Para-POLÍTICA vs Para-ECONOMÍA:

LA MULTINACIONAL HOLANDESA LLANOS OIL, y SERVICIOS PETROLEROS DEL CARIBE CONDENADOS POR LAVADOS DE ACTIVOS PARA GRUPOS CRÍMINALES EN COLOMBIA

incidencia de la empresa Llanos Oil

Las empresas Llanos Oil (empresa Holandesa) y Servicios Petroleros del Caribe (empresa prestadora de servicios a las multinacionales petroleras), lavaron para el Bloque Centauros de las Auc ocho millones de dólares, así lo ratificó la Corte Suprema de Justicia. El Caso:                                                                Llanos Oil Exploration Limited (van Bilderbeeks), empresa Holandesa,  firma un contrato de exploración con la empresa estatal petrolera de Colombia “Ecopetrol” para la explotación de la concesión de petróleo y gas “Guatapuri” ubicada en la zona noreste de Colombia junto a la rica área de con reservas comprobadas de petróleo de Maracaibo, Venezuela. Llanos Oil Exploration Limited (van Bilderbeeks) descubrió una estructura petrolífera con más de mil millones de barriles de petróleo denominada “Fidelina” ubicada dentro de la concesión de petróleo y gas “Guatapuri”. La estructura petrolífera “Fidelina” es idéntica a los yacimientos con más de mil millones de barriles comprobados que Shell Oil posee en La Paz y La Mara en Maracaibo, Venezuela. La empresa estatal petrolera de Colombia “Ecopetrol” urdió dos operaciones de apoderamiento hostil de los derechos de petróleo y gas de Llanos Oil luego de enterarse del descubrimiento por parte de Llanos Oil de la estructura petrolífera “Fidelina” con más de mil millones de barriles de petróleo. La empresa Brasilera Llanos Oil Exploration? Los van Bilderbeek compran Llanos Oil el 14 de setiembre de 1986. Llanos Oil Exploration Incorporated: Contrato Surales: 466 Km. de datos sísmicos reprocesados Contrato Canaparo Sur: 686 Km. de datos sísmicos reprocesados 5 pozos perforados Contrato Las Maracas: Joint venture Llanos Oil Inc & Coplex Área de perforación terminada Compae-1 Llanos Oil Exploration Limited: Contrato petrolero de Las Nieves – Guatapuri: Estudio por parte de los Petroconsultores Informe del pozo Diacomp A-1X & F1-X Escaneo satelital de 250.000 acres de Guatapuri para su reinterpretación estructural y térmica Informe geológico, prospectivo y de cretáceo con presencia de hidrocarburos Dos áreas de perforación terminadas “Fidelina” y “Guacharaca” 235 Km. de datos sísmicos reprocesados 70 Km. de nuevos datos sísmicos en 2D Permiso ambiental Permiso para trabajos de perforación Plataformas petroleras de Beiken Industries de China Plataforma petrolera de Parker Drilling de los EE.UU. Servicios petroleros Halliburton Proveedores de servicios que participaron Halliburton USA Parker Drilling USA Western Atlas USA Beiken Industries China NPA [LandSat] UK y muchos otros proveedores tales como Schlumberger y Harken Energy    EL CASO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA:  La Sala Penal de La Corte Suprema de Justicia ratificó que la petrolera holandesa Llanos Oil y la empresa de Servicios Petroleros del Caribe lavaron cerca de ocho millones de dólares, resultado de los negocios de narcotráfico del bloque Centauros, al mando del asesinado jefe paramilitar, Miguel Arroyave.  Según la investigación realizada por agentes del DAS, la banda que lavaba activos para el Bloque Centauros, contactó y posteriormente recibió el apoyo de las empresas Llanos Oil y Servicios Petroleros del Caribe para realizar transferencias, convertir a pesos y meter al mercado colombiano cantidades de dinero provenientes del exterior, producto del narcotráfico. Según la investigación, la red de lavadores de dinero contó con la colaboración de la multinacional holandesa entre diciembre de 2002 y agosto de 2003, cuando ésta hizo transacciones cercanas a los ocho millones de dólares, sin tener justificación de su procedencia. Sobre Servicios Petroleros del Caribe, los investigadores del DAS establecieron que, para el mismo periodo, recibió casi 8 mil millones de pesos de los cuales giró unos tres mil millones a diferentes empresas y personas naturales. Como lavaron el dinero los ‘paras’??? Según comunicaciones telefónicas interceptadas por agentes del DAS a la red de lavadores, se pudo precisar que las Autodefensas lavaban dinero resultado de sus negocios ilegales a través de una organización conformada por denominados ‘brokers’ o agentes financieros, empresas colombianas que justificaban grandes movimientos de capitales en sus cuentas bancarias y una grupos de personas o empresas que se hacían pasar por proveedores para tener justificación de girarles cheques y en algunos casos hacerles trasferencias de dinero. Cuando estas empresas o personas ya tenían el dinero en sus manos, descontaban su comisión y en algunos casos le entregaban la plata a los paramilitares o de lo contrario compraban costosas propiedades a sus nombres y las vendían para recuperar el dinero de los paras. La decisión de la Corte Asimismo, El Alto Tribunal, ratificó las condenas a 11 años de cárcel contra varios paramilitares del Bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave, proferidas el 18 de septiembre del 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la decisión del Primer Juzgado Penal Especializado de Circuito  de Bogotá que los condenó por el delito de lavado de activos agravado. Andrés Vélez, asesor de prensa de los paramilitares, involucrado directamente en el lavado fue condenado a una pena de 20 años de prisión, mientras que Carlos Enrique Molano Marina, otro de los enlaces, fue condenado a 178 años de cárcel y a una multa equivalente a 19 mil millones de pesos. Un montaje para favorecer a la Drummond: Rafael GarcíaEn la providencia, La Corte resolvió el recurso de casación interpuesto por los hermanos Hendrik y Albert Bilderbeck, máximos socios y directivos de Llanos Oil Exploration, quienes alegaban que los grandes flujos de dinero eran resultado de las actividades relacionadas con el petróleo. En la defensa de los hermanos Bilderbeck, también se incluyeron las declaraciones de Rafael García, el ex jefe de informática del DAS, ( hizo públicos los nexos del agencia de inteligencia con los paramilitares) quien aseguró que por órdenes del gobierno nacional, en ese entonces en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, los agentes del DAS intervinieron a la Petrolera Llanos Oil Exploration, con el fin de retirarla de un contrato y entregárselo a la Drummond, motivo por el cual,  todo sería un montaje. Según lo dicho por García, “por orden del entonces director del D.A.S., la que a su vez se derivaba de la Presidencia de la  República, había que involucrar a las citadas empresas en actividades ilegales, en orden a favorecer a la Drummond”. Sin embargo, entre las pruebas recogidas durante la investigación, Ecopetrol aseguró que nunca realizó contratos de exploración, explotación o comercialización de petróleo que justificara los movimientos de esos capitales en sus cuentas bancarias, asegura la providencia de la Corte Suprema de Justicia.  Otras empresas involucradas Otras empresas que se encuentran involucradas en el lavado son: Transglobal Intertrans S.A. que en abril de 2003 giró mil  millones de pesos aproximadamente en títulos de valores de los que era beneficiaran Multivalores S.A. Además, recibió seiscientos cincuenta mil dólares de México, Dubai y Nassau; Intertextil en Cali, quien transfirió a una cuenta en Colombia seiscientos cuarenta mil dólares entre agosto del 2002 y julio del 2003, y luego los transfirió varias empresa ganaderas y agrícolas; Flora Andina Ltda., empresa que está ligada a otras investigación, según lo reconoce la decisión de la Corte.

Fuentes: Verdad abierta, Semana y el Espectador.

Nancy Fiallo Araque

Observatorio de Derechos Humanos y Parapolítica-Asamblea de Mujeres por la Paz-AMP-

móvil: (571) 300 823 66 34

nancyfiallo@hotmail.com

nancyfiallo@gmail.com

Bogotá. DC- Colombia- Sur América

 

 Campaña Defensores: Colombia,Europa y EEUU.

COLOMBIA: GUANENTÁ, Las comunidades se unen en contra de proyectos de minería

Algunos miembros del Comité para la Defe nsa del Páramo de Santurbán, hicieron presencia en San Gil, donde se reunieron con integrantes de la Organización Campesina El Común, la Red de Justicia Comunitaria y estudiantes universitarios, para concientizarlos sobre los peligros que acarrea los proyectos mineros de las multinacionales en el territorio nacional

Uno de los miembros de este comité, Mauricio Meza Blanco, dijo que hicieron este encuentro en el municipio porque se sabe que en la Provincia guanentina hay proyectos de concesiones mineras con empresas de Brasil, que están detrás de los recursos naturales de la región y que la comunidad tiene derecho a saberlo.

“La idea es que con los campesinos, que son los primeros afectados, y con los estudiantes universitarios que hoy hicieron participaron, nos unamos para hacer veedurías ambientales que vigilen la conservaciones de los recursos naturales, no sólo de la provincia sino también de Santander y el país”, expresó.

Entre los temas que se trataron estuvieron las modificaciones al código minero y las intenciones de las multinacionales al entrar a los diferentes puntos del territorio nacional, además de las consecuencias que esta situación conlleva.

El representante del comité indicó que existe un problema grave, refiriéndose a la enajenación de los predios donde se realizan estos proyectos mineros, y citó ejemplos como el caso de Hidrosogamoso y las minas del Cesar, lugares donde las grandes empresas extranjeras se apropian de las tierras por una concesión que otorga el código minero, volviéndolas así propiedad pública y de interés social, “lo que significa que sólo se pueden vender a estas compañías, transgrediendo así los derechos de los propietarios, en este caso los campesinos”, resaltó.

Otro problema que destacó Meza Blanco, es el daño que la minería causa a las aguas superficiales y subterráneas y la forma como se daña el tejido social por la falta de compromiso del gobierno al otorgar las licencias y de las mismas corporaciones ambientales que son las que pueden sancionar, pero no lo hacen.

Por ello el funcionario invitó a la comunidad a realizar gestión y movilizaciones sociales, catalogándolas como la única estrategia que ha salvado a los campesinos y propietarios de perder todo.

http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/132746-las-comunidades-se-unen-en-contra-de-proyectos-de-mineria

El crecimiento minero está impactando el Medio Ambiente del Caribe

Varias universidades de Colombia, organizaciones ambientales, con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, adelantan el Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales, en la ciudad de Santa Marta.

El encuentro, en su novena sesión, tiene como objetivo analizar la situación del medio ambiente y el manejo integral de los territorios costeros, playas y océanos, así como el impacto que está generando la industria y el desarrollo de actividades económicas.

Antonio Hernández Gamarra, director del observatorio del Caribe, dijo que es evidente el impacto ambiental que se está generado por el desarrollo minero, especialmente en el departamento del César.

"No sólo es visible el daño de la minería en la atmósfera, sino una minería que ha sido desarrollada con mucho descuido sobre zonas ambientales (...) Lo cierto es que buena parte del departamento de César está siendo explotado mineramente o va ser explotado en el futuro inmediato", sostuvo Hernández.

Añadió que en el departamento de César hay cerca de ocho empresas de carbón y que estás generan 45 millones de toneladas del producto, pero que infortunadamente estas no son una fuente de empleo porque son muy pocas las personas que se contratan por parte de estas empresas.

El congreso también discutirá asuntos como el desarrollo económico en el parque Nacional Tayrona y los cuestionados proyectos que se han pretendido llevar a cabo en la reserva natural.

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/el-crecimiento-minero-esta-impactando-el-medio-ambiente-del-caribe/20111124/nota/1583088.aspx

Población de Guajira se organiza para combatir proyecto minero en funcionamiento desde hace 35 años

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

Además de los graves problemas ocasionados por el conflicto armado interno en Colombia, el país también padece la explotación minera, actividad que afecta a comunidades enteras de indígenas y afrodescendientes robando calidad de vida y afectando al medio ambiente, la salud, el territorio y la cultura. Cansados de enfrentar esta situación de explotación desde hace 35 años, pueblos y comunidades de La Guajira se reunieron en los últimos días 18 a 20, en el municipio de Barrancas,para analizar los impactos de los megaproyectos mineros y reclamar cambios antes que La Guajira desaparezca.
Durante los tres días de reunión, que tuvo lugar en el Resguardo Indígena Wayuu provincial, las comunidades Wayuu, afrodescendientes y campesinos de La Guajira debatieron los problemas causados por el proyecto minero Cerrejón, una de las mayores minas a cielo abierto del mundo. Cerrejón produce, por año, 32 millones de toneladas de carbón y representa el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guajira.
En sus 35 años de funcionamiento, la mina quitó la tranquilidad a la población del lugar, hizo desaparecer a los animales, modificó el paisaje, contaminó el agua, el aire y el suelo con polvo de carbón; perjudicó la pesca y la agricultura, generó contaminación visual y auditiva, provocó muertes relacionadas con infecciones respiratorias, ignoró leyes de consulta previa a los pueblos indígenas, desalojó a familias y mintió al asegurar beneficios para la región en nombre del progreso y del desarrollo.
Hoy, el 70% de la población de Guajira vive en la pobreza y el 30% en la extrema pobreza, a costa del enriquecimiento de la empresa Cerrejón que, en su sitio web, se denomina como una empresa responsable. Mientras falta espacio para que la población plante y críe animales, el proyecto minero ocupa más de 69 mil hectáreas de tierra.
A pesar de este cuadro ya desolador, la región está cerca de sufrir otro golpe: el desvío del río Ranchería a más de 26 kilómetros de su lecho natural. El proyecto no tiene en cuenta el hecho de que municipios, resguardos indígenas y comunidades enteras dependen del agua de este río y corren el riesgo de sufrir desabastecimiento.
La población de Guajira no está parada y ya se manifestó dos veces (9 de agosto y 6 de septiembre) contra el desvío del lecho del río y la continuidad del proyecto minero Cerrejón. "Somos consientes de los derechos que hemos conquistado, los cuales deben ser respetados tanto por el Estado colombiano como por las empresas y los Estados de origen de éstas, en tal sentido nos oponemos a que de manera arbitraria se siga adelante con estos proyectos y se simule y engañe a las comunidades en reuniones que se pretenden hacer pasar como de consulta previa”, afirman en un Pronunciamiento.
Para combatir esta situación, durante la reunión en Barrancas, las comunidades Wayuu, los afrodescendientes y los campesinos/as de La Guajira hicieron una lista de exigencias que necesitan ser atendidas con urgencia por el Estado colombiano, por las empresas Cerrejón, MPX, Pacific Rubiales y por otras que pretendan instalarse en la región.
El Estado debe garantizar los derechos de los pueblos a usufructuar sus territorios colectivos, invalidar falsas consultas previas, respetar el modo de realización de las consultas elegido por los pueblos, no otorgar licencias hasta que se realicen consultas autónomas en las comunidades, ordenar el fin de las prácticas de persecución promovida por las empresas y tomar medidas urgentes para garantizar, promover y recuperar la alimentación en las comunidades por medio de actividades productivas.
A las empresas cabe la suspensión de las actividades de explotación minera en La Guajira, la no realización de falsas consultas previas, la no utilización del pueblo para hacer propaganda propia, informar sobre los efectos negativos causados por las empresas y, específicamente para Cerrejón, que repare los daños causados por 35 años de explotación en la región.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=62588

El penoso futuro de los niños indígenas en Colombia.

Su sensible canto resiste a la extinción. Con profunda tristeza, y mientras los medios de comunicación comerciales hacían alharaca de la eventual firma del TLC con Estados Unidos, la ONIC entregaba un informe sobre extinción cultural de nuestros pueblos indígenas con énfasis en la niñez, que simplemente parte el alma. En tasa de mortalidad, por ejemplo por cada 1.000 niños emberá katío mueren al año 142, del Pueblo Awá 166 y 200 del Pueblo Yukpa (el estudio se realizó sólo en tres comunidades), mientras que sólo en una comunidad indígena de Guainía, en un año murieron 57 niños de enfermedades prevenibles.

Ante este dramático panorama la concejala indígena Ati Quigua resalta el trabajo realizado por la Administración Distrital en Bogotá, que en sus últimos 8 años centró su énfasis en la atención a la niñez con enfoque diferencial, apoyando además la atención humanitaria. Las Secretarías de Integración Social, Educación, Salud y Desarrollo Económico, entre otras, apoyan programas en desarrollo, atención y protección, “pero la niñez indígena desplazada que debe ser atendida por el ICBF se encuentra en las peores condiciones… que les quiten los niños a las madres indígenas no les garantiza su pervivencia cultural”, señaló. Por esta situación la concejala pide atención integral y digna, pues ha tenido que acompañar jurídicamente casos en que la entidad ha arrebatado a madres indígenas, especialmente emberá, sus hijos.   

Es “una realidad cruda y verdadera… evitar la extinción de nuestras culturas e historia es apuesta de tod@s para permitir la pervivencia de nuestros pueblos, responsabilidad de la humanidad”, señaló Dora Tavera, consejera del Área de Mujer de la ONIC.

El grito de los niños por pervivir en medio de un país en guerra y cuyo pilar político y económico es la extracción y explotación de los recursos y la biodiversidad, ahonda el dramático panorama que se cierne sobre los pueblos indígenas que, en su hábitat de vida, reciben amenazas diarias contra su  pervivencia física y cultural, como explicó la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, al presentar el informe: “La Niñez y el Futuro de los Pueblos Indígenas”, el pasado 08 de abril[1].

El informe se realizó en el marco de la campaña que adelanta la ONIC Palabra Dulce, Aire de Vida, que busca visibilizar y sensibilizar sobre el alto riesgo de desaparición de los pueblos indígenas. Se enfocó en Derechos de la infancia y la adolescencia, según Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establecen que: Niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos de cualquier ser humano y además derechos adicionales en cuatro aspectos: Existencia, condiciones esenciales para preservar la vida; Desarrollo, condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad humana; Ciudadanía, condiciones básicas para vivir en sociedad, ejercer libertad y ser tratados como ciudadanos y; Protección, no ser afectado por factores perjudiciales para la integridad humana.

La investigación advierte además de la alta tasa de mortalidad, el involucramiento de menores en el conflicto por parte de actores armados ilegales, carencia de atención del Estado a la niñez, reiterada violencia y discriminación, una alta orfandad porque muchos padres y madres indígenas mueren en el conflicto. “No solo la guerra mata nuestras niñas y niños, múltiples formas de violencia contra nuestros pueblos nos han puesto al borde de la extinción, amenazando a diario nuestra pervivencia como pueblos”, indica el estudio.   

Un caso muy doloroso lo presentó la Fundación Caminos de Identidad, FUCAI, sucedió en 2009 en Guainía, sector de Barrancominas donde murieron 57 niños de enfermedades prevenibles y curables como infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas agudas. Según denuncias de autoridades tradicionales, recogidas por FUCAI y la ONIC, no hubo atención médica ni por parte de la ESE de Puerto Inírida ni por parte de la EPS, Ecopso, responsable de estas comunidades.

En la región la población indígena padece de alimentación deficiente y desnutrición infantil. “Los conucos (unidades hortícolas tradicionales) antes muy diversificados (cultivaban hasta 40 especies alimenticias) ahora se han simplificado tanto que no disponen más de 10 especies”, señala FUCAI. Ello se debe, explica la organización, a una fuerte tendencia al monocultivo; falta de agua potable; escasez creciente de proteína animal y deterioro de los suelos cercanos a las viviendas.

Para tratar el tema de los 57 niños que no se les permitió vivir, FUCAI denunció que el Estado no ofrece ninguna solución. Se realizaron dos reuniones. A la primera reunión, noviembre 06 de 2009  asistieron un delegado del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Protección, el Secretario de Salud del Guainía, algunos políticos, los indígenas y la ONIC. Habían muerto 43 niños hasta ese día. El 11 de diciembre hubo otra reunión convocada por los indígenas y los Ministerios del Interior y Protección en la cual participaron las mismas personas más representantes de la EPS y de la ESE.

Según FUCAI la ESE y la EPS se echaron la culpa unos a otros y no pasó nada. Entre la reunión anterior y esta murieron otros 14 niños. Nada ha pasado hasta hoy, los políticos que acudieron a la reunión feriaron su discurso de compromiso pero sólo por réditos políticos. En esta y otras regiones del país los niños indígenas mueren, a veces por física hambre. Si eso pasa en sólo 3 comunidades que se realizó el estudio[2] y en una que compartió la dolorosa experiencia de niños del Guainía, que se espera en las más de 10.000 comunidades que conforman los 102 pueblos indígenas del país, “si en menos de una década ha desaparecido más del 70% de los Nukak Makú emblema del patrimonio cultural por su nomadismo, “¡Qué nos Espera!”, concluye la ONIC.

En Bogotá la niñez indígena, si bien hay dificultades sobre todo con niños de familias desplazadas que tienen que mendigar y vivir en condiciones adversas, pareciera menos incierto su futuro. La Administración Distrital, y por gestión de la concejala Ati, en los últimos 8 años ha centrado su énfasis en la atención de los menores con enfoque diferencial, apoyando además de la atención humanitaria que le corresponde a la nación a través de Acción Social (que no lo ha hecho), la Secretaría de Integración Social y otras Secretarías distritales apoyan programas en desarrollo, atención y protección de la niñez indígena, promoviendo programas y educación propia para niños de 1 a 5 años en los 6 Jardines Infantiles, entre otros avances.

 

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[1] El estudio fue realizado y apoyado por organizaciones como Fundación Caminos de Identidad, FUCAI; la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares; Mensen met enn Missie y comunidades religiosas: Hermanas Laura y la Diócesis de Quibdó, entre otras.    

[2] La Investigación se realizó en comunidades indígenas Awá del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño; la comunidad Yukpa del Resguardo Socorpa, municipio de Becerril, Cesar y; en la comunidad Emberá katío, El 90 de Quibdó en el Chocó.

http://www.todosatierra.com/page/2011/04/el-penoso-futuro-de-los-ninos-indigenas-en-colombia/#more-4258

Se asociaron las 12 empresas mineras más importantes en Colombia

Con el fin de demostrar que la minería legal y responsable si se puede desarrollar y demostrar que son unos aliados para el desarrollo del país, 12 de las empresas mineras y energéticas más importantes se unieron en Colombia.

Claudia Jiménez Jaramillo, directora del sector de la minería a gran escala, aseguró que dentro de los aliados se encuentran varias empresas que se encargan de la exploración y explotación de oro y carbón.

“El sector quiere comprometerse y demostrarle al país, que en el debate legítimo que se está dando hoy en día de cómo es la mejor manera de aprovechar sus recursos naturales. Nosotros queremos aportar para ese debate nacional respondiéndole a la opinión pública, que la mejor manera de hacerlo es a través de una minería responsable, con estándares internacionales con seguridad, con salubridad y con responsabilidad ambiental y social”.

Según la directora de M.G.E dijo que están trabajando en unos códigos de autorregulación que les van a guiar el comportamiento más allá de la ley con unos estándares internacionales.

Señaló además que el sector minero-energético genera cerca de un millón 200 mil empleos de los cuales 328 mil son directos.

Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en http://www.rcnradio.com/noticias/editor/se-asociaron-las-12-empresas-m-120750#ixzz1eOI2ivPH

BOGOTA: LA JORNADA DEL 10-11-11

Amigas y Amigos en la Argentina y el resto del continente... Les comparto solo una foto que encontre la panoramica de la movilizacion estudiantil de ayer en la Toma de Bogota, pero que se realizo en varias ciudades del pais... y que convoco a familiares, trabajadoras y trabajadores y otros sectores de la sociedad colombiana... a pesar de una tremenda tempestad se llego en conjunto y con mucha fuerza a la plaza. 
Hasta los medios de la derecha (que son la mayoria) han tenido que haceptar la grandeza de este movimiento y la resitencia de los y las estudientes antes los intentos de desarticulacion del gobierno nacional.

Notese en la foto la toma del árbol de navidad que estaba preparando la Alcaldia y qeu sirvio para visibilizar las banderas del movimiento con su reclamo y sos consignas.... Este fin de semana se reune la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, para elaborar la contrapuropuesta de reforma estudiantil...
YA LES CONTARE COMO SIGUE LA COSA.

ABRAZOS DESDE COLOMBIA

SIGUE LA RESISTENCIA!!!

ROCIO

http://static2.elespectador.com/files/68ca56b98a0cc93b804febcbf0f73032.pdf

'Desde los 70 no vivíamos algo así': vocero estudiantil

Universitarios programaron para mañana una protesta en Bogotá. Sergio Fernández explica sus bases.

El movimiento estudiantil mostró un músculo sin precedentes el jueves pasado, cuando sacó a 600.000 manifestantes en 31 ciudades del país. Mañana, en la llamada 'toma de Bogotá', se calcula que marcharán al menos 30.000 personas.

Además de los estudiantes, estarán centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales de todo el país.

ELTIEMPO.COM habló con Sergio Fernández, vocero de la Mesa Amplia Nacional de Educación (Mane), el movimiento que ha canalizado la protesta universitaria.

¿Esperaban una respuesta masiva como la del jueves?
Nos sorprendió gratamente, sobre todo la participación de más de 20 universidades privadas. Es un hecho que cada vez tiene más fuerza.

¿De dónde salió esa fuerza? 
Desde los 70 no teníamos un referente de organización política. El movimiento estudiantil estaba atomizado y cada uno tiraba para su lado. Después de la conformación de la Mane, en agosto, más de 300 organizaciones estudiantiles tenemos una sola voz.

¿El Mane es un movimiento compacto?
En una mesa en la que tienen voz más de 70 universidades obviamente hay divergencia. Pero todas las decisiones de impacto, como el paro, han tenido consenso.

¿Se ven en el espejo de Chile? 
Los jóvenes chilenos le han dado un ejemplo al mundo y la fuerza de su movimiento es inspiradora. Estamos haciendo contactos con ellos para convocar una gran movilización latinoamericana por el derecho a la educación.

¿Por qué no les sirve la reforma? 

Porque no fue una reforma consensuada con la comunidad universitaria y por su contenido privatizador. Parte de la base de que en Colombia no hay recursos para la educación pública y que es necesario impulsar modelos privados y mixtos.

Pero el proyecto sí establece que la educación es un derecho y un servicio público...
Si la educación es un servicio no es un derecho; los servicios hay que pagarlos. El texto tiene muchos trucos. Dice, por ejemplo, que se subsidiarán los intereses de los créditos del Icetex para estratos bajos, pero luego señala que esta financiación estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

¿Hay algo bueno que encuentren en la propuesta?
Nada. Es un monstruo con una malformación congénita incorregible.

¿Qué proponen, entonces? 
Una reforma en la que tengamos voz. Que no se discuta en el
Congreso, donde mandan las mayorías del Gobierno, sino en las universidades.

Pero el Gobierno ha anunciado que no dará su brazo a torcer... 
Pues debería tener más tacto para manejar esta crisis porque podría desencadenar un paro cívico nacional. Ya no sería la pelea solo de los estudiantes.

¿Qué pasará este jueves?
Convocaremos la marcha más grande que haya visto esta generación. No se va a mover un carro si los estudiantes no lo permiten.

¿Será una protesta pacífica?
Por supuesto. Alzaremos la voz con comparsas, teatro callejero, música y abrazos.

Santos decide hoy suerte de la reforma

La Comisión Sexta de la Cámara en pleno se reunirá este miércoles en la mañana con el presidente Juan Manuel Santos para decidir qué hacer con la reforma de la ley educación superior (Ley 30), que todavía no ha iniciado su trámite formal.

Varios congresistas dijeron que hay tres escenarios posibles: que el Gobierno retire el proyecto, que lo mantenga o que le dé mensaje de urgencia. Si le dan luz verde a esta última opción, se deberá tramitar antes del 16 de diciembre, que es cuando termina la primera parte de la legislatura.

Ayer, la organización de estudiantes le envió una carta a la Comisión Sexta en la que insisten en que la discusión del proyecto debe darse fuera del Congreso.

"Con la actual constitución del Congreso, con una amplia mayoría de la bancada del Gobierno, aglutinada en la Mesa de Unidad Nacional, no es posible asegurar una construcción realmente colectiva de la ley", dicen en la misiva.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha reiterado que no retirarán el proyecto "porque trae más recursos públicos para financiar la educación, mejorar la calidad y ampliar la cobertura".

'No son una copia de Chile'

El historiador Mauricio Archila, autor del libro 'Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protesta social en Colombia 1958-1990', no recuerda una protesta de esta magnitud en los últimos veinte años en el país, "por su número de participantes, cohesión y protesta pacífica".

Dijo que, si bien los estudiantes siempre han acompañado los paros obreros o cívicos, no habían logrado un reclamo propio tan sólido y articulado como el de ahora.

"Las protestas en Chile sin duda han impactado, pero no son un calco", afirmó.

Le llama la atención que sus reclamos no son partidistas, ni están infiltrados por la guerrilla.

"Ellos quieren hacer partícipe a la gente y están vinculando a todos los protagonistas", concluyó.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/continuan-las-protestas-estudiantiles-en-el-pais_10729484-4

El significado del asesinato de Alfonso Cano

José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Después de más de 30 años de lucha guerrillera, el máximo jefe de las FARC-EP ha sido asesinado. Murió combatiendo, como un guerrillero raso más, mientras que quienes lo mandaron a asesinar, la élite dorada, jamás subieron al monte ni han puesto a uno sólo de sus hijos al frente de la batalla. Este era un desenlace que se veía venir, ya que desde el 2008 Cano se enfrentaba a una presión militar impresionante: 6.000 tropas de élite contrainsurgentes a su caza, cerco militar en el sur del Tolima y Cauca, bombardeos indiscriminados en toda esa región. Y finalmente lo “cazaron”, no en Tolima como esperaban, sino en Cauca. El procedimiento fue típico: inteligencia militar (con apoyo decisivo de la CIA), bombardeos, desembarcos desde helicópteros y orden de asesinar, no de capturar.

Este procedimiento, en flagrante violación del derecho internacional humanitario, está en plena concordancia con el componente de la guerra sucia del Estado colombiano llamada “Plan Burbuja”, según la cual hay que golpear a los mandos guerrilleros para provocar un proceso doble: por una parte, estimular las deserciones, por otra, producir un fenómeno de “bandolerización” por la pérdida de los mandos político-militares y desestructuración de la cadena de mando (lo último implica que lo que realmente preocupa a la oligarquía no son la violencia ni la seguridad de los ciudadanos, sino conservar el poder a toda costa).

La muerte de Cano es un golpe militar indudable a la insurgencia, que por primera vez sufre la baja de su líder máximo. No solamente es un golpe por el enorme aprecio que le tenían los insurgentes, sino por el genio político-militar que demostró en su período al mando. En el 2008 los medios, con su normal ignorancia de los temas del conflicto, especulaban sobre el supuesto conflicto en las FARC-EP entre el ala “militar” supuestamente liderada por el Mono Jojoy, y el ala “política”, supuestamente liderada por Cano, al que se le mostraba como un ideólogo dogmático sin experiencia militar significativa. Sin embargo, la realidad demostró lo espurio de los supuestos en los que se sustentaron estas tesis. Cano demostró una visión militar superior a lo esperado por los "opinólogos", logrando una reorientación estratégica de las FARC-EP que las llevaron a recuperar mucho del terreno perdido desde la implementación del Plan Colombia, adoptando una postura de ofensiva estratégica en vastas zonas del país que se aprecia en los contundentes golpes dados por la guerrilla en el período 2009-2011. También en lo organizativo, Cano supo descentralizar la organización para, por una parte, facilitar el trabajo político de masas y por otra, para absorber mejor los golpes del Plan Burbuja sin que se resintiera el conjunto de la organización.

Las FARC-EP, con estructuras más descentralizadas y flexibles, asimilarán con toda probabilidad este nuevo golpe y recompondrán las estructuras de mando para llenar este vacío. Es muy probable que el mecanismo de sucesión de mando previamente establecido (Cano estaba bien consciente de que su asesinato era inminente) ya esté andando y que el sucesor sea Iván Márquez.

Pero lo que está claro es que la resistencia de las FARC-EP a este embate no depende solamente de lo militar sino, fundamentalmente de lo político, y tambien en esto Cano supo abanderar una orientación política que lo demostró como algo distinto a ese personaje obscuro y ortodoxo descrito por los medios. Logró controlar los enfrentamientos entre estructuras farianas con estructuras del ELN en diversos puntos del país. No solamente eso: también logró un pacto estratégico con esa organización, lo cual ha fortalecido a ambos sectores insurgentes. También supo entender el contexto actual de movilización popular, defendiendo un proceso de negociación política del conflicto que permitiera articular las demandas de los diversos sectores populares subordinados. De una u otra manera, buscó formas de que las propuestas de la insurgencia volvieran a instalarse en la mesa como parte del debate político, más allá de temas como el acuerdo humanitario o el proceso de paz, actualizándolas con nuevas lecturas políticas y nuevos análisis de la realidad nacional e internacional. En este sentido, Cano demostró un liderazgo político-militar que permitió un salto estratégico de la organización guerrillera.

¿Morirá todo este trabajo hecho en el último tiempo con Cano? Aún cuando el asesinato de Cano repercutirá en las filas insurgentes, difícilmente ocurrirá tal cosa. El último informe de la Corporación Nuevo Arco Iris (“La Nueva Realidad de las FARC”), publicado en agosto, da cuenta de ello, cuando afirma que aún cuando la muerte de Cano sea inminente, ello difícilmente significaría el fin de la insurgencia o aún un escenario de desplome acelerado. Esta afirmación se sustenta en los hechos por varias razones: primero que nada, porque Cano no tomaba decisiones solo sino como parte de un cuerpo colectivo, el Secretariado Mayor. Se equivoca el establishment colombiano cuando cree que las FARC-EP son una organización sustentada en liderazgos carismáticos. El asesinato del Mono Jojoy (una figura de un carisma mucho mayor que el de Cano entre los guerrilleros) en 2010 así lo demostró –no hubo deserciones en masa y el Bloque Oriental mantiene la presión militar. Lo mismo pudo decirse del fundador de las FARC-EP, Manuel Marulanda, cuya muerte también se especuló que produciría un desmoronamiento de la organización –cuando ocurrió en realidad todo lo contrario, un restructuramiento de la organización y un fortalecimiento organizativo-. Pero tampoco será ese el escenario porque las orientaciones políticas que han enfrentado el intento de “aislamiento político” de la insurgencia, así como las estructuras que han permitido el reacomodo estratégico de las FARC-EP al nuevo escenario de guerra, dominado por el poderío aéreo del Estado y el perfeccionamiento de la inteligencia militar, ya están instaladas y andando. Y han demostrado ser efectivas [1].

Digamos que con la muerte de Cano la insurgencia pierde un valioso dirigente, pero no pierde la razón de ser ni su norte como organización. La orientación de Cano ha sido parte de una orientación colectiva que demuestra el dinamismo de la insurgencia de cara a una ofensiva militar sin precedentes por parte del Estado, así como el carácter orgánico de la guerrilla colombiana. Si bien Cano es el máximo dirigente asesinado, varios otros líderes han sido abatidos en el último tiempo gracias al Plan Burbuja y el efecto esperado por parte del Estado (desplome, desmoralización, bandolerización y deserciones masivas) no ha ocurrido. Y no ocurrirá porque las fuerzas que alimentan al conflicto siguen ahí, y la insurgencia conserva fuertes raíces en la Colombia rural pese a la campaña de exterminio y desplazamiento masivo del Estado colombiano, que llaman “consolidación territorial”. Y porque la insurgencia en Colombia es una insurgencia de carácter orgánico, no basada en caudillos carismáticos. Los movimientos insurgentes de carácter orgánico como las FARC-EP han sabido sobrevivir y aún fortalecerse después de la muerte de sus dirigentes, como ocurrió con el PKK tras el arresto de Abdullah Ocalan, con el FSLN tras el asesinato de Carlos Fonseca, o con las guerrillas africanas PAIGC o Frelimo, tras el asesinato de sus respectivos dirigentes Eduardo Mondlane y Amílcar Cabral. Y su martirio en ocasiones logra fortalecer la moral y redoblar la resolución de lucha de los rebeldes, con lo cual podría haber un efecto boomerang.

Santos, sobre el cadáver del adversario abatido profiere vivas a Colombia, sin poner en duda su concepción de país donde el poder se reafirma con ofrendas de sangre. Dice que el “crimen” no paga (confundiendo rebelión con crimen), mientras el país se asfixia en la corrupción promovida por familias cuyas fortunas se  han amasado mediante el asesinato, el desplazamiento, el robo de tierras y la entrega de los recursos naturales mediante pactos fraudulentos. Los medios reproducen partes triunfalistas en los que, ahora sí, nos vuelven a decir, estamos en el fin del fin; no en el fin inmediato, sino en la recta final, etc. Mientras hasta hace unas semanas se quejaban de una guerrilla envalentonada y un ejército desmoralizado, hoy afirman que la guerrilla está desmoralizada y que este golpe desmiente la tesis “maliciosa” de la desmoralización castrense. En realidad esta victoria, por las razones más arriba expuestas, es pírrica, y difícilmente alterará el curso del conflicto según se ha delineado en el curso del presente año o mejorará sustantivamente la moral de la tropa cuya baja se encuentra, como hemos afirmado en otra ocasión, en la naturaleza misma de esta guerra sucia tan degrada. Antes bien, este nuevo triunfalismo (mucho menos pronunciado que el triunfalismo tras la muerte de Raúl Reyes) podría jugar en contra de esa moral cuando el fin del fin no llegue.

Pero no sería correcto afirmar que nada cambiará en el nuevo escenario post-Cano; es indudable que este golpe tendrá efectos. El periodista Alfredo Molano advirtió de que esta victoria militar puede convertirse en una derrota política. Tal cosa no parece descabellada porque quedan claras las intenciones de “paz y diálogo” de Santos, quien ha posado como el presidente de los “derechos humanos”, abierto a la “negociación”. Será mucho más difícil sostener tal cosa para socialdemócratas como Medófilo Medina, Pacho Galán, León Valencia u otros que se han mareado con la “voluntad de paz” del gobierno, después de esta acción, pues ¿cómo hablar de paz mientras se asesina al interlocutor? Pongamos el caso irlandés como ejemplo: el Estado británico estuvo dispuesto a dialogar con la insurgencia (el IRA) y por ello, aunque tenían localizados plenamente a los líderes políticos del movimiento, no los asesinaron para permitir ese espacio de negociación. Tal cosa no ocurre en Colombia, precisamente porque la voluntad de paz o de diálogo no existe. Lo que se busca es el exterminio de los posibles negociadores para lograr la desmovilización. Es decir, la paz de los cementerios, o pacificación sin ninguna transformación política en el país. El resultado de esta política lo conocemos bien en Guatemala o El Salvador. Y eso no es lo que la mayoría del pueblo quiere para Colombia.

El gobierno cierra las puertas al diálogo, ¿cómo reaccionará la insurgencia? Es difícil predecirlo, pero sea lo que sea, es posible ver un período de agudización e intensificación del conflicto por delante pues no parece una opción cruzarse de brazos o seguir reiterando llamados al diálogo y la paz que caen en oídos sordos. Si el gobierno demuestra su voluntad de profundizar la vía militar, entonces es ella la que se profundizará, y sabemos lo que esa vía tiene para ofrecer a Colombia en el marco de la guerra sucia.

El gobierno no entiende el carácter orgánico de la insurgencia, pero sí entiende el carácter social más que militar del conflicto. Por eso es que en estos momentos en que repunta la lucha popular, con los estudiantes, obreros petroleros, trabajadores del transporte, campesinos movilizados, el gobierno se apresta a profundizar la guerra sucia, buscando ampliar el fuero militar, estigmatizando y criminalizando la protesta social, reforzando el aparato paramilitar. Saben ellos que el escenario donde se define el combate no es en el campo de batalla sino que en los campos y calles de Colombia, donde las masas vuelven a desafiar al sistema y a articular su proyecto emancipador. Aunque con los resultados de las últimas elecciones locales, con más de un 50% de abstención, se fortalece de manera superestructural la “Unidad Nacional” y el "santismo" barre toda oposición institucional, esa institucionalidad está cada vez más aislada, es cada vez más vulnerable ante un pueblo al que no se le ha dejado más opción que luchar. Santos aprueba los TLC que hambrearán a las muchedumbres y las someterán a una situación aún más desesperada que la actual. Sus “locomotoras del desarrollo” arrollan y destruyen a su paso las comunidades que quedan. El gobierno de Santos responde a las protestas del pueblo de manera militar, con una represión inusitada, pues no sabe responder de otra manera. Y con ello cierra todas las puertas a una solución al conflicto social que no sea la vía revolucionaria (que no guerrerista-militarista).

Que no se engañe Santos con sus pírricas victorias militares: su mundo anacrónico de dogmatismo neoliberal, entreguismo pro-imperialista, exacerbado conservadurismo, es un mundo en retroceso. Los tiempos actuales son tiempos de lucha, de revoluciones, donde las masas vuelven a adquirir protagonismo. Santos radicaliza el conflicto social y armado, que no es solamente bombardeos contra la insurgencia, sino una estrategia militar contra el conjunto del pueblo –ese es el significado del asesinato de Cano-. Pero en la medida en que se radicaliza el conflicto, las masas colombianas pueden dar a la oligarquía una buena sorpresa, precisamente en el momento en que se creen invencibles y precisamente por donde no lo esperan.

NOTA:

[1] Un balance del conflicto y la apuesta por la guerra sucia de Santos, la he hecho en un artículo previo “Santos: Luz Verde para la Guerra Sucia en Colombia”http://anarkismo.net/article/20768

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

rCR

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138815

Plantón Plaza San Martín en solidaridad y apoyo a la lucha de lxs estudiantes colombianxs.

http://www.youtube.com/watch?v=_l3kpXopxJo

Plantón Plaza San Martín, Viernes 28 de Octubre, en solidaridad y apoyo con los estudiantes colombianos.
Buenos Aires, Argentina.
No a la Reforma de la ley 30.

Facebook: tinto, mate y resistencia ( https://www.facebook.com/groups/303433516349425/ )
Twitter: @tintomateyresitencia

LAS MARCHAS ESTUDIANTILES EN COLOMBIA

enviado por popula rocio: 


FOTOS DE LAS MARCHAS ESTUDIANTILES EN COLOMBIA. LAS UNIVERSIDADES SIGUEN EN PARO TOTAL Y LOS MEDIOS TRATANDO DE SABOTEAR Y ESTIGMATIZAR A LOS Y LAS ESTUDIANTES

"¡Los héroes en Colombia si existen... y están en PARO!" Protestas estudiantiles

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Departamento de Casanare: Un pueblo de desaparecidos. Su exgobernador a juicio por crímenes contra la humanidad

