PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

sábado, 26 de noviembre de 2011

COLOMBIA: GUANENTÁ, Las comunidades se unen en contra de proyectos de minería

Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL

Algunos miembros del Comité para la Defe nsa del Páramo de Santurbán, hicieron presencia en San Gil, donde se reunieron con integrantes de la Organización Campesina El Común, la Red de Justicia Comunitaria y estudiantes universitarios, para concientizarlos sobre los peligros que acarrea los proyectos mineros de las multinacionales en el territorio nacional

Uno de los miembros de este comité, Mauricio Meza Blanco, dijo que hicieron este encuentro en el municipio porque se sabe que en la Provincia guanentina hay proyectos de concesiones mineras con empresas de Brasil, que están detrás de los recursos naturales de la región y que la comunidad tiene derecho a saberlo.

“La idea es que con los campesinos, que son los primeros afectados, y con los estudiantes universitarios que hoy hicieron participaron, nos unamos para hacer veedurías ambientales que vigilen la conservaciones de los recursos naturales, no sólo de la provincia sino también de Santander y el país”, expresó.

Entre los temas que se trataron estuvieron las modificaciones al código minero y las intenciones de las multinacionales al entrar a los diferentes puntos del territorio nacional, además de las consecuencias que esta situación conlleva.

El representante del comité indicó que existe un problema grave, refiriéndose a la enajenación de los predios donde se realizan estos proyectos mineros, y citó ejemplos como el caso de Hidrosogamoso y las minas del Cesar, lugares donde las grandes empresas extranjeras se apropian de las tierras por una concesión que otorga el código minero, volviéndolas así propiedad pública y de interés social, “lo que significa que sólo se pueden vender a estas compañías, transgrediendo así los derechos de los propietarios, en este caso los campesinos”, resaltó.

Otro problema que destacó Meza Blanco, es el daño que la minería causa a las aguas superficiales y subterráneas y la forma como se daña el tejido social por la falta de compromiso del gobierno al otorgar las licencias y de las mismas corporaciones ambientales que son las que pueden sancionar, pero no lo hacen.

Por ello el funcionario invitó a la comunidad a realizar gestión y movilizaciones sociales, catalogándolas como la única estrategia que ha salvado a los campesinos y propietarios de perder todo.

http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/132746-las-comunidades-se-unen-en-contra-de-proyectos-de-mineria

El crecimiento minero está impactando el Medio Ambiente del Caribe

Varias universidades de Colombia, organizaciones ambientales, con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, adelantan el Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales, en la ciudad de Santa Marta.

El encuentro, en su novena sesión, tiene como objetivo analizar la situación del medio ambiente y el manejo integral de los territorios costeros, playas y océanos, así como el impacto que está generando la industria y el desarrollo de actividades económicas.

Antonio Hernández Gamarra, director del observatorio del Caribe, dijo que es evidente el impacto ambiental que se está generado por el desarrollo minero, especialmente en el departamento del César.

"No sólo es visible el daño de la minería en la atmósfera, sino una minería que ha sido desarrollada con mucho descuido sobre zonas ambientales (...) Lo cierto es que buena parte del departamento de César está siendo explotado mineramente o va ser explotado en el futuro inmediato", sostuvo Hernández.

Añadió que en el departamento de César hay cerca de ocho empresas de carbón y que estás generan 45 millones de toneladas del producto, pero que infortunadamente estas no son una fuente de empleo porque son muy pocas las personas que se contratan por parte de estas empresas.

El congreso también discutirá asuntos como el desarrollo económico en el parque Nacional Tayrona y los cuestionados proyectos que se han pretendido llevar a cabo en la reserva natural.

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/el-crecimiento-minero-esta-impactando-el-medio-ambiente-del-caribe/20111124/nota/1583088.aspx

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Población de Guajira se organiza para combatir proyecto minero en funcionamiento desde hace 35 años

