PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

lunes, 26 de septiembre de 2011

La gran minería amenaza la biodiversidad y a los nativos del Chocó colombiano


(INT) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

21-09-2011
Esther Rebollo
Lloró (Colombia), 21 sep (EFE).- El Chocó, la región colombiana más rica en biodiversidad y habitada por afrodescendientes e indígenas, está en puertas de acoger un proyecto de minería a gran escala cuyas eventuales consecuencias han puesto en alerta a organizaciones humanitarias y medioambientales.
El presidente Juan Manuel Santos se comprometió desde su investidura, en 2010, a convertir al sector minero en una de las "locomotoras de la economía", proyecto que si bien aportará ingresos al Estado comprometería la forma de vida de los habitantes del Chocó, cuyo subsuelo es rico en oro, platino y uranio.
Este territorio, bañado por el Pacífico y fronterizo con Panamá, es uno de los más pobres de Colombia pese a contar con un imponente bosque tropical y abundantes fuentes hídricas.
Es una región aislada del resto de las tierras bajas de Sudamérica por la cordillera de los Andes, una barrera natural que favorece la vida de un sinfín de especies endémicas entre plantas, mariposas, aves y reptiles, a lo que se une una alta pluviosidad. En el Chocó llueve casi todos los días del año.
Ante el aluvión minero que se avecina, el sacerdote alemán Uli Kollwitz, responsable de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, expresó la problemática con palabras sencillas: "las empresas tienen sus propios intereses y no coinciden con los intereses de la población nativa".
Kollwitz explicó a Efe que si bien se han comenzado a otorgar títulos colectivos de tierra a las comunidades chocoanas, "el subsuelo está exento y por eso el Estado da concesiones a las empresas".
El ejemplo está en los municipios del Alto Atrato, cuyos habitantes recibieron el pasado fin de semana un título de 73.000 hectáreas, pero de ellas 55.000 ya están adjudicadas en concesión a la multinacional minera Anglo Ashanti Gold, según Ximena González, del centro de estudios sociales Tierra Digna.
González dijo a Efe que ese gran proyecto "se va a concentrar en un cerro sagrado de las comunidades emberas" habitado en sus alrededores por afrodescendientes e indígenas.
Y alertó de que sólo las tareas de exploración implican desalojos y desplazamientos de poblaciones.
Además, "la minería de oro y polimetálica ha demostrado a nivel mundial que tiene efectos medioambientales no remediables pese a los programas de responsabilidad social de las empresas", insistió la representante de Tierra Digna.
Yuto y Lloró son algunas de las poblaciones del Alto Atrato que viven fundamentalmente de extraer oro de la tierra, allí se ha venido practicando la minería artesanal con batea desde muchos años atrás.
Desde que llegaron las excavadoras, todo cambió. Ahora hay más opciones de encontrar oro, pero con mayores riesgos por los derrumbes en estas minas ilegales, huecos que han convertido lo que antes eran extensas áreas de selva en desiertos empedrados.
Esa minería a cielo abierto "significa la destrucción de grandes extensiones de bosque tropical", advirtió el sacerdote Kollwitz, cuya Diócesis se ha enfrentado públicamente a alcaldes y propietarios de minas para que acaben las prácticas ilegales e irresponsables.
Para Kollwitz, "nadie ha hecho la cuenta de lo que significa destruir el bosque, que vale mucho más que unos cuantos kilos de oro", además "se contaminan las aguas, lo que repercute en la salud".
A ello se une "la descomposición social porque los mineros viven pendientes de unas horas que les permiten entrar en esos huecos, el resto del tiempo esperan sin hacer nada, tomando trago, jugando naipes, y prolifera la prostitución".
Adicionalmente, "muchos jóvenes que deberían estar en la escuela, prefieren ir al entable minero".
Los planes mineros a gran escala son los que hacen pensar a los defensores de las comunidades del Chocó que las formas de vida tradicionales, basadas en la agricultura, caza y pesca, están en peligro, así como la rica biodiversidad y los sitios sagrados de los nativos. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=931833

Presidente de Colombia recibió en Canadá Premio del Estadista del Año

SIG
El Presidente Juan Manuel Santos observa un rito practicado por un nativo de Canadá, al comenzar este jueves la reunión en la que el Mandatario colombiano recibió la distinción como Estadista del Año.


El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, recibió este miércoles en Canadá el Premio del Estadista del Año, otorgado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA, por su sigla en inglés).
El Mandatario recibió la distinción en Toronto, en compañía del investigador y académico Edgar Dosman, galardonado por toda una vida en el servicio público, y el empresario Peter Munk, fundador de la empresa Barrick Gold Corporation, quien fue premiado por una vida en los negocios.
El premio se entregó durante una cena en el Hotel Ritz-Carlton, de Toronto, en la que el Presidente Santos fue el orador principal, luego de que lo presentara el Presidente del CCA, Kenneth Frankel.
“Déjenme decirles que estoy muy emocionado y me siento muy honrado de este premio y de acompañarlos en este importante evento, y que éste es un logro obtenido gracias a los colombianos”, expresó el Jefe de Estado colombiano.

