PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

lunes, 28 de diciembre de 2009

UN AÑO SIGNADO POR LA BARBARIE PARA PUEBLOS INDIGENAS

Por OSCAR ESCAMILLA BOGOTA, 26 (ANSA) - Un año signado por la violencia y la barbarie fue el 2009 para los pueblos indígenas colombianos, que representan el 2% de la población total del país y concentran a 102 comunidades, dijeron a ANSA voceros de esas comunidades.
Lo único rescatable para los pueblos originarios, añadieron, fue la aprobación en el Congreso de una ley para preservar y proteger el uso de las 68 lenguas distintas al castellano, de las cuales 65 son de grupos indígenas.
"Tengo que decir que es una situación muy complicada, muy lamentable, para los pueblos aborígenes debido a que este año pensábamos que se iba a reducir el número de asesinatos a miembros de comunidades indígenas y por el contrario la suma mayor a la del año pasado", dijo a ANSA Luis Evelis Andrade.
Andrade, actual presidente de la Organización Nacional Indígena, el mayor conglomerado de cabildos y pueblos aborígenes del país, recordó que en 2008 la cifra de aborígenes muertos fue de 108, cinco menos que en este año.
Según datos de la Organización Nacional Indígena (Onic), en los últimos siete años fueron asesinados más de 1.240 indígenas por parte de los grupos guerrilleros, paramilitares y hasta la misma fuerza pública.
En 2009 la comunidad Awá, asentados en el sur de país, sufrió la mayor cantidad de víctimas, pues al menos 23 individuos de esa etnia fueron asesinados en tres acciones distintas.
La primera masacre ocurrió en febrero cuando las FARC asesinaron a ocho indígenas Awá, argumentando que eran "colaboradores" del ejército.
La segunda matanza sucedió en agosto cuando un grupo armado mató en una población rural a otros 12 indígenas, entre ellos niños, mujeres y ancianos.
En septiembre se supo del asesinato de otros tres integrantes de ese grupo étnico, también en el sur del país.
Andrade explicó que las razones para el asesinato de los indígenas son "la persecución, el señalamiento por parte de los distintos grupos armados que han querido vincular a los indígenas al conflicto al que nos oponemos, y las minas antipersonales".
Según el dirigente, los "distintos actores" armados consideran a los indígenas "enemigos de sus causa" debido a su postura "política" de "no participar del conflicto" interno que vive el país.
"El hecho de decir eso es grave para los actores, cuando todos quieren que hagamos parte del conflicto, tanto los ilegales como la fuerza pública", aseguró Andrade.
Agregó además que otra de las causas de la violencia contra los indígenas es que sus cabildos están ubicados en "territorios donde se presenta la confrontación" armada, lo que los "hace más vulnerables", sumado a la posición de los líderes de la comunidades que se niegan a que los menores de sus comunidades sean reclutados forzosamente por los grupos guerrilleros y paramilitares.
Es tan grave la situación de los aborígenes del país, que James Anaya, Reltor Especial de Naciones Unidas para las Libertades y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, visitó a mediados de año el país y antes de marcharse le pidió a las FARC que cesaran su accionar contra esos pueblos, al considerar que el grupo era el principal "responsable" de esos crímenes.
Andrade culpó también al gobierno por lo que consideró "genocidio" hacía los indígenas "por acción o por omisión" al no frenar la violencia de guerrilleros y paramilitares, además de los desafueros de algunos militares y policías.
Sin embargo y pese a los crímenes contra los pueblos indígenas, este año el Congreso aprobó una norma denominada "Ley de Lenguas Nativas" que busca darle un sentido oficial a las lenguas vernáculas.
La medida pretende establecer mecanismos para la protección de esas lenguas, mejorar los sistemas actuales de etnoeducación y permitirles a los indígenas acceso a los servicios del estado sin tener que renunciar a su lengua de origen, en un empeño por proteger el patrimonio cultural que significan esas hablas. GAT

26/12/2009 14:37
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/colombia/20091226143735003053.html

sábado, 26 de diciembre de 2009

Barichara sólo tendría agua para un mes

Foto: Archivo particular

Todos los días llegan en carrotanques 9.000 litros de agua potable desde la vecina población de San Gil.

Mientras en el casco urbano 5.000 habitantes tienen racionamientos de 20 horas al día, la represa El Común, que abastece al municipio, luce desértica.

Paute fácil

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"Tenemos agua para un mes más y si no llueve nos jodimos", así de lacónica y contundente es la reacción del administrador del acueducto de Barichara (Santander), Pablo Figueroa, donde la sequía de su única fuente de abastecimiento, la represa El Común, tiene en alerta al 'pueblito más lindo de Colombia'.

Mientras en el casco urbano 5.000 habitantes tienen racionamientos hasta de 20 horas al día, en la represa las imágenes de sequía e intenso sol ya son comunes en el lugar que apenas cuenta con 80.000 metros cúbicos de agua para abastecer a Barichara y los municipios vecinos de Cabrera y Villanueva.

Aunque la temporada seca apenas está comenzando, los 1.100 usuarios del acueducto local tan solo reciben de 4 a 8 litros por segundo de agua, menos de la mitad de lo que llegaba hace un mes.

Para colmo de males, la región, que es abastecida por la represa El Común, es considerada como la segunda zona del país en la que menos llueve, después de La Guajira.

El viejo acueducto, construido hace 60 años, no tiene capacidad para mantener el servicio a las casas que, en su mayoría, tienen más de dos tanques para abastecerse en el forzado racionamiento que viven la mayor parte del año.

Figueroa dijo que a la escasez del agua se une la vieja planta donde, de los 30.000 metros cúbicos que llegan al mes, se facturan tan solo 17.000 porque el restante se pierde en el proceso de potabilización.

"El embalse tiene una presa alterna en el sector de Las Lajas, que se beneficia sólo de aguas
lluvias. Así que si no llueve, la situación se torna crítica", dijo Figueroa.
A pesar de la difícil situación, los 12 hoteles y 30 casas que ofrecen hospedaje están
garantizando el agua a los turistas, que por esta época, llegan a los 5.000, lo cual duplica la
población del pueblo.
Sonia Figueroa, gerente de uno de los hoteles, dijo que en estos lugares, por ahora, con tanques
se almacena el agua suficiente para atender las demandas de los visitantes.
En varias oportunidades Israel Alongo Agón, alcalde de Barichara, ha manifestado que el
municipio requiere 20.000 millones de pesos para construir un nuevo acueducto en la quebrada
Chibirití, en Galán, donde sí hay agua suficiente para abastecer las necesidades de la
población.
Luz Alba Chávez, jefe de Aguas y Medio Ambiente de la Secretaría de Infraestructura de
Santander, precisó que Barichara fue incluida en el Plan de Aguas, en el que el Departamento
aportará 400.000 millones de pesos y las poblaciones, 200.000 más.
"Barichara va a aportar 3.000 millones de pesos y en 2 o 3 años ya se deben haber ejecutado esos
dineros. Por ahora hay que hacer estudios y diseños para saber si se optimiza con dragado la
represa El Común, si se construye un nuevo acueducto o si se mejora la planta de tratamiento",
agregó la funcionaria.
Por ahora, todos los días llegan en carrotanques 9.000 litros de agua potable desde San Gil,
pero los 'patiamarillos', como se conoce a los habitantes de esta región, piden una solución
definitiva a la situación que se vive desde hace más de 40 años.

FÉLIX LEONARDO QUINTERO
CORRESPONSAL EL TIEMPO
BUCARAMANGA
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/barichara-solo-tendria-agua-para-un-mes_6839987-1

sábado, 14 de noviembre de 2009

¿Para qué masacran a los Awá?

por Tejido de Comunicación ACIN Friday, Feb. 13, 2009 at 5:24 AM
acincauca@yahoo.es

Eventualmente, la ineficiencia del Estado, las leyes y el terror, se habrán combinado para consolidar el despojo y la expropiación de modo que este se convierta en un hecho histórico consumado. Para entonces, los megaproyectos y los usurpadores de la riqueza se habrán establecido, el territorio habrá sido explotado y la lucha, sacrificio y sufrimiento de las víctimas, será enterrada por la infamia de una historia escrita por la codicia y la inconciencia.

Embargados por el dolor y la tristeza escribimos estas líneas. Las escribimos desde la ira compartida ante este acto criminal que al parecer han cometido las FARC a quienes condenan los hechos inalterables y la sangre de inocentes derramada.