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

Además de los graves problemas ocasionados por el conflicto armado interno en Colombia, el país también padece la explotación minera, actividad que afecta a comunidades enteras de indígenas y afrodescendientes robando calidad de vida y afectando al medio ambiente, la salud, el territorio y la cultura. Cansados de enfrentar esta situación de explotación desde hace 35 años, pueblos y comunidades de La Guajira se reunieron en los últimos días 18 a 20, en el municipio de Barrancas,para analizar los impactos de los megaproyectos mineros y reclamar cambios antes que La Guajira desaparezca.
Durante los tres días de reunión, que tuvo lugar en el Resguardo Indígena Wayuu provincial, las comunidades Wayuu, afrodescendientes y campesinos de La Guajira debatieron los problemas causados por el proyecto minero Cerrejón, una de las mayores minas a cielo abierto del mundo. Cerrejón produce, por año, 32 millones de toneladas de carbón y representa el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guajira.
En sus 35 años de funcionamiento, la mina quitó la tranquilidad a la población del lugar, hizo desaparecer a los animales, modificó el paisaje, contaminó el agua, el aire y el suelo con polvo de carbón; perjudicó la pesca y la agricultura, generó contaminación visual y auditiva, provocó muertes relacionadas con infecciones respiratorias, ignoró leyes de consulta previa a los pueblos indígenas, desalojó a familias y mintió al asegurar beneficios para la región en nombre del progreso y del desarrollo.
Hoy, el 70% de la población de Guajira vive en la pobreza y el 30% en la extrema pobreza, a costa del enriquecimiento de la empresa Cerrejón que, en su sitio web, se denomina como una empresa responsable. Mientras falta espacio para que la población plante y críe animales, el proyecto minero ocupa más de 69 mil hectáreas de tierra.
A pesar de este cuadro ya desolador, la región está cerca de sufrir otro golpe: el desvío del río Ranchería a más de 26 kilómetros de su lecho natural. El proyecto no tiene en cuenta el hecho de que municipios, resguardos indígenas y comunidades enteras dependen del agua de este río y corren el riesgo de sufrir desabastecimiento.
La población de Guajira no está parada y ya se manifestó dos veces (9 de agosto y 6 de septiembre) contra el desvío del lecho del río y la continuidad del proyecto minero Cerrejón. "Somos consientes de los derechos que hemos conquistado, los cuales deben ser respetados tanto por el Estado colombiano como por las empresas y los Estados de origen de éstas, en tal sentido nos oponemos a que de manera arbitraria se siga adelante con estos proyectos y se simule y engañe a las comunidades en reuniones que se pretenden hacer pasar como de consulta previa”, afirman en un Pronunciamiento.
Para combatir esta situación, durante la reunión en Barrancas, las comunidades Wayuu, los afrodescendientes y los campesinos/as de La Guajira hicieron una lista de exigencias que necesitan ser atendidas con urgencia por el Estado colombiano, por las empresas Cerrejón, MPX, Pacific Rubiales y por otras que pretendan instalarse en la región.
El Estado debe garantizar los derechos de los pueblos a usufructuar sus territorios colectivos, invalidar falsas consultas previas, respetar el modo de realización de las consultas elegido por los pueblos, no otorgar licencias hasta que se realicen consultas autónomas en las comunidades, ordenar el fin de las prácticas de persecución promovida por las empresas y tomar medidas urgentes para garantizar, promover y recuperar la alimentación en las comunidades por medio de actividades productivas.
A las empresas cabe la suspensión de las actividades de explotación minera en La Guajira, la no realización de falsas consultas previas, la no utilización del pueblo para hacer propaganda propia, informar sobre los efectos negativos causados por las empresas y, específicamente para Cerrejón, que repare los daños causados por 35 años de explotación en la región.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

lunes, 21 de noviembre de 2011

El penoso futuro de los niños indígenas en Colombia.


barrancominas3
Su sensible canto resiste a la extinción. Con profunda tristeza, y mientras los medios de comunicación comerciales hacían alharaca de la eventual firma del TLC con Estados Unidos, la ONIC entregaba un informe sobre extinción cultural de nuestros pueblos indígenas con énfasis en la niñez, que simplemente parte el alma. En tasa de mortalidad, por ejemplo por cada 1.000 niños emberá katío mueren al año 142, del Pueblo Awá 166 y 200 del Pueblo Yukpa (el estudio se realizó sólo en tres comunidades), mientras que sólo en una comunidad indígena de Guainía, en un año murieron 57 niños de enfermedades prevenibles.
Ante este dramático panorama la concejala indígena Ati Quigua resalta el trabajo realizado por la Administración Distrital en Bogotá, que en sus últimos 8 años centró su énfasis en la atención a la niñez con enfoque diferencial, apoyando además la atención humanitaria. Las Secretarías de Integración Social, Educación, Salud y Desarrollo Económico, entre otras, apoyan programas en desarrollo, atención y protección, “pero la niñez indígena desplazada que debe ser atendida por el ICBF se encuentra en las peores condiciones… que les quiten los niños a las madres indígenas no les garantiza su pervivencia cultural”, señaló. Por esta situación la concejala pide atención integral y digna, pues ha tenido que acompañar jurídicamente casos en que la entidad ha arrebatado a madres indígenas, especialmente emberá, sus hijos.   
Es “una realidad cruda y verdadera… evitar la extinción de nuestras culturas e historia es apuesta de tod@s para permitir la pervivencia de nuestros pueblos, responsabilidad de la humanidad”, señaló Dora Tavera, consejera del Área de Mujer de la ONIC.
El grito de los niños por pervivir en medio de un país en guerra y cuyo pilar político y económico es la extracción y explotación de los recursos y la biodiversidad, ahonda el dramático panorama que se cierne sobre los pueblos indígenas que, en su hábitat de vida, reciben amenazas diarias contra su  pervivencia física y cultural, como explicó la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, al presentar el informe: “La Niñez y el Futuro de los Pueblos Indígenas”, el pasado 08 de abril[1].
Niños Indigenas por la vida
El informe se realizó en el marco de la campaña que adelanta la ONIC Palabra Dulce, Aire de Vida, que busca visibilizar y sensibilizar sobre el alto riesgo de desaparición de los pueblos indígenas. Se enfocó en Derechos de la infancia y la adolescencia, según Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establecen que: Niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos de cualquier ser humano y además derechos adicionales en cuatro aspectos: Existencia, condiciones esenciales para preservar la vida; Desarrollo, condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad humana; Ciudadanía, condiciones básicas para vivir en sociedad, ejercer libertad y ser tratados como ciudadanos y; Protección, no ser afectado por factores perjudiciales para la integridad humana.
La investigación advierte además de la alta tasa de mortalidad, el involucramiento de menores en el conflicto por parte de actores armados ilegales, carencia de atención del Estado a la niñez, reiterada violencia y discriminación, una alta orfandad porque muchos padres y madres indígenas mueren en el conflicto. “No solo la guerra mata nuestras niñas y niños, múltiples formas de violencia contra nuestros pueblos nos han puesto al borde de la extinción, amenazando a diario nuestra pervivencia como pueblos”, indica el estudio.   
Un caso muy doloroso lo presentó la Fundación Caminos de Identidad, FUCAI, sucedió en 2009 en Guainía, sector de Barrancominas donde murieron 57 niños de enfermedades prevenibles y curables como infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas agudas. Según denuncias de autoridades tradicionales, recogidas por FUCAI y la ONIC, no hubo atención médica ni por parte de la ESE de Puerto Inírida ni por parte de la EPS, Ecopso, responsable de estas comunidades.
En la región la población indígena padece de alimentación deficiente y desnutrición infantil. “Los conucos (unidades hortícolas tradicionales) antes muy diversificados (cultivaban hasta 40 especies alimenticias) ahora se han simplificado tanto que no disponen más de 10 especies”, señala FUCAI. Ello se debe, explica la organización, a una fuerte tendencia al monocultivo; falta de agua potable; escasez creciente de proteína animal y deterioro de los suelos cercanos a las viviendas.
Para tratar el tema de los 57 niños que no se les permitió vivir, FUCAI denunció que el Estado no ofrece ninguna solución. Se realizaron dos reuniones. A la primera reunión, noviembre 06 de 2009  asistieron un delegado del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Protección, el Secretario de Salud del Guainía, algunos políticos, los indígenas y la ONIC. Habían muerto 43 niños hasta ese día. El 11 de diciembre hubo otra reunión convocada por los indígenas y los Ministerios del Interior y Protección en la cual participaron las mismas personas más representantes de la EPS y de la ESE.
Según FUCAI la ESE y la EPS se echaron la culpa unos a otros y no pasó nada. Entre la reunión anterior y esta murieron otros 14 niños. Nada ha pasado hasta hoy, los políticos que acudieron a la reunión feriaron su discurso de compromiso pero sólo por réditos políticos. En esta y otras regiones del país los niños indígenas mueren, a veces por física hambre. Si eso pasa en sólo 3 comunidades que se realizó el estudio[2] y en una que compartió la dolorosa experiencia de niños del Guainía, que se espera en las más de 10.000 comunidades que conforman los 102 pueblos indígenas del país, “si en menos de una década ha desaparecido más del 70% de los Nukak Makú emblema del patrimonio cultural por su nomadismo, “¡Qué nos Espera!”, concluye la ONIC.
En Bogotá la niñez indígena, si bien hay dificultades sobre todo con niños de familias desplazadas que tienen que mendigar y vivir en condiciones adversas, pareciera menos incierto su futuro. La Administración Distrital, y por gestión de la concejala Ati, en los últimos 8 años ha centrado su énfasis en la atención de los menores con enfoque diferencial, apoyando además de la atención humanitaria que le corresponde a la nación a través de Acción Social (que no lo ha hecho), la Secretaría de Integración Social y otras Secretarías distritales apoyan programas en desarrollo, atención y protección de la niñez indígena, promoviendo programas y educación propia para niños de 1 a 5 años en los 6 Jardines Infantiles, entre otros avances.
 Barrancominas

[1] El estudio fue realizado y apoyado por organizaciones como Fundación Caminos de Identidad, FUCAI; la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares; Mensen met enn Missie y comunidades religiosas: Hermanas Laura y la Diócesis de Quibdó, entre otras.    
[2] La Investigación se realizó en comunidades indígenas Awá del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño; la comunidad Yukpa del Resguardo Socorpa, municipio de Becerril, Cesar y; en la comunidad Emberá katío, El 90 de Quibdó en el Chocó.

Se asociaron las 12 empresas mineras más importantes en Colombia


Con el fin de demostrar que la minería legal y responsable si se puede desarrollar y demostrar que son unos aliados para el desarrollo del país, 12 de las empresas mineras y energéticas más importantes se unieron en Colombia.
Claudia Jiménez Jaramillo, directora del sector de la minería a gran escala, aseguró que dentro de los aliados se encuentran varias empresas que se encargan de la exploración y explotación de oro y carbón.

“El sector quiere comprometerse y demostrarle al país, que en el debate legítimo que se está dando hoy en día de cómo es la mejor manera de aprovechar sus recursos naturales. Nosotros queremos aportar para ese debate nacional respondiéndole a la opinión pública, que la mejor manera de hacerlo es a través de una minería responsable, con estándares internacionales con seguridad, con salubridad y con responsabilidad ambiental y social”.

Según la directora de M.G.E dijo que están trabajando en unos códigos de autorregulación que les van a guiar el comportamiento más allá de la ley con unos estándares internacionales.

Señaló además que el sector minero-energético genera cerca de un millón 200 mil empleos de los cuales 328 mil son directos.


Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en http://www.rcnradio.com/noticias/editor/se-asociaron-las-12-empresas-m-120750#ixzz1eOI2ivPH

sábado, 12 de noviembre de 2011

BOGOTA: LA JORNADA DEL 10-11-11

Amigas y Amigos en la Argentina y el resto del continente... Les comparto solo una foto que encontre la panoramica de la movilizacion estudiantil de ayer en la Toma de Bogota, pero que se realizo en varias ciudades del pais... y que convoco a familiares, trabajadoras y trabajadores y otros sectores de la sociedad colombiana... a pesar de una tremenda tempestad se llego en conjunto y con mucha fuerza a la plaza. 
Hasta los medios de la derecha (que son la mayoria) han tenido que haceptar la grandeza de este movimiento y la resitencia de los y las estudientes antes los intentos de desarticulacion del gobierno nacional.

Notese en la foto la toma del árbol de navidad que estaba preparando la Alcaldia y qeu sirvio para visibilizar las banderas del movimiento con su reclamo y sos consignas.... Este fin de semana se reune la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, para elaborar la contrapuropuesta de reforma estudiantil...
YA LES CONTARE COMO SIGUE LA COSA.

ABRAZOS DESDE COLOMBIA

SIGUE LA RESISTENCIA!!!

ROCIO

http://static2.elespectador.com/files/68ca56b98a0cc93b804febcbf0f73032.pdf

jueves, 10 de noviembre de 2011

'Desde los 70 no vivíamos algo así': vocero estudiantil

'Esta reforma es  monstruosa': vocero estudiantil


Universitarios programaron para mañana una protesta en Bogotá. Sergio Fernández explica sus bases.

El movimiento estudiantil mostró un músculo sin precedentes el jueves pasado, cuando sacó a 600.000 manifestantes en 31 ciudades del país. Mañana, en la llamada 'toma de Bogotá', se calcula que marcharán al menos 30.000 personas.

Además de los estudiantes, estarán centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales de todo el país.

ELTIEMPO.COM habló con Sergio Fernández, vocero de la Mesa Amplia Nacional de Educación (Mane), el movimiento que ha canalizado la protesta universitaria.

¿Esperaban una respuesta masiva como la del jueves?
Nos sorprendió gratamente, sobre todo la participación de más de 20 universidades privadas. Es un hecho que cada vez tiene más fuerza.

¿De dónde salió esa fuerza? 
Desde los 70 no teníamos un referente de organización política. El movimiento estudiantil estaba atomizado y cada uno tiraba para su lado. Después de la conformación de la Mane, en agosto, más de 300 organizaciones estudiantiles tenemos una sola voz.

¿El Mane es un movimiento compacto?

En una mesa en la que tienen voz más de 70 universidades obviamente hay divergencia. Pero todas las decisiones de impacto, como el paro, han tenido consenso.

¿Se ven en el espejo de Chile? 

Los jóvenes chilenos le han dado un ejemplo al mundo y la fuerza de su movimiento es inspiradora. Estamos haciendo contactos con ellos para convocar una gran movilización latinoamericana por el derecho a la educación.

¿Por qué no les sirve la reforma? 


Porque no fue una reforma consensuada con la comunidad universitaria y por su contenido privatizador. Parte de la base de que en Colombia no hay recursos para la educación pública y que es necesario impulsar modelos privados y mixtos.

Pero el proyecto sí establece que la educación es un derecho y un servicio público...

Si la educación es un servicio no es un derecho; los servicios hay que pagarlos. El texto tiene muchos trucos. Dice, por ejemplo, que se subsidiarán los intereses de los créditos del Icetex para estratos bajos, pero luego señala que esta financiación estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

¿Hay algo bueno que encuentren en la propuesta?

Nada. Es un monstruo con una malformación congénita incorregible.

¿Qué proponen, entonces? 

Una reforma en la que tengamos voz. Que no se discuta en el
Congreso, donde mandan las mayorías del Gobierno, sino en las universidades.

Pero el Gobierno ha anunciado que no dará su brazo a torcer... 
Pues debería tener más tacto para manejar esta crisis porque podría desencadenar un paro cívico nacional. Ya no sería la pelea solo de los estudiantes.

¿Qué pasará este jueves?

Convocaremos la marcha más grande que haya visto esta generación. No se va a mover un carro si los estudiantes no lo permiten.

¿Será una protesta pacífica?
Por supuesto. Alzaremos la voz con comparsas, teatro callejero, música y abrazos.

Santos decide hoy suerte de la reforma
La Comisión Sexta de la Cámara en pleno se reunirá este miércoles en la mañana con el presidente Juan Manuel Santos para decidir qué hacer con la reforma de la ley educación superior (Ley 30), que todavía no ha iniciado su trámite formal.
Varios congresistas dijeron que hay tres escenarios posibles: que el Gobierno retire el proyecto, que lo mantenga o que le dé mensaje de urgencia. Si le dan luz verde a esta última opción, se deberá tramitar antes del 16 de diciembre, que es cuando termina la primera parte de la legislatura.

Ayer, la organización de estudiantes le envió una carta a la Comisión Sexta en la que insisten en que la discusión del proyecto debe darse fuera del Congreso.

"Con la actual constitución del Congreso, con una amplia mayoría de la bancada del Gobierno, aglutinada en la Mesa de Unidad Nacional, no es posible asegurar una construcción realmente colectiva de la ley", dicen en la misiva.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha reiterado que no retirarán el proyecto "porque trae más recursos públicos para financiar la educación, mejorar la calidad y ampliar la cobertura".
'No son una copia de Chile'
El historiador Mauricio Archila, autor del libro 'Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protesta social en Colombia 1958-1990', no recuerda una protesta de esta magnitud en los últimos veinte años en el país, "por su número de participantes, cohesión y protesta pacífica".
Dijo que, si bien los estudiantes siempre han acompañado los paros obreros o cívicos, no habían logrado un reclamo propio tan sólido y articulado como el de ahora.
"Las protestas en Chile sin duda han impactado, pero no son un calco", afirmó.
Le llama la atención que sus reclamos no son partidistas, ni están infiltrados por la guerrilla.
"Ellos quieren hacer partícipe a la gente y están vinculando a todos los protagonistas", concluyó.
REDACCIÓN EDUCACIÓN

domingo, 6 de noviembre de 2011

El significado del asesinato de Alfonso Cano

José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Después de más de 30 años de lucha guerrillera, el máximo jefe de las FARC-EP ha sido asesinado. Murió combatiendo, como un guerrillero raso más, mientras que quienes lo mandaron a asesinar, la élite dorada, jamás subieron al monte ni han puesto a uno sólo de sus hijos al frente de la batalla. Este era un desenlace que se veía venir, ya que desde el 2008 Cano se enfrentaba a una presión militar impresionante: 6.000 tropas de élite contrainsurgentes a su caza, cerco militar en el sur del Tolima y Cauca, bombardeos indiscriminados en toda esa región. Y finalmente lo “cazaron”, no en Tolima como esperaban, sino en Cauca. El procedimiento fue típico: inteligencia militar (con apoyo decisivo de la CIA), bombardeos, desembarcos desde helicópteros y orden de asesinar, no de capturar.

Este procedimiento, en flagrante violación del derecho internacional humanitario, está en plena concordancia con el componente de la guerra sucia del Estado colombiano llamada “Plan Burbuja”, según la cual hay que golpear a los mandos guerrilleros para provocar un proceso doble: por una parte, estimular las deserciones, por otra, producir un fenómeno de “bandolerización” por la pérdida de los mandos político-militares y desestructuración de la cadena de mando (lo último implica que lo que realmente preocupa a la oligarquía no son la violencia ni la seguridad de los ciudadanos, sino conservar el poder a toda costa).

La muerte de Cano es un golpe militar indudable a la insurgencia, que por primera vez sufre la baja de su líder máximo. No solamente es un golpe por el enorme aprecio que le tenían los insurgentes, sino por el genio político-militar que demostró en su período al mando. En el 2008 los medios, con su normal ignorancia de los temas del conflicto, especulaban sobre el supuesto conflicto en las FARC-EP entre el ala “militar” supuestamente liderada por el Mono Jojoy, y el ala “política”, supuestamente liderada por Cano, al que se le mostraba como un ideólogo dogmático sin experiencia militar significativa. Sin embargo, la realidad demostró lo espurio de los supuestos en los que se sustentaron estas tesis. Cano demostró una visión militar superior a lo esperado por los "opinólogos", logrando una reorientación estratégica de las FARC-EP que las llevaron a recuperar mucho del terreno perdido desde la implementación del Plan Colombia, adoptando una postura de ofensiva estratégica en vastas zonas del país que se aprecia en los contundentes golpes dados por la guerrilla en el período 2009-2011. También en lo organizativo, Cano supo descentralizar la organización para, por una parte, facilitar el trabajo político de masas y por otra, para absorber mejor los golpes del Plan Burbuja sin que se resintiera el conjunto de la organización.

Las FARC-EP, con estructuras más descentralizadas y flexibles, asimilarán con toda probabilidad este nuevo golpe y recompondrán las estructuras de mando para llenar este vacío. Es muy probable que el mecanismo de sucesión de mando previamente establecido (Cano estaba bien consciente de que su asesinato era inminente) ya esté andando y que el sucesor sea Iván Márquez.

Pero lo que está claro es que la resistencia de las FARC-EP a este embate no depende solamente de lo militar sino, fundamentalmente de lo político, y tambien en esto Cano supo abanderar una orientación política que lo demostró como algo distinto a ese personaje obscuro y ortodoxo descrito por los medios. Logró controlar los enfrentamientos entre estructuras farianas con estructuras del ELN en diversos puntos del país. No solamente eso: también logró un pacto estratégico con esa organización, lo cual ha fortalecido a ambos sectores insurgentes. También supo entender el contexto actual de movilización popular, defendiendo un proceso de negociación política del conflicto que permitiera articular las demandas de los diversos sectores populares subordinados. De una u otra manera, buscó formas de que las propuestas de la insurgencia volvieran a instalarse en la mesa como parte del debate político, más allá de temas como el acuerdo humanitario o el proceso de paz, actualizándolas con nuevas lecturas políticas y nuevos análisis de la realidad nacional e internacional. En este sentido, Cano demostró un liderazgo político-militar que permitió un salto estratégico de la organización guerrillera.

¿Morirá todo este trabajo hecho en el último tiempo con Cano? Aún cuando el asesinato de Cano repercutirá en las filas insurgentes, difícilmente ocurrirá tal cosa. El último informe de la Corporación Nuevo Arco Iris (“La Nueva Realidad de las FARC”), publicado en agosto, da cuenta de ello, cuando afirma que aún cuando la muerte de Cano sea inminente, ello difícilmente significaría el fin de la insurgencia o aún un escenario de desplome acelerado. Esta afirmación se sustenta en los hechos por varias razones: primero que nada, porque Cano no tomaba decisiones solo sino como parte de un cuerpo colectivo, el Secretariado Mayor. Se equivoca el establishment colombiano cuando cree que las FARC-EP son una organización sustentada en liderazgos carismáticos. El asesinato del Mono Jojoy (una figura de un carisma mucho mayor que el de Cano entre los guerrilleros) en 2010 así lo demostró –no hubo deserciones en masa y el Bloque Oriental mantiene la presión militar. Lo mismo pudo decirse del fundador de las FARC-EP, Manuel Marulanda, cuya muerte también se especuló que produciría un desmoronamiento de la organización –cuando ocurrió en realidad todo lo contrario, un restructuramiento de la organización y un fortalecimiento organizativo-. Pero tampoco será ese el escenario porque las orientaciones políticas que han enfrentado el intento de “aislamiento político” de la insurgencia, así como las estructuras que han permitido el reacomodo estratégico de las FARC-EP al nuevo escenario de guerra, dominado por el poderío aéreo del Estado y el perfeccionamiento de la inteligencia militar, ya están instaladas y andando. Y han demostrado ser efectivas [1].

Digamos que con la muerte de Cano la insurgencia pierde un valioso dirigente, pero no pierde la razón de ser ni su norte como organización. La orientación de Cano ha sido parte de una orientación colectiva que demuestra el dinamismo de la insurgencia de cara a una ofensiva militar sin precedentes por parte del Estado, así como el carácter orgánico de la guerrilla colombiana. Si bien Cano es el máximo dirigente asesinado, varios otros líderes han sido abatidos en el último tiempo gracias al Plan Burbuja y el efecto esperado por parte del Estado (desplome, desmoralización, bandolerización y deserciones masivas) no ha ocurrido. Y no ocurrirá porque las fuerzas que alimentan al conflicto siguen ahí, y la insurgencia conserva fuertes raíces en la Colombia rural pese a la campaña de exterminio y desplazamiento masivo del Estado colombiano, que llaman “consolidación territorial”. Y porque la insurgencia en Colombia es una insurgencia de carácter orgánico, no basada en caudillos carismáticos. Los movimientos insurgentes de carácter orgánico como las FARC-EP han sabido sobrevivir y aún fortalecerse después de la muerte de sus dirigentes, como ocurrió con el PKK tras el arresto de Abdullah Ocalan, con el FSLN tras el asesinato de Carlos Fonseca, o con las guerrillas africanas PAIGC o Frelimo, tras el asesinato de sus respectivos dirigentes Eduardo Mondlane y Amílcar Cabral. Y su martirio en ocasiones logra fortalecer la moral y redoblar la resolución de lucha de los rebeldes, con lo cual podría haber un efecto boomerang.

Santos, sobre el cadáver del adversario abatido profiere vivas a Colombia, sin poner en duda su concepción de país donde el poder se reafirma con ofrendas de sangre. Dice que el “crimen” no paga (confundiendo rebelión con crimen), mientras el país se asfixia en la corrupción promovida por familias cuyas fortunas se  han amasado mediante el asesinato, el desplazamiento, el robo de tierras y la entrega de los recursos naturales mediante pactos fraudulentos. Los medios reproducen partes triunfalistas en los que, ahora sí, nos vuelven a decir, estamos en el fin del fin; no en el fin inmediato, sino en la recta final, etc. Mientras hasta hace unas semanas se quejaban de una guerrilla envalentonada y un ejército desmoralizado, hoy afirman que la guerrilla está desmoralizada y que este golpe desmiente la tesis “maliciosa” de la desmoralización castrense. En realidad esta victoria, por las razones más arriba expuestas, es pírrica, y difícilmente alterará el curso del conflicto según se ha delineado en el curso del presente año o mejorará sustantivamente la moral de la tropa cuya baja se encuentra, como hemos afirmado en otra ocasión, en la naturaleza misma de esta guerra sucia tan degrada. Antes bien, este nuevo triunfalismo (mucho menos pronunciado que el triunfalismo tras la muerte de Raúl Reyes) podría jugar en contra de esa moral cuando el fin del fin no llegue.

Pero no sería correcto afirmar que nada cambiará en el nuevo escenario post-Cano; es indudable que este golpe tendrá efectos. El periodista Alfredo Molano advirtió de que esta victoria militar puede convertirse en una derrota política. Tal cosa no parece descabellada porque quedan claras las intenciones de “paz y diálogo” de Santos, quien ha posado como el presidente de los “derechos humanos”, abierto a la “negociación”. Será mucho más difícil sostener tal cosa para socialdemócratas como Medófilo Medina, Pacho Galán, León Valencia u otros que se han mareado con la “voluntad de paz” del gobierno, después de esta acción, pues ¿cómo hablar de paz mientras se asesina al interlocutor? Pongamos el caso irlandés como ejemplo: el Estado británico estuvo dispuesto a dialogar con la insurgencia (el IRA) y por ello, aunque tenían localizados plenamente a los líderes políticos del movimiento, no los asesinaron para permitir ese espacio de negociación. Tal cosa no ocurre en Colombia, precisamente porque la voluntad de paz o de diálogo no existe. Lo que se busca es el exterminio de los posibles negociadores para lograr la desmovilización. Es decir, la paz de los cementerios, o pacificación sin ninguna transformación política en el país. El resultado de esta política lo conocemos bien en Guatemala o El Salvador. Y eso no es lo que la mayoría del pueblo quiere para Colombia.

El gobierno cierra las puertas al diálogo, ¿cómo reaccionará la insurgencia? Es difícil predecirlo, pero sea lo que sea, es posible ver un período de agudización e intensificación del conflicto por delante pues no parece una opción cruzarse de brazos o seguir reiterando llamados al diálogo y la paz que caen en oídos sordos. Si el gobierno demuestra su voluntad de profundizar la vía militar, entonces es ella la que se profundizará, y sabemos lo que esa vía tiene para ofrecer a Colombia en el marco de la guerra sucia.

El gobierno no entiende el carácter orgánico de la insurgencia, pero sí entiende el carácter social más que militar del conflicto. Por eso es que en estos momentos en que repunta la lucha popular, con los estudiantes, obreros petroleros, trabajadores del transporte, campesinos movilizados, el gobierno se apresta a profundizar la guerra sucia, buscando ampliar el fuero militar, estigmatizando y criminalizando la protesta social, reforzando el aparato paramilitar. Saben ellos que el escenario donde se define el combate no es en el campo de batalla sino que en los campos y calles de Colombia, donde las masas vuelven a desafiar al sistema y a articular su proyecto emancipador. Aunque con los resultados de las últimas elecciones locales, con más de un 50% de abstención, se fortalece de manera superestructural la “Unidad Nacional” y el "santismo" barre toda oposición institucional, esa institucionalidad está cada vez más aislada, es cada vez más vulnerable ante un pueblo al que no se le ha dejado más opción que luchar. Santos aprueba los TLC que hambrearán a las muchedumbres y las someterán a una situación aún más desesperada que la actual. Sus “locomotoras del desarrollo” arrollan y destruyen a su paso las comunidades que quedan. El gobierno de Santos responde a las protestas del pueblo de manera militar, con una represión inusitada, pues no sabe responder de otra manera. Y con ello cierra todas las puertas a una solución al conflicto social que no sea la vía revolucionaria (que no guerrerista-militarista).

Que no se engañe Santos con sus pírricas victorias militares: su mundo anacrónico de dogmatismo neoliberal, entreguismo pro-imperialista, exacerbado conservadurismo, es un mundo en retroceso. Los tiempos actuales son tiempos de lucha, de revoluciones, donde las masas vuelven a adquirir protagonismo. Santos radicaliza el conflicto social y armado, que no es solamente bombardeos contra la insurgencia, sino una estrategia militar contra el conjunto del pueblo –ese es el significado del asesinato de Cano-. Pero en la medida en que se radicaliza el conflicto, las masas colombianas pueden dar a la oligarquía una buena sorpresa, precisamente en el momento en que se creen invencibles y precisamente por donde no lo esperan.

NOTA:

[1] Un balance del conflicto y la apuesta por la guerra sucia de Santos, la he hecho en un artículo previo “Santos: Luz Verde para la Guerra Sucia en Colombia”http://anarkismo.net/article/20768


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