PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

jueves, 30 de julio de 2009

Organizaciones sociales rechazan bases de EEUU en Colombia


"No a las bases gringas" - Foto: Omar Vera

Por: Omar Vera – julio 24 de 2009

En lo que podría ser la primera demostración pública en contra de la posible instalación de bases militares de EEUU en nuestro país, un grupo de organizaciones sociales y políticas de Bogotá realizó en la tarde de hoy un acto cultural y político que convocó al menos a 200 capitalinos junto a la histórica Casa del Florero, donde hace 199 años se produjeron los hechos que desencadenaron el el grito de independencia colombiano.

El acto de rechazo, que contó con la presencia de dirigentes de la Gran Coalición Democrática, las centrales obreras y a las principales redes de lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), se inició al medio día sobre esta transitada esquina de la Plaza de Bolívar en Bogotá y buscó conmemorar los 226 años del nacimiento del Libertador rechazando el anuncio que, el pasado 20 de julio, día de la independencia de Colombia, hiciera el presidente Álvaro Uribe Vélez de la próxima firma de un acuerdo con el gobierno de Barak Obama para entregar la base aérea de Palanquero, en el Magdalena Medio, a los militares de EEUU, junto con al menos tres bases más, cuya ubicación no ha sido revelada por el gobierno, pero que la prensa especula podrían ubicarse en Malambo (Atlántico), Apiay (Meta), Bahía Málaga (Valle del Cauca) o Tumaco (Nariño).

La entrega de estas bases, junto con la compleja red de más de doce grandes instalaciones militares que hoy reciben financiación directa o alojan personal de EEUU en labores del Plan Colombia, aumentaría la intervención militar de la potencia del norte en nuestro país, que ya mantiene a un número incalculable de uniformados y 'asesores' norteamericanos en suelo nacional y que está convirtiendo a Colombia en una amenaza para los países vecinos. Por esto, los manifestantes que hoy salieron a las calles bogotanas no dudaron en denunciar que la instalación de los puestos de control gringos no hará otra cosa que agudizar el conflicto interno y sería usado como excusa para aumentar las tensiones con los países vecinos que, con excepción de Panamá y Perú, han optado por regímenes alternativos que se enfrentan a los intereses de EEUU en la región.

Adicionalmente, la instalación de las mencionadas bases enfrenta un conflicto adicional, cuando el Comando Sur de EEUU busca que el reemplazo del Puesto de Seguridad Cooperativa que hasta la semana pasada estuvo en Manta (Ecuador) siga permitiendo el control sobre todo el litoral pacífico del continente, mientras el gobierno colombiano busca que las operaciones que se desplieguen desde estas instalaciones refuercen la llamada 'política de seguridad democrática' y sirvan para golpear a la insurgencia, lo que implica, según Uribe, que “el acuerdo con los Estados Unidos de América [sirva] para erradicarlos por siempre”.

El posible acuerdo entre el Ministerio de Defensa colombiano y el Comando Sur de los EEUU debería pasar en los próximos meses por el Congreso de ambos países para su trámite constitucional y ser ratificado por ambos mandatarios para su puesta en marcha, Sin embargo, dado que el tratado que creó la base de Manta, en 1999, violó las propias normas constitucionales de Ecuador, los manifestantes han advertido que es necesario mantener la movilización para exigir que este tratado cumpla con la mínima legalidad y sea posible, cuando menos, imponer a los militares norteamericanos unas reglas de juego que impidan que sigan cometiendo delitos en nuestro país. Mientra tanto, se anuncian nuevas movilizaciones para rechazar cualquier tipo de instalación militar de EEUU en suelo colombiano.

http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/1610

Varias bases gringas bajo la misma Manta


Manta en Colombia


Por: Omar Vera*

Con el cierre de la base de Manta, ubicada en la costa Pacífica de Ecuador, y la propuesta del gobierno colombiano para que ésta sea trasladada a suelo colombiano, los intereses de Estados Unidos en el continente se juegan una carta fundamental. La base gringa estaría dispersa en varias instalaciones militares colombianas para, de este modo, multiplicar la 'guerra preventiva' y el control de buena parte de Suramérica.

No sólo se trata de la ubicación de uno de los principales centros de operaciones y de control de los gringos en el mundo. De dispersarse en el territorio colombiano, las operaciones de la base que funcionaba en Manta, cuyo fin decidió el gobierno de Rafael Correa, la intervención de la potencia del norte en Colombia se consolidaría.

Los recursos que, como los del Plan Colombia, se destinan a la guerra aumentarían considerablemente, mientras se exportaría la militarización de la sociedad y el intervencionismo gringo a los países vecinos, internacionalizando aún más el conflicto colombiano.

Luego de que, en 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciara que la decisión de no renovar el acuerdo era irrevocable y que prefería 'cortarse un brazo' antes de permitir que Manta siguiera operando como puesto militar de EEUU en Suramérica, la búsqueda de un nuevo emplazamiento sobre el Pacífico se ha vuelto una tarea prioritaria para los gringos: Perú y Colombia han sido los destinos más estimados para reubicar estas instalaciones, gracias a la cercanía con Washington de los presidentes Alan García y Álvaro Uribe.


Santos picando a Venezuela

Sin embargo, no fue sino hasta el anuncio, el año pasado, del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la disposición de Colombia de ofrecer a los militares gringos una nueva ubicación para la base, que el debate nuevamente se calentó. En ese momento, el ministerio encabezado por Santos propuso como emplazamientos para la nueva base lugares como La Guajira y Arauca, ubicados en la frontera con Venezuela, en un claro intento por tensionar las relaciones con la hermana república. El Comando Sur rechazó en ese momento la propuesta de Bogotá por no ofrecer claras ventajas para el control del Pacífico.

Una nueva propuesta fue realizada por Santos en la víspera de la visita del almirante Michael Mullen, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, del pasado 5 de marzo, y ha sido planteada también al almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur, quien tendrá la última palabra antes de su aprobación por el presidente Obama y el Congreso de ese país.

En ella, se proponen diferentes opciones para dispersar lo que había en Manta, de acuerdo con lo negociado con el Comando Sur durante el último año. Según informaciones filtradas a la prensa, existe gran interés de parte de Washington por utilizar sitios como Tumaco (Nariño) y Bahía Málaga (Valle del Cauca) como bases navales y de inteligencia aérea, mientras bases aéreas como la Marco Fidel Suárez (Cali, Valle del Cauca), Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Tres Esquinas (Caquetá) serían consideradas como opciones para emplazar tropas de tierra y para el aterrizaje de aeronaves de gran envergadura para el transporte de personal, como el Galaxy C-5, o de aviones de combate.


Pequeñas bases para expandirse por Suramérica

Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación regional de asesoría en Derechos Humanos (Inredh) de Ecuador, señaló que “están construyendo un esqueleto militar que les permite una intervención rápida, en un momento en el que EEUU ha entrado en crisis”, lo que significaría una mayor disuasión hacia “los países empiecen a negarle la venta de recursos, especialmente energéticos”. Por eso, ese país estaría tendiendo toda una red de “bases militares con aeropuertos muy bien dotados, muy fuertes, que les permitan aterrizar aeronaves grandes, como el Galaxy, que son aviones que les dejan transportar en pocas horas a miles de soldados”.

Así, en América Latina y el Caribe, ese país mantiene 17 instalaciones de radar de largo alcance, como la de Tres Esquinas (Caquetá), financiada enteramente por el Plan Colombia; dos bases de tierra, en Guantánamo (Cuba) y Soto Cano/Palmerola (Honduras); y cuatro Puestos de Seguridad Cooperativa (Cooperative Security Locations) en Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz (Aruba), Hato Rey (Curazao) y Manta (Ecuador). De ser aprobada la propuesta de dividir en tres lo que operaba en Manta, las facilidades militares autorizadas por los países del continente para las operaciones gringas ascenderían a 25, sin contar con la multitud de bases 'nacionales' en las que militares de EEUU y mercenarios de empresas como Dyncorp prestan labores de 'asesoría', como ocurre en Tolemaida, Larandia, Arauca y Cartagena, en Colombia.

No es casual que Tumaco y Bahía Málaga sean opciones de primera mano. En ambos puertos, la Armada Nacional cuenta con bases bien posicionadas sobre el Pacífico que, si bien no están ubicadas en el extremo occidental de Suramérica, como Manta, no obligarían un gran cambio de planes para Washington: la distancia entre el puerto ecuatoriano y Tumaco es de apenas 375 km, mientras a Bahía Málaga son apenas 660 km. Adicionalmente, el gobierno colombiano se beneficiaría al eliminar la presencia guerrillera en esas zonas y el norteamericano por su cercanía con futuros mega proyectos extractivos, principalmente de agua, minerales y biodiversidad, en el Macizo colombiano y Chocó, dos de las mayores reservas naturales y acuíferas con las que cuenta Colombia.

El debate se centra, entonces, en el mejor emplazamiento para las operaciones aéreas y las tropas de tierra que concentrarían los EEUU en nuestro país. No mentía el ex ministro en sus intenciones al ofrecer, en el pasado, La Guajira y Arauca –sede del Batallón de Infraestructura Energética, que custodia el oleoducto Caño Limón-Coveñas y que fue una de las inversiones prioritarias del Plan Colombia– como posibles reemplazos de Manta, empleando esa propuesta como arma política para enturbiar las relaciones con Venezuela y provocar tensiones en la frontera.

Tampoco lo hace ahora, cuando Tres Esquinas y Larandia (Caquetá) son la punta de lanza del Plan Consolidación; cuando la Marco Fidel Suárez permitiría el control aéreo de todo el suroccidente y cuando Palanquero, ubicada en pleno Magdalena Medio, permitiría un acceso rápido de aviones bombarderos a casi cualquier rincón del país. El ex ministro Santos busca que se den operaciones conjuntas de las Fuerzas Aéreas de ambos países para golpear a la guerrilla y, así, acumular réditos con Washington para la Seguridad Democrática y una eventual campaña presidencial.


La manta para cubrir el Pacífico

En 1999, EE.UU. debió devolver a Panamá el canal interoceánico ubicado en el istmo y las instalaciones de la Base Howard, desde donde operó, durante la Guerra Fría, el Comando Sur de su fuerza armada. Allí, luego de la invasión a Panamá en 1989, se ubicaba uno de los principales laboratorios de armas químicas del mundo. A partir de entonces, la estrategia norteamericana ha creado una red de instalaciones militares en todo el continente, en las que sus tropas y servicios de inteligencia se encuentran apostados para el control de extensos territorios, mediante operaciones navales y aéreas permanentes que viabilicen sus intereses en la región.

Manta ha sido una de las principales piezas del rompecabezas gringo. El llamado 'Puesto de Seguridad Cooperativa' fue emplazado allí luego de que, el 31 de marzo de 1999, fuera firmado el “Convenio de concesión de facilidades logísticas” para permitir que los militares estadounidenses usaran la base aérea, la base naval y el puerto de esa localidad de la provincia de Manabí.

Ello les daba los gringos un punto de entrenamiento, abastecimiento y concentración de sus tropas, principalmente en operaciones aéreas y de inteligencia de gran envergadura, lo cual fue ratificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Jamil Mahuad, el 12 de noviembre de 1999, con una duración de diez años, que podría prorrogarse al final de dicho periodo.

Desde entonces, el puerto ecuatoriano ha sido de fundamental importancia para el control del litoral pacífico de toda América Latina: desde México hasta la Patagonia chilena, las operaciones desplegadas desde Manta afectan a toda la región en sus relaciones comerciales, planes energéticos, explotación de recursos naturales y, por supuesto, estrategias militares. El Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia dan claro testimonio de la injerencia que, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas, EEUU ejerce a través de Manta.

Pero la cosa no termina allí. Según diversos analistas, el traslado rápido de recursos naturales, especialmente acuíferos de lugares como el Nudo de los Pastos, y de materias primas hacia territorio norteamericano, que se facilita por esta costa mucho más que por el Caribe, harían del puerto sobre el Pacífico una necesidad para la economía más poderosa del mundo, en momentos de una recesión que le podría hacer perder algunos de sus privilegios.

Adicionalmente, el creciente comercio con China a través del Océano Pacífico preocupa profundamente en Washington, especialmente en momentos de crisis y de aumento de los gobiernos de izquierda en el continente. Por eso, el control de lo que entra y sale por los puertos ubicados en este litoral, se vuelve una de las tareas urgentes a resolver mediante la militarización, pues quien controla las aguas controla el movimiento de los cargueros y, con ello, el comercio internacional.

El Comando Sur de los Estados Unidos, que concentra casi diez veces el personal del Departamento de Estado para América Latina, responde así a la pérdida del control sobre algunos mercados o renglones específicos de los mismos, en los países de la región que mejores condiciones puedan tener para priorizar el comercio con China, pasando por encima de los intereses de las multinacionales gringas, luego de que los gobiernos de Venezuela y Brasil manifestaran su interés por lograr acceso a puertos del Pacífico para la exportación de hidrocarburos y mercancías diversas.


Manta y el Plan Colombia

La participación de personal y equipos de la base de Manta en el conflicto colombiano no es nueva. Desde la aprobación en el Congreso de EEUU del Plan Colombia, esta instalación militar ha sido crucial para el desarrollo de las operaciones contrainsurgentes en el suroccidente y para el control de los cielos y costas colombianos.

La más reciente muestra de esta participación fue denunciada el año pasado por el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, quien indicó que un avión de inteligencia Lockheed HC-130 de la fuerza aérea norteamericana despegó de Manta la noche del 29 de febrero de 2008 y regresó a esa instalación al día siguiente hacia las 4:00am, pudiendo haber servido de refuerzo a las aeronaves colombianas que bombardearon el campamento de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano, durante la llamada 'Operación Fénix', considerada ilegal por la OEA y que terminó con la muerte de 'Raúl Reyes', 25 guerrilleros y cuatro civiles más. En ese momento, el ministro Ponce dijo que “la CIA estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Angostura”.

Efectivamente, el complejo de más de 24.000 hectáreas ha sido el epicentro de muchas operaciones fundamentales para que los éxitos de la llamada 'política de seguridad democrática' hayan dado resultados para sus financiadores en Washington. La conexión de Manta con Tres Esquinas y Larandia (Caquetá), así como con la ofensiva del Plan Patriota (2003-2007) sobre Putumayo y Nariño, fueron realizadas gracias a información recopilada por aviones Awac y P3 de la inteligencia aérea norteamericana que partieron de Manta. Así lo indican los registros de navegación de dichas aeronaves y los informes de resultados que los militares colombianos presentaron en su momento sobre varias de las ofensivas tácticas realizadas contra las FARC en el suroccidente colombiano.

El pretexto de ejercer control al contrabando de cocaína y otras sustancias psicoactivas, bajo el que se cobijó a la base de Manta en el momento de su creación, nunca fue alcanzado: más bien, el puