La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) dijo hoy haber recibido con satisfacción un fallo de la Corte Constitucional que declara ilegal una reforma al Código de Minas por no haber sido consultada con la minoría étnica.
La enmienda, adoptada el año pasado, debió haber sido sometida a consulta previa con los pueblos aborígenes, concluyó el jueves la Corte Constitucional, dentro de un estudio de control de legalidad de la norma, promovida por el Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe.
La reforma fue demandada ante el alto tribunal por la Onic y otras organizaciones no gubernamentales (ONG), bajo el argumento de que era inconstitucional "debido a la ausencia de consulta previa" con los aborígenes.
La ley fue "expedida al albur de los afanes del Gobierno de Uribe por entregar el país a las trasnacionales mineras" y "regulaba materias que representaban afectaciones directas para los pueblos indígenas", consideró la Onic en un comunicado difundido en Bogotá.
La ONG mencionó como afectaciones la delimitación de zonas para grandes proyectos extractivos mineros, la minería tradicional, las zonas de exclusión minera, los distritos mineros especiales y la prórroga de los contratos de concesión de explotación, entre otros.
Por ello "era imperativo" consultar con los pueblos indígenas, insistió la Onic, que recordó que ya en 2008, en una sentencia sobre otra norma, titulada Ley General Forestal, declarada ilegal, la Corte Constitucional había adoptado su postura.
En su decisión, la Corte Constitucional advirtió de que, dado que la norma forestal versaba sobre una "materia que se relaciona profundamente con la cosmovisión de esas comunidades y su relación con la tierra, y que, por acción o por omisión, es susceptible de afectarlas de manera directa y específica, no hay alternativa distinta a la de declarar la inexequibilidad de la ley".
La Onic agregó que, más recientemente, el mismo tribunal ordenó suspender un proyecto de puerto multipropósito en la bahía caribeña de Santa Marta por no haber sido consultado con los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa.
La iniciativa afectaba un territorio considerado sagrado por estas comunidades asentadas en la norteña Sierra Nevada de Santa Marta.
En otra sentencia reciente, la Corte Constitucional también ordenó al Gobierno que suspendiera la construcción de una carretera y de las obras de interconexión eléctrica de Colombia con Panamá por un territorio de la etnia Embera en el departamento selvático del Chocó.
La Onic, que representa a 102 pueblos con menos de un millón de miembros, ratificó que la minoría étnica está agobiada "por el riesgo de extinción física y cultural" por efecto "del conflicto armado, e desplazamiento forzado y el abandono institucional".
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