Presidente Santos recoge premio en Toronto por logros al frente del gobierno


El presidente colombiano, Juan Manuel Santos Calderón, dijo en la noche hoy en Toronto que se sentía honrado por la concesión del premio de Estadista del Año que le ha concedido la organización Consejo Canadiense para las Américas (CCA).
Santos, que viajó a Toronto exclusivamente para recoger el premio tras asistir en Nueva York a la Asamblea General de la ONU, dijo ante cerca de 500 personas, entre las que se encontraban algunos de los principales empresarios canadienses, que se sentía "agradecido y honrado por recibir este premio".
Santos añadió que los logros que ha conseguido en los 14 meses que lleva al frente de la presidencia "son gracias al pueblo colombiano".
"Ellos me eligieron junto con mi equipo de gobierno. Recibo este premio en su nombre y nos sentimos honrados y agradecidos", dijo Santos, quien destacó que "las relaciones entre Canadá y Colombia están mejorando a un intenso ritmo".
Santos también se sometió a una ronda de preguntas con un conocido periodista canadiense durante la que indicó que la llave para negociar con las FARC está en su bolsillo, "no en el fondo del mar", y que la organización armada está muy debilitada.
Por su parte, Ken Frankel, presidente de CCA y asesor jurídico de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que Santos ha conseguido en poco más de uno año de gobierno cambiar "el tono de Colombia".
"El presidente Santos ha conseguido, con palabras y obras, cambiar la dirección, domestica e internacionalmente, del tono de Colombia", dijo Frankel.
"Como un comentarista latinoamericano ha señalado, Santos ha concebido una Colombia que se ha regenerado, recuperado, en la siguiente fase de una marcada prosperidad democrática", continuó Frankel.
Frankel también destacó que Santos ha conseguido mejorar las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador cuando hace poco más de dos años los tres países parecían abocados a un conflicto armado.
Además del premio de Estadista del Año, CCA también reconoció en la velada de hoy al profesor Edgar Dosman, un académico canadiense creador de la Fundación Canadiense para las Américas (Focal, por su sigla en inglés), y al empresario y filántropo Peter Munk, fundador de Barrick Gold, la mayor empresa minera de oro del mundo.


miércoles, 14 de septiembre de 2011

La historia más infame: la montaña de oro que mató a un joven cura en Colombia



  14 de Septiembre de 2011
 
José Reinel Restrepo Idárraga, quien lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, en Colombia, fue asesinado. Otros 5 religiosos han muerto violentamente por defender cosas cuestiones populares. En Colombia nadie sabe desde dónde le puede llegar un trágico final. Mirá el video.

El oro y el barro envuelven a Colombia en una nueva faceta de su ya extendida violencia interna.
A las guerrillas que se retroalimentan de muerte y que hasta se surten de armas en las mismas compañías con tal de continuar con su espiral de terror, se les ha sumado la muerte porque sí. O porque no. Porque no estás de acuerdo con algo, porque luchás por derechos sociales o porque te interponés entre los intereses de grandes corporaciones económicas.
Al menos, así lo están denunciando organizaciones sociales de Colombia y lo ratifican organismos internacionales que están, justo ahora, especialmente conmovidos por la situación.
Seis sacerdotes fueron asesinados en lo que va del año en Colombia, que se ve envuelta en una ola de temor por el solo hecho de ser partícipes de alguna causa popular.
El cura católico José Reinel Restrepo Idárraga, por ejemplo, tenía 34 años cuando fue ultimado. Lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, una localidad ubicada en Caldas. Allí hay una montaña en la que una veta de oro tienta más de la cuenta y, en el tironeo por poseerla, según señalan tanto la prensa como dirigentes sociales, murió quien, en el medio de la disputa, velaba por los derechos de la población, montaña abajo.
¿Quiénes son los que se disputan el oro del corazón de esa montaña? Un grupo de pequeños mineros y una compañía internacional con sede en Toronto, Canadá, según da cuenta el periodista Jorge Iván Posada Duque, enviado por el diario El Colombiano a la zona.
La minería no les resulta una actividad extraña. según esta crónica, Marmato es el cuarto municipio más antiguo de Colombia y "donde desde 1536 cientos de generaciones le han arrancado al filo su riqueza".
Pero la compañía multinacional les fue comprando los títulos uno por uno a los pequeños mineros de la localidad. "Solo nos queda comprar 14 títulos mineros para tener el total de las minas en la parte alta de Marmato", afirmó -según El Colombiano- Alessandro Secchi, director del proyecto de Marmato de Gran Colombia Gold (o Medoro).
El cura, antes de morir, había dicho, dirigiéndose al titular d ela compañía: "Si a mí como párroco Medoro me dice que usted tiene que irse, yo, con respeto y sin ser grosero, les diría: un momentico, lo que yo tengo es que morirme. Y si a mí me van a sacar de acá, tengo que decir: un momentico, a mí me tienen que sacar a bala o a plan, pero obligadamente a salir de acá, no".
Hoy en Colombia su nombre integra una lista de 6 sacerdotes y muchos civiles que son asesinados. Pero, a fuerza de ser sinceros, la noticia no conmueve a todo el país. Está demasiado acostumbrado a la muerte. La naturalización del ojo por ojo le ha puesto un freno a la conmoción y solamente el accionar internacional puede hacer que algo se mueva alrededor de casos tan repugnantes como éste.
El oro. Y también el barro

