
http://www.argenpress.info/2010/01/los-colombianos-en-el-extranjero-deben.html
GENOCIDIO SIN LÍMITES EN COLOMBIA
(AW) La propia Fiscalía general reconoce que hay en Colombia más de 25.000 desaparecidos. Líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro". El aliado fundamental del imperialismo en América Latina, hegemoniza hoy, el mas feroz genocidio solo igualado por el nazismo y fiel continuador y ejecutor de las políticas imperiales en la región.
Aparece en Colombia una fosa común con 2.000 cadáveres
Los cuerpos sin identificar ha sido depositados por el Ejército a partir de 2005
Familiares de un desaparecido cuyo cuerpo fue hallado en una fosa común llevan sus restos en autocar. - AFP -
ANTONIO ALBIÑANA - Bogotá - 26/01/2010 00:05
En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres "NN", enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.
Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.
Tras el cementerio de La Macarena, a 200 km. de Bogotá, se enterraron miles de cuerpos sin nombre
El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".
Desaparecidos
Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".
Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones "a partir de marzo", tras las elecciones legislativas y presidenciales, una delegación parlamentaria española integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó ayer a Colombia para estudiar el caso y hacer un informe para el Congreso y la Eurocámara. La situación de la mujer como primera víctima del conflicto y la de los sindicalistas (solo en 2009 fueron asesinados 41) centrarán también su trabajo en diferentes zonas del país.
Más de mil fosas en el país
El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.
La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.
La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.
"El Gobierno no quiere investigar"
Alfredo Molano. Sociólogo y escritor
Alfredo Molano, uno de los columnistas más influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.
¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.
¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.
¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes--
ANDRÉS IDÁRRAGA
300 2759396
Tomado de el Periodico Público de España:
http://www.publico.es/
http://www.redcolombia.org/
http://www.plataformamujercol.
La actividad minera en Colombia, así como en el resto de América Latina, genera controversia. Los intereses de las grandes compañías privadas y un Estado hambriento de inversiones a menudo chocan con las expectativas de los pequeños mineros, las poblaciones indígenas y los habitantes de las regiones ricas en minerales.
Adicionalmente, la violencia y los abusos de los derechos humanos han sido el común denominador en las regiones donde tiene lugar la minería en Colombia.
Entre 1995 y el 2002, los municipios mineros de Colombia fueron testigos de 6,626 asesinatos y 433 masacres —así como cientos de desapariciones forzadas, amenazas de muerte, arrestos arbitrarios por las fuerzas de seguridad del gobierno y casos de tortura—, afirma el Sindicato de Trabajadores de Minercol (SINTRAMINERCOL), en su libro La Gran Minería en Colombia: Las Ganancias del Exterminio. SINTRAMINERCOL representa a los trabajadores de la compañía minera estatal Minercol, la cual actualmente está siendo liquidada por la administración del presidente Álvaro Uribe.
Además, cerca del 70% de los desplazamientos forzados en Colombia ocurrieron en áreas mineras, petroleras o de gas, sostiene el sindicato. Los habitantes de las regiones ricas en minerales con frecuencia huyen para evitar ser capturados en los enfrentamientos entre los rebeldes, los paramilitares y el Ejército.
Los analistas afirman que hay una violencia que se relaciona con la actividad minera que puede ocurrir en cualquier parte. Pueblos inundados con dinero rápido se convierten en un cliché del "lejano oeste", plagados de alcoholismo, prostitución y bandidos que emboscan a los pequeños mineros.
No obstante, en el contexto del sangriento conflicto civil colombiano de 40 años, hay otros elementos. "Tanto la guerrilla como los paramilitares han enfocado su accionar en zonas prósperas, es decir, donde hay recursos", tales como las cosechas de droga ilícita, petróleo, gas, y minerales que pueden financiar sus operaciones, afirma un experto de la empresa de investigación en seguridad y asuntos externos Fundación Seguridad y Democracia, que prefirió mantener su nombre en el anonimato.
