonado (anoche) y me dijo que habían matado una vaca. Llegué donde mi mamá. Ella no estaba tranquila, y al otro día fue a hablar con el jefe de los señores. Yo no sabía nada de los paramilitares. Ahora sé que son actores armados de la violencia que matan a la gente sin ninguna piedad". En Recetor y Chámeza, dos pequeños pueblos del occidente del Casanare, estas historias están en boca de la mayoría de los habitantes. Todas las familias tienen a alguien del que no se supo más…

"Ese fue el error de ella —cuenta la abuela del niño huérfano de 13 años—, ir el lunes siguiente a hablar con el jefe de esos señores. Se afanó y fue a ver qué pasaba. Dijo que era su marido, que cuál era el problema. Ella tenía como unos 34 años. Ambos eran jóvenes, vivían en unión libre. Ella se fue a hablar por él y se perdió también".

A primera vista, este rincón del Casanare sugiere algo muy parecido al edén. Extensos campos verdes bajo un cielo esplendoroso, aire fresco, ríos claros que corretean entre las veredas, animales pastando y campesinos que levantan el brazo y estiran la sonrisa al paso de los carros ocasionales. Pero tras esta imagen bucólica está uno de los fenómenos de desaparición forzada más aterradores y desconocidos del país.

Entre 2001 y 2004 el departamento fue un inmenso campo de batalla en el que se enfrentaron a muerte las ACC,(autodefensas campesinas de casanare) de Germán Darío Buitrago, alias 'Martín Llanos', contra el emergente Bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave. Casanare es la puerta de entrada a Venezuela, ruta codiciada por los narcos para su operación internacional. También estaban en juego cultivos, laboratorios, jugosas extorsiones a compañías petroleras y miles de hectáreas de tierras riquísimas.

"Cuando Martín Llanos sintió que podía ser desplazado de su territorio, se enloqueció y empezó a ver enemigos por todas partes. Ordenó asesinar y desaparecer por nada, por simple sospecha", explica un periodista que ha seguido de cerca el convulsionado acontecer del departamento.

De esa paranoia fueron víctimas Recetor y Chámeza, dos municipios del piedemonte casanareño separados por media hora de carretera. En tres semanas, entre enero y febrero de 2003, 27 personas fueron desaparecidas en el primero y 33 en el segundo, aunque no hay cifras exactas pues el miedo hizo huir o callar a muchos. Los desaparecidos eran llamados a cumplir una cita arriba, en los campamentos de las ACC y jamás volvían.

EL MÉDICO QUE SACRIFICÓ SU VIDA POR EL PUEBLO DE CASANARE: 
El médico Geiner Antonio Munive Rodríguez decidió quedarse con la gente de Recetor al comenzar ese trágico año en que todo el que pudo se desplazó, incluido el alcalde. Mientras cumplía su misión médica vio cómo varios de sus pacientes subían a los campamentos y no volvían. No pudo con tanta indignación. Gestionó una reunión con las autoridades confinadas en Yopal (comandante de brigada, alcalde, gobernador, personero), y cuando el encuentro se desgranaba en temas menores, alzó la voz y exigió hacer algo para impedir que los paramilitares se siguieran llevando a la gente.

El pronunciamiento del doctor Munive fue su sentencia. 'Martín Llanos', jefe de las ACC lo citó. Muchos le recomendaron no ir; otros le suplicaron averiguar por sus familiares. El doctor decidió asistir. El 27 de febrero tomó la vía que va de Recetor a Chámeza en compañía de Nayro Chaparro, conductor de la ambulancia del pueblo. Ambos están desaparecidos desde entonces.

Los padres del doctor Munive, oriundos del Cesar, a pesar de los riesgos, en los siguientes meses entraron hasta los confines más tenebrosos del Casanare. Encontraron retenes de paramilitares ante los que se presentaron. "Mi esposa, bastante nerviosa, les pidió que le dieran razón de su hijo, que si lo habían matado dijeran dónde estaba el cadáver para recogerlo y traérnoslo, pero uno de ellos le respondió agresivamente: 'Ya le dijimos que no lo tenemos, además si matamos a alguien no tenemos que darle explicaciones'", le dijo Genes Munive, padre del médico, al periódico Vanguardia Liberal en 2006.

De lo que ocurría en los campamentos que los paramilitares levantaron en las montañas entre Recetor y Chámeza, a pocos minutos de estas cabeceras, muy pocas personas pueden dar cuenta. Luz Nelly Alfonso es una de ellas. Estuvo cuatro días secuestrada en el campamento de Alexánder Urbina, alias 'Careloco' (subalterno de Llanos). Fue hasta allá para acompañar a su esposo, Jesús Antonio Valero.

"Él era constructor y lo citaron. Pensó que como no debía nada no tendría problema. Fuimos y allá nos amarraron y nos vendaron", recuerda Luz Nelly, quien calcula que la encerraron junto a unas quince personas más, mientras que su esposo fue llevado a otro lugar. Fue interrogada bajo amenazas de muerte, tomaron todos sus datos y la agredieron mientras oía gritos en el salón contiguo. Allí vio por última vez a su esposo: "Cuando lo sacaron para interrogarlo, casi no podía hablar y tenía las manos quemadas, estaba amarrado. Vi que lo habían maltratado". Ella cree que la dejaron ir porque alguien verificó que sí tenía en su casa tres hijos menores que estaban completamente solos. "De él no supe más", dice.

Hace un año, 'Careloco' -hoy detenido-, en un "gesto humanitario", según sus propias palabras, volvió a la zona con una comisión de la Fiscalía para señalar la ubicación de fosas. Algunos habitantes se enteraron y corrieron a preguntarle por el paradero de sus dolientes. "Me dijo que no sabía de mi esposo, que trataría de averiguar", dice desconsolada Luz Nelly.

En esa ocasión 'Careloco' confesó que años atrás no había sido sincero con la familia del doctor Geiner Munive. Contó que el médico del pueblo había sido asesinado y enterrado en una fosa, y explicó que el cadáver jamás aparecerá porque seis meses después recibió una orden: "Es el único cuerpo que no va a aparecer, porque la orden fue arrojarlo al río Caja", dijo.

La tragedia del Casanare 
El país aún no descifra la tragedia de este departamento. Según los registros de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hay cerca de ochocientos desaparecidos. De acuerdo con el prestigioso grupo de análisis de datos de derechos humanos Benetech, que con un complejo modelo matemático cruzó 11 bases de registro distintas, hay 1.524 desaparecidos documentados y se estima que 1.029 casos más que no fueron reportados, lo que da un total de 2.553 desaparecidos durante el periodo de 1986 y 2007, solo en el departamento del Casanare.