Escribimos, mientras el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos llega al Departamento de Nariño a dirigir las operaciones militares como respuesta del Estado ante las masacres y el terror a que viene siendo sometido ese pueblo indígena. Ante los medios de comunicación el Ministro Santos al señalar que ha sido muy difícil obtener la cooperación de los indígenas, declaró: "Esperamos poderlos convencer de que la mejor posición, la mejor actitud que pueden asumir es la de colaborar con las autoridades, con la fuerza pública".

“Al caído, caerle”, es el proverbio que aplica el Gobierno en estas terribles circunstancias, basando su reacción en que, según la información disponible, fueron las FARC quienes cometieron la masacre. Ahora resulta que es culpa de las víctimas de esta masacre, del desplazamiento masivo, de las personas desaparecidas, de las comunidades confinadas en medio del terror lo que les está sucediendo. Culpa de ellas, dice el Ministro, porque no han querido colaborar con la Fuerza Pública. Pretende convencernos de que, si la Fuerza Pública hubiera estado en la zona, estos hechos no se habrían presentado. En consecuencia, llega la hora de militarizar el territorio por completo, con el argumento de proteger a los Awá. Los propios indígenas angustiados y corriendo por las selvas y algunos de sus líderes, no ven más opción que la de pedir ayuda a la fuerza pública. Los medios de comunicación y los voceros del Gobierno y de la coalición de partidos que lo respaldan, le hacen eco a este llamado. Colombianos y colombianas aterrados ante el horror de este genocidio en curso, reclaman lo mismo.

Unidos al llamado a que se proteja a estos pueblos y se haga justicia, denunciamos a los asesinos, sean quienes sean y, en este caso, a las FARC, quienes, de haber realizado estos actos atroces, confirman una terrible verdad: se han convertido en un factor más de terror contra los pueblos. Se suman en estas actuaciones perversas, a los paramilitares, a la fuerza pública y a todos los que a fuerza de violencia someten a los pueblos y comunidades en Colombia. Lo hemos denunciado y hoy lo reiteramos: en últimas, el terror es un medio para alcanzar fines que deben reconocerse. Si ignoramos los fines, el delito atroz aparece como el resultado esperado. No habría intención ulterior a la masacre y al terror. Serían un fin en si mismas. Pero el terror, venga de donde venga, es un medio para alcanzar otros fines. Por eso, la verdad exige otra reacción desde toda la ciudadanía del país, desde las organizaciones y pueblos indígenas, con el respaldo de Gobiernos y pueblos del mundo.

La verdad se encuentra en la respuesta a una pregunta necesaria: ¿Para qué matan a los Awá? Es indispensable plantearnos esta pregunta y reaccionar con coherencia y firmeza en consecuencia. De lo contrario, el terror de esta masacre servirá como excusa para cometer otras y como medio para despojarlos de su territorio, de su cultura, de su forma de vida y desaparecerlos en un genocidio planificado. Habrán luchado para nada quienes se hayan sacrificado por defender sus vidas, culturas y territorios. Nos habrán convencido una vez más, que estas masacres contra los Awá en Nariño no tienen nada que ver con las de San José de Apartadó, Urabá, Catatumbo, Amazonía, Cauca y todo el territorio Nacional. Que nada tienen que ver con los asesinatos de mujeres, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, falsos positivos y toda la parafernalia de hechos y actos de terror, vengan de donde vengan. Porque sabemos que el terror es un medio perverso hacia un fin perverso, hacemos memoria, señalamos unos hechos, denunciamos y condenamos a las FARC con ira y dolor, por el crimen cometido y por contribuir de esta manera no solamente a sembrar muerte, miseria y dolor sino a ayudar a que se despoje a los pueblos indígenas de pueblos y territorios.

Los hechos:

1. El Terror como Herramienta:

“Somos Gente de la Montaña, hijos de la selva y por ella nos van a sacar muertos”, declaró premonitoriamente Eder Burgos, Coordinador de Camawari, el 10 de Agosto de 2008, durante la Audiencia Defensorial que dio cuenta de la crítica situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) que vive el pueblo indígena Awá. Esta audiencia fue realizada, ante funcionarios de diferentes entidades del Estado, de organismos de control, representantes de la ONU, de ONGs defensoras de DDHH, con la custodia de más de 70 indígenas en su mayoría de este pueblo que se movilizó desde el sur de Colombia. Según el comunicado oficial de la ONIC, “En dicha audiencia se presentó el Informe Defensorial que es el resultado de un tejido participativo adelantado con las autoridades y representantes del pueblo Awá, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Defensoría del Pueblo y el SAT.” La Audiencia y el Informe dieron cuenta, de manera dramática del desarrollo de la disputa territorial por parte de todos los actores armados, contra la población indígena. Señalaba este comunicado que las comunidades ubicadas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego y Ricaurte, denunciaron casos puntuales como “que desde hace tres días su territorio ancestral está siendo bombardeado, incluso los sitios de concentración de la población desplazada en el municipio de Ricaurte, concretamente en los resguardos de Maguí e Imbima”, tal como lo denunció el defensor regional de Nariño a su superior en carta de la fecha.” Estas son los territorios donde se vienen realizando las masacres contra las comunidades.

Tanto la Resolución como el Informe Defensorial, denuncian y presentan evidencia contundente sobre la realidad de terror que se vivía en ese territorio, las acciones de guerra sucia contra la población que involucran a la Fuerza Pública y a los actores armados ilegales, documentando la implementación del terror contra las comunidades indígenas como una estrategia para someterlas y despojarlas de sus territorios.

La evidencia contenida en el Informe, Audiencia y Resolución Defensoriales dejan sin piso de manera contundente las aseveraciones del Ministro de Defensa. La Fuerza Pública ha sido y es un factor de terror contra los Awá y por ello, lejos de constituirse en garantía de protección contra abusos y violaciones de derechos humanos, son una amenaza directa contra su salvaguarda. Todos los actores armados ejercen violencia contra los Awá.

2. La codicia y los Megaproyectos:

a. Agro-negocio y plantaciones: La Costa Pacífica y el pie de monte de la Cordillera Occidental que incluyen el territorio ancestral del pueblo Awá afectado por las masacres y el desplazamiento en curso, son zonas estratégicas de interés para proyectos de acumulación económica legales e ilegales que incluyen grandes plantaciones de caucho, palma aceitera, lo mismo que plantaciones y laboratorios de procesamiento de coca. Al igual que en el resto del país, estos proyectos agro-comerciales, requieren y se apoyan en el uso de la violencia y del terror contra los moradores ancestrales del territorio en la perspectiva de despojarlos y desterrarlos.

b. Minería y Recursos Vitales: Según concluye el Boletín Situacional sobre los Derechos Humanos y el DIH en Nariño: “La riqueza de la geografía nariñense ha conllevado a que se realicen estudios de inversión de multinacionales que ejecutan exploraciones sobre recursos estratégicos como uranio y oro. La Sociedad Kedahda S.A., filial de la Anglo Gold Ashanti, presentó en el mes de julio de 2007, 110 solicitudes de contratos de concesión en el Departamento de Nariño, según el reporte de Ingeominas. Dichas solicitudes han producido inquietud, por la experiencia que ha dejado la incursión de la mencionada empresa, pues en los lugares del país en donde ha realizado sus trabajos se ha desatado una marcada violación a los derechos humanos de las comunidades de éstas regiones. Entre los 37 municipios nariñenses en los que la sociedad Kedahda S.A., ha realizado sus solicitudes se encuentran: Taminango, Leiva, Rosario, Policarpa, Cumbitara, Samaniego, Barbacoas donde existe una inmensa riqueza de Oro, Zinc, Cobre, plata, platino, molibdeno y demás concesibles, y coincidencialmente ha sido en éstos municipios en donde existe mayor presencia de fuerza pública y grupos armados al margen de la ley, situación que ha derivado en el desconocimiento de los derechos humanos y en la inobservancia del DIH de la población civil, quien se ha visto sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.” La riqueza hídrica, maderera, de biodiversidad, biotecnología, hidrocarburos y oxígeno de esta región es notoria. El territorio ancestral del pueblo Awá es un territorio en disputa de interés por parte de la gran industria extractiva transnacional.

c. Infraestructura: El Eje Multimodal Amazonas de la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sur Americana), atraviesa por el territorio Awá desde la Costa Pacífica Nariñense. Los 284kmts de la carretera Pasto-Tumaco, atraviesan el territorio Awá en disputa y hacen parte del corredor multimodal Tumaco-Puerto Asís-Bélem do Pará que une la Costa Pacífica con la Atlántica atravesando el Continente Suramericano por la Amazonía. Más allá de los beneficios que pudieran generar estas modernas y costosas vías y de su enorme y destructivo impacto ambiental, estas vías se construyen con el propósito fundamental de abrir los territorios de modo que sus riquezas puedan ser privatizadas, explotadas y extraídas por transnacionales. Las vías se entregan en concesión a intereses privados. Su construcción, existencia y uso imponen el sometimiento, desplazamiento y la destrucción de los pueblos que se encuentran en su camino y área de influencia. El pueblo Awá vive en medio del trazado de este megaproyecto infraestructural y por lo tanto, se ha convertido en un estorbo en vías de remoción. Eventualmente, la ausencia o sometimiento de los Awá, sirve a los intereses de quienes se benefician de este megaproyecto que amenaza y afecta a los pueblos con derechos sobre los territorios que atraviesan.

d. Turismo y Otros intereses. La belleza y enorme riqueza de los territorios Awá del piedemonte y la Costa Pacífica de Nariño resultan ideales para consorcios de explotación turística, frecuentemente articulados a proyectos de exploración, explotación y patentamiento privado de la vida y de los conocimientos del territorio y de sus pueblos. Los proyectos turísticos expulsan o explotan a los despojados indígenas llevándose enormes ganancias, apropiándose de los territorios autónomos y de sus pueblos como mercancías privadas con fines de acumulación.

Garrote y Zanahoria: El terror y la Ley.

Quienes promueven y en últimas se benefician de la muerte y el despojo, combinan “todas las formas de lucha” para acceder a las riquezas y recursos que les interesan. Mientras el trabajo sucio del terror es realizado por diversos actores armados legales e ilegales con acciones criminales de guerra entre sí y contra los pueblos, cuyo resultado estratégico, esperado e inevitable es el despojo y la privatización del territorio, el Estado Colombiano, implementa políticas que proveen el blindaje legal institucional para la explotación de los territorios.

Un ejemplo contundente se encuentra en el Estatuto Rural o Ley 1152 de 2007. En el parágrafo único del artículo 123 de esta Ley se lee: “No se podrán surtir procedimientos de constitución, ampliación o saneamiento de resguardos indígenas dentro de los límites geográficos determinados en el artículo 2o de la Ley 70 de 1993 u otras zonas del país que presenten similares condiciones.” El artículo 2º de la Ley 70 de 1993 delimita la Cuenca del Pacífico como un Territorio ubicado en la línea que va entre volcán de Chiles en la frontera con Ecuador y el Golfo de Urabá en la Costa Atlántica, hasta el Océano Pacífico. Este inmenso territorio que abraca cordillera, piedemonte y costa, incluye el territorio Colombiano del Pueblo Awá de Nariño.

Según lo establecido en el artículo citado del Estatuto Rural, no se pueden constituir, ampliar o sanear resguardos indígenas en la Cuenca del Pacífico. El pueblo Awá, pierde así, por Ley, el derecho a gran parte de su territorio ancestral y actual. Territorio que queda de esta manera “liberado” para los intereses económicos a quienes terminan beneficiando de manera directa o indirecta los actores del terror. El pueblo Awá tiene represadas 4 solicitudes de Constitución de Resguardos, 8 de ampliación y 15 de Saneamiento, para un total de 27.

En estos momentos, la Corte Constitucional se encuentra próxima a emitir sentencia frente al Estatuto Rural. Si esta Ley 1152 es declarada inexequible, como lo fuera la Ley Forestal en Abril de 2008 por violar la obligación de realizar consulta previa con las comunidades afectadas, el pueblo Awá, lo mismo que los demás pueblos afro e indígenas del Pacífico, podrían adelantar acciones legales tendientes a resolver sus derechos territoriales. A quienes masacraron, a quienes están desplazando, a quienes confinan, a quienes amenazan, les resulta imposible realizar los trámites legales que se requieren. Mientras tanto, aparecerán nuevos propietarios de los territorios, con títulos fabricados que serán legalizados sin mucha dificultad.

Eventualmente, la ineficiencia del Estado, las leyes y el terror, se habrán combinado para consolidar el despojo y la expropiación de modo que este se convierta en un hecho histórico consumado. Para entonces, los megaproyectos y los usurpadores de la riqueza se habrán establecido, el territorio habrá sido explotado y la lucha, sacrificio y sufrimiento de las víctimas, será enterrada por la infamia de una historia escrita por la codicia y la inconciencia.

El pueblo Awá lucha por su dignidad, por su vida y por la vida de su territorio. Al pueblo Awá lo exterminan para que la codicia insaciable pueda despojarlos y exterminarlos. Aunque es importante y urgente saber quienes cometieron esta terrible e imperdonable masacre para que se haga justicia, se conozca la verdad y se repare y respete a los afectados y a sus familias, aún más importante es entender que los masacran para despojarlos y que, en consecuencia, debemos denunciar y movilizarnos para resistir este proyecto que se sirve del terror como medio y que hoy está matando a nuestros hermanos para robarles.

Convocamos

En primer lugar, nos unimos a la ONIC, a todos los pueblos indígenas y a todas las organizaciones y personas que sentimos el compromiso y la necesidad de acompañar de manera solidaria a las víctimas y llamamos a sumarnos a la Minga Humanitaria que se viene organizando para hacer presencia con firmeza y convertir el dolor en compañía y acción concreta.

En segundo lugar, nos sumamos a quienes vienen llamando a que se movilice la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. El mensaje es claro. El magnicidio contra Aida Quilcué que llevó a la muerte del compañero Edwin Legarda, ejecutado por el Ejército Nacional bajo órdenes de quienes orientan e implementan la Política de Seguridad Democrática como un falso positivo contra la resistencia popular, es seguido ahora por masacres, cometidas por las FARC, que sirven como excusa para escalar el despojo ante la insensibilidad de la sociedad y del mundo.

Este no es un problema de los Awá, no es un problema de los indígenas, no es un crimen contra un pueblo en Nariño. Este es un acto de terror que hace parte de la implementación acelerada de unas políticas conducentes al despojo por vía de la muerte. Este es el Plan Colombia en marcha. Un megaproyecto económico que entrega e integra nuestros territorios y nuestras vidas a la codicia del capital global.

Ante tanto horror, tan evidente, no podemos seguir mirando desde lejos o esperando nuestro turno. Es hora de saber para qué los mataron, para qué nos matan y de levantarnos para detenerlos y resistir. Es hora de rechazar de una vez por todas, el horror que cometen las FARC a nombre de los pueblos, así como rechazamos el del régimen.

También es dolorosamente evidente que de poco sirve ante este Estado tener tierras, denunciar violaciones de derechos humanos o negociar acuerdos con un Gobierno ilegítimo cuando el modelo de desarrollo con sus tratados y sus leyes se sirven del terror, venga de donde venga para masacrar, desplazar y despojar. Es indispensable e impostergable la obligación de resistir el modelo en su integralidad y como prioridad. En estas condiciones y ante estos hechos tan terribles, es necesario reconocer que todo lo demás, aún lo político-electoral, debe supeditarse con urgencia a una agenda de movilización y acción en Minga que resista y detenga el acelerado curso del despojo del que esta masacre es un evento.

Convocamos la Minga Social y Comunitaria. Pongamos a marchar la agenda para resistir el modelo de muerte que viene con el TLC, con las leyes de despojo, con el terror, con los convenios incumplidos, con la ausencia de un tejido de los pueblos por la libertad. Decidamos en Minga como detener el horror de las FARC, del Estado y de todos los grupos armados en Nariño y en Colombia. Cómo respaldar el pueblo Awá y defender con ellos su territorio y cómo defender la vida y nuestros territorios de esta muerte segura que avanza para que unos pocos sigan acumulando.

Para que descansen los muertos y sus familias puedan rehacer la vida, para que la dignidad Awá se convierta en camino, para que nadie pueda robarse el territorio, para que unos y otros se larguen con sus armas y su odio y nos dejen en paz, para que no nos declaren que luchan por el pueblo o que vienen a protegernos los asesinos, para que tengamos un país de los pueblos y sin dueños, para que no los hayan masacrado para nada: Minga Social y Comunitaria. Encontrémonos en un territorio colectivo y hagamos de la Minga desde el dolor conciencia y camino. Los Awá no están solos.

martes, 3 de noviembre de 2009

CONCEPTOS NEOCOLONIALES / NEOLIBERALES EN COLOMBIA

Hay bonanza minero energética a la vista
La bonanza minero-energética, que se vislumbra para la próxima década con inversiones por 47.114 millones de dólares, hizo que el Gobierno prepare mecanismos de ahorro (regla fiscal que estará lista en seis meses).

