PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

jueves, 25 de junio de 2009

¿EN DÓNDE ESTÁ LA DICHA DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA?...

Los simpatizantes, militantes y fanáticos uribistas responsables directa e indirectamente también de estos continuos hechos de barbarie y de crímenes son unos mal nacidos egoístas, cobardes y diabólicos dementes, por ahora deben de sentirse satisfechos de haber causado tantas muertes inocentes, se sentirán orgullosos por apoyar y reelegir al demonio más astuto y sagas de Álvaro Uribe Vélez a quien como jefe de Estado, de gobierno, de las instituciones y fuerzas armadas no lo tocan los hechos de corrupción, narcotráfico, paramilitarismo, parapolítica, falsos positivos y todo acto criminal, el supuesto ángel que solo habla de farc, farc, farc… y que con el célebre discurso de odio contra la farc tiene a todo un pueblo sometido, esclavizado, desplazado, torturado, desaparecido, confundido y enfrentado, es todo un príncipe maquiavélico pero mucho más satánico, el mismo diablo le quedo en pañales a él y a su infernal gobierno, pero ustedes que son los electores de este flamante y supuesto salvador gobierno nunca se olviden que lo que por agua viene por agua se va y todo lo que sube tiene que caer, más temprano que tarde ustedes los electores de este personaje mitológico o de esta bestia endemoniada tendrán que sufrir las mismas consecuencias de los fatídicos hechos que todos los Colombianos y Colombianas Inocentes estamos viviendo, si por algún caso la muerte y la maldad de este gobernante y de su gobierno no los alcanzan. Créanlo que sí no se podrán salvar es de su propia y mezquina conciencia que ahora no siente nada por el dolor ajeno.

A ustedes que el egoísmo y el individualismo no los deja pero que se unen como uribistas, que se creen y se sienten nazis, gringos o dioses, que la crisis económica, política, social, humana y ambiental se apiade de ustedes…

¿En dónde está la dicha de la seguridad democrática?... en el cementerio o en el palacio de Nariño… Sí en nada lo tocan estos dolorosos hechos de asesinatos y de torturas, o si usted tiene la seguridad democrática en su casa o a sus espaldas por favor no sea tan ambicioso y egoísta; regálele o permítale un poco de ella a todas las demás personas inocentes que no la tienen, ellos y ellas también son nuestros hermanos y hermanas que no tienen parte alguna en este macabro conflicto armado, no deseo que algún día las perversas cosas se inviertan, y que los privilegiados de este momento entren a engrosar los altos índices de asesinados, descuartizados, perseguidos y desplazados…

“BASTA YA DE TANTA GUERRA, SÍ A LA PAZ Y AL ACUERDO HUMANITARIO”

“QUE EL DIOS DE LA VIDA NOS PROTEJA Y NOS AMPARE A TODOS Y A TODAS DE TANTA MALDAD NACIONAL Y MUNDIAL”…

Sol Alcab

--- El mar 23-jun-09, ACIN es> escribió:

De: ACIN es>
Asunto: [ACIN] Jambaló: Nos mataron otro compañero.
A: "Lista ACIN" net>, "Lista ACIN" riseup.net>
Fecha: martes, 23 junio, 2009, 10:45 pm

Colombia: sin novedad; siguen matándonos y se consolida el terror

“Nos matan para que nos callemos y nos callan para matarnos”
[ 06/23/2009] [ ] [ Autor: Tejido de Comunicación ACIN]

Foto Habíamos advertido “Los milicianos o simpatizantes de los actores armados deben definir si se acogen a los criterios de la comunidad, de lo contrario deben desalojar el Territorio. Por esto seguramente asesinaron de manera cobarde a Marino Mestizo. De un lado y de otro nos matan porque la guerra es contra nuestro pueblo.

Enviamos nuestro afecto y solidaridad a la familia, amigos y comunidad que hoy sufren un dolor irreparable. Desde la impotencia le decimos asesinos venga de donde vengan que son criminales y cobardes. Les exigimos que respeten nuestro proceso y la vida. Marino Mestizo no te dejaremos morir jamás.

¡Aquí estamos para que nos maten a todos. Eso fueron los de arriba que no están de acuerdo con nosotros. Son unos cobardes!, exclamó con los ojos cubiertos de lágrimas un comunero de la vereda La Esperanza Jambaló, de donde era Marino Mestizo, indígena Nasa asesinado hoy en Santa Rita, resguardo de Tóez, Municipio de Caloto, Cauca.