El gobierno, los grupos de poder económico y los intereses locales también a menudo compiten en aquellas regiones donde la tierra, los recursos y las posibilidades para futuros proyectos están en juego. La misma dinámica se da ya sea si las áreas están dominadas por la actividad minera o por otras lucrativas empresas. "El hecho de que sea una zona minera no la hace excepcional en el contexto del conflicto", dice el experto.
La industria minera colombiana abarca desde las minas de carbón explotadas por multinacionales hasta regiones ricas en oro explotadas por mineros de pequeña escala que alternan la actividad minera con otras actividades. También se producen esmeraldas —una industria que hace muchos años desplegaba pequeños ejércitos privados para proteger sus minas— tanto como níquel, fosfatos, mármol, granito y pequeños volúmenes de cobre.
Muchos proyectos mineros se localizan en algunas de las regiones más pobres de Colombia. Adicionalmente, muchos abusos contra los derechos humanos "se cometen contra líderes sindicales y sociales, quienes pueden hablar a favor de sus derechos o los de su comunidad", dice Ludivia Giraldo, jefa del departamento de Derechos Humanos del SINTRAMINERCOL.
Los paramilitares han sido a menudo implicados como los presuntos responsables de violaciones contra los derechos humanos en toda la nación. En años pasados, los paramilitares ganaron el control de la mayoría de las áreas ricas en minerales, dicen los analistas.
En el 2001, en el más notorio caso de derechos humanos en la industria minera de Colombia, paramilitares asesinaron a tres dirigentes del sindicato de la compañía estadunidense de carbón Drummond Company Inc., que opera en el departamento de Cesar. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (SINTRAMIENERGÉTICA), y los herederos de los dirigentes están demandando a la Drummond alegando que los paramilitares eran agentes de la compañía o empleados. La compañía niega los cargos.
Los paramilitares tienen también una historia de uso de violencia y terror para forzar a los pequeños mineros a salir de las zonas de minería aurífera, aunque es un tema en debate determinar qué intereses están ellos promoviendo. Sin embargo, "los intereses de los paramilitares, los intereses de la política nacional minera y los intereses de las multinacionales coinciden", dice el diputado Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Independiente, haciendo notar que probar estas relaciones es difícil.
SINTRAMINERCOL es más directo cuando culpa a alguien. "El Estado colombiano, el gobierno de EEUU, sus ejércitos, sus paramilitares, sus mercenarios, sus agencias, sus funcionarios diplomáticos, sus multinacionales y los ejecutivos de éstas son los mayores responsables de la violación de los derechos humanos de las poblaciones mineras y petroleras", dice el sindicato.
El problema, sostiene el sindicato, es la política minera del gobierno, que busca garantizar y proteger la inversión extranjera. EEUU es responsable de dar su ayuda a las Fuerzas Armadas colombianas, la probada relación entre los militares y los paramilitares, y el uso de la ayuda militar de EEUU en las regiones mineras.
Jairo Herrera, director asistente de planeamiento minero en la gubernamental Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), rechaza el punto de vista de que los paramilitares allanan el camino a la inversión multinacional. Legalmente hablando, él dice, no hay necesidad de ello.
Las compañías privadas interesadas en un área minera deben simplemente comprar un título y conseguir un permiso ambiental, y los que sean necesarios. Los pequeños mineros que operan en la misma área sin un título no tendrán ningún derecho legal a permanecer.
El gobierno subsidió un programa en los últimos tres años para animar a los pequeños mineros a registrarse por títulos. Sólo 2,000 habían firmado cuando el programa terminó en el 2004, dice Herrera. Muchos otros podrían quedar fuera del negocio.
Los críticos no están en contra de toda inversión extranjera, dice Giraldo. "Pero sí estamos en desacuerdo en que esa inversión extranjera se haga violando los derechos del pueblo colombiano, de las comunidades que habitan esas zonas mineras, y de los trabajadores y sindicalistas".