Aunque sólo cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) corresponde a minería y petróleo, el investigador asociado de Fedesarrollo, Mauricio Reina, señaló que el sector crece a pasos agigantados. "En 2008 creció tres veces más que la economía, en el primer semestre lo hizo levemente por encima del 10 por ciento (cuando el país está en recesión), las exportaciones en los últimos cinco años se multiplicaron por cinco y la inversión aumenta", dijo.

Luis Carlos Villegas presidente de la Andi, celebró la decisión del Gobierno. "Hay que utilizar los recursos para prepagar deuda o ahorrar, no para el gasto corriente. La idea es tener un peso fuerte de la mano de una economía creciendo con un ahorro fiscal".
http://www.elcolombiano.com/

martes, 27 de octubre de 2009

TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA

DE LIBARDO SARMIENTO.

Querido Alfredo, te envío un fraterno abrazo. Con el dolor de padre y mi conciencia crítica te comento que el día sábado, en Tunja a las 8am, montaron un espectáculo mediático y militar (más de cien hombres fuertemente armados del ejército y el CTI) y detuvieron a mi hijo Luis Eduardo y su compañera Liliana, ambos estudiantes regulares de la UPTC. Los acusaron (sin pruebas, de terrorismo, extorsión y rebelión) y, el juez, presionado por los medios de comunicación y la fiscalía, en tres audiencias aceleradas y arbitrarias (sin escuchar los reparos de los abogados defensores) les imputo cargos y medida de aseguramiento (mi hijo se encuentra en la Modelo y Liliana en el Buen Pastor). Les imputan el atentado a Vargas Lleras, cuando recientemente en declaración ante Piedad Córdoba, "Don Berna" reconoció que el fue el autor intelectual de dicho atentado). El fiscal 10, Francisco Villareal, un hombre ideológica y claramente de derecha, hizo cargos genéricos, sin sustento alguno basado en "informantes" (además, es hermano de un coronel del ejército vinculado a una investigación por narcotráfico y alianza con paramilitares).. Te envío el pronunciamiento de los docentes y estudiantes de la UPTC en solidaridad con nuestro doloroso suceso; además otro pronunciamiento del Programa Justicia y Paz, para que nos ayudes a la divulgación.

LIBARDO SARMIENTO Profesor Universidad Pedagógica y tecnológica de Tunja y asesor de UNISEF

Respeto a derechos y garantías del libre pensar

A la opinión pública, a la comunidad universitaria UPETECISTA

y a los medios de comunicación

La comunidad académica, de profesores/as y estudiantes de la Maestría en derechos humanos, que ofrece para Boyacá y Colombia la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presentan su solidaridad, afecto y aprecio a su distinguido profesor Libardo Sarmiento Anzola. El profesor Libardo, es reconocido por la comunidad científica y académica, de las Ciencias Humanísticas y Sociales, como uno de los intelectuales más prestigiosos del país. Se destaca su representación para Colombia, de Le Monde Diplomatique, su dirección del periódico Desde Abajo y sus tesis sobre Democracia, Pobreza, Desarrollo, Justicia y Derechos Humanos. Su tránsito por Organizaciones e Instituciones Internacionales y Nacionales, lo ratifican como un intelectual, independiente, de profundas calidades éticas y morales.

Nuestra solidaridad, es también un reclamo por respeto con las otras voces, que habitamos esta realidad, con pocas o mínimas garantías, para el libre ejercicio del pensar. Cada día resulta más difícil pensar o actuar por fuera de los libretos de un Estado en cuestión. Colombia, padece un altísimo déficit de democracia y son reducidos los espacios para una convivencia basada en las ideas y los derechos. La fuerza intimida y tiende a imponerse con mayor impacto, mientras las razones, pierden tienden a ser sometidas al arbitrio de un pensamiento único, que no acepta pluralismos, ni diversidades.

El hecho político, concreto que da lugar a esta solidaridad, con las ideas y con el profesor Libardo, se refiere a la detención de su hijo Luis Eduardo y Liliana la compañera sentimental de Luis. Ambos son estudiantes activos de la UPTC, en los programas de Lenguas Modernas y de Ciencias Sociales respectivamente. Se les acusa de Terrorismo y Rebelión. Estas resultan ser hoy las sindicaciones más temibles, en el ámbito de la Seguridad Democrática. De ellas nadie está exento y pocos pueden defenderse con imparcialidad. “Un estudiante es aquel que lleva la rebeldía en su corazón”, dijo el maestro Germán Arciniegas, ¡eso son ellos¡. Por eso no compartimos los resultados de unas condenas apriori, ampliamente difundidas por algunos medios de comunicación. Consideramos, que lo que ocurre en materia de poder en Colombia, esta mediado por una acción de estrategia política, mediante la cual se criminaliza la protesta social, a la vez que se penaliza sobre alguien, lo que se quiere demostrar. Reclamamos respeto para nuestros jóvenes estudiantes, presentados ante la opinión pública como condenados, por presuntos actos que los señalan sin ser escuchados o vencidos en juicio, en delincuentes, capaces de volar un avión presidencial o colocar una bomba en una esquina de inocentes.

Como académicos de los derechos humanos, que somos, comprendemos que detrás de los estudiantes, hay lógicas de poder y modos de acción política. Pero ante todo ellos son seres humanos y por ellos abogamos. Son estudiantes y por ellos reclamamos. Por lo que ocurre, llamamos la atención sobre el papel inmediatista de algunos medios de comunicación, que conscientemente o no, con sus adjetivados titulares, contribuyen a desdibujar el papel histórico de las Universidades y en particular, las de naturaleza pública, en su función de creadoras de pensamiento crítico y constructoras de diálogos, inclusive para mantener la rebeldía, cuando las tiranías acechan, sin importar del lado político que estas provengan. Los derechos son para todos y todas y el primer derecho ante los estrados judiciales, de cualquier detenido, es el “derecho humano al debido proceso” y su garantía es la del amparo de la inocencia, hasta no recibir del juez imparcial e independiente la sanción correspondiente.

Somos conscientes de las tensiones del poder, por eso, reconocemos y defendemos las ideas que señalan que el Estado de Derecho, no se alimenta con la guerra, ni florece con la estigmatización. El Estado de Derecho, se construye con respeto por la independencia de los poderes públicos, la aplicación de la ley justa y el reconocimiento de los derechos humanos, como base sustancial de la existencia de la sociedad misma. Por estas razones expresamos solidaridad con los jóvenes universitarios, ellos representan la vitalidad de cualquiera de nuestros hijos/as, parientes o vecinos, universitarios o no, y la guerra parece ser su único destino de formación o de trabajo. También nuestra solidaridad y reclamo, es por justicia, por juicios justos, por el derecho a pensar diferente. Nuestra esperanza es por el derecho a vivir con dignidad, sin temor a ser perseguidos por el libre pensar, a avanzar hacia una democracia con derechos y libertades. Nuestra tarea vivir libres de la apatía, la Indiferencia, el temor, el terror y el miedo.

Reclamamos para que los estudiantes detenidos Luis y Liliana, tengan derecho a un juicio justo.

Y ratificamos para el profesor Libardo nuestro afecto y amistad.

Profesores/as y estudiantes de la Maestría en derechos humanos.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Tunja, Octubre 20 de 2009.

Desde la Injusta Prisión 33

Libertad a Luis Eduardo Sarmiento y Liliana Gutierrez

Martes 20 de octubre de 2009

Ellos LUIS EDUARDO y LILIANA, fueron privados de su libertad, el 16 de octubre de 2009, en un operativo conjunto de la Primera Brigada del Ejército Nacional y la Unidad Nacional de Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación, cuando se encontraban en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá.