Marino Mestizo era un líder comprometido con el proceso, reconocido y apreciado por las autoridades y la comunidad. Se había desempeñado como Presidente de Junta de Acción Comunal de su vereda, como Coordinador Jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y actualmente, hacía parte del Comité de Investigación de Cabildo que venía indagando casos como el secuestro de los 7 funcionarios de la Alcaldía de Jambaló que fueron liberados por la comunidad el año pasado. Los señores de la guerra dejaron viuda a Cecilia Escué y sin padre a cuatro hijos, entre ellos dos menores de edad.
El asesinato ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde, cuando Marino Mestizo se dirigía hacia Jambaló en una motocicleta acompañado de otro comunero. Cuando transitaba por la vía que de Caloto conduce a El Palo, justamente en jurisdicción del Resguardo de Tóez, en el sitio conocido como Santa Rita, fueron interceptados por dos hombres armados que estaban encapuchados. Cuando los hicieron parar les pidieron sus nombres, al identificarse, procedieron a llevarse a Marino Mestizo y amenazaron a su acompañante para que se fuera de allí.

A Marino le amarraron las manos hacia atrás, se lo llevaron hacia Santa Rita a 500 metros de distancia de la vía. Unos veinte minutos después lo asesinaron. Cuando llegó la guardia indígena de Toéz y de Huellas Caloto al lugar de los hechos, lo encontraron boca abajo con tres impactos de bala en la cabeza.

Este comunero fue uno de los líderes que encabezó todo el proceso que se realizó después de la Declaratoria de Emergencia Territorial y Humanitaria, que además de hacer un llamado a las personas que fomentan la producción de alucinógenos en cocinas o laboratorios instalados dentro del resguardo, les daba el término de tres días para desalojar voluntariamente el territorio. Asimismo, les notificaba a los milicianos o simpatizantes de los actores armados, que debían definir si se acogían a los criterios de la comunidad, o de lo contrario, debían desalojar la localidad.

Según las investigaciones adelantadas hasta el momento, él había sido muy claro durante la Asamblea Permanente que se realizó en La Esperanza, dando cumplimiento a la Declaratoria de Emergencia Territorial y Humanitaria emitida por las autoridades. “Cuando se dio la Asamblea Permanente nosotros dimos el debate dentro de la comunidad y decidimos que el personal que venía desde afuera a causar inconvenientes, debía salir. Tres días después de esto nos llegaron las amenazas”, comentaban algunos comuneros en medio de la zozobra después de ver el cadáver de su compañero de lucha.

Después de las amenazas, Marino Mestizo, consciente de lo que esto implicaba, le había dicho a sus compañeros que si a él le llegaba a pasar algo, no fueran a desfallecer, que tuvieran más fuerza, que siguieran luchando y que no bajaran al guardia, porque no se podían dejar quitar el territorio y que si él iba a dar la vida, lo hacía por la comunidad.
También se conoció que él estaba investigando a milicianos de las Farc implicados con las amenazas que surgieron contra varios líderes después de que se destruyeron artefactos explosivos y cocinas de procesamiento de coca en Jambaló. “Lo que quieren es aterrorizar a los que investigan y eso no lo podemos permitir”, manifestó con frustración otro comunero de La Esperanza.
El crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar. El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, expresó otra comunera.

Esperamos las manifestaciones de compromiso y solidaridad internacional de todas las personas y pueblo que aún defienden la vida y la justicia. Con amargura les decimos que ningún acto criminal puede pasar desapercibido y menos dudar en rechazarlo independientemente de quienes sean sus autores. Por esto, la Consejería Mayor de la ACIN en nombre de las autoridades tradicionales, se declara en Asamblea Permanente y hace un llamado para dar el último adiós y acompañar a la comunidad en la vereda La Esperanza Jambaló, a partir de mañana miércoles 24 de junio. Lugar desde donde se reflexionará sobre lo ocurrido y se tomarán decisiones colectivas para defender el territorio y la vida.


Asesinan a dirigente sindical de Anthoc en la puerta de su casa en Cúcuta
Rafael Antonio Sepúlveda Lara, de 41 años, era de la junta directiva del Sindicato de los Trabajadores de la Salud en Norte de Santander y gerente de la farmacia del Hospital Mental Rudesindo Soto. El homicidio ocurrió el sábado a las 9:30 p.m. cuando Sepúlveda se encontraba sentado con su compañera a la entrada de su residencia, ubicada en la calle 0 con avenida 1E del barrio Quinta Bosch, un sector residencial de la ciudad a donde llegó un sicario que le disparó en repetidas ocasiones.
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=10105


"El Gobierno de Uribe se sostiene gracias a su política contra las FARC”

Por eso ahora la disyuntiva es, morir a manos del capital transnacional o reconocernos como pueblos de la Madre Tierra, es decir, como indígenas y transformar para pervivir. Por eso ser indígenas es mucho más que lo racial y o simbólico o folclórico con lo que se confunde dentro y fuera. Ser indígenas es rescatar el vínculo práctico con la Madre Tierra, reconocernos como criaturas del territorio, transformar las relaciones sociales para que el poder ya no sea necesario y consolidar una nueva economía.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87292


Carta al Presidente de la República: Estamos bien, pero sin trabajo…
¡Ah! y no crea que me olvidé: aún estoy esperando la publicación de las declaraciones de renta suyas y de su familia en que nos demuestre que como buen seguidor de Cristo, usted no ha caído en el pecado de la avaricia, y que no se sacó una platica de DMG, o que sus hijitos no pasaron de ser unos hijitos de papi a unos potentados empresariales, que tienen planeado ser los próximos gamonales de esta finquita de casi un millón y medio de kilómetros cuadrados llamada Colombia.
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=10108


Colombia conmocionada con su institucionalidad avasallada

Víctimas sin ley a su favor. Victimarios con beneficios por “principio de oportunidad”. Legislativo, Ejecutivo y Judicial en desconcierto por leyes evacuadas a “pupitrazo limpio”. En el Congreso, senadores y representantes de la coalición gobiernista-uribista son dueños de sus propios miedos. El “hueco fiscal” se le triplicó al Ejecutivo en menos de 24 horas y el Relator de la ONU informa sobre “falsos positivos”.
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0163/index%20-%20pagina%203.html


El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas concluye visita al Perú

“En los últimos días se han seguido dando pasos decisivos encaminados a la solución a los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el camino del diálogo, como la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron a la tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes”
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=10109


Misión Stavenhagen en Perú: 'Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos
La misión señala que " En el transcurso del operativo policíaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables de ellos." Más...
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=10110


AUTORIDADES INDÍGENAS REAFIRMAN LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE PROCESO DE JUZGAMIENTO REALIZADO AL SUB-OFICIAL DEL EJÉRCITO COLOMBIANO INFILTRADO EN LA MINGA DE RESISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA EN OCTUBRE DEL 2008.
Durante los días 17 y 18 de junio del presente año, en el territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la María Piendamó, más de 80 Autoridades Tradicionales, reunidas analizaron las implicaciones y posibilidades que tiene el Auto 004 emitido por la Corte Constitucional, observaron igualmente las continuas amenazas que se ciernen sobre los pueblos indígenas, sus autoridades y los líderes de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, por lo cual como Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca, expresaron:
http://www.cric-colombia.org/noticias/?content=detail&id=281


Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Telefax: 0928 - 290958 - 293999
Email: acincauca@yahoo.es
web: nasaacin.org
Dirección: Calle 3 No. 7A-20
Santander de Quilichao Cauca -Colombia