Las compañías privadas mineras dejan un 60% de sus ganancias en Colombia, pagando impuestos y regalías, dice Herrera. En el 2003, las regalías mineras ascendieron a US$130 millones.
La violencia podría disminuir si el gobierno prohibiera a las multinacionales buscar concesiones en regiones tradicionales de pequeña minería. El gobierno ya ha creado algunas de estas reservas, citando como razón la violencia de la guerrilla, los paramilitares y otros grupos que afecta a los mineros.
Los cambios a la política minera, tales como mantener con vida a las empresas estatales mineras como Minercol, también podrían ayudar, dicen los abogados. La Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos e Industrias Similares (FUNTRAENERGÉTICA) propuso forzar a las multinacionales a reinvertir sus ganancias, incrementando sus regalías y la inversión social, y desarrollando las industrias de transformación del mineral que podrían crear puestos de trabajo y evitar que muchos colombianos busquen empleo con los grupos ilegales.
Otros ven la solución en el más amplio contexto del conflicto colombiano. "Es la misma solución que se aplicaría a cualquier otra zona del país", dice el experto de la Fundación Seguridad y Democracia. "La solución ideal es justamente que el Estado pueda llegar a esas zonas, no sólo con fuerzas militares o con policía. Tiene que llegar con educación, tiene que llegar con infraestructura, tiene que llegar con todos los componentes que uno espera de un Estado que promueva la institucionalidad".
http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=4113
Por Agencia EFE – hace 13 horas
Bogotá, 19 ene (EFE).- Un total de once empresas o consorcios de seis países formalizaron su interés de participar en la subasta que adjudicará la construcción de una hidroeléctrica en el noroeste de Colombia, proyecto de una sociedad pública que tendrá un coste de 2.290 millones de dólares, informaron hoy sus promotores.
Los grupos empresariales interesados proceden de Brasil, Corea, China, México y Rusia, además de Colombia, precisó en un comunicado la Sociedad de la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), controlada por el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín.
Los once entran en un proceso de precalificación que deberá terminar el próximo día 28, cuando la sociedad promotora tiene previsto informar cuáles de ellas podrán participar en la subasta de adjudicación de la iniciativa.Los proyectos poseen 99.000 hectáreas y allí se incluye una explotación aluvial en el municipio de Zaragoza (Antioquia), cercano a El Bagre, otra zona minera de ese departamento.
Además de las concesiones, Minatura Gold adquirió algunos equipos de minería y otros activos relacionados con la actividad aurífera.
Como parte del reacomodo accionario originado en las transacciones, vendió
igualmente 6,7 millones de sus acciones a la filial estadounidense Minatura International, y a cambio recibió de 3,8 millones de dólares en efectivo.
Minatura Gold agregó que adquirió algunas concesiones mineras y activos de Minatura International en el proyecto Coco Hondo, a través de la compañía Minatura Colombia S.A.S.Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y laslibertades fundamentales de los indígenas
SEGUIMENTO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL RELATOR ESPECIAL ANTERIOR
El Relator Especial James Anaya presentó el dia de hoy su Informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.
El Informe es resultado de la misión de seguimiento realizada al país sudamericano en el mes de julio de 2009.
El Relator presenta un conjunto de recomendaciones al Estado con el fin de que contribuyan a abordar los desafíos y avanzar sustantivamente en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país, de acuerdo con las obligaciones y compromisos del Estado en esta materia.
Cita " El Relator Especial expresa su preocupación por las múltiples indicaciones de que la situación de los pueblos indígenas en el país no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad de la situación merece. En general, las leyes, programas y políticas del Gobierno no permiten una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país."
Texto completo del Informe en formato PDF y extracto con las Recomendaciones, disponibles aquí
http://www.politicaspublicas.