Acusados con falsedades y montajes, de pertenecer a la Red de Inteligencia del Frente Antonio Nariño de las FARC, y de encontrarse supuestas hojas de vida con sus nombres en el computador del comandante guerrillero alias el “Negro Antonio”, insurgente que ante un juez de la República y en declaración afirmó: “que él no sabía cómo usar un computador, y que era imposible que se digiera ahora que en ese computador que apenas había llegado, hubiera información, que de haber información esa fue manipulada”, así se les acusó de por los delitos de Rebelión, Terrorismo y Extorsión, participando de los atentados contra supermercados, Transmilenio y el hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Es así como actúa la unidad de antiterrorismo, desde oficinas adscritas a unidades militares, con escritorios en medio de bases castrenses, rompiendo la independencia de la justicia, judicializando a estudiantes y jóvenes, criminaliza las expresiones sociales de disenso con el discurso oficial.

Escuche entrevista a Libardo Sarmiento, analista social y padre de Luis Eduardo en www.contagioradio.com

Enviar con urgencia correos electrónicos y cartas al Fiscal General de la Nación encargado GUILLERMO MENDOZA DIAGO, solicitando la libertad inmediata y el cierre definitivo del proceso penal contra LUIS EDUARDO SARMIENTO Y LILIANA GUTIERREZ A: contacto@fiscalia.gov.co Telefax 5702000 ext. 2017 - 2022

Carta del pueblo Wayuu al Procurador General colombiano

AGENCIA PULSAR/COLOMBIA

COLOMBIA-INDÍGENAS

Carta del pueblo Wayuu al Procurador General colombiano

Pobladores originarios de La Guajira enviaron un comunicado a la procuraduría general de Colombia para denunciar al ejecutivo de Manaure por la retención los fondos de la comunidad, ataque y hostigamiento a los pueblos originarios.

Respetado señor Procurador:

A la fecha de la ocupación de la Troncal del caribe, 24 de Julio de 2009 el funcionario público ALCALDE MUNICIPAL sustentó y demostró ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , DEFENSORIA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , PLANEACION NACIONAL, DIRECCION DE ETNIAS - MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA Y ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA la existencia y disponibilidad de los recursos existentes del Sistema General de Participación (S.G.P.) en las arcas Municipal para dar cumplimiento a los ajustes y el plan exigido por los Wayúu.

En los último días al enterarse la comunidad de que los recursos del S.G.P. correspondiente a los Wayuu del Resguardo de la Media y Alta Guajira, Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira , ya habían sido utilizados desde antes de la fecha arriba mencionada, y recordar que la misma Procuraduría Departamental fue garante, y otras instituciones del orden Nacional y Regional al igual que los medios de comunicación regionales y nacionales.

Al ser testigos de tanta injusticia, atropellos, violaciones a los derechos fundamentales, a la violación de los mandatos legales del orden internacional como lo son los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, etc., y percibir que ante innumerables denuncias ya realizadas al alcalde por diferentes actos de usurpación de poder y presuntos actos ilícitos, no es posible que se le detenga en su accionar administrativo que lesiona a su dignidad se resolvió actuar luego de más de 20 meses de inclementes falsedades.

Hoy lunes 26 de octubre siendo las 2:00 PM, los wayuu siguen ocupando las instalaciones de la Alcaldía Municipal , y el ESMAD desde las horas de la mañana está atropellando a los Jefes Territoriales que son las Autoridades Wayuu, estos atropellos tienen como resultados:

1. El cercenamiento de una mano del Wayuu Fernando Uriana, del territorio ancestral de La Gloria.

2. Seis Wayuu con heridas graves.

3. Más de dos decenas de Wayuu golpeados.

Y, hasta el momento no hay ninguna autoridad salvo el ordenador de las actuaciones del ESMAD.

Le sugiero a usted señor Procurador General de la República que revise todas las denuncias que se han presentado en contra del Alcalde Municipal de Manaure: Humberto Rafael Martinez Fajardo iniciadas desde los primeros meses del año 2008 sin que ninguna de ellas este definida, ya que normalmente se dilatan, se dilatan y se siguen dilatando o sencillamente llegan los oficios de la Procuraduría Nacional a Manaure, pero al departamento del Cesar.

De manera respetuosa le sugiero a usted estructurar una comisión especial del orden nacional para evitar los atropellos que las fuerzas policivas están cometiendo y lograr solucionar esta situación, no creemos que las instancias del orden regional puedan hacerlo más cuando el alcalde se burla de las instancias garantes de hace unas semanas entre ellas la misma Procuraduría Regional.

Estoy convencido de que para conversar, pactar y llegar a acuerdos respetables entre el Alcalde Municipal y los Jefes del Territorio Wayuu, deben resolverse con anterioridad los documentos necesarios entre ellos, las certificaciones bancarias de la cuenta especial de los recursos del Sistema General de Participación, años 2008 y 2009, contratos suscritos con base en esta cuenta especial, giros realizados para la ejecución de estos contratos, soportes de licitación y contratación, consulta sobre las obras de impacto ejecutadas.

Estos documentos que se mencionan es fundamentado en que los Jefes Territoriales se sienten engañados ya que ellos no han participado en las decisiones del uso de estos recursos y habían pactado compromisos donde se les respetaría, de esto tiene conocimiento pleno; Planeación Nacional, Planeación Departamental, Ministerio del Interior, Procuraduría Regional etc.

Le ruego de manera especial su INTERVENCION URGENTE y como conocedor de que no hay instancias regionales que resuelvan esta situación, agradezco de antemano lo que en derecho se pueda hacer ya sea para evitar más violaciones de Derechos Humanos, y más violaciones en los actos administrativos en lo públicos con el erario público.

Atentamente:

Armando Valbuena Goauriyú.

Sabio Indígena de la Humanidad ,

Ex – Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. ONIC.

miércoles, 7 de octubre de 2009

Denuncian Militarización del Evento de Pensamiento Ambiental

DENUNCIA A LA OPINION PUBLICA:
CENSAT 'Agua Viva' denuncia a la comunidad nacional e internacional
laMilitarizacin del Encuentro de Pensamiento Ambiental, que se
celebraestos das, 1 y 2 de octubre, en el Jardn Botnico de Bogot.

En las horas de la maana de hoy aparecieron 6 soldados enviados por
el Mayor Guiraldo, del Batalln de Tequendama, y al mando del Cabo
Segundo, Juan Carlos Moreno quien fue acompaado por los soldados:
Pablo Lpez, Jorge Cuesta, Cristian Saavedra, Jonatan Perea y Ricardo
Lancheros.

Al ser expulsado del espacio, el Cabo expres su molestia amenazando a
los organizadores del evento, y solicitando los nombres de los
mismos. Diciendo finalmente, que 'es no se iba a quedar as'.

CENSAT 'Agua Viva' expresa su profundo rechazo por la militarizacin
de la va civil y de los espacios acadmicos ,fundamentalmente cuando
son las fuerzas militares quienes vienen causando estragos
ambientales en zonas tales como los pramos de Colombia y violentando
las comunidades que conviven con la naturaleza de manera armnica.

Llamamos a los dems redes internacionales y organizaciones de
Derechos Humanos a denunciar este, y otros casos de Militarizacin de
espacios civiles por parte de la fuerzas armadas que se vienen dando
en Colombia desde hace mucho tiempo.
Viernes 2 Octubre 2009



____________
___________________________________
Comunicaciones CENSAT 'Agua Viva' / Amigos de la Tierra Colombia
comunicaciones@censat.org
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si prefiere no recibir estos mensajes, haga click aquí:
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sábado, 3 de octubre de 2009

Riesgo de impunidad en masacre de indígenas


PROBLEMAS SOCIALES
El temor a ser asesinados tiene callados a algunos testigos. El indígena capturado después de la matanza no tiene nada que ver con el hecho.



Algunos testigos de la masacre donde murieron seis niños y seis adultos tienen temor de contar lo que pasó.


Todos los hechos que han pasado antes y después de la masacre de 12 awá en Nariño están haciendo temer que el caso quede impune.

El pasado 26 de agosto, un grupo de entre cuatro y diez hombres, según el CTI de la Fiscalía, llegaron a la casa de Sixta Tulia García en el resguardo Gran Rosario, en Tumaco. Ellos estaban vestidos de camuflado y botas y llevaban pistolas nueve milímetros. Dispararon contra 12 personas, entre las que había siete niños, la mayoría eran integrantes de una misma familia de apellido García.
Ese mismo día, se hizo pública una terrible coincidencia. Sixta Tulia, una de las víctimas y propietaria de la vivienda donde ocurrió la matanza, era la esposa de Gonzalo Rodríguez, un hombre que había sido muerto el pasado 23 de mayo por el Ejército. Los militares lo presentaron como un guerrillero caído en combate, pero la mujer denunció ante las autoridades que se trató de una ejecución extrajudicial.