Para-POLÍTICA: DEPARTAMENTO DE CASANARE ...PARA QUE EL PAÍS NO PIERDA LA MEMORIA....   Pueblos de desaparecidos.... En Recetor un menor enseña las fotos de sus padres desaparecidos, Yadira Carreño y Javier Martínez. El niño acompañó a su padre al campamento paramilitar donde desapareció cuando fue a cumplir una citación en 2003. Luego su madre corrió la misma suerte. CRÓNICA: semanaDos municipios del Casanare concentran uno de los eventos de desaparición forzada más aterradores de Colombia. José Monsalve viajó hasta allá en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sábado 23 Julio 2011 Testimonio: "Cuando eso yo tenía 6 años. Iba con mi papá a pie —habla un niño de 13— y llegamos a un alto desde donde se ve la escuela. Ahí estaban los señores esos y cogieron a mi papá y al otro señor que también lo habían mandado llamar. Los amarraron de las manos y nos llevaron hasta la escuela (…) Nos metieron en una pieza donde había un señor acostado, con las manos atrás y con una bota (metida) en la boca. El señor echaba sangre. A mi papá lo sacaron de ahí por la tardecita… ?"Al otro día reclamé que dónde estaba mi papá y me dijeron que él después venía. Entonces comencé a llorar y una señora me metió de cabeza a un tanque de agua. Ella era del grupo porque estaba uniformada. Le pidieron el favor a un señor que me trajera (al pueblo). Yo le pregunté al señor que qué eran los tiros que habían sonado (anoche) y me dijo que habían matado una vaca. Llegué donde mi mamá. Ella no estaba tranquila, y al otro día fue a hablar con el jefe de los señores. Yo no sabía nada de los paramilitares. Ahora sé que son actores armados de la violencia que matan a la gente sin ninguna piedad". En Recetor y Chámeza, dos pequeños pueblos del occidente del Casanare, estas historias están en boca de la mayoría de los habitantes. Todas las familias tienen a alguien del que no se supo más… "Ese fue el error de ella —cuenta la abuela del niño huérfano de 13 años—, ir el lunes siguiente a hablar con el jefe de esos señores. Se afanó y fue a ver qué pasaba. Dijo que era su marido, que cuál era el problema. Ella tenía como unos 34 años. Ambos eran jóvenes, vivían en unión libre. Ella se fue a hablar por él y se perdió también". A primera vista, este rincón del Casanare sugiere algo muy parecido al edén. Extensos campos verdes bajo un cielo esplendoroso, aire fresco, ríos claros que corretean entre las veredas, animales pastando y campesinos que levantan el brazo y estiran la sonrisa al paso de los carros ocasionales. Pero tras esta imagen bucólica está uno de los fenómenos de desaparición forzada más aterradores y desconocidos del país. Entre 2001 y 2004 el departamento fue un inmenso campo de batalla en el que se enfrentaron a muerte las ACC,(autodefensas campesinas de casanare) de Germán Darío Buitrago, alias 'Martín Llanos', contra el emergente Bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave. Casanare es la puerta de entrada a Venezuela, ruta codiciada por los narcos para su operación internacional. También estaban en juego cultivos, laboratorios, jugosas extorsiones a compañías petroleras y miles de hectáreas de tierras riquísimas. "Cuando Martín Llanos sintió que podía ser desplazado de su territorio, se enloqueció y empezó a ver enemigos por todas partes. Ordenó asesinar y desaparecer por nada, por simple sospecha", explica un periodista que ha seguido de cerca el convulsionado acontecer del departamento. De esa paranoia fueron víctimas Recetor y Chámeza, dos municipios del piedemonte casanareño separados por media hora de carretera. En tres semanas, entre enero y febrero de 2003, 27 personas fueron desaparecidas en el primero y 33 en el segundo, aunque no hay cifras exactas pues el miedo hizo huir o callar a muchos. Los desaparecidos eran llamados a cumplir una cita arriba, en los campamentos de las ACC y jamás volvían. EL MÉDICO QUE SACRIFICÓ SU VIDA POR EL PUEBLO DE CASANARE:  El médico Geiner Antonio Munive Rodríguez decidió quedarse con la gente de Recetor al comenzar ese trágico año en que todo el que pudo se desplazó, incluido el alcalde. Mientras cumplía su misión médica vio cómo varios de sus pacientes subían a los campamentos y no volvían. No pudo con tanta indignación. Gestionó una reunión con las autoridades confinadas en Yopal (comandante de brigada, alcalde, gobernador, personero), y cuando el encuentro se desgranaba en temas menores, alzó la voz y exigió hacer algo para impedir que los paramilitares se siguieran llevando a la gente. El pronunciamiento del doctor Munive fue su sentencia. 'Martín Llanos', jefe de las ACC lo citó. Muchos le recomendaron no ir; otros le suplicaron averiguar por sus familiares. El doctor decidió asistir. El 27 de febrero tomó la vía que va de Recetor a Chámeza en compañía de Nayro Chaparro, conductor de la ambulancia del pueblo. Ambos están desaparecidos desde entonces. Los padres del doctor Munive, oriundos del Cesar, a pesar de los riesgos, en los siguientes meses entraron hasta los confines más tenebrosos del Casanare. Encontraron retenes de paramilitares ante los que se presentaron. "Mi esposa, bastante nerviosa, les pidió que le dieran razón de su hijo, que si lo habían matado dijeran dónde estaba el cadáver para recogerlo y traérnoslo, pero uno de ellos le respondió agresivamente: 'Ya le dijimos que no lo tenemos, además si matamos a alguien no tenemos que darle explicaciones'", le dijo Genes Munive, padre del médico, al periódico Vanguardia Liberal en 2006. De lo que ocurría en los campamentos que los paramilitares levantaron en las montañas entre Recetor y Chámeza, a pocos minutos de estas cabeceras, muy pocas personas pueden dar cuenta. Luz Nelly Alfonso es una de ellas. Estuvo cuatro días secuestrada en el campamento de Alexánder Urbina, alias 'Careloco' (subalterno de Llanos). Fue hasta allá para acompañar a su esposo, Jesús Antonio Valero. "Él era constructor y lo citaron. Pensó que como no debía nada no tendría problema. Fuimos y allá nos amarraron y nos vendaron", recuerda Luz Nelly, quien calcula que la encerraron junto a unas quince personas más, mientras que su esposo fue llevado a otro lugar. Fue interrogada bajo amenazas de muerte, tomaron todos sus datos y la agredieron mientras oía gritos en el salón contiguo. Allí vio por última vez a su esposo: "Cuando lo sacaron para interrogarlo, casi no podía hablar y tenía las manos quemadas, estaba amarrado. Vi que lo habían maltratado". Ella cree que la dejaron ir porque alguien verificó que sí tenía en su casa tres hijos menores que estaban completamente solos. "De él no supe más", dice. Hace un año, 'Careloco' -hoy detenido-, en un "gesto humanitario", según sus propias palabras, volvió a la zona con una comisión de la Fiscalía para señalar la ubicación de fosas. Algunos habitantes se enteraron y corrieron a preguntarle por el paradero de sus dolientes. "Me dijo que no sabía de mi esposo, que trataría de averiguar", dice desconsolada Luz Nelly. En esa ocasión 'Careloco' confesó que años atrás no había sido sincero con la familia del doctor Geiner Munive. Contó que el médico del pueblo había sido asesinado y enterrado en una fosa, y explicó que el cadáver jamás aparecerá porque seis meses después recibió una orden: "Es el único cuerpo que no va a aparecer, porque la orden fue arrojarlo al río Caja", dijo. La tragedia del Casanare  El país aún no descifra la tragedia de este departamento. Según los registros de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hay cerca de ochocientos desaparecidos. De acuerdo con el prestigioso grupo de análisis de datos de derechos humanos Benetech, que con un complejo modelo matemático cruzó 11 bases de registro distintas, hay 1.524 desaparecidos documentados y se estima que 1.029 casos más que no fueron reportados, lo que da un total de 2.553 desaparecidos durante el periodo de 1986 y 2007, solo en el departamento del Casanare. Aunque la Fiscalía ha logrado recuperar 11 cuerpos, que ya han sido identificados y entregados a sus dolientes, la mayoría de las familias siguen esperando la verdad, que por dolorosa que sea es lo único que puede apaciguar sus almas. Aun así, nada augura que esta vaya a llegar pronto, ya que Martín Llanos -hoy prófugo- nunca se desmovilizó y la mayoría de los integrantes de su temido grupo también desaparecieron. Las autoridades han capturado a cerca de cincuenta exintegrantes de las ACC, pero solo siete han logrado ser incluidos en el proceso de Justicia y Paz. Los demás han manifestado su interés en colaborar solo si son admitidos. Ante esto, la gente de Recetor y Chámeza solo espera una respuesta del Estado. Una respuesta que no llega. NOTA: Hoy este proceso se encuentra radicado en la Comisión Interamericana de derechos Humanos Peticionarios: Corporación Opción Legal y Familiares Colombia AQUÍ ESTÁN ALGUNOS DE LOS VÍCTIMARIOS: Llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia,  el ex-gobernador de CASANARE, por crímenes contra la humanidad.  Ex-gobernador de Casanare William Pérez Espinel.  El ex-gobernador ya fue condenado por vínculos con grupos críminales: El departamento de Casanare parece una caja de Pandora. La región ha sido sitiada en los últimos años por una ola de corrupción y malos manejos de la administración pública que han derivado en múltiples investigaciones judiciales y disciplinarias. El ex gobernador Miguel Ángel Pérez fue condenado por sus vínculos con el comandante de las Autodefensas Campesinas de Casanare Héctor Buitrago Parada, alias Martín Llanos. El año pasado, la Fiscalía puso tras las rejas a seis alcaldes luego de comprobarse que firmaron un documento para favorecer los intereses del paramilitarismo. Por orden de la Corte Suprema de Justicia permanece en prisión el representante a la Cámara Óscar Wilches. El fiscal general de la Nación, en ese momento Mario Iguarán, tomó una trascendental decisión con el propósito de desentrañar los tentáculos de las autodefensas en una de las regiones más prósperas de Colombia y ponerle coto al desangre de las finanzas públicas: ordenó la captura del ex gobernador William Hernán Pérez Espinel —quien rigió los destinos del departamento entre 2001 y 2003— por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión. El Espectador conoció la decisión, proferida por el Fiscal,  en la que luego de una minuciosa investigación, de contrastar testimonios y declaraciones, de un concienzudo análisis de pruebas documentales y, sobre todo, de la comprobación de la infiltración de grupos de autodefensas para saquear las arcas departamentales, profirió medida de aseguramiento en contra de Pérez Espinel. Un polémico político que incluso postuló nuevamente su nombre a la Gobernación de Casanare en octubre de 2007, avalado por el partido Apertura Liberal. Lo curioso es que obtuvo el respaldo de ese partido político pese a que la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al encontrar numerosas irregularidades en el manejo de la contratación estatal durante su período como primer mandatario de los casanareños. También tuvo serios cuestionamientos disciplinarios por presionar a un contratista para que le entregara unos dineros a cambio de adjudicarle una millonaria licitación para desarrollar una obra de electrificación en un municipio. En agosto de 2007 la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que investigara varias declaraciones de varias personas y de algunos desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de Casanare que incriminarían a Pérez Espinel en el proyecto de expansión del paramilitarismo en la región. Con la decisión de la Fiscalía, el ente acusador pretende aclarar cuál habría sido el alcance de la tajada de participación que exigieron los ‘paras’ de Martín Llanos en el departamento durante la gestión de Pérez. Y, principalmente, dilucidar si a través de los contratos se desangraron las finanzas regionales y el patrimonio público. La marea parapolítica sigue avanzando en la Fiscalía. Capturado coronel (r) del Ejército por desaparición de 50 personas en Casanare. CORONEL (r) JUAN CARLOS CASTAÑEDA VILLAMIZAR- fue agregado militar en la Embjada del Brasil. El oficial Juan Carlos Castañeda Villamizar es investigado por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado. El CTI de la Fiscalía detuvo al uniformado para cumplir con la medida de aseguramiento proferida por una fiscal de Derechos Humanos y DIH que adelanta el proceso por la desaparición de no menos de 50 personas en los municipios de Recetor y Chámeza (Casanare), entre los años 2002 y 2003, informó el ente judicial. El procesado "supuestamente facilitó el accionar delictivo de las Autodefensas Campesinas del Casanare lideradas por Héctor Germán Buitrago Parada, alias ‘Martín Llanos', en las poblaciones mencionadas", explicó la Fiscalía. El Coronel (r) está recluído en una guarnición militar en Bogotá: Esto lo habría hecho cuando era comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez de la Brigada 16 del Ejército, con asiento en Tauramena. Según la investigación, los paramilitares "retuvieron, torturaron y ultimaron a medio centenar de pobladores, a quienes sindicaban de auxiliar a la guerrilla". Castañeda Villamizar está recluido en una guarnición militar de Bogotá. Por este caso hay otras 17 personas vinculadas, entre ellas "Martín Llanos", que está prófugo de la justicia   Condenan a alcalde de Aguazul, Casanare por desaparición de dos personas | Febrero 3 de 2011    A 29 años de cárcel fue sentenciado el alcalde de Aguazul, Casanare, José Mauricio Jiménez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de un contratista y otro habitante de ese municipio. Ex-alcalde de Aguazul de Casanare. José MAuricio Jiménez Pérez, condenado a 29 años de prisión por desaparición El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a José Mauricio Jiménez Pérez, reelecto alcalde de Aguazul, Casanare, y a Ubaldín Vallejo Montañez a 29 años de prisión cada uno, por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado. De acuerdo con la investigación de un fiscal de Derechos Humanos a cargo del caso, se demostró la responsabilidad de Jiménez Pérez, condenado como autor por omisión y alcalde entre 2001 y 2003, y de Vallejo Montañez, desmovilizado de las autodefensas en 2005, en la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y de Ariel Rosas Moreno, en hechos ocurridos el 29 de julio de 2002 y el 21 de febrero de 2003. Finalmente, el Juzgado Quinto Penal condenó a Jiménez Pérez a la pérdida de su cargo, y ordenó su captura.   La sombra negra de ‘Martín Llanos’ La investigación se originó en la denuncia que interpuso Blanca Sánchez por el plagio de su esposo, Luis Ariel Bernal López.   COMANDANTE PARAMILITAR HÉCTOR GERMAN BUITRAGO PARADA, Alias "MArtín Llanos". Hoy prófugo de la justicia. Las Autodefensas Campesinas del Casanare entre   2003 y 2004 sostuvieron un cruento enfrentamiento con el grupo paramilitar de  Miguel Arroyave     En momentos en que se vuelve a rumorar la eventual entrega a la justicia del jefe paramilitar del Casanare, Héctor Germán Buitrago Parada, más conocido como Martín Llanos, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación dictó en su contra medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, en desarrollo de una investigación que prueba cómo la organización bajo su mando estableció un régimen del terror en este departamento. El origen de la investigación fue la denuncia de la ciudadana Blanca Dilma Sánchez, quien puso en conocimiento de la justicia que el 29 de julio de 2002, tras suscribir un contrato para el mantenimiento del acueducto de una vereda del municipio de Aguazul (Casanare), su esposo Luis Ariel Bernal López, fue desaparecido. Días después, ella fue abordada por dos individuos en una moto, quienes la conminaron a abandonar el pueblo con toda su familia si no quería correr la misma suerte de su marido. Algunas víctimas:  Tres meses después, los dos hermanos de la primera víctima, José Efraín y Nelver Bernal, fueron sacados de su casa de habitación en la vereda Recetor, del municipio de Aguazul, sin que hasta hoy se sepa de su paradero. Las tres desapariciones ocurrieron cuando regentaba los destinos del municipio José Mauricio Jiménez Pérez, de quien desde entonces se afirmaba que tenía nexos con las autodefensas de Martín Llanos. El pasado 22 de noviembre de 2007, Jiménez Pérez, reelecto días atrás, fue detenido por estas relaciones. En desarrollo de la investigación, compareció una ex secretaria de Agricultura del mismo municipio, quien testificó que siendo alcalde Jiménez Pérez, los que mandaban en el pueblo eran cuatro paramilitares de Martín Llanos, y que incluso se utilizaba una camioneta contratada por la Alcaldía para “levantar a la gente” y entregarla a José Reinaldo Cárdenas Vargas, alias El Coplero, quien se encargaba de desaparecerla. Según la testigo, uno de sus hermanos corrió la misma suerte en febrero de 2003. La Fiscalía logró aclarar que el día de su desaparición, el ciudadano Luis Ariel Bernal tenía que pagarle el 10% del valor del contrato a los paramilitares. Y que este caso no fue el único. Durante varios meses, mataron a mucha gente y otros tantos empezaron a desaparecer. Una testigo de excepción manifestó que nadie podía salir en Aguazul después de las 6:00 de la tarde y que diariamente mataban entre tres y cuatro personas. Varios presos y desmovilizados apoyaron a la Fiscalía para demostrar los crímenes perpetrados por las Autodefensas del Casanare. En consecuencia, la Fiscalía dispuso la captura inmediata de Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos y José Reinaldo Cárdenas Vargas alias El Coplero, segundo de la organización criminal, como responsables de la ola de desapariciones y crímenes que se perpetraron a partir de 2002 en Aguazul y otros municipios del departamento. Precisamente hoy, por nexos con Martín Llanos, la Fiscalía adelanta una investigación contra seis ex alcaldes de Sabana Larga, Villanueva, Maní, Tauramena, Aguazul y Monterrey, también del departamento del Casanare. En agosto de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en una histórica sentencia, condenó a 11 paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, porque desde los años 90, constituyeron “una organización delictiva dedicada a la elaboración y tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional”. Entre los condenados aparecieron Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El Tripas, creador del grupo paramilitar en el Casanare, y su hijo Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como Martín Llanos, actual jefe de la organización criminal. Lo paradójico es que después de 20 años de delinquir a sus anchas, los dos sujetos siguen libres. Buitrago Rodríguez estuvo preso entre 1996 y 1999, pero fue rescatado por un comando paramilitar cerca a Villavicencio. Su hijo Martín Llanos, otrora socio clave de Carlos Castaño, después protagonizó una guerra a muerte con los paramilitares de Urabá, que dejó decenas de familias enlutadas en el Casanare y Meta. Y hoy, aún sin castigo,  sigue siendo un jefe paramilitar en la clandestinidad, asociado al tráfico de estupefacientes y responsable de un sinnúmero de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos   ///////////////////////////////////////   Fuentes; El Espectador, El Colombiano, Revista SEmana.    Nancy Fiallo Araque Observatorio de Derechos Humanos y Parapolítica-Asamblea de Mujeres por la Paz-AMP- móvil: (571) 300 823 66 34 nancyfiallo@hotmail.com Bogotá. DC- Colombia- Sur América    Campaña Defensores: Colombia,Europa y EEUU.                                                            "No somos jueces, somos testigos. Nuestra tarea es hacer posible que la  humanidad sea testigo de estos crímenes  horrendos y ponerla del lado de la justicia. Bertrand Russel    ..