Aunque la Fiscalía ha logrado recuperar 11 cuerpos, que ya han sido identificados y entregados a sus dolientes, la mayoría de las familias siguen esperando la verdad, que por dolorosa que sea es lo único que puede apaciguar sus almas. Aun así, nada augura que esta vaya a llegar pronto, ya que Martín Llanos -hoy prófugo- nunca se desmovilizó y la mayoría de los integrantes de su temido grupo también desaparecieron. Las autoridades han capturado a cerca de cincuenta exintegrantes de las ACC, pero solo siete han logrado ser incluidos en el proceso de Justicia y Paz. Los demás han manifestado su interés en colaborar solo si son admitidos. Ante esto, la gente de Recetor y Chámeza solo espera una respuesta del Estado. Una respuesta que no llega.
NOTA:
Hoy este proceso se encuentra radicado en la Comisión Interamericana de derechos Humanos
Peticionarios: Corporación Opción Legal y Familiares Colombia

AQUÍ ESTÁN ALGUNOS DE LOS VÍCTIMARIOS:

Llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia,  el ex-gobernador de CASANARE, por crímenes contra la humanidad.
Fiscalía ordenó Ex-gobernador de Casanare William Pérez Espinel. 
El ex-gobernador ya fue condenado por vínculos con grupos críminales:
El departamento de Casanare parece una caja de Pandora. La región ha sido sitiada en los últimos años por una ola de corrupción y malos manejos de la administración pública que han derivado en múltiples investigaciones judiciales y disciplinarias. El ex gobernador Miguel Ángel Pérez fue condenado por sus vínculos con el comandante de las Autodefensas Campesinas de Casanare Héctor Buitrago Parada, alias Martín Llanos. El año pasado, la Fiscalía puso tras las rejas a seis alcaldes luego de comprobarse que firmaron un documento para favorecer los intereses del paramilitarismo. Por orden de la Corte Suprema de Justicia permanece en prisión el representante a la Cámara Óscar Wilches.

El fiscal general de la Nación, en ese momento Mario Iguarán, tomó una trascendental decisión con el propósito de desentrañar los tentáculos de las autodefensas en una de las regiones más prósperas de Colombia y ponerle coto al desangre de las finanzas públicas: ordenó la captura del ex gobernador William Hernán Pérez Espinel —quien rigió los destinos del departamento entre 2001 y 2003— por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión.
El Espectador conoció la decisión, proferida por el Fiscal,  en la que luego de una minuciosa investigación, de contrastar testimonios y declaraciones, de un concienzudo análisis de pruebas documentales y, sobre todo, de la comprobación de la infiltración de grupos de autodefensas para saquear las arcas departamentales, profirió medida de aseguramiento en contra de Pérez Espinel. Un polémico político que incluso postuló nuevamente su nombre a la Gobernación de Casanare en octubre de 2007, avalado por el partido Apertura Liberal.

Lo curioso es que obtuvo el respaldo de ese partido político pese a que la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al encontrar numerosas irregularidades en el manejo de la contratación estatal durante su período como primer mandatario de los casanareños. También tuvo serios cuestionamientos disciplinarios por presionar a un contratista para que le entregara unos dineros a cambio de adjudicarle una millonaria licitación para desarrollar una obra de electrificación en un municipio.
En agosto de 2007 la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que investigara varias declaraciones de varias personas y de algunos desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de Casanare que incriminarían a Pérez Espinel en el proyecto de expansión del paramilitarismo en la región. Con la decisión de la Fiscalía, el ente acusador pretende aclarar cuál habría sido el alcance de la tajada de participación que exigieron los ‘paras’ de Martín Llanos en el departamento durante la gestión de Pérez. Y, principalmente, dilucidar si a través de los contratos se desangraron las finanzas regionales y el patrimonio público. La marea parapolítica sigue avanzando en la Fiscalía.

Capturado coronel (r) del Ejército por desaparición de 50 personas en Casanare.

CORONEL (r) JUAN CARLOS CASTAÑEDA VILLAMIZAR- fue agregado militar en la Embjada del Brasil.

El oficial Juan Carlos Castañeda Villamizar es investigado por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

El CTI de la Fiscalía detuvo al uniformado para cumplir con la medida de aseguramiento proferida por una fiscal de Derechos Humanos y DIH que adelanta el proceso por la desaparición de no menos de 50 personas en los municipios de Recetor y Chámeza (Casanare), entre los años 2002 y 2003, informó el ente judicial.
El procesado "supuestamente facilitó el accionar delictivo de las Autodefensas Campesinas del Casanare lideradas por Héctor Germán Buitrago Parada, alias ‘Martín Llanos', en las poblaciones mencionadas", explicó la Fiscalía.

El Coronel (r) está recluído en una guarnición militar en Bogotá:
Esto lo habría hecho cuando era comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez de la Brigada 16 del Ejército, con asiento en Tauramena.
Según la investigación, los paramilitares "retuvieron, torturaron y ultimaron a medio centenar de pobladores, a quienes sindicaban de auxiliar a la guerrilla".
Castañeda Villamizar está recluido en una guarnición militar de Bogotá. Por este caso hay otras 17 personas vinculadas, entre ellas "Martín Llanos", que está prófugo de la justicia
 
Condenan a alcalde de Aguazul, Casanare por desaparición de dos personas | Febrero 3 de 2011
 
 A 29 años de cárcel fue sentenciado el alcalde de Aguazul, Casanare, José Mauricio Jiménez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de un contratista y otro habitante de ese municipio.
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Ex-alcalde de Aguazul de Casanare. José MAuricio Jiménez Pérez, condenado a 29 años de prisión por desaparición

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a José Mauricio Jiménez Pérez, reelecto alcalde de Aguazul, Casanare, y a Ubaldín Vallejo Montañez a 29 años de prisión cada uno, por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la investigación de un fiscal de Derechos Humanos a cargo del caso, se demostró la responsabilidad de Jiménez Pérez, condenado como autor por omisión y alcalde entre 2001 y 2003, y de Vallejo Montañez, desmovilizado de las autodefensas en 2005, en la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y de Ariel Rosas Moreno, en hechos ocurridos el 29 de julio de 2002 y el 21 de febrero de 2003.

Finalmente, el Juzgado Quinto Penal condenó a Jiménez Pérez a la pérdida de su cargo, y ordenó su captura.
 

La sombra negra de ‘Martín Llanos’

La investigación se originó en la denuncia que interpuso Blanca Sánchez por el plagio de su esposo, Luis Ariel Bernal López.
 