jueves, 11 de junio de 2009

El gobierno colombiano cuestionado en la OIT

Por falta de garantías para el ejercicio de las libertades sindicales


CUT
En una sesión de tres horas y, después de 21 intervenciones, de 8 delegados de los trabajadores, 8 Estados y 5 delegados de los empleadores, se realizó en la Comisión de Aplicación de Normas y Recomendaciones de la OIT un completo examen de la implementación del convenio 87 sobre derecho de asociación en Colombia. Los tres presidentes de las centrales sindicales colombianas hicieron uso de la palabra y sus intervenciones fueron ampliamente aplaudidas por los presentes a pesar de que esto no es usual en esta comisión.
Los delegados trabajadores que intervinieron manifestaron sus preocupaciones sobre le incremento de la violencia contra el sindicalismo, los pocos avances en la superación de la impunidad, los ataques y estigmatizaciones contra las organizaciones sindicales que agravan aun más las dificultades para ejercer el derecho de asociación, el fraude a los derechos laborales y sindicales que se realiza a través de las cooperativas de trabajo asociado, la falta de resultados en el diálogo social y la poca funcionalidad de la oficina de la OIT en Colombia y fueron enfáticos en la necesidad de desarrollar una agenda para implementar el convenio 87 en nuestro país.
Por su parte el gobierno y los empresarios insistieron que en el caso de Colombia era un caso de progreso, tratando de mostrar algunas medidas en materia de protección de sindicalistas, investigación de crímenes y los mínimos cambios a la legislación en materia de huelga como grandes avances al tiempo que presentó como propias decisiones tomadas por la Corte Constitucional.
De otro lado la portavoz de los 27 Estados de la Unión Europea, Suiza y Noruega, manifestó su preocupación por el incremento de la violencia contra sindicalistas, y señaló la necesidad de mayores esfuerzos para combatir la impunidad, el reforzamiento del programa de protección, la adopción de medidas para enmendar la legislación laboral contraria a los convenios, mejorar las condiciones para el diálogo social y finalizó solicitando que se evaluara y fortaleciera la presencia de la OIT en Colombia.
Finalmente la comisión luego de describir el debate adopto como conclusiones principales las siguientes:
“ .. La comisión subrayó que un movimiento sindical solo puede existir en un clima exento de violencia y urgió al gobierno a que ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a través de medidas y políticas innovadoras y eficaces aplicadas de manera continua…”
“… La comisión destacó que se precisan nuevas medidas y expresó la esperanza de que el gobierno garantizará que el Poder Judicial será investido de todos los poderes necesarios a este fin, así como de que se continuarán asignando recursos financieros adicionales para una mayor protección de los sindicalistas amenazados, junto un claro mensaje al más alto nivel de la importancia del papel que desempeñan las organizaciones sindicales en la sociedad y de que no se tolerará la violencia antisindical…”
“… La Comisión recordó la necesidad de garantizar que todas las investigaciones sobre los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas se realicen rápida y eficientemente…”
“… La Comisión tomó nota, sin embargo, de la preocupación manifestada en cuanto al aumento del recurso a las cooperativas, a los contratos de servicios, y a los contratos civiles y comerciales de un modo que obstaculiza el ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores afectados por este tipo de contratos, así como los alegatos relativos a la existencia de un clima antisindical generalizado…”
“… La comisión expresó la firme esperanza de que el gobierno adoptará las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con el convenio 87, consultando plenamente con los interlocutores sociales… ”
“… la Comisión subrayo la importancia de asegurar que este dialogo sea profundo y significativo…”
Estas conclusiones aunque no recogen integralmente las aspiraciones de los trabajadores participantes en la conferencia de la OIT, si se alejan del intento del gobierno de presentar la situación como un caso de progreso, y dejan claro la gravedad de la situación y la necesidad de que el gobierno adopte a través del diálogo social medidas eficaces para que sea posible algún día en Colombia gozar plenamente de las libertades sindicales.

Tarsicio Mora Godoy
Presidente CUT

Domingo Tovar Arrieta
Secretario General CUT
Ginebra (Suiza) 8 de junio de 2009

El Gobierno colombiano favorece la inversión extranjera a costa de la desigualdad y la violencia

GORKA CASTILLO – 11/06/2009

La segura y democrática Colombia que Álvaro Uribe vende por el mundo sangra por dentro. La última contabilidad fiable realizada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y ACNUR apunta a que cuatro millones de personas, la mayoría campesinos indígenas y afrodescendientes, vagan por el país en busca de cobijo. Fustigados por la brutalidad de grupos armados, la voracidad de transnacionales y el narcotráfico, estos desplazados procedentes de las regiones más ricas del país como Boyacá o Chocó son las víctimas silenciadas de un conflicto que ya dura 40 años.

Poco ayuda la política del presidente colombiano, que no sólo tira por la borda los intentos de organizaciones civiles para acabar con esta sangría humanitaria sino que con sus continuas apelaciones a cerrar filas “contra el terror subversivo” envía sistemáticamente al fuego de los infiernos a los discrepantes con su política. No en vano, el hombre que mantiene en vilo al país con la posibilidad de optar a un tercer mandato cultiva como pocos la filosofía de que su destino es salvar a los colombianos de su mayor pesadilla, las FARC. Pero Colombia también convive con otros fantasmas. Nueve de cada 10 sindicalistas que mueren violentamente en el mundo son colombianos.

Crímenes de Estado

Luz Elena Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se cubre el rostro antes de hablar sobre la falta de sentido en su país. “Los medios asocian la bondad del presidente con los éxitos obtenidos contra las FARC. Y ese prejuicio perpetúa la imagen errónea de que avanzamos hacia la democracia plena”, dice.