En medio de la confusión, a los pocos días se dio la captura del indígena Jairo Miguel Paí Nastacuás, que tenía orden de arresto desde hacía rato y fue presentado a los medios como posible responsable de la masacre en Gran Rosario. Con esto quedó en el olvido la coincidencia entre el falso positivo que denunciaba Sixta Tulia y la matanza.
Desde entonces, Semana.com les ha seguido la pista a ambos casos y esto es lo que encontró:

Caso Jairo Miguel

Jairo Miguel Paí Nastacuás es un indígena awá que en algún momento fue líder, pero se alejó de la legalidad e ingresó a las Farc. Años más tarde, salió de esa guerrilla y se puso a trabajar con los paramiliares, hasta cuando su grupo se desmovilizó en 2005. Él no quiso acogerse al proceso y prefirió seguir delinquiendo.

Sobre sus andanzas desde entonces existen dos versiones. Una, que se puso a trabajar con Los Rastrojos y otra, que organizó un grupo de mercenarios que vendían sus servicios como sicarios y cobradores de dinero y también robaba y extorsionaba. Pero ambas hipótesis coinciden en que tenía bajo su mando a unos 18 hombres. Su trabajo se ha concentrado en el corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas, y sus alrededores. (Ver mapa)

En efecto, los mismos indígenas venían denunciándolo desde 2007. A comienzos de este año, lo sindicaron de la muerte de Guillermo Paí. Y después, se supo que había secuestrado a cuatro personas de una familia de apellido García, en la zona donde solía moverse, para extorsionarlos. Quería que le dieran 10 millones de pesos que habían recibido de negocio de madera que acababan de hacer. Ambos hechos fueron denunciados y de ahí la orden de captura en su contra.

El día que lo pusieron preso, se interpretó que la familia García que había extorsionado este indígena era la misma de Sixta Tulia, la esposa de la presunta víctima de la ejecución ilegal del Ejército que murió junto con 11 parientes.

Semana.com pudo constatar que entre ambas familias García no hay ningún parentesco, como se dijo recién ocurrida la masacre. Cuando capturaron a Jairo Miguel, la interpretación que se hizo fue que él hizo la masacre porque no le habían pagado los 10 millones que pedía. Pero no fue más que una conclusión apresurada, y los investigadoes judiciales ya lo saben.

Además, la zona donde delinquía este indígena queda bien alejada de donde fue la matanza. Los separa media hora en carro más una caminando por trochas. (Ver mapa) Por eso, los indígenas desde un principio insistieron en que la investigación no debía desviarse hacia el caso de Jairo Miguel.

En otro lugar

El resguardo Gran Rosario, donde ocurrió la matanza, tiene su propio karma. Por allí anda un grupo que se conoce con varios nombres. Algunos les dicen ‘los muchachos de Miguelito’, otros, ‘los muchachos de Fredy’, porque así se llaman los dos líderes de la banda. También hay partes donde les dicen los ‘Nietos de Zamba’ o ‘Los Cucarachos’.

Se calcula que este grupo tiene entre siete y 15 integrantes afrocolombianos e indígenas. Ellos tiene en jaque a los nativos porque su modo de operar es vender sus servicios de sicarios y cobradores de cuentas a cualquiera que se los pague en esa zona, donde hay paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Esa aparente cercanía con todos les da licencia para moverse por donde quieran sin ser atacados.

Aunque tienen el mismo modo de operar que el grupo de Jairo Miguel Paí, entre las bandas no hay relación.

En su informe preliminar, el CTI tiene identificados a cuatro posibles integrantes de este grupo que supuestamente serían los que llegaron encapuchados a matar a los 12 indígenas. Semana.com conoció el informe, pero se abstiene de publicar sus nombres, toda vez que aún no hay pruebas contundentes que sustenten su participación en la matanza.

El riesgo de que no haya justicia en el caso es alto. Los testigos que podrían dar las declaraciones que permitan establecer si ellos fueron los responsables de la masacre tienen miedo.

La experiencia de Sixta Tulia tras denunciar la posible ejecución de su esposo les genera pánico. Todos temen que sus familiares puedan terminar como ella, sus hijos y sus parientes.

De acuerdo con los informes forenses de Medicina Legal, todos los cuerpos fueron baleados a corta distancia y en la cabeza. Los encapuchados entraron a la casa, mataron a siete personas en la sala, dos en un cuarto y otros dos en la cocina. Entre los muertos había un niño de apenas seis meses de nacido que recibió dos disparos en la cara. Lea la crítica que hace la concejala Gilma Jiménez sobre la violencia contra menores.

Según Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las informaciones recogidas indican que las personas fueron asesinadas una a una, con disparos a corta distancia, y sin ninguna consideración hacia las mujeres y los niños. El crimen es especialmente grave por el alto número de niños asesinados, y la sevicia demostrada evidencia una nueva dimensión de la violencia ejercida contra el pueblo Awá”.

En consecuencia, hay temor de que quien hable, corra con la misma suerte. Así las cosas, quedarían sin esclarecerse la masacre y la muerte de Gonzalo Rodríguez, el esposo de Sixta Tulia presentado como guerrillero por el Ejército, pues todos los testigos de este caso murieron en la matanza.

De los encapuchados se sabe que estuvieron de nuevo en el sector una semana más tarde. La gente los vio y las autoridades indígenas pidieron presencia de la fuerza pública. Sin embargo, la Policía tardó en llegar y los soldados que había en los retenes alrededor dijeron no haber visto a nadie.

Por eso, quienes conocen la verdad no se atreven a contarla. Piensan que si estos hombres vuelven a aparecer, los soldados dirán que no los vieron o la policía llegará tarde y sus vecinos y parientes quedarán a su merced.

http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/riesgo-impunidad-masacre-indigenas/128712.aspx

lunes, 28 de septiembre de 2009

Prisioneras políticas colombianas denuncian graves violaciones a los Derechos Humanos

por Prisioneras Políticas Torre 9 Penitenciaría de Valledupar Cesar “La Tramacua”

ABP/27/09/2009

Las prisioneras políticas de la Torre 9 de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar denuncian en un comunicado dirigido a la comunidad Internacional graves violaciones a los derechos humanos dentro de la institución penitenciaria y solicitan entre otras cosas apoyo y acompañamiento, pues su situación es desesperada. A continuación el Comunicado completo Las prisioneras políticas de la torre 9 hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que vuelvan sus ojos a la penitenciaria de Valledupar mas conocida como LA TRAMACUA, en esta penitenciaria unas 103 mujeres (prisioneras políticas y sociales) estamos “depositadas” indiscriminadamente afrontando altas temperaturas y escasez de agua potable, privaciones y castigos innecesarios que agravan nuestro encarcelamiento.


El pasado 2 de septiembre de 2009 la interna psiquiatrica ALEXANDRA CORREA, quien llevaba 19 meses castigada en una celda de aislamiento, recibiendo con las manos esposadas una hora de sol diario, no resistió tanta presión y atropellos y termino ahorcándose en su celda.

Para evitar que su compañera afectiva TATIANA PINZON, también se suicidara, pues afrontaba el mismo castigo que ALEXANDRA, nuestra representante de derechos humanos, ESMERALDA ECHEVERRY citó en la emisora radial la W-FM la respuesta que dio la directora nacional del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario- INPEC, la doctora TERESA MOYA SUTA, al conocer de la inminencia del suicidio: “que se mate que yo asumo la responsabilidad”. Al verse descubierta públicamente la directora del INPEC se retractó y ordenó el traslado de la interna TATIANA PINZON, pero también tomo injusta retaliación en contra de nuestra representante de derechos humanos a quien removió de dicha representación.

Como prisioneras políticas denunciamos los abusos y atropellos que el INPEC comete contra los internos, a tal punto que en las torres de los hombres la guardia se encapucha para golpearlos en la más completa impunidad.

EXIGIMOS

1. Que se ofrezcan garantías a los representantes de derechos humanos de los internos, para que puedan cumplir con sus funciones sin que se tomen medidas retaliadoras en su contra.