COMANDANTE PARAMILITAR HÉCTOR GERMAN BUITRAGO PARADA, Alias "MArtín Llanos". Hoy prófugo de la justicia.
Las Autodefensas Campesinas del Casanare entre   2003 y 2004 sostuvieron un cruento enfrentamiento con el grupo paramilitar de  Miguel Arroyave    
En momentos en que se vuelve a rumorar la eventual entrega a la justicia del jefe paramilitar del Casanare, Héctor Germán Buitrago Parada, más conocido como Martín Llanos, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación dictó en su contra medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, en desarrollo de una investigación que prueba cómo la organización bajo su mando estableció un régimen del terror en este departamento.
El origen de la investigación fue la denuncia de la ciudadana Blanca Dilma Sánchez, quien puso en conocimiento de la justicia que el 29 de julio de 2002, tras suscribir un contrato para el mantenimiento del acueducto de una vereda del municipio de Aguazul (Casanare), su esposo Luis Ariel Bernal López, fue desaparecido. Días después, ella fue abordada por dos individuos en una moto, quienes la conminaron a abandonar el pueblo con toda su familia si no quería correr la misma suerte de su marido.

Algunas víctimas: 
Tres meses después, los dos hermanos de la primera víctima, José Efraín y Nelver Bernal, fueron sacados de su casa de habitación en la vereda Recetor, del municipio de Aguazul, sin que hasta hoy se sepa de su paradero. Las tres desapariciones ocurrieron cuando regentaba los destinos del municipio José Mauricio Jiménez Pérez, de quien desde entonces se afirmaba que tenía nexos con las autodefensas de Martín Llanos. El pasado 22 de noviembre de 2007, Jiménez Pérez, reelecto días atrás, fue detenido por estas relaciones.
En desarrollo de la investigación, compareció una ex secretaria de Agricultura del mismo municipio, quien testificó que siendo alcalde Jiménez Pérez, los que mandaban en el pueblo eran cuatro paramilitares de Martín Llanos, y que incluso se utilizaba una camioneta contratada por la Alcaldía para “levantar a la gente” y entregarla a José Reinaldo Cárdenas Vargas, alias El Coplero, quien se encargaba de desaparecerla. Según la testigo, uno de sus hermanos corrió la misma suerte en febrero de 2003.

La Fiscalía logró aclarar que el día de su desaparición, el ciudadano Luis Ariel Bernal tenía que pagarle el 10% del valor del contrato a los paramilitares. Y que este caso no fue el único. Durante varios meses, mataron a mucha gente y otros tantos empezaron a desaparecer. Una testigo de excepción manifestó que nadie podía salir en Aguazul después de las 6:00 de la tarde y que diariamente mataban entre tres y cuatro personas. Varios presos y desmovilizados apoyaron a la Fiscalía para demostrar los crímenes perpetrados por las Autodefensas del Casanare.
En consecuencia, la Fiscalía dispuso la captura inmediata de Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos y José Reinaldo Cárdenas Vargas alias El Coplero, segundo de la organización criminal, como responsables de la ola de desapariciones y crímenes que se perpetraron a partir de 2002 en Aguazul y otros municipios del departamento. Precisamente hoy, por nexos con Martín Llanos, la Fiscalía adelanta una investigación contra seis ex alcaldes de Sabana Larga, Villanueva, Maní, Tauramena, Aguazul y Monterrey, también del departamento del Casanare.

En agosto de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en una histórica sentencia, condenó a 11 paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, porque desde los años 90, constituyeron “una organización delictiva dedicada a la elaboración y tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional”. Entre los condenados aparecieron Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El Tripas, creador del grupo paramilitar en el Casanare, y su hijo Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como Martín Llanos, actual jefe de la organización criminal.

Lo paradójico es que después de 20 años de delinquir a sus anchas, los dos sujetos siguen libres. Buitrago Rodríguez estuvo preso entre 1996 y 1999, pero fue rescatado por un comando paramilitar cerca a Villavicencio. Su hijo Martín Llanos, otrora socio clave de Carlos Castaño, después protagonizó una guerra a muerte con los paramilitares de Urabá, que dejó decenas de familias enlutadas en el Casanare y Meta. Y hoy, aún sin castigo,  sigue siendo un jefe paramilitar en la clandestinidad, asociado al tráfico de estupefacientes y responsable de un sinnúmero de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos
 
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Fuentes; El Espectador, El Colombiano, Revista SEmana.
 
 Nancy Fiallo Araque
Observatorio de Derechos Humanos y Parapolítica-Asamblea de Mujeres por la Paz-AMP-
móvil: (571) 300 823 66 34
Bogotá. DC- Colombia- Sur América
 Defensores de Derechos Humanos abajo Amenaza
 Campaña Defensores: Colombia,Europa y EEUU.
                                                    
 
 
 
"No somos jueces, somos testigos.
Nuestra tarea es hacer posible que la 
humanidad sea testigo de estos crímenes 
horrendos y ponerla del lado de la justicia.
Bertrand RusselTortuga   
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Plan Colombia para Afganistán


Expertos sugieren cambio de estrategia

Por: Redacción Internacional

Que Estados Unidos adopte el modelo del Plan Colombia para luchar contra la insurgencia y el narcotráfico en Afganistán, es una estrategia sostenible.

EE.UU. entraría a ofrecer apoyo táctico y entrenamiento a tropas afganas. / AFP
EE.UU. entraría a ofrecer apoyo táctico y entrenamiento a tropas afganas. / AFP
Así lo manifiestan Paul Wolfowitz, exsecretario de Defensa y expresidente del Banco Mundial, y Michael O'Hanlon, experto en Asia del Instituto Brookings, en un artículo de la revista Foreign Policy.
Después de que el presidente de EE.UU., Barack Obama, aunciara que las tropas norteamericanas de Irak volverán a casa tras lograr importantes avances en la ocupación de ese país, las frustraciones e inquietudes de los estadounidenses crecen alrededor de la guerra en Afganistán, donde no hay una disminución significativa de los grupos terroristas y sí muchas pérdidas económicas y humanas. “¿Está la victoria en Afganistán fuera de nuestro alcance?”, se preguntan los autores.
Para que la respuesta no sea afirmativa, los analistas sugieren que debe implementarse una estrategia diferente a la de Irak, teniendo en cuenta que “un gobierno iraquí puede aspirar a controlar todo o casi todo su territorio. De hecho, cualquier noción de éxito en Irak lo requiere. Un gobierno afgano, en cambio, no puede aspirar a una meta tan ambiciosa y el éxito en Afganistán no lo requiere”.
En este sentido, para los analistas, habría una similitud con Colombia, pues dicen que los insurgentes colombianos, como los de Afganistán, “siempre gozarán de los beneficios de los santuarios en el interior del país”. También comparan la posición de Pakistán con la de Venezuela: “Mientras Pakistán no retire su apoyo a los talibanes, causa los mismos problemas al gobierno afgano que los que Venezuela le causa a Colombia”.
La imposibilidad de obtener el control total del territorio afgano desencadenaría la necesidad de aplicar el modelo del Plan Colombia, es decir, ofrecer apoyo táctico y entrenando a las fuerzas locales para combatir la insurgencia, que amenaza intereses de EE.UU. Los autores elogian el resultado del Plan Colombia, que fue implementado en 2000 y ha representado desmbolsos por más de US$6 mil millones a Washington y el envío de algunos expertos, en comparación con el casi medio billón de dólares y el despliegue de más de 90 mil soldados a Asia Central.

