03/02/2005
Recursos abundantes y ausencia del Estado hacen que las áreas mineras sean vulnerables a violencia y abusos contra derechos humanos.
La actividad minera en Colombia, así como en el resto de América Latina, genera controversia. Los intereses de las grandes compañías privadas y un Estado hambriento de inversiones a menudo chocan con las expectativas de los pequeños mineros, las poblaciones indígenas y los habitantes de las regiones ricas en minerales.
Adicionalmente, la violencia y los abusos de los derechos humanos han sido el común denominador en las regiones donde tiene lugar la minería en Colombia.
Entre 1995 y el 2002, los municipios mineros de Colombia fueron testigos de 6,626 asesinatos y 433 masacres —así como cientos de desapariciones forzadas, amenazas de muerte, arrestos arbitrarios por las fuerzas de seguridad del gobierno y casos de tortura—, afirma el Sindicato de Trabajadores de Minercol (SINTRAMINERCOL), en su libro La Gran Minería en Colombia: Las Ganancias del Exterminio. SINTRAMINERCOL representa a los trabajadores de la compañía minera estatal Minercol, la cual actualmente está siendo liquidada por la administración del presidente Álvaro Uribe.
Además, cerca del 70% de los desplazamientos forzados en Colombia ocurrieron en áreas mineras, petroleras o de gas, sostiene el sindicato. Los habitantes de las regiones ricas en minerales con frecuencia huyen para evitar ser capturados en los enfrentamientos entre los rebeldes, los paramilitares y el Ejército.
Los analistas afirman que hay una violencia que se relaciona con la actividad minera que puede ocurrir en cualquier parte. Pueblos inundados con dinero rápido se convierten en un cliché del "lejano oeste", plagados de alcoholismo, prostitución y bandidos que emboscan a los pequeños mineros.
No obstante, en el contexto del sangriento conflicto civil colombiano de 40 años, hay otros elementos. "Tanto la guerrilla como los paramilitares han enfocado su accionar en zonas prósperas, es decir, donde hay recursos", tales como las cosechas de droga ilícita, petróleo, gas, y minerales que pueden financiar sus operaciones, afirma un experto de la empresa de investigación en seguridad y asuntos externos Fundación Seguridad y Democracia, que prefirió mantener su nombre en el anonimato.
El gobierno, los grupos de poder económico y los intereses locales también a menudo compiten en aquellas regiones donde la tierra, los recursos y las posibilidades para futuros proyectos están en juego. La misma dinámica se da ya sea si las áreas están dominadas por la actividad minera o por otras lucrativas empresas. "El hecho de que sea una zona minera no la hace excepcional en el contexto del conflicto", dice el experto.
La industria minera colombiana abarca desde las minas de carbón explotadas por multinacionales hasta regiones ricas en oro explotadas por mineros de pequeña escala que alternan la actividad minera con otras actividades. También se producen esmeraldas —una industria que hace muchos años desplegaba pequeños ejércitos privados para proteger sus minas— tanto como níquel, fosfatos, mármol, granito y pequeños volúmenes de cobre.
Muchos proyectos mineros se localizan en algunas de las regiones más pobres de Colombia. Adicionalmente, muchos abusos contra los derechos humanos "se cometen contra líderes sindicales y sociales, quienes pueden hablar a favor de sus derechos o los de su comunidad", dice Ludivia Giraldo, jefa del departamento de Derechos Humanos del SINTRAMINERCOL.
Los paramilitares han sido a menudo implicados como los presuntos responsables de violaciones contra los derechos humanos en toda la nación. En años pasados, los paramilitares ganaron el control de la mayoría de las áreas ricas en minerales, dicen los analistas.
En el 2001, en el más notorio caso de derechos humanos en la industria minera de Colombia, paramilitares asesinaron a tres dirigentes del sindicato de la compañía estadunidense de carbón Drummond Company Inc., que opera en el departamento de Cesar. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (SINTRAMIENERGÉTICA), y los herederos de los dirigentes están demandando a la Drummond alegando que los paramilitares eran agentes de la compañía o empleados. La compañía niega los cargos.
Los paramilitares tienen también una historia de uso de violencia y terror para forzar a los pequeños mineros a salir de las zonas de minería aurífera, aunque es un tema en debate determinar qué intereses están ellos promoviendo. Sin embargo, "los intereses de los paramilitares, los intereses de la política nacional minera y los intereses de las multinacionales coinciden", dice el diputado Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Independiente, haciendo notar que probar estas relaciones es difícil.
SINTRAMINERCOL es más directo cuando culpa a alguien. "El Estado colombiano, el gobierno de EEUU, sus ejércitos, sus paramilitares, sus mercenarios, sus agencias, sus funcionarios diplomáticos, sus multinacionales y los ejecutivos de éstas son los mayores responsables de la violación de los derechos humanos de las poblaciones mineras y petroleras", dice el sindicato.
El problema, sostiene el sindicato, es la política minera del gobierno, que busca garantizar y proteger la inversión extranjera. EEUU es responsable de dar su ayuda a las Fuerzas Armadas colombianas, la probada relación entre los militares y los paramilitares, y el uso de la ayuda militar de EEUU en las regiones mineras.
Jairo Herrera, director asistente de planeamiento minero en la gubernamental Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), rechaza el punto de vista de que los paramilitares allanan el camino a la inversión multinacional. Legalmente hablando, él dice, no hay necesidad de ello.
Las compañías privadas interesadas en un área minera deben simplemente comprar un título y conseguir un permiso ambiental, y los que sean necesarios. Los pequeños mineros que operan en la misma área sin un título no tendrán ningún derecho legal a permanecer.
El gobierno subsidió un programa en los últimos tres años para animar a los pequeños mineros a registrarse por títulos. Sólo 2,000 habían firmado cuando el programa terminó en el 2004, dice Herrera. Muchos otros podrían quedar fuera del negocio.
Los críticos no están en contra de toda inversión extranjera, dice Giraldo. "Pero sí estamos en desacuerdo en que esa inversión extranjera se haga violando los derechos del pueblo colombiano, de las comunidades que habitan esas zonas mineras, y de los trabajadores y sindicalistas".
Las compañías privadas mineras dejan un 60% de sus ganancias en Colombia, pagando impuestos y regalías, dice Herrera. En el 2003, las regalías mineras ascendieron a US$130 millones.
La violencia podría disminuir si el gobierno prohibiera a las multinacionales buscar concesiones en regiones tradicionales de pequeña minería. El gobierno ya ha creado algunas de estas reservas, citando como razón la violencia de la guerrilla, los paramilitares y otros grupos que afecta a los mineros.
Los cambios a la política minera, tales como mantener con vida a las empresas estatales mineras como Minercol, también podrían ayudar, dicen los abogados. La Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos e Industrias Similares (FUNTRAENERGÉTICA) propuso forzar a las multinacionales a reinvertir sus ganancias, incrementando sus regalías y la inversión social, y desarrollando las industrias de transformación del mineral que podrían crear puestos de trabajo y evitar que muchos colombianos busquen empleo con los grupos ilegales.
Otros ven la solución en el más amplio contexto del conflicto colombiano. "Es la misma solución que se aplicaría a cualquier otra zona del país", dice el experto de la Fundación Seguridad y Democracia. "La solución ideal es justamente que el Estado pueda llegar a esas zonas, no sólo con fuerzas militares o con policía. Tiene que llegar con educación, tiene que llegar con infraestructura, tiene que llegar con todos los componentes que uno espera de un Estado que promueva la institucionalidad".
http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=4113
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