¿Qué Colombia es ésta? “Un país brutal donde la grave crisis humanitaria está aplastada por una maquinaria mediática vinculada a un sector empresarial que, con la complicidad del Estado, no duda en recurrir a la violencia para incrementar su riqueza”, responde el periodista José Manuel Martín Medem, corresponsal en Colombia durante dos años y autor de un furibundo libro sobre la historia de este país titulado Colombia feroz: Del asesinato de Gaitán a Uribe.

Con 41 de los 208 legisladores encarcelados por sus vínculos con los paramilitares, todos ellos uribistas, la democracia colombiana no parece un modelo de inspiración regional. Basta un vistazo a las denuncias sobre la sistemática violación de derechos humanos formalizadas por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI), para darse cuenta de que autoritarismos armados y seudodemocracias tintan buena parte del territorio.

Desde que Álvaro Uribe dijo en 2002 que el país no padecía un conflicto armado sino “una amenaza terrorista”, la expansión del poder ejecutivo ha carcomido leyes con decisiones al margen de los tribunales de justicia, como la de extraditar a EEUU a paramilitares que estaban dispuestos a explicar sus nexos con el Estado. “Ha cerrado la puerta a colaboraciones en crímenes de lesa humanidad. La ley de Justicia y Paz sólo afectó al 10% de los 30.000 paramilitares que se desmovilizaron. El resto ha quedado impune y muchos se han reciclado en grupos con idénticos objetivos”, explica Mónica Costa, responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional en España.

En un exhaustivo estudio sobre el impacto de las transnacionales realizado por el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), Pedro Ramiro da cuenta de historias kafkianas sobre el contexto de la violencia estructural que padece Colombia. “Dos terceras partes de los desplazamientos forzados se producen en zonas donde se llevan a cabo proyectos de explotación minero-energética”, asegura. El resultado es que, aunque la inversión extranjera directa se ha multiplicado por diez, la pobreza interna no ha disminuido y el negocio de la cocaína ha repartido 3.000 millones de dólares al año, la misma cantidad que las divisas procedentes de las exportaciones de petróleo.

Garantías judiciales

La responsable española de Política Exterior de AI cree que el Gobierno colombiano está cometiendo gravísimos errores en materia de derechos humanos. “La política de Seguridad Democrática es contraproducente en términos de derecho humanitario internacional y confiar en las buenas intenciones de leyes como la de Justicia y Paz significa dejar en manos del Gobierno la decisión de quién es terrorista o narcotraficante”.

Pero la estrategia para exculpar al presidente del juego sucio practicado durante los últimos siete años parece haber comenzado un lento declive que puede causar estragos en un país minado. Las cifras hablan del drama: desde 2002 han desaparecido o han sido asesinadas 11.282 personas por motivos políticos y “el 14,2% de los autores fueron agentes estatales y el 61% paramilitares”, concluye el investigador de OMAL. Según UNICEF, 5.000 niños siguen muriendo cada año en Colombia por desnutrición, mientras el Estado invierte casi el 6% de su PIB en comprar armas.

Y la guerra contra las FARC no ha ni mucho menos terminado. Departamentos como el Meta siguen siendo lugares peligrosos e inestables. La guerrilla no ha bajado de las montañas ni ha salido de las impenetrables selvas. El crédito que Uribe se ganó con su reacción como comandante en jefe de la patria, peligra.

NOTA ORIGINAL

martes, 9 de junio de 2009

COMUNICADO DE PRENSA No. 6 - 2009


Ante la orden de captura proferida por la Fiscalía,

LA RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES RECHAZA PERSECUCIÓN ESTATAL CONTRA LA

LIDERESA INDIGENA AIDA QUILCUE

Este hecho de judicialización para la ex Consejera Mayor del CRIC es una muestra más de la persecución insistente del Estado hacia la lideresa, quien desde la realización de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria ha enfrentado la muerte de su esposo por parte de miembros del Ejército y agresiones de actores armados hacia su hija de 12 años.

Bogotá, 9 de junio de 2009. - Para la Ruta Pacífica de las Mujeres, movimiento feminista y pacifista, es inadmisible que la lideresa indígena Aida Quilcué, ex Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, esté expuesta a la persecución constante de los organismos de seguridad del Estado.

Este pronunciamiento se hace frente a la orden de captura proferida por la Fiscalía General de la Nación para Aida Quilcué, y otros líderes a quienes se les acusa de secuestro agravado y lesiones personales hacia Danilo Chaparral Santiago durante la realización de la Minga Indígena el año anterior.