lunes, 24 de octubre de 2011

Los campesinos colombianos contra el TLC


POR LA DEFENSA DE  LA SOBERANÍA Y LA AUTONOMIA ALIMENTARÍA DE NUESTROS PUEBLOS, EN LA TOMA DE DESICIONES SOBRE SU TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD
COMUNICADO de las organizaciones campesinas colombianas

reunidas en Duitama, los días  18, 19 y 20 de octubre de 2011, frente  al Foro sobre la economía campesina de la FAO en Roma.
Acogemos los pronunciamientos emitidos por la plataforma Vía Campesina y demás organizaciones sociales, dirigidos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), para que se adopten medidas y directrices efectivas sobre la tenencia de la tierra, la garantía de la soberanía de los estados y los territorios, la autonomía alimentaria y el respeto por  los derechos humanos.
Desde la visión de las organizaciones campesinas de Colombia, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en general la estrategia y   la política agraria del actual gobierno de Juan Manuel Santos, denominada “Desarrollo Rural Con enfoque Territorial, DRET”, representa una grave amenaza para el campesinado y el pueblo colombianos, ya que se enmarca dentro de las políticas neoliberales, recomendadas e impuestas por los organismos económicos multilaterales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Inter Americano de Desarrollo, al servicio de las más poderosas empresas transnacionales, que imponen en América Latina y en general en todos los llamados países del “tercer mundo” sus  políticas expansionistas de destrucción masiva de la biodiversidad, colocando en riesgo la vida en el planeta.
Consideramos por tanto que estas políticas del capital expansionista, hacen parte de una peligrosa estrategia que acompañada de la intervención militar, propende por convertir el territorio en  espacio al servicio de la fase actual del capital; la financiera – especulativa e improductiva, con resultados tan espeluznantes como lo es que la mitad de la población del planeta, se encuentre sumida en la pobreza o que en Colombia existan aproximadamente 4.1 millones de hambrientos
Lo anterior explica la oscura propuesta del gobierno Santos de desarrollar la estrategia de “Consolidación  social, económica y política en las Zonas de reserva Campesina”, estrategia que entraña una fuerte militarización del tejido social territorial, para controlarlo, romper los procesos sociales de resistencia y autonomía de las comunidades y pueblos rurales, y repoblarlos desde la lógica de servicio al modelo de la agro industria. Sacrificando de esta manera los imaginarios y cosmogonías culturales tanto de las comunidades campesinas y ancestrales, como la de los indígenas y los  afrodecendientes, colectividades que históricamente han logrado defender importantes niveles de autonomía y territorialidad a partir de sus luchas de resistencia y movilización. Dichos procesos se verán fuertemente impactados, fundamentalmente en el avance e implementación de   dos de las cinco ¨locomotoras del desarrollo¨, referidas como estrategia para el campo colombiano, ellas son, la ¨Locomotora Agroindustrialización del campo¨ y la ¨Locomotora minero-energética¨ que conducirán la debacle total de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y comunidades.
Por lo tanto, en concordancia con los mandatos de la ONU sobre la protección y cumplimiento de los derechos humanos, concretamente en lo relacionado con el derecho a la vida y a la alimentación sana y suficiente para cada ser humano, reclamamos:
-              Se garantice el respeto y la protección de la biodiversidad, las especies de fauna, flora y el conocimiento ancestral en los territorios donde están las comunidades y pueblos  rurales.
-              Se democratice el uso y tenencia de la tierra y la eliminación de las brechas de desigualdad.
-              Se garantice la protección de los bosques, el ambiente y del sistema hídrico nacional.
-              Se garantice el mínimo vital de agua para cada ser humano.
-              Se garantice y desarrollen políticas públicas de protección a las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afro descendientes y se apoye su trabajo agrícola.
-              Se garantice la no aplicación de tratados internacionales que vulneren y atenten contra los derechos humanos y la vida en el planeta.
-              Se garantice el derecho que tienen los pueblos y comunidades rurales de decidir y desarrollar  sus propias políticas de desarrollo económico sostenible.
-              Que se reconozca el derecho de los pueblos y comunidades rurales a la construcción colectiva y autónoma de propuestas respecto a la soberanía alimentaria, que sean implementadas como políticas de Estado.
Al Gobierno Nacional
Las organizaciones campesinas, expresamos nuestra  firme oposición al recién aprobado PND (Plan Nacional de Desarrollo) puesto que condena al pueblo colombiano al hambre y la miseria, desconoce nuestros procesos económicos que se basan netamente en la producción agrícola para la soberanía y seguridad alimentaria, nos obliga a ser dependientes en la importación de productos y el uso de insumos y tecnologías que no son acordes al desarrollo de nuestros territorios; nos pone en una situación de desigualdad  frente a las transnacionales y grandes industrias agrícolas (resaltando que estas atentan contra la salud humana, implementando insumos agro-tóxicos en sus procesos de producción), ya que el campesinado y en general las poblaciones y comunidades rurales no podemos acceder a recursos y  subsidios que nos hagan competitivos frente a estos productos.
La reciente firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos, significa la pérdida absoluta de la soberanía nacional y acarrea daños irreversibles a los procesos económicos, sociales, ambientales y culturales de los territorios.
Expresamos como organizaciones campesinas y populares, nuestro más absoluto repudio, resuelta oposición y decidida movilización en contra de dicho tratado, ya que es anticonstitucional, promueve la brecha de desigualdad y la injusta distribución de todos los recursos nacionales.
Exigimos al gobierno nacional una reglamentación digna frente al uso del subsuelo en el contexto de la explotación minería, ya que en la actual política basada en el Plan Nacional de Desarrollo, se subordina la producción agropecuaria al desarrollo minero, produciendo el desprecio y la destrucción de la economía campesina y en consecuencia agravando el desempleo, la violencia y el desplazamiento.

Exigimos coherencia por parte del Estado en la construcción de políticas públicas, en el sentido que estas se desarrollen desde las regiones, propendiendo por fortalecer las entidades territoriales, ya que en la actualidad, su escasa operatividad no permite una real organización productiva, acorde a las necesidades de los territorios rurales.

Reclamamos el fortalecimiento de la educación pública de calidad en y para el campo, que permita aproximar a las comunidades rurales hacia la academia, en virtud de procesos educativos que favorezcan un desarrollo científico y tecnológico, acorde a las necesidades del país desde un enfoque de protección ambiental y soberanía nacional.

Exigimos sea escuchado el clamor de las comunidades respecto a la necesidad urgente de una solución política negociada al conflicto social, económico y armado en Colombia.

Instamos al gobierno colombiano a atender las propuestas políticas y sociales surgidas del conjunto del movimiento campesino, como lo son el Proyecto de Ley Popular de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y el Mandato Popular Agrario, que han sido construidos por las organizaciones campesinas de Colombia, como propuesta alternativa al Plan Nacional de Desarrollo y al Proyecto de Ley de Desarrollo Rural del gobierno Santos, ya que estos últimos, vulneran la soberanía del territorio colombiano en las dimensiones alimentaria, económica, ambiental y sociopolítica, llevando al país a la triste e injustificada situación de ser importador de alimentos.

Demandamos del gobierno cese la persecución contra el movimiento campesino, sus líderes y lideresas, así como reclamamos el fin de la militarización de los territorios rurales, en razón a las inocultables y nefastas consecuencias, como lo es la consabida violación a los derechos humanos y el DIH (Derecho Internacional Humanitario) por parte de las fuerzas estatales y paramilitares jamás desmovilizadas y si por el contrario legalizadas, que han acrecentado la violencia contra el pueblo, lo cual se expresa en la aceleración del feminicidio, los montajes judiciales, las masacres y el aumento del desplazamiento forzado.

Exigimos la suspensión de las fumigaciones con glifosato e instamos al gobierno nacional a optar por la sustitución manual de los cultivos de uso ilícito pero en el contexto de una política real y eficaz de sustitución de cultivos, en razón al grave daño que se viene causando a las comunidades rurales con la consecuente destrucción y envenenamiento de los cultivos de pan coger y la catástrofe acelerada sobre la flora, la fauna y los recursos naturales.
Al Pueblo Colombiano
Nos dirigimos a la sociedad civil y al pueblo colombiano, principales consumidores de nuestros productos, para que se informen sobre los tratados de libre comercio, los cuales se firman sin concertarse con los productores del sector agrario y los consumidores, atentando contra la soberanía nacional, pues la implementación de estos tratados producirá graves efectos:
·                La importación de semillas, productos procesados y materia primas, muchas de las cuales han sufrido alteraciones genéticas causan serios daños a la salud humana.
·                En el mediano plazo las pequeñas y medianas empresas nacionales se verán afectadas, ya que se importarán insumos a más bajo precio inicialmente y luego estos subirán sus costos, dejando en la bancarrota a los productores agrarios, pequeños y medianos empresarios, quienes no podrán competir con estos precios.
·                Se impondrá de manera arbitraria supermercados de cadenas internacionales que desplazarán las tiendas de barrio y los mercados alternativos, agudizando el desempleo, reduciendo enormemente las opciones de los consumidores y obligándonos a consumir productos comprobadamente contraproducentes para la salud.
·                El actual PND (Plan Nacional de Desarrollo) promoverá un inminente éxodo campesino, ya que reducirá las posibilidades de desarrollo de las poblaciones y comunidades rurales, que en búsqueda de mejores posibilidades decidirán migrar a las pequeñas y grandes ciudades, incrementando la pobreza, el desempleo y el desplazamiento.
·                Las políticas de desarrollo minero que se pretenden implementar con el PND y   la industrialización del campo acrecentarán el proceso de destrucción ambiental.
Convocamos a los habitantes de los sectores urbanos, comunidades organizadas rurales y urbanas y en general al pueblo colombiano, a que se sumen a la lucha y movilización contra estas políticas de exterminio contra la población colombiana y sus territorios.
Convocamos a la ciudadanía a que conjuntamente construyamos espacios y tiempos a fin de socializar y escuchar los criterios de cada comunidad y a partir de allí, generar soluciones que beneficien a todos los sectores sociales y de esta manera incrementar y ampliar la lucha por la soberanía, la autonomía y el poder popular, frente a un sistema capitalista injusto, que coloca en el centro de toda acción humana al mercado y no al ser humano y sus más sentidas necesidades.
Extendemos la invitación para que construyamos y fortalezcamos procesos de unidad para la derrota de estas nefastas políticas del capitalismo mundial, que atentan contra la integridad y los derechos de todas y todos los colombianos.
¡El futuro del Campo Colombiano, DEPENDE del Pueblo Colombiano!
¡Organización, Movilización y Lucha del sector campesino, los obreros, estudiantes, indígenas, consumidores y todo el pueblo colombiano!
¡Organizaciones campesinas hacia el Paro Cívico Nacional 2012!
Boyacá-Colombia / Octubre 20 de 2011
Firman:
FENSUAGRO Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.
ASODEMUC Asociación Nacional de mujeres por la paz y los derechos humanos.
ANUC UR Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción.
Fundación San Isidro.
Comisión Nacional Agraria de la Confederación Nacional Comunal.
Mesa Nacional de Unidad Agraria.
ASOTACOL Asociación de Tabacaleros de Colombia.
ASOJUNTAS Ciudad Bolívar.
APEMECAFE Asociación de Pequeños y Medianos Caficultores.
AFA – AMUC Restrepo.
Forjadores de Tuta.
SINTRAGRIM Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta.
ACVC Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.
CICC Comité de Interlocución Campesino y Comunal.
CAHUCOPANA Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.
FESTRACOL Federación Sindical de Trabajadores Agrarios de Colombia.
ASINTEOC Asociación Interveredal Entre Ríos: Orteguaza y Caquetá.
SINTRAGROES Sindicato Nacional de la Economía Solidaria Agropecuaria.
Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca.
CNC  Coordinadora Nacional Campesina.
FEMUCAN Federación de  mujeres Campesinas de Nariño


-- 
Outra Colômbia é possível...!!
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Esta mensagem é enviada pelo Comitê de Solidariedade ao Povo ColombianoPorto Alegre - RS, Brasil

domingo, 23 de octubre de 2011

La tragedia de los awá

CONFLICTOLa desgarradora historia de un pueblo indígena que intenta sobrevivir en medio del fuego cruzado de la guerra en Nariño. SEMANA recorrió los resguardos de "los hijos de la montaña", que se rehúsan a desaparecer.
Sábado 22 Octubre 2011

Los awá hacen parte de los 34 pueblos indígenas declarados en riesgo de extinción por la Corte Constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno instrumentar medidas cautelares para evitar que desaparezcan.
Los awá hacen parte de los 34 pueblos indígenas declarados en riesgo de extinción por la Corte Constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno instrumentar medidas cautelares para evitar que desaparezcan.