Luis Emil Sanabria Durán (foto, arriba) dirige la Red de Iniciativas por la Paz y Contra la GuerraRedepaz, una entidad civil de prestigio nacional y global. Hablamos con él. Él mismo está amenazado.
Su participación en la restitución de tierras a víctimas de su despojo ha molestado bastante o mejor dicho, muchísimo, a quienes las están estrujando hasta su última gota de producción. Nadie puede decir que son ellos los dueños de las amenazas de muerte que pesan sobre Luis Emil, pero también en torno a la vida de Ana Teresa Bernal, Carmen Palencia, Gerardo Vega y Jesús Mario Orozco, todos, dirigentes sociales reconocidos en Colombia.
"Estamos muy preocupados. Hay mucha gente amenazada y, si bien hay mucha solidaridad, están matando gente", nos dijo, sin querer abundar más y desde algún lugar secreto de su país en el que debe ocultarse mientras consigue que se cumplan las garantías para que su vida no llegue a un abrupto final.
Esta semana, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se pronunció en respaldo "a los líderes y las liderezas amenazadas". "Toda amenaza e incitación a la violencia y a la intolerancia tiene que ser rechazado firmemente por el Estado"  e insta a brindarle a las personas bajo amenaza su protección y sancionar ejemplarmente a quienes formulan las amenazas.
El Defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez, instó a las autoridades competentes adoptar medidas de protección efectivas que garanticen el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que han sido relacionadas en el panfleto amenazante, de igual manera pidió a la Fiscalía General de la Nación a adelantar las investigaciones correspondientes para establecer el origen de las amenazas. Pérez dio a conocer sus solicitudes junto con un rechazo a las amenazas de que fueron víctimas los directivos de Redepaz, junto a líderes del proceso de restitución de tierras.
También Pax Christi Internacional expresó su solidaridad con la organización Redepaz y con las otras organizaciones que trabajan con las víctimas en la restitución de sus propiedades, en una carta abierta en la que también "urge a las autoridades y demás organismos competentes a agilizar la reglamentación de la ley y la protección a las organizaciones que lideran la restitución de bienes". En su nota, Pax Christi que "entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas de tierras fueron usurpadas, y que cerca de 4 millones de personas fueron desplazadas por la violencia".
La solidaridad mueve montañas, podemos decir, aunque no lo haya logrado con aquel monte dorado de Marmato, que se le terminó viniendo encima al sacerdote y líder popular.
Parecerá una cuestión ajena, pero no lo es. La suma de todos los esfuerzos puede ayudar a que esta gente sobreviva. Nuestra solidaridad ya está explícita con esta nota.
Pero sumá la tuya. Haceles sentir que los estás acompañando. Mandales un correo a:contacto@redepaz.org.co

http://www.mdzol.com/mdz/nota/326116-la-historia-mas-infame-la-montana-de-oro-quemato-a-un-joven-cura-en-colombia/

viernes, 9 de septiembre de 2011

MAFIAS MINERAS: Analizan riesgo electoral en Marmato, Caldas

El Comité de Seguimiento Electoral en Caldas comenzó el análisis de las decisión de la Misión de Observación Electoral que determinó clasificar al municipio de Marmato en riesgo extremo por denuncias sobre presuntas presiones politicas por el proceso minero de la localidad y que habrian incididó en modificaciones negativas del orden público.

La Misión de Observación Electoral hizo la declaratoría en alerta máxima por la violencia que originó el crimen del sacerdote José Reynel Restrepo, quien habia denunciado ante la entidad presiones de tipo político por el asunto de la mineria.

El coordinador de comunicaciones de la entidad, Fabian Hernandez, explicó que el cura parroco de la localidad días atras se habia presentado a la MOE en Bogotá a denunciar presiones de algunos sectores políticos, teniendo en cuenta las diferencias que hay en la población por la explotación a cielo abierto anunciada por una multinacional que opera en la zona del occidente de Caldas.

Dijo que la alerta se dio a los organanismos electorales, a las autoridades de Policía y otras entidades que tienen relación con el tema electoral. En el país son 250 municipios catalogados con maximo riesgo por la injerencia de acciones violentas en la actividad política electoral.

El comandante de la Policía en Caldas , coronel Herman Bustamante, al ser consultado sobre el particular dijo que se avanza en establecer los moviles y autores del crimen, lo que inicialmente atribuyó a acciones de delincuencia comun que robo al sacerdote.

El gobernador Mario Ariztizabal solicitó a las autoridades judiciales y de policía indagar sobre las denuncias de la Misión de Observación Electoral.
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1544772

martes, 6 de septiembre de 2011

La fiebre minera se apoderó de Colombia


El artículo tiende a "promover" el desarrollo minero en Colombia, pero los mismos argumentos que pretenden usar a favor son testimonio de la entrega al saqueo y la destrucción de la mano de las transnacionales mineras de siempre. Como "perlita", vean al final de la nota quien financió esta investigación...

RADIOGRAFÍA A LA INDUSTRIA MINERA

Por : María Teresa Ronderos en Reportajes de investigación
Las más grandes multinacionales del sector ya están en Colombia, empujadas por la feroz alza en los precios del carbón y del oro. La inversión extranjera también ha dado un salto, llegando a US$ 11.900 millones para el último quinquenio. Se estima que las exportaciones alcanzarán los US$ 54 mil millones en 2021. Esta fiebre minera llevó al gobierno anterior a otorgar casi 9.000 títulos sin respetar parques nacionales ni reservas indígenas. El crimen organizado también encontró allí una vía para repatriar sus utilidades de la droga y lavar dinero. Si Colombia aprovecha la bonanza que se inicia, puede saltar al desarrollo. Pero no será tarea fácil. Durante agosto, el viceministro de minería colombiano Tomas González visitó Chile para interiorizarse sobre cómo lo hacemos, aunque en varios aspectos no seamos precisamente un ejemplo.
La fiebre minera llegó a Colombia. Si bien desde los tiempos de la Conquista, las esmeraldas de Muso y de Coscuez han deslumbrado al mundo, el auge de hoy es inédito.
Los precios de sus principales minerales, carbón, níquel y oro, se han trepado al cielo. Exploradores de toda índole y tamaño llegaron por miles a escarbar sus entrañas. Allí donde el suelo promete riqueza súbita, los ánimos febriles despiertan la ambición, y los viejos conflictos y violencias se exacerban.
Paradójicamente fue la mejoría en seguridad lo que hizo que el mundo descubriera a Colombia como un interesante destino minero aún por explorar. Los precios subieron: de US$ 90 por tonelada de carbón antracita en 2004, ahora pagan casi US$160, y por una onza troy de oro, dieron en promedio más de US$1.200 en 2010, tres veces el precio de un lustro atrás. Pero por atractivo que pudiera resultar este prometedor territorio andino, hace una década pocos se animaban a invertir en un país donde secuestraban a diez personas en promedio al día. La cifra cayó dramáticamente desde 2005, cuando el gobierno Uribe puso a la guerrilla en retirada.
La combinación de mejores precios y menores riesgos resultó en una avalancha de peticiones de concesiones mineras legales que puso en aprietos el limitado catastro minero nacional. Aprovechando además una legislación flexible que se había aprobado en 2001, particulares y empresas pidieron títulos para 20 mil concesiones de exploración y explotación de minas –un título sirve para las dos –que cubren 22 millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país. Y el gobierno anterior les otorgó casi 9.000 títulos, sin respetar páramos (el ecosistema de alturas que produce gran parte del agua colombiana), ni parques nacionales, ni resguardos indígenas, ni territorios colectivos afrodescendientes. (Un caos similar se vive aún en Chile en este tema. Ver entrevista: Abogada Laura Novoa “El sistema de concesión minera se presta para una concentración gigantesca, abuso y mal uso”)
Con los precios en alza, los grandes proyectos mineros, que habían empezado a producir desde los años 80 y 90, también florecieron. El Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo en el extremo nororiente en la Guajira, explotada por una sociedad de las multinacionales europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American, vendió en 2010, casi US$2.500 millones en carbón. Y cerca de allí, explotando una franja en el centro del Cesar, dos carboneras con varias minas, la estadounidense Drummond y la suiza Glencore, vendieron respectivamente, US$2.000 y US$340 millones. El proyecto de Cerro Matoso, de la gigante anglo-australiana BHP Billinton, al noroccidente, en Córdoba, tuvo ventas el año pasado por US$556 millones en ferroníquel, la preciada aleación con la que se fabrica el acero inoxidable. (Vea la tabla con las 10 mineras más grandes de Colombia)
Otros proyectos de considerable tamaño empezaron más recientemente su producción industrial. La brasilera Vale Coal S.A. está explotando carbón también en el Cesar y otra minera de ese país, Votoratim Metais, dueña de Acerías Paz del Río, la productora de acero más grande del país, tiene explotaciones de hierro en Cundinamarca y exploraciones en muchos otros lugares. La colombianaMineros S.A. explota oro, principalmente en su mina de El Bagre, Antioquia, y vendió US$126 millones en 2010.Medoro Resources y Gran Colombia Gold, mineras canadienses que se fusionaron recientemente, explotan las minas de oro de Marmato y Frontino, en el centro del país.
La inversión extranjera directa en minería casi se triplicó: pasó de US$3.800 millones en el quinquenio 1999-2004 a US$11.900 millones en el quinquenio siguiente, pues además, otras mega- mineras incluyeron a Colombia en el radar de sus planes.
Así, por ejemplo la gigante canadiense Barrick Gold compró una sociedad con títulos en el Eje Cafetero, al centro del país. MPX Energía de Brasil, filial de EBX del magnate Eike Batista, adquirió los derechos para explorar carbón en La Guajira, y tiene en sus planes una gran expansión. Y por último, una jugadora de talla mundial en oro, la surafricana Anglo Gold Asahanti, ya anunció dos hallazgos importantes: la mina La Colosa, en el municipio de Cajamarca en Tolima, donde calcula hay 12 millones de onzas troy de reservas estimadas, y, en llave con su socia B2- Gold, está desarrollando el proyecto de Gramalote en Antioquia, donde encontró oro de veta con reservas de 2,39 millones de onzas troy.
A la fecha, el Registro Minero Nacional reporta que 1717 empresas tienen títulos vigentes de concesiones para explorar o explotar minas. Y los particulares tienen unos 7.200 títulos más. Están buscando plata, platino, molibdeno, níquel, zinc, además de los minerales que abastecen la construcción, como las calizas, arenas y arcillas.
Las minas de hecho también se esparcieron como hongos por todo el territorio, hasta completar 3.600 este año, según investigó la Defensoría del Pueblo.
Hoy, Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el décimo en el mundo. Y si las grandes y medianas mineras llevan a cabo sus proyectos, sin contar posibles nuevos hallazgos, en una década el país puede llegar a duplicar su producción actual de carbón de 74.000 toneladas métricas. Y podrá expandir en un 60% su producción de oro, que el año pasado fue de más de 53 mil kilos.
Los cálculos optimistas están proyectando que el sector minero-energético que exportó en 2010, US$21.000 millones puede llegar a vender US$54 mil millones en 2021.
Según datos del Ministerio de Minas, las regalías mineras alcanzaron los US$647 millones el año pasado. No es un monto significativo del presupuesto nacional (de unos US$76 mil millones para este año), pero es la única fuente de riqueza de muchos de los municipios más pobres del país. Además, se proyecta que éstas van a crecer a un ritmo exponencial, y que de ese crecimiento, que en 2010 fue del 11,1 %, está dependiendo buena parte de la expansión de la economía nacional.
Así, el futuro se publicita fabuloso, pero la posibilidad de que, como en el pasado, cuando se encontraron los grandes yacimientos petroleros, a los colombianos les quede poco de esta irrepetible cosecha de minerales, es alta. Y ello porque la bonanza se eleva sobre oscuros socavones de debilidad institucional, corrupción, daño ambiental, crimen organizado y la exacerbación de conflictos sociales, de entre los más violentos del planeta.

INSTITUCIONES EN RUINAS

El alud de solicitudes de exploración minera, muchísimas con afán meramente especulativo, copó la capacidad delInstituto de Geología y Minería (Ingeominas), pues aunque por casi cien años había sido un prestigioso centro de investigación del subsuelo colombiano, le arrojaron improvisadamente la tarea de administrar el sector.
Según denunció públicamente en una rueda de prensa en junio pasado Carlos Rodado, ministro de Minas y Energía ya bajo el gobierno actual de Juan Manuel Santos, desde que se aprobó el Código de Minas en 2001, “hubo superposición de títulos mineros en áreas de parques nacionales y páramos, juegos especulativos, expedición de títulos sin control y algunos de manera sospechosa, violación de los derechos a las comunidades mineras indígenas y afro descendientes y acaparamiento de títulos”.
Un solo ejemplo es revelador. Según relataron a CIPER, dos funcionarios que por años han trabajado en Ingeominas, percibían una excesiva cercanía de algunos directivos con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA). De hecho, una de cada cinco hectáreas concesionadas fue a dar a sus manos.
En 2009, voceros de la Anglo Gold Ashanti (AGA) dijeron a un medio local que habían devuelto el 92% de las áreas pedidas originalmente y que entre las áreas que seguían solicitando -y las que ya estaban tituladas a su nombre- apenas sumaban 166 mil hectáreas. Sin embargo, y aún cuando la información del Registro Minero Nacional puede estar desactualizada, la diferencia con lo que éste reporta hoy es enorme. A julio de 2011, figuran 389 títulos de la AGA registrados en diversos municipios colombianos, de un extremo al otro del país, los que suman más de 700 mil hectáreas.
¿Cómo logró AGA que le aprobaran el mayor número de títulos mineros del país prácticamente en tres años, cuando otras empresas tuvieron que esperar en promedio casi cinco años para conseguir los suyos?
Cabe destacar que dos funcionarios de Ingeominas, el ahora ex director Julián Villarruel y Liliana Alvarado, quien era subdirectora de recursos del subsuelo de esa institución, trabajan hoy para la AGA, según denunció La Silla Vacía.com.
Con el sucesor de Villaruel el ambiente denso en Ingeominas empeoró. El gobierno de Uribe, según lo han denunciado varios artículos de prensa, le dio esta entidad para que pusiera allí sus fichas al entonces congresista conservador Ciro Ramírez, quien después, en marzo de 2011, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir con los paramilitares. Un funcionario de la entidad cuenta, aún aterrado, cómo unos mineros le ofrecieron dinero a cambio de que les diera el nombre del encargado de darle el visto bueno final a los títulos. Y en una conversación casual, un empresario extranjero que invirtió en el desarrollo de una mina de oro, dijo que pagó 34 millones de pesos (unos US$15.000) de sobornos para conseguir el título.
Es verdad que el Código de 2001 había dejado abierta la posibilidad de que cualquiera con un pago mínimo y un documento de identidad pudiera hacerse de una concesión minera, pero el espíritu de la ley buscaba incentivar la promoción, no la especulación. Al entregar áreas inviables por ser absurdas o microscópicas (una tenía 34 centímetros y otra 19 metros por 16 kilómetros), Ingeominas creó el río revuelto donde pescaron muchos avispados.
Además, como Ingeominas se demoraba tanto en registrar los títulos en el Registro Minero Nacional, algunas empresas pedían y devolvían títulos permanentemente, para evitarse así tener que pagar el canon superficiario que, según el Código, debían girar apenas su concesión quedara inscrita. Aún hoy, que la norma apretó las condiciones, Ingeominas no ha logrado meter en cintura a todos para que paguen.
Hace tiempo el país no realiza un censo minero nacional completo. El catastro es tan caótico, que un experto Banco Mundial, contratado por el gobierno, ha recomendado montar un sistema totalmente nuevo que pueda tramitar las solicitudes de títulos en poco tiempo y velar porque quien tenga una concesión pague el canon debido por ella.

LA LEY DEL EMBUDO

Para los mineros artesanales el tratamiento fue bien distinto. Organizados en varias asociaciones y sindicatos, ellos habían conseguido que el Código Minero de 2001 les diera tres años para legalizar sus minas. De los 15 mil mineros de hecho que según la Defensoría del Pueblo hay en el país, llegaron a Ingeominas 2.845 solicitudes de formalización. Y de ellas apenas consiguieron formalizarse 23. ¿La razón? La norma les exigía que presentaran mapas técnicos de sus minas y facturas comerciales de varias décadas atrás.
La ley 1382 que reformó el Código en febrero de 2010, volvió a abrir la posibilidad de legalizar minas artesanales. En un año llegaron otras 2.200 peticiones. De éstas, 719 ya han sido evaluadas, pero como las normas son las mismas, sólo una pasó la prueba documental y próximamente se le hará una visita técnica.
Echar a andar las peticiones de los mineros artesanales a paso de tortuga, y las de los nuevos títulos a galope, cerró aún más la posibilidad de que los artesanales lograran formalizar sus minas: cuando llegaban sus peticiones ya esas áreas habían sido adjudicadas a nuevos mineros o a especuladores.
Los cambios de legislación terminaron agravando los conflictos. Por ejemplo, Medoro Resourcesobtuvo una concesión en Marmato (Caldas), un pueblo de mineros artesanales con 457 años de historia. Encontró reservas de 6,6 millones de onzas de oro y 37 millones de onzas de plata y quiere desarrollar allí una mina a cielo abierto, pero muchos en el pueblo se han opuesto porque esto implica desplazarlos y dejarlos sin trabajo. Declaraciones recientes del vocero de Medoro a la cadena de televisión Al Jazeera, en el sentido de que tenían varias maneras de sacar a la gente: “presiones del gobierno, la chequera…”, causaron aún más escozor. Es de esperar que el debate arrecie cuando la multinacional solicite los permisos de explotación.