Esta persecución hacia Aida Quilcué ya ha cobrado la vida de su esposo, Edwin Legarda en diciembre pasado, quien fue asesinado por soldados del Ejército Nacional en un supuesto retén militar. Asimismo, el atentado hace pocos días hacia su hija, una menor de 12 años, quien en la entrada de su propia casa fue hostigada por actores armados.

Hoy, la Ruta Pacifica de las Mujeres exige nuevamente el respeto para la vida de Aida Quilcué y de su familia; igualmente, demanda la suspensión de toda persecución por parte del Estado y de todos los actores armados legales e ilegales y reclama medidas de protección para ella y los líderes de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.

La Ruta Pacífica de las Mujeres no acepta que los organismos de seguridad del Estado busquen coartar la libertad de expresión y movimiento de una mujer como Aida Quilcué, quien visibiliza ante el mundo un trabajo por la dignificación de las y los indígenas y la lucha por la restitución de tierras ancestrales para y de sus comunidades. Adicionalmente, cualquier decisión de carácter judicial debe ser tramitada a través de la justicia indígena respetando su autonomía.

Para el movimiento de mujeres este quehacer no es delictivo ni punible. Es así como manifiesta su apoyo y acompañamiento a la lideresa indígena y los otros líderes judiciadilizados.

Ruta Pacífica de las Mujeres

“Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra”

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Pagina web: www.rutapacifica. org.co / E-mail: rutapacifica@ rutapacifica. org.co

sábado, 6 de junio de 2009

Robo de tierras en Colombia: paramilitarismo institucional se consolida


La región ha sufrido más de 140 crímenes y 13 desplazamientos forzados. Ya es sistemática la violación al derecho fundamental a la alimentación a las familias de Caracolí- Curvaradó por parte de los empresarios de la ganadería extensiva y del plátano, ante la inacción de la policía que ignora las denuncias de las víctimas de los destrozos a sus cosechas. Estos empresarios criminales gozan y proyectan la consolidación y el control social del territorio, mientras las víctimas son criminalizadas en virtud de la “seguridad democrática” y el “Estado comunitario”.

Justicia y Paz ha documentado exhaustivamente las evidencias (http://justiciaypazcolombia.com/Persisten-las-amenazas-y-nuevas) de que las estructuras paramilitares están enquistadas en la vida económica, y política de la región: “Las amenazas, las ocupaciones ilegales, el desconocimiento del Derecho, el uso del aparato judicial contra las víctimas operan eficazmente, desfigurando una vez más el propósito del Derecho, desvertebrando la relación entre la ley y la ética, entre la economía y la dignidad humana”, denuncian. Y describen cómo repetidas violaciones de derechos humanos de la población local suceden con complicidad de la policía y de la Brigada 15 del Ejército Nacional: “Lo paramilitar se impone sobre el derecho. Las autoridades locales obedecen las órdenes de los despojadores, las instancias de justicia obran a voluntad de los victimarios”. Impunidad, inacción e ilegalidad por parte del Estado están a la orden del día.

Significa esto que las operaciones paramilitares y paraempresariales se desarrollan a través de la institucionalidad de un Estado y que hoy se erige en Colombia como de Hecho, sin Derecho. La anunciada desmovilización (como se conoce a la disolución de las estructuras paramilitares) es tan sólo simulada, y sobre ella se desarrollan nuevas estrategias de control social y territorial, político y económico a través de la misma institucionalidad local que hace a los empresarios que ocupan ilegalmente los territorios beneficiarios de trámites fraudulentos y de créditos oficiales.

Los hechos descritos suceden a las puertas de una Misión Internacional convocada por organizaciones nacionales e internacionales, que entre el 1 y el 11 de julio de 2009 verificará los impactos que la expansión de los cultivos para agrocombustibles (palma aceitera y caña de azúcar) en Colombia.

NOTA IMPORTANTE: Desde 2007 Salva la Selva ha organizado diferentes acciones de protesta por email en relación a esta problemática, y miles de cartas han sido enviadas a las autoridades colombianas en señal de acompañamiento a las comunidades y a los defensores de derechos humanos cuyas vidas tambien están constantemente amenazadas. Nuestros compañeros en Colombia nos manifiestan que es muy importante continuar enviando cartas, para contribuir a proteger a quienes luchan por su vida y su territorio y para frenar la impunidad. Firme su carta ahora mismo. Esta se envía automáticamente a las autoridades.

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 1

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 2

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 3

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 4