No llevan luto, lo encarnan. En la última década han sido víctimas de bombardeos, asesinatos, desplazamientos, confinamientos, minas antipersona, amenazas y violaciones. Son los indígenas del pueblo awá, quienes salieron del anonimato histórico al que los ha relegado el país después de las tres masacres de 2009, que dejaron 33 personas muertas en los resguardos de Tortugaña Telembí, Gran Rosario y Ñambí Piedra Verde, en el departamento de Nariño.
Dos años después, la tragedia continúa. En sus territorios están la guerrilla de las Farc, el ELN, el Ejército y las bandas emergentes. La razón: su territorio es estratégico. Sus 41 resguardos en Nariño no solo están en zonas escarpadas y selváticas, sino que integran el corredor que da al Pacífico, limitan con Ecuador y gozan de recursos naturales como agua, madera, oro y tierra propicia para cultivar coca. 
Para los awá, la afrenta a su comunidad lleva más de cinco siglos. En la última década se han visto obligados a vivir como desplazados en su propio territorio.
Para los awá, la afrenta a su comunidad lleva más de cinco siglos. En la última década se han visto obligados a vivir como desplazados en su propio territorio.

Como mecanismo de protección, los awá han salido progresivamente de sus resguardos, ubicados en las entrañas de la selva, a poblar las zonas adyacentes a la carretera Pasto-Tumaco.
Como mecanismo de protección, los awá han salido progresivamente de sus resguardos, ubicados en las entrañas de la selva, a poblar las zonas adyacentes a la carretera Pasto-Tumaco.


Para llegar a su territorio hay que recorrer tres horas por una carretera serpenteante que conduce de Pasto a Tumaco. La belleza del paisaje contrasta con las historias que se esconden en esas montañas. En algunas paredes se lee Farc o ELN "presente". Después de pasar la cabecera del municipio de Ricaurte, hay que subir 20 minutos a pie por un camino que se descompone con las pisadas. Allí está el terreno que pretenden convertir en resguardo, conocido como Alto El Edén Cartagena. Consta de 127 hectáreas que les fueron asignadas por el Incoder el 28 de diciembre pasado a 150 familias awá. La lucha de esta comunidad por esa tierra incluyó hasta huelga de hambre.

"Uno en los resguardos lo tiene todo. Si acaso, brega para conseguir la sal. Aquí todo toca al rebusque", explica Carlos Ortiz, líder de la organización Camawari, que representa a la comunidad. Él hace parte de las familias del resguardo de Magüí, que sufrió el bombardeo de su escuela en 2004, que la Fuerza Aérea aceptó como un error; la Operación Gladiador, que el Ejército desarrolló contra la guerrilla en junio y julio de 2005, y el minado de su territorio por cuenta de la guerilla, que obligó a 1.550 personas a dispersarse en la región, según registros de Acnur.

Y es que los awá han sido golpeados por todas las partes del conflicto. En 2008, las Farc asesinaron a cuatro profesores de la comunidad y en 2009, a 17 indígenas (de los cuales la guerrilla solo reconoció la muerte de ocho). Ese mismo año, una banda emergente denominada Los Cucarachos asesinó a otros 12.

En marzo de 2009, para recuperar sus muertos tuvieron que hacer una marcha contra la petición del gobierno de no recorrer los caminos que podrían estar minados. "Nos tocó sacar los cadáveres a la vía para decir aquí estamos no en conflicto, sino como pueblo tranquilo y de paz", recuerda Rider Paí, líder del resguardo El Diviso (Barbacoas). Al final, solo encontraron ocho cadáveres. Los demás, presumen, fueron arrojados al río El Bravo.

No han podido llorar a sus muertos. "Al año, la familia debe darle el último adiós al fallecido en una ceremonia ritual, pero no han podido hacerlo, por lo que han tenido que hacer celebraciones simbólicas", explica Lidia Chávez, una monja laurista que lleva 18 años con la comunidad y se ha convertido en la santa de los awá.

Desde 2009, los muertos suman más de ochenta, según las cuentas de las organizaciones. Y existe una alta probabilidad de que sean muchos más, pues como ha informado la Diócesis de Tumaco, hay un alto índice de subregistro. En la región hay sitios a los que Medicina Legal no puede llegar para hacer los levantamientos.

A 20 minutos de El Edén, en el corregimiento de Altaquer (Barbacoas), queda la vereda La Primavera. Para llegar al territorio indígena hay que pasar por una barricada militar. Un muro de sacos de arena pintados de verde y tres tanquetas custodian el retén. Luego, una carretera destapada desciende hasta una edificación en obra negra llamada la Casa Indígena, oficina del cabildo de Magüí, que en época de combates sirve de refugio.

Allí viven José Chingal (líder awá), su esposa y seis hijos con sus familias. Desde hace más de cuatro años que salió de Magüí (a siete horas de camino) ha tenido que desplazarse varias veces. "Un grupo armado nos dijo que nos fuéramos. Y otro torturó a nuestro hijo", dice con precaución de no mencionar a sus victimarios, en un español confuso. Él, junto con otras familias de Magüí, ha intentado volver a su antiguo resguardo, pero se ha encontrado con una de las amenazas más temidas por los awá: las minas antipersona que instalan las Farc para limitar el acceso del Ejército.

"Pero no es solo por el caminito. Hay unas partes donde toca saber por horas", dice Chingal. En algunos parajes de la selva, las Farc quitan las minas del sendero a las seis de la mañana y las vuelven a poner a las seis de la tarde. La comunidad tiene vivo el recuerdo de una niña que, el 28 de diciembre de 2009, fue a hacer sus necesidades fisiológicas debajo de un árbol y detonó el explosivo. Este año, van siete víctimas de minas, según lo ha registrado Acnur.

Desde febrero pasado arreciaron los enfrentamientos, por lo que la comunidad de los resguardos de Magüí y Cuchilla del Palmar, integrada por más de mil awá, se declaró en minga permanente (asamblea) y se alojó en los alrededores de cinco escuelas dispersas en la zona. Han construido ranchos de madera y se han visto obligados a resistir juntos, a lo que no estaban acostumbrados pues las familias awá viven dispersas. La mayoría busca los cascos urbanos de los municipios y la carretera.

Pero en la medida en que permanecen fuera del resguardo, dejan de cazar y de pescar, su modo de subsistencia tradicional. También se ven obligados a olvidar sus rituales y el contacto con sus dioses. Se fueron los días en que hacían trueques, construían sus casas lejos la una de la otra, sembraban lo que querían sin limitaciones de espacio ni cercos y consultaban a los espíritus de la montaña. En cambio, llegaron el hambre y las enfermedades (el 60 por ciento de los niños de una comunidad que cuenta con 30.500 awá en total en Nariño padece de desnutrición, según la Institución Prestadora de Servicio de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa).

Ortiz explica que para mejorar la economía de las familias de El Edén hay en ciernes proyectos productivos para la cría de gallinas ponedoras y pollos de engorde, y la elaboración de panela. Pero mientras comienzan a dar resultados, los adultos tienen que trabajar por jornales. Los pagos van desde 5.000 pesos diarios (en el caso de las mujeres que hacen oficios varios) hasta 12.000 pesos (en el caso de los hombres que trabajan en los trapiches). Esto para los que están cerca a los cascos urbanos de los municipios aledaños.

Como si se tratara de una maldición, proyectos mineros y agroindustriales también se han interesado en sus territorios, lo que agrava la crisis. "Desde 1985, empresas de palma venían invadiendo tierras y empezó un proceso de lucha organizativa", indica Paí. Asociaciones de explotación maderera hicieron arreglos con el dueño de las tierras sin tener en cuenta a las autoridades. "Hace dos años llegó la minería ilegal. Para tratar de legalizarla nos llamaron para tener un acercamiento, una preconsulta, pero hemos dicho que no vamos a permitirlo", agrega.

La comunidad pide respeto a sus santuarios. "El awá no puede vivir sin la selva. Allá están los espíritus del Astaron (de la montaña) y Ambarengua (la madre monte), para consultar la medicina tradicional y curar el saliz (duende) y el chutún (mal de monte)", dice Chingal.

La tragedia de esta comunidad no conoce el fin. El mes pasado, el resguardo El Diviso tuvo que asumir los gastos de transporte de un cadáver para que las autoridades le hicieran la necropsia, pues la Policía no fue al lugar del homicidio por razones de seguridad (estaban a diez minutos en carro). Era Róbinson Guanga, de 19 años, cuya muerte se sumó a las desapariciones de tres jóvenes. Los awá consideran que ya fueron suficientes cinco siglos de silencio y reclaman atención, sin más demora, del Estado. Y la razón es muy simple: "Queremos seguir existiendo", dice Rider Paí. 

viernes, 21 de octubre de 2011

Minería de gran escala amenaza abastecimiento de agua en Ibagué, denuncia Red

Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital

El abastecimiento de agua en la ciudad colombiana de Ibagué, capital del departamento de Tolima, está amenazado por la actuación de grandes empresas mineras trasnacionales, según denuncia un artículo publicado martes (18) por el profesor universitario, ingeniero José Mario Vera Rodríguez, también militante de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional.
El texto informa que, hasta octubre del año pasado, habían sido otorgadas 42 concesiones mineras, sumando 8.664 hectáreas, lo que equivale al 31,6% del área total de la cuenca del Combeima, que forma parte de la vertiente del rio Coello.
De las 42 concesiones, 11 corresponden a la minería de oro y otros minerales, como zinc, plata, cobre, molibdeno. Entre las grandes empresas beneficiadas con la actividad, Rodríguez menciona a AngloGold Ashanti (que ya explota la mina de oro La Colosa, en Cajamarca, también en Tolima), que explota 5.227,6 hectáreas, el equivalente a 19,1% del área total de la cuenca. Después vienen las empresas Negocios Mineros, con 1.421,4 hectáreas, y Oro Barracuda, con 1.889,7 hectáreas. Las licencias de explotación van desde el inicio de esta década hasta los años 2038 y 2040.
Rodríguez destaca el alto volumen de agua consumido por una mina de oro – entre 2 y 3 millones de litros por día, en contraste con el consumo de una familia, que llevaría de 15 a 20 años en consumir esa cantidad.
"Esta cuenca hidrográfica es una de las más importantes del departamento, ya que abastece de agua aproximadamente al 80% de la población del municipio de Ibagué (aproximadamente 420 mil personas), así como las actividades agrícolas e industriales; y además, una de las principales zonas rurales de esparcimiento con que cuenta la población de todos los niveles socioeconómicos de la ciudad”, enfatiza, alertando a la población a resistir contra los impactos negativos de la minería.
Muchos lugares ya fueron perjudicados, de acuerdo en el artículo – 100% de las áreas de conservación de la fauna, así como 63,2% de los bosques municipales (1.581,1 hectáreas), 220 hectáreas de las reservas forestales de Corporación Autónoma Regional de Tolima (Cortolima) y 154 hectáreas de reservas forestales del Estado y otros ecosistemas y áreas estratégicas debido a las funciones ambientales que desempeñan.
Entre las áreas destinadas al abastecimiento hídrico urbano, 92%, o sea, cerca de 1.400 hectáreas fueron afectados, mientras 76,5% de las áreas de abastecimiento hídrico rural (887,4 hectáreas) también sufrieron la acción de las empresas mineras.
En contraposición a este estado de cosas, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (Pomca) del rio Coello prioriza el agua de la cuenca para el consumo humano, decisión adoptada por el Consejo de Política Económica y Social.
Irrespetar la decisión del Pomca, es inclusive, ilegal destaca el militante. "Esta situación contraría la normatividad vigente (Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1729 de 2002) que establecen que los Pomcas son normas de superior jerarquía en cuanto al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables (suelos, agua y bosque) y determinantes de los planes de ordenamiento territorial”, señala.

Traducción: Ricardo Zúniga

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=20&cod=61559

jueves, 20 de octubre de 2011

Pronunciamiento Encuentro Mujer y MInería


PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANAS DE AMÉRICA LATINA
 
En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2011, nos reunimos en el Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería mujeres colombianas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y jóvenes provenientes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Valle del Cauca y delegadas internacionales de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.
 