MAFIAS Y DRAGAS

La ley 1381 también dejó abierto un agujero fatal: si un minero que declaraba ser informal pedía un título, podía seguir explorando su mina hasta que no se regularizara su situación. Muchas mafias asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico aprovecharon este hueco legal y fingieron ser mineros artesanales. Esto les dio carta abierta para meter dragas y bombas costosas a explotar las minas a gran escala, causando un gran daño ecológico y a la salud. Cuando el gobierno pretendió cerrarles las minas, alegaron que tenían procesos de regularización en trámite.
-Fue tristísimo –dijo una ex funcionaria de Medio Ambiente –pusieron a mineros tradicionales a pedir títulos, y cuando tenían la solicitud registrada, entraron con sus hombres armados y sus grandes equipos y los sacaron de sus minas o los convirtieron en sus trabajadores, casi en condición de esclavitud.
En el río Dagua, en el sur del país, un minero que explotaba calizas y gravas en el río, halló unas enormes pepas de oro. La noticia corrió veloz y miles de caza fortunas llegaron en un santiamén. Algunos trajeron maquinaria pesada y en cuestión de meses habían causado un desastre ambiental mayúsculo. A los pequeños los dejaban entrar por unas horas al día. Después de varias denuncias periodísticas -y de cambiar una vez más la ley para cerrarle el paso a este tipo de minería mediana altamente destructiva-, el gobierno logró sacarlos. Así ha cerrado 21 minas entre febrero y mayo de este año.
Pero según dijeron fuentes de esa región a CIPER, en el caso del Dagua, como en otros episodios en Chocó y el Bajo Cauca, muy pronto mudaron sus dragas a otro río. “Los del Dagua se fueron a la pobrísima población nariñense de Timbiquí,en el Pacífico caucano, y ahora están allí explotando el oro sin control”, dijo un líder social de la región.
El daño colateral de estas persecuciones a mineros criminales a veces se hace extensivo a verdaderos mineros artesanales. Opositores al gobierno, como el senador de izquierda, Jorge Robledo, sostienen que es deliberada la persecución a toda la minería con el objeto de abrirle camino a la gran minería a gran escala. El director de Ingeominas, Oscar Paredes y el viceministro de Minas, Tomás González, niegan absolutamente que esta sea una política oficial, y sostienen que se creará una unidad que desarrolle créditos blandos para que estas comunidades mejoren sus operaciones y las capacite para que no dañen el ambiente y mejoren la seguridad laboral. También advierten que serán radicales contra la minería que camufle a criminales y que destroce el ambiente.
Pero que los personajes que están manejando el negocio de mini-dragas y dragas son de calibre mayor es también la opinión de las autoridades judiciales colombianas. Por ejemplo, según le afirmaron a El Tiempo, han detectado que las minas que llegaron a controlar el narco-paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco (extraditado a Estados Unidos) y su segundo al mando del Bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez, en el Sur de Bolívar, han sido heredadas por otros grupos armados que hoy las controlan.
“Hay evidencia –dice El Tiempo—de que reactivaron su dominio en ese sector en donde ya habían reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban como esclavos al servicio de la empresa minera Grifos, de la que era socia la esposa de Macaco”. En el registro minero nacional aparece una empresa -Sociedad Minera Grifos S.A.- con dos títulos registrados en 2006 y aún vigentes, pero no en el Sur de Bolívar, sino en la población cercana de Zaragoza en Antioquia.
La policía y la fiscalía, que ha creado una unidad especial para perseguir la minería ilegal, también han detectado que las guerrillas de las FARC están explotando minas de aluvión o están extorsionando a los mineros. Además, como las normas vigentes permiten comprar la misma cantidad de explosivos para abrir una mina pequeña que una grande, tener negocios de minería les resulta conveniente porque pueden obtener los explosivos que quieran sin levantar sospechas.
El crimen organizado también ha encontrado en la importación de dragas un mecanismo para repatriar sus utilidades de la droga y en las exportaciones ficticias de oro, una vía para lavar dinero.
Un ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, le confesó a la justicia una estratagema para lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada en oro, traerlo clandestinamente a Colombia, y venderlo a comercializadoras autorizadas, declarándolo como producido en el país. Por cada onza de oro que le paga al productor, la comercializadora debe descontar el 4 % de regalías que luego debe girar al gobierno, para que éste a su vez le gire al municipio de dónde el productor declaró haber sacado el oro. De esta manera, los paramilitares obtenían el pago por su oro, y después, hacían tratos con los alcaldes de los pueblos que iban a recibir esas regalías para que se las devolvieran a través de contratos ficticios.
Esta fórmula de lavar dinero vía regalías sigue operando. A los municipios antioqueños de Segovia y Remedios, por ejemplo, el gobierno les suspendió el giro de regalías, pues encontró que tenían sospechosos contratos con particulares para promover la minería y los pagaban con dinero de las regalías. En el municipio chocoano de Itsmina, la suspensión de los giros se dio por un súbito e inexplicable crecimiento de la producción de oro declarada: un aumento de 2.031 % en sus regalías entre 2008 y 2010. Más raro fue que, apenas Itsmina recibió las enormes regalías, salió a pagar una deuda “sin saberse si era real o ficticia”, dijo a CIPER un funcionario que conoció el caso.
Los vínculos de la minería con grupos armados no sólo se dan en las minas de hecho. En diversos puntos de la geografía, organizaciones sociales han denunciado que algunas mineras han financiado a grupos paramilitares para protegerse o para forzar el desalojo de comunidades de las minas que quieren explotar. Quizás la empresa más cuestionada en esta materia ha sido la multinacional estadounidenseDrummond.
Drummond es objeto de varias acusaciones en Colombia por posible complicidad con los paramilitares que infiltraron la política y aterrorizaron a la gente del Cesar, desde mediados de los años 90, justo cuando esta empresa arrancó allí su producción de carbón. Dos ex paramilitares han asegurado de que la empresa ayudó a crear y financió el frente Juan Álvarez de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), para que cuidara la operación y la línea del ferrocarril que transporta el carbón hasta el puerto cerca de Santa Marta. Asimismo, según lo investigó VerdadAbierta.com, Drummond compró tierras a testaferros del paramilitarismo para desarrollar su mina El Descanso.
Y hay más. En abril de este año, la Fiscalía acusó a un contratista que les proveía la comida a los trabajadores de la Drummond, de complicidad con los paramilitares en el asesinato de dos líderes sindicales de la empresa minera, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, en marzo de 2001. Por estos hechos organizaciones sindicales y de derechos humanos han entablado tres demandas civiles contra la Drummond en Alabama. Alegan que los directivos de la carbonera sabían de estos crímenes y los cohonestaron. La empresa, que ya logró que la justicia estadounidense desestimara una primera demanda, ha reiterado en avisos de prensa, que las acusaciones son falsas.