2. El cierre de la torre de mujeres, pues es un verdadero depósito de personas a quienes se les desconocen sus mas eleméntales derechos como mujeres y demás derechos fundamentales. La torre 9 destinada a las mujeres se abrió como pretexto para poder desterrar a Sonia, la guerrillera de las FARC-EP, quien luego fue extraditada a los Estados Unidos



3. El cese de las continuadas violaciones de los derechos humanos en contra de las personas privadas de la libertad en la penitenciaria de Valledupar- LA TRAMACUA



4. Que los organismos de control del estado colombiano en materia de derechos humanos verifiquen tal estado de cosas y tomen las medidas correspondientes para que cese tanto atropello a nuestra dignidad humana.

Hacemos un llamado a los familiares de los prisioneros y prisioneras, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a la comunidad académica y universitaria para que

1. Nos acompañen en la denuncia de la alarmante situación de violación de los derechos humanos de los prisioneros y prisioneras de la penitenciaria de Valledupar LA TRAMACUA


2. Se conviertan en veedores permanentes de las condiciones de los prisioneros en las diferentes cárceles colombianas, en especial de la penitenciaria de Valledupar que se ha convertido en un verdadero centro de castigo


3. Nos acompañen en la revisión y elaboración de una política penitenciaria y carcelaria colombiana, que ofrezca una salida justa a nuestra problemática en condiciones de pleno respeto de nuestra dignidad y derechos humanos


4. Envíen sus comunicaciones de apoyo y exigencias a las siguientes autoridades del Estado Colombiano:


Presidente de la República

ÁLVARO URIBE VÉLEZ. PALACIO DE NARIÑO

Carrera 8 No.7-2, Bogotá. Colombia

Fax: +57 1 337 5890 / 342 0592.

E-mail: auribe@presidencia.gov.co

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla Programa Presidencial de DDHH y DIH

Director Carlos Franco

E-mail: cefranco@presidencia.gov.co.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Asesor Fernando Ibarra

Tel.: +57.1.336.03.11 +57.1.336.03.11 +57.1.336.03.11 +57.1.336.03.11 , FAX: +57.1.337.46.67

E-mail:fibarra@presidencia.gov.co Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá, Colombia. Fax: + 57 1 570

2000 (extensión 2017)

E-mail: denuncias@fiscalia.gov.co Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla y contacto@fiscalia.gov.co

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Procurador General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Carrera 5 #. 15-80, Bogotá

Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49. Fax: +57.1.342.97.23

E-mail: cap@procuraduria.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla , quejas@procuraduria.gov.co Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla y webmaster@procuraduria.gov.co

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Defensor Nacional del Pueblo

VOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: + 57.1.640.04.91

E-mail: secretaria_privada@hotmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ; agenda@agenda.gov.co

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla PRISIONERAS POLITICAS TORRE 9 PENITENCIARIA DE VALLEDUPAR –CESAR “LA TRAMACUA”

SEPTIEMBRE 21 DE 2009


¡Acuerdo Humanitario YA!
Libertad a todos los prisioneros políticos!

¿Todavía hay amanecer en el rio Sinú?

Por: Ina Azafrán*

Con la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Urrá I, ubicado en el municipio de Tierralta (Córdoba) y que inundó 7.400 hectáreas, se transfiguró por completo al río Sinú y a la Ciénaga Grande de Lorica, se cambió abruptamente la dinámica social de las poblaciones y se aceleró el deterioro medioambiental. Los efectos se empezaron a sentir y ver desde la construcción y se han ido acentuando con el paso del tiempo, y no parece que la situación vaya a mejorar en algún momento.

Recorrer hoy las orillas del Sinú, nueve años después de que Urrá encendiera sus primeras turbinas, es doloroso. Pareciera que el río, parafraseando al poeta de Cereté, Raúl Gómez Jattin, dijera: '¿ya para qué seguir siendo río sin peces? a no ser esos cadáveres que flotan a las orillas, como pájaros muertos en el silencio'.

Sin embargo, y a pesar de la experiencia de Urrá I, el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, y el presidente de la empresa Urrá SA ESP, Alfredo Solano Berrío, anunciaron en días recientes que se busca llevar a cabo otros proyectos de gran envergadura en la región, desconociendo que la Ciénaga ya no tiene el color de hace 15 años y que el río Sinú ha perdido su vitalidad.


¿Qué es un río sin peces?

Contaba un pescador que se ha trastornado de tal forma su actividad económica que incluso el martín pescador, un pájaro de color oscuro reconocido por sus habilidades en la pesca, ha cambiado sus hábitos: antes solía pescar de noche, cuando el río estaba en calma y los peces descansaban; ahora, con la baja población de peces, le toca salir de día, tentando a la suerte, pues tanto él como los pescadores humanos salen muchas veces con las manos y el pico vacíos.

Y esto no se debe únicamente a la sobrepesca ni al daño ambiental que estamos acostumbrados a ocasionar los humanos: la represa está en medio del río, su estructura impide el fluir natural de sus aguas y no permite, entonces, que los bocachicos suban a desovar ni que la sedimentación enriquezca las tierras bajas con minerales. El Sinú baja ahora contaminado con material vegetal podrido y se convierte de esta forma en un río muerto, porque las compuertas de Urrá I se abren sólo cuando los técnicos lo creen necesario, y esto ocasiona que los campesinos hayan visto perder sus cosechas en los últimos años, al tiempo que han tenido que dejar colgadas las atarrayas, inútiles ahora por la cantidad ínfima de peces que nadan en el río.

Antes de la construcción de la represa, los pescadores de la cuenca baja salían en las mañanas en sus barcas con las atarrayas, y volvían a casa con más de 600 pescados que las mujeres, organizadas en la cooperativa, sacaban al mercado para vender, después de repartir el 'botín' entre la familia. Hoy la situación es crítica: los pocos pescadores que se atreven a salir vuelven a casa con seis pescados en la mano y se pesca con trasmallo de 3 o 4 puntos, es decir, de huecos grandes.

La doncella, el rubio y el bocachico, pescados que antes abundaban en estas aguas, han desaparecido y la icotea, aquella tortuga con dos manchas rojas a la altura de los ojos cuya carne es muy preciada en semana santa, también ha desaparecido poco a poco del territorio.


'Y la ciénaga que inundan... la secan pa´ las vacas'

“El río busca el territorio que le quitamos; la ciénaga intenta recuperar su área”, explica una estudiante de décimo grado del Colegio Politécnico de Santa Cruz de Lorica (Córdoba) acerca de las inundaciones que se han dado en los últimos años en las riberas del río Sinú y de la Ciénaga Grande de Lorica.

Años antes, cuando se acercaba la época de inundaciones, hacia julio y agosto, los sembrados de arroz estaban listos esperando el agua. Durante la época seca, los campesinos aprovechaban las zonas de amortiguamiento de la ciénaga, terrenos altos que quedan sobre el nivel de las aguas, para sembrar maíz, yuca, patilla, fríjol y plátano, entre otros cultivos de corto tiempo, de manera que cuando el río crecía la cosecha ya estaba recogida. Ahora, el río inunda sin avisar, hasta cuando no llueve, y cerca de seis meses duran las inundaciones artificiales.

Como consecuencia de la regulación del río, los niveles de salinización de la Ciénaga Grande de Lorica, ubicada en el delta del río Sinú, han aumentado considerablemente, desequilibrando el ecosistema. Este hecho, junto con los bajos niveles de oxígeno, ha ocasionado que la fauna riofílica escasee. Además, la Ciénaga ha iniciado un proceso de disecación, que ha implicado la ampliación de la frontera agrícola para el pastoreo en verano.

Los altos niveles de salinización han sido aprovechados por la industria camaronera, que se asentaron en las riberas del Sinú: desde 1982 se instalaron cuatro empresas en la bahía de Cispatá, donde se encuentra uno de los manglares más importantes del Caribe colombiano, acaparando aproximandamente 700 hectáreas y junto a la desembocadura del Caño de la Balsa, en la margen izquierda del río, se estableció otra que mantiene sus estanques en una extensión de más de 300 hectáreas, según denuncias de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Asprocig), una de las organizaciones de la región.

Según el Ministerio del Medio Ambiente, en el documento “Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia”, publicado en 2000, existen 67.000 hectáreas destinadas para desarrollar estos cultivos, de las cuales 17.000 se encuentran en la costa pacífica y 50.000 en la atlántica, donde gran parte de las áreas identificadas (cerca de 8.000 hectáreas), se encuentran ubicadas en el bajo Sinú. Sin embargo, lo que llama la atención, más allá del daño medioambiental, es que estas zonas son las mismas utilizadas por cerca de 2.500 familias campesinas, dedicadas a la agricultura de subsistencia y la pesca artesanal, y que, al mismo tiempo, se están salinizando como consecuencia directa de la central hidroeléctrica.

La expansión de la industria camaronera, que trae como consecuencia, entre otras, el ecocidio de los manglares y humedales, es tanto una política de Estado como de la empresa privada. La ampliación de la explotación del camarón traerá consigo, muy seguramente, el desalojo masivo de las comunidades locales y desestabilizará por completo los ecosistemas de la zona costera, que le daban a miles de familias su sustento diario.


Enfermedades traídas por el 'desarrollo'

En los últimos años han proliferado enfermedades antes desconocidas en esta zona: asustan los índices de anemia, como consecuencia de la baja en el consumo de proteína; aumenta la desnutrición infantil, que intenta ser mitigada con los programas del ICBF; la parasitosis, diarrea y erupciones en la piel se multiplican por el consumo de agua de mala calidad; se empiezan a conocer casos de paludismo, en lugares como Malembá; aumenta la esterilidad; las mujeres se desarrollan a una edad temprana, que rodea los diez años; y existen niveles extraños de vejez prematura, en comunidades donde a los 70 años las personas aún eran tenían vigorosos suficiente para echar azadón y atarraya.

Frente a este 'desarrollo', que plantean las elites cordobesa y nacional junto con las transnacionales y que ha traído muerte, hambre, miseria y desazón al delta del río Sinú, los campesinos y pescadores artesanales han desarrollado proyectos de soberanía y seguridad alimentarias, como estrategias de resistencia y permanencia en el terriorio. Es así que las organizaciones zonales de la cuenca baja del río Sinú desarrollan, de forma autónoma, proyectos alternativos de agricultura libre de agroquímicos, de manejo integral de patios y de acuicultura sostenible. Estos proyectos giran en torno al concepto del certificado de confianza: se trata de no utilizar productos químicos, de no depredar el ambiente ni de explotar abusivamente la mano de obra.

En las piscinas se siembra bocachico, tilapia y cachama, y se pesca dos veces al año, por lo general. La pesca es distribuida entre los afiliados al proyecto, mientras que cada afiliado tiene sus parcela, cuya extansión depende del total de hectáreas del proyecto, donde siembra arroz, maíz, yuca o plátano, según lo desee. Los productos cosechados son llevados a Lorica, donde son vendidos a precios justos y solidarios.

Malembá, por ejemplo, es tierra de campesinos, pescadores, indígenas zenúes y, últimamente, también de terratenientes expropiadores y ganaderos de vocación ecocida. Queda cerca de Tuchín, resguardo zenú de San Bernardo, donde llegaron, desde 1983, campesinos huyendo del hambre y la violencia de diversas regiones del país, que se tomaron la tierra con sus familias. En el caserío, a dos horas en moto desde Lorica, hay cerca de 13 viviendas. En el proyecto siembran yuca, ñame, arroz, plátano y hortalizas, y las cosechas les permiten permanecer en sus tierras, de esta manera evitan el jornaleo, práctica poco ejercida tradicionalmente en estas tierras.

http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/1604

jueves, 24 de septiembre de 2009

Una mutación transgénica puede afectar al café colombiano

Coffe News Europe
Aporrea

El Café de Colombia es un producto que se ha distinguido siempre por su calidad en todo el mundo. Es muy posible que los consumidores en los distintos rincones del planeta que han disfrutado de este café, no quieran volver a consumirlo si saben que es manipulado genéticamente.

La introducción clandestina de variedades de plantas de café modificadas genéticamente está siendo investigada en Colombia tras denuncias realizadas por ONG europeas de productos orgánicos.

En 2001, la organización no gubernamental británica ActionAid denunció el peligro inminente del ingreso del café genéticamente modificado en los mercados.

Según ActionAid, la compañía estadounidense Integrated Coffee Techonologies estaba desarrollando un proceso destinado a manejar a voluntad el proceso de maduración de la semilla del cafeto.

Denuncias realizadas por organizaciones antitransgénicas de Estados Unidos alertaron recientemente sobre la posibilidad que la multinacional Nestlé hubiera contaminado plantaciones de café en territorio colombiano.

"Cuando se liberan estos organismos en el medio, se están introduciendo seres extraños que pueden provocar alteraciones en los ecosistemas, al recombinarse con especies autóctonas" declararon especialistas asesores de ONG antitransgénicos.

En 2006 Nestlé había patentado en México plantas modificadas genéticamente de café que, según la transnacional más grande de alimentos, mejoraría la capacidad de solubilidad del café en polvo.

La patente obtenida en la Oficina Europea de Patentes incluye el proceso de elaboración, las plantas transgénicas y el uso de los granos de café para elaborar café soluble.

La multinacional suiza había anunciado su compromiso de no comercializar productos transgénicos, pero tras adquirir estas patentes, obtuvo la ingeniería genética con el fin de controlar la cadena productiva alimentaria y obtener mayor poder económico a través de la construcción del monopolio del café soluble.

El desarrollo de estas patentes, generaría la dependencia de los agricultores de las multinacionales, además de transformar la producción agrícola en una actividad industrial, desplazando a los campesinos y aumentando su pobreza.

Las variedades modificadas genéticamente podrían contaminar el café convencional y el café orgánico.

Voceros de Nestlé aseguraron que no existe café transgénico a la venta.

Fuente: http://www.aporrea. org/tecno/ n142516.html

martes, 22 de septiembre de 2009

Indígenas no reconocen tratado de libre comercio con la Unión Europea

Adital -
Entre los días 21 y 25 de septiembre, tiene lugar en Bruselas, Bélgica, otra rueda de negociaciones entre dos países de la Comunidad Andina, Perú y Colombia, y la Unión Europea (EU) con el objetivo de dar seguimiento a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC).

La situación no agrada o favorece a los pueblos indígenas andinos y comunidades. Por medio de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) los indios advierten que no reconocen el TLC con la Unión Europea, pues el tratado afecta de manera directa sus derechos territoriales y los bienes naturales. Además, ellos no fueron consultados ni informados a lo largo del proceso de negociación, situación que no respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Todo el proceso de negociación se realizó a puertas cerradas, circunstancia que expresó un grave atentado contra la integración andina. Según la CAOI, la UE y los gobiernos de Perú y Colombia son los responsables de la disolución de la CAN. En el caminar de esta transacción Bolivia se aisló y Ecuador abandonó el acuerdo, mostrando así el entreguismo de los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García y la inconsecuencia de la UE, que inicialmente aseguró que la negociación sería "bloque a bloque" para fortalecer la integración andina.

Los pueblos indígenas andinos y comunidades rechazan también la hipocresía de la UE, cuando habla de un "acuerdo de asociación" y "diálogo democrático", pero que en realidad privilegia el diálogo y el acuerdo con los gobiernos de Perú y Colombia. Estos países sufrieron críticas brutales por su política de vulneración de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos, conforme probó un reciente análisis formulado en esas regiones, por el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.

En el caso que se dé continuidad al TLC, los indígenas afirman que nuevos conflictos van a ocurrir. En Perú, los decretos legislativos para implementar el TLC con Estados Unidos, que arrasa con los derechos de los pueblos indígenas, terminaron en la Masacre de Bagua el 5 de junio.

"Éste es el resultado de intentar imponer a sangre y fuego la destrucción de nuestras comunidades para favorecer el saqueo de los bienes naturales y la depredación de la Madre Tierra. Y la UE se sienta a dialogar y respalda al gobierno responsable de esa masacre" (trecho del comunicado de Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI).

Para la Coordinadora Andina, las negociaciones del TLC significan el respaldo de la UE a la criminalización de la protesta y persecución a los dirigentes indígenas y populares.

Dentro de todo este proceso de negociación y trasgresión de los derechos de los pueblos indígenas está también el perjuicio al medio ambiente. Actualmente, los mayores causadores del calentamiento global son las multinacionales europeas junto con las norteamericanas.

Por ese motivo, la CAOI, unida a un conjunto de movimientos sociales de todo el mundo, instalará en octubre el Tribunal de Justicia Climática (TJC), para juzgar éticamente a esas multinacionales y a sus gobiernos.

La intención es que se constituya también una Corte Internacional de Justicia Ambiental. El TJC se instalará en el marco de la Minga Global por la Madre Tierra, una movilización mundial que tendrá lugar en todo el mundo, del 12 al 16 de octubre.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

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