Nosotras, hijas de la Madre Tierra y constructoras de nuestros territorios, constatamos después de compartir y analizar las afectaciones que producen las políticas minero-energéticas en el continente, particularmente en Colombia, donde hoy nos reunimos, lo siguiente:
 
  1. El modelo extractivista y de explotación de la naturaleza desconoce a las comunidades, pueblos y organizaciones que por centenares de años han preservado todo lo que en ella se encuentra. Un modelo inmerso en la lógica capitalista y patriarcal de impacto global, que en aras de la acumulación económica mercantiliza la vida, la Madre Tierra y nuestro patrimonio natural y cultural.
  1. La agresiva presencia de los megaproyectos minero energéticos y empresas trasnacionales, además de transformar la economía política del continente, impone formas, sentidos de vida, proyectos políticos, culturales e ideológicos a nombre del desarrollo y el progreso.
  1. Para imponer estos megaproyectos se crean condiciones ideales mediante el despojo, con el que a la vez que se privatizan ríos y caminos, se vulneran y desconocen los derechos sociales, económicos y cultuales de los pueblos.
  1. Para despojar de sus tierras y territorios a las etnias (negritudes e indígenas), a las comunidades campesinas y urbanas a lo largo y ancho del país, en Colombia, se ha utilizado la guerra como estrategia.
  1. Junto a lo anterior, se intensifican la criminalización y la estigmatización de la organización social y de la protesta popular. La mirada negativa y prejiciosa que estas conductas ocasionan inciden en el impedimento del acceso a la justicia y en la desarticulación de las organizaciones de mujeres y demás sectores populares. En ese ambiente, las empresas cooptan a líderes y lideresas sociales con estrategias, programas y discursos que prometen mejorar sus vidas.
  1. Sumado a lo anterior, la legislación del despojo implementada en los últimos gobiernos ha legitimado los efectos de la guerra y afianzado la impunidad histórica particularmente en Colombia, de modo que se favorece la entrega de nuestro patrimonio natural y cultural.
 
El Encuentro también permitió hacer visibles las afectaciones específicas para las mujeres de la imposición de megaproyectos minero energéticos en nuestros territorios:
 
  • La actividad minero energética en las zonas se entrelaza con la exacerbación de las violencias de género y del conflicto social y armado en el país. Eso vulnera la dignidad, vida y cuerpos de las niñas y mujeres. Son múltiples los antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, de amenazas y estigmatizaciones.
  • La megaminería se acompañade bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres.
  • La salud de las mujeres y las niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.
  • Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria minero energética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas.
  • La gran minería transforma el uso tradicional de la Madre Tierra, por lo tanto destruye la economía campesina, las formas de consumo y los hábitos alimenticios. Para adquirir los productos que antes se cultivaban en las regiones campesinas, ahora mineras, hay que comprarlos y para ello el continente se fue acondicionando a la importación masiva de alimentos que en la actualidad, en el caso colombiano, asciende a más de 12 millones de toneladas al año.
  • A nombre del progreso, se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en todo el país en zonas mineras donde las empresas minero energéticas contratan a la población en forma temporal; de esa manera, los habitantes pierten la autonomía productiva y en especialmente en el caso de las mujeres se restringen sus labores a actividades históricamente marginales en la economía.
  • Se violenta la identidad cultural y espiritual de los territorios de pueblos originarios y de las comunidades campesinas, lo que rompe el tejido social, los lazos familiares, organizativos y comunitarios. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración, hay mayores conflictos entre vecinos y vecinas y se entraba la unidad para actuar y defender el territorio.
 
En este Encuentro, las mujeres latinoamericanas ratificamos:
 
  • Nuestro derecho a la vida, a la organización social, la movilización y la denuncia contra los megaproyectos minero energéticos que pongan en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios. Y en tanto la guerra es un impedimento para ejercer estos derechos exigimos y trabajaremos por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia.
  • La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres para aclarar nuestro papel en la resistencia y defensa de nuestros territorios.
  • La necesidad de visibilizar y posicionar en la agenda de nuestras organizaciones sociales y populares los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y culturales de estos megaproyectos en la vida de las niñas y mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes y urbanas.
  • La exigencia de incluir las afectaciones en las políticas públicas y en especial las políticas públicas de mujeres, para que se genere una real protección de los derechos humanos de las mujeres.
  • La necesidad de investigar, documentar, hacer seguimiento y divulgar con enfoque de género cada uno de los casos que se están presentando en Colombia y el continente.
  • Avanzar en la formación e información de las comunidades afectadas y las comunidades en general, de modo que eso permita implementar estrategias para la defensa de nuestros derechos.
  • Recuperar el sentido de la relación de las mujeres con la Madre Tierra, el territorio, el agua, las semillas y la producción, en tanto eso ratifica su función social en la lógica comunitaria no mercantilista y afirma nuestra identidad cultural.
  • Visibilizar y denunciar la grave situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en contextos de los megaproyectos minero energéticos.
  • Impulsar las consultas populares adelantadas con autonomía de las comunidades y organizaciones. En este sentido, rechazamos las consultas contempladas en las normatividades nacionales e internacional, hasta tanto no se garantice la formación político organizativa de las comunidades y para las comunidades. Esta formación es la que garantiza una adecuada toma de decisiones colectivas e incluyentes de las mujeres, decisiones acordes con las particularidades de las comunidades y basadas en una verdadera consulta libre, previa e informada.
Como hijas de la Madre Tierra, hermanas en el dolor y la indignación entrelazamos nuestros esfuerzos y procesos organizativos para articularnos en la defensa de nuestras tierras, territorios, cultura y soberanía alimentaria y territorial.
Bogotá, 12 de octubre de 2011
 
Acción Ecológica - Ecuador 
Acipuc - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Afrosiso, Cauca
Asociación Biabuma - Antioquia, Colombia
Asociación Agropecuaria de Caramanta, Antioquia, Colombia
Asociación Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES - El Salvador
Asociación de Mujeres Artesanas de Cerrito, Asomuarce, Santander, Colombia
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, Antioquia Colombia
Asociación de Vendedoras de Pescado de La Playa, Betulia, Santander, Colombia
Ceiba - Amigos de la Tierra Guatemala
Cima - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Cinturón Occidental Ambiental, Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear, ColombiaComité Cívico Pro Defensa de Marmato, Caldas, Antioquia
Comité en Defensa del Páramo de Santurban, Santander, Colombia
Conciencia Campesina, Colombia
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, Chocó, Colombia
Consejo Comunitario de La Toma, Cauca, Colombia
Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Colombia
Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, Colombia
Corporación CEAM, Colombia
Ecotierra, Tolima, Colombia
Feminas Nomadas, Guajira, Colombia
Fundación Mujer y Vida, Colombia
Fuerza de Mujeres Wayuu, Guajira, Colombia
Programa Mujeres y Violencias
Fundación Synergia
Fundaexpresión, Santander, Colombia
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides - Perú
Iniciativa de Mujeres por la Paz, Colombia  
Marcha de Mujeres Campesinas, Colombia
Proceso de Comunidades Negras, Colombia
Red Juvenil Territorio Sur, Bogotá, Colombia 
Red de Mujeres y organizaciones del Meta, Colombia
Red Latinoamericana de mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales y contra la minería

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA)
Telefax: (57-1) 3455520
Calle 67 No. 14A-26 Bogotá, Colombia
www.convergenciacnoa.org

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 1

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 2

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 3

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 4