MINAS QUE MATAN

Los miles de mineros informales que buscan explotar el oro de los ríos están contaminando el agua con metales pesados como el mercurio y al cianuro. Además, como la amalgama que se forma con estos metales se quema para extraer el oro, el aire también se envenena. La Defensoría encontró que en el aire de los pueblos mineros de Segovia, Zaragoza y Remedios, el nivel de mercurio puede ser hasta mil veces más alto que el permitido. En Remedios se descubrió que 15 personas han pedido trasplante de riñón por intoxicación con mercurio.
Grandes proyectos mineros también han sido cuestionados por sus posibles efectos nocivos a los ecosistemas. El gobierno de Santos, presionado por la movilización de los habitantes de Bucaramanga, una de las principales ciudades colombianas, puso en entredicho la licencia ambiental otorgada a la minera canadiense GreyStar para explotar un área en el páramo de San Turbán, donde nace el agua que abastece a los bumangueses y la minera debió retirar su proyecto y tendrá que reformularlo.
Asimismo, el pasado 6 de julio el gobierno ordenó el cese absoluto de actividades mineras en elParque Nacional Yaigoje Apaporis, que es además área de resguardo indígena. Allí la empresa canadiense Cosigo hizo varias visitas intentando ganarse el visto bueno de la comunidad para poder explotar el oro, y había conseguido que le dieran un título minero.
-De los otros 37 casos de títulos mineros que se superponían con parques naturales, en 12 encontramos superposiciones de menos del 1% de área y estamos ajustándolas de oficio, y en los demás estamos trabajando con las compañías para resolver el tema -dijo a CIPER, Oscar Paredes, actual director del Ingeominas.
En páramos encontraron 630 casos de superposiciones con títulos mineros, algunos en áreas tan estratégicas como el Macizo colombiano donde nacen los dos ríos más importantes del país, el Magdalena y el Cauca. Paredes explicó que están negociando con las empresas titulares para corregir esta situación. Con la AGA, que tiene 40 títulos en páramos, ya están en conversaciones.
Anglo Gold Ashanti (AGA) , está preparándose para pedir la licencia ambiental para la gran mina de oro de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, en Tolima. El proyecto ha sido cuestionado por organizaciones ambientales de la región y algunas autoridades, principalmente por el posible impacto que puede tener la actividad minera sobre la vecina área de Reserva Forestal Central y sobre el Río Coello que abastece a los habitantes de varios municipios.
Algunas explotaciones de carbón no se quedan atrás en cuanto a problemas ambientales. En 2008, a raíz de una airada protesta de las comunidades en el centro del Cesar por el estado de contaminación y de abandono en que estaba este distrito minero de carbón, en dónde operan varias empresas multinacionales y nacionales, los funcionarios ambientales fueron a verificar in situ qué sucedía.
Al constatar la grave contaminación por partículas y polvo en el aire, abrieron una investigación a laDrummond. Y a pesar de las presiones, incluso dentro del mismo gobierno para que la frenaran, el ministerio se llevó a Bogotá todos los expedientes que estaban congelados en la corporación local de control ambiental. Por tratarse de una zona de alto impacto ambiental, se decidió que era la entidad nacional y no la local la que debía intervenir.
Las empresas finalmente se comprometieron a mejorar las condiciones de la zona y a reubicar a cuatro poblaciones (Plan Bonito, El Prado, El Hatillo y Boquerón), las más afectadas por la contaminación por el polvillo de carbón. Pero hasta ahora, todo sigue igual.
Quizás lo más preocupante del daño ambiental es que, como lo ha demostrado el experto Guillermo Rudas, con el auge minero los gobiernos no han cumplido la norma que les indica que deben invertir al menos 17 % de la regalías en la preservación y mejoramiento ambiental. Apenas destinaron el 3,2% en promedio entre 2004 y 2009. Además, mientras la producción minero-energética pesa cada vez más en la producción nacional, el presupuesto ambiental como porcentaje del PIB ha sido cada vez menor. (Haga clic aquí para la ver tabla).

SIN PREVENCION

Tampoco están bajo control de las autoridades los accidentes laborales del sector que a mayo de este año había dejado ya 62 mineros muertos. La mayoría de estos accidentes suceden en las pequeñas minas artesanales en cuatro departamentos que producen carbón de socavón: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. La mayoría se produce cuando el gas metano atrapado en la mina estalla con una chispa de una lámpara o una cerilla o cuando los rudimentarios soportes de la mina se desploman.
Hasta ahora los sucesivos gobiernos han anunciado apoyo para mejorar las condiciones de seguridad de los mineros, pero como sucedió en la mina San Fernando, en Amagá (Antioquia), en junio de 2010, donde perecieron 73 trabajadores, la respuesta más frecuente es cerrar la mina después de la tragedia. Al poco tiempo la gente se las ingenia para volver a trabajar porque no tienen otro medio de ganarse la vida. Así lo documentó en detalle la televisión local en un programa desgarrador sobre el caso. (Haga clic aquí para ver el reporte oficial de fatalidades en los últimos años).

RETOS Y MEDIDAS

Para que la minería en Colombia pueda institucionalmente ser medianamente administrada y fiscalizada, es necesario reforzar el sector.
En el año de gobierno ya se consiguió aprobar un Sistema Nacional de Regalías para administrar mejor las compensaciones. Ahora ya no irán sólo a los territorios de dónde salen los minerales, sino también para financiar el desarrollo social, económico y ambiental de los municipios más pobres, entre otras modificaciones. Además, el 2 % irá a fortalecer la capacidad estatal de fiscalización, el conocimiento y la cartografía geológica del subsuelo; dos tareas que el Estado ha desempeñado pobremente.
Por ahora, además, se congeló la recepción de nuevas solicitudes de títulos mineros a la espera de que se terminen de procesar las cerca de 19 mil acumuladas. En lo que va de 2011 tan sólo han emitido 187 títulos. Otro de los anuncios del nuevo gobierno es que Ingeominas volverá a concentrarse en investigar el territorio nacional, ampliamente desconocido a los niveles de detalle que requiere la minería. La administración correrá por cuenta de la Agencia Nacional de Minería.
También deberá reformularse el Código Minero ya que la Corte Constitucional tumbó la ley que lo reformó en 2010, y sólo para dejar vigente la prohibición tajante de permitir minería en páramos, aplazó su término por dos años más, hasta que el gobierno apruebe una nueva ley. Se deberá normar además, la entrega de áreas de concesiones en cuadrícula, y no las irregulares que se han prestado para tantos juegos especulativos.
Desde la industria minera los anuncios se reciben con sentimientos mezclados. Volver a abrir la caja de Pandora de intereses que significa cada reforma al Código Minero puede tener un final impredecible. El más temido es que les arruine la rentabilidad de sus inversiones. Aunque evidentemente, les será más fácil operar con instituciones más transparentes y menos arbitrarias, como por ejemplo, un nuevo catastro minero.
El gobierno está buscando también cómo mejorar su pobre capacidad de fiscalización. Según un informe de mayo de la Contraloría, varias compañías mineras, entre ellas Drummond, Cerro Matoso y Prodeco, subsidiaria de Glencore, pagaron cercan de US$150 millones menos en regalías al Estado en 2007 y en 2008 de lo que debieron pagar.
El gobierno cree que la mejor manera de fiscalizar la producción y el cumplimiento de las normas de seguridad, es delegar la tarea al sector privado. Una idea que despierta todo tipo de temores ya que otra iniciativa similar para controlar la inversión de regalías en los territorios, terminó contratando firmas privadas interesadas más en bajar costos que en realizar la difícil y peligrosa tarea de vigilar el buen uso de las regalías.
Por último, Colombia está considerando si mantiene las tarifas impositivas y de regalías actuales, que según varios estudios le dejan al gobierno proporcionalmente menos recursos que a otros países productores. (En Chile se vive una situación más grave muy bien descrita en dos reportajes de CIPER:“Los enormes beneficios tributarios a los que acceden las empresas mineras en Chile” y “Royalty: Los millones de dólares que Chile regala a las empresas mineras”)
No es exagerado decir que si Colombia aprovecha bien su bonanza minera, puede saltar al desarrollo. El auge minero y petrolero es una oportunidad única para darle un empujón al país en materia de infraestructura y sacar de la pobreza a gran parte del 46 % de los colombianos que aún no tiene los ingresos suficientes para tener una vida digna. Pero para ello debe haber conciencia de que cada peso que se obtenga es un patrimonio que ya no se podrá recuperar.
El camino para ello no es fácil. El gobierno deberá crear fórmulas para desterrar las mafias y darles espacio a los mineros artesanales. Además, deberá imponer ante las empresas que corrompieron las instituciones y violaron la ley, una nueva ética de desarrollo sostenible. Una vez creados los mecanismos institucionales adecuados, tendrá que hacer valer la protección del medio ambiente colombiano como un tesoro más valioso que el oro y el carbón.
Para esa gran transformación pendiente los tiempos políticos son cortos. Mientras la locomotora minera va a toda máquina cruzando la vía de un negocio de miles de millones de dólares, el temor de que la promesa de prosperidad termine en un mero espejismo sigue vigente para la gran mayoría de los colombianos.
* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford


INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 1

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INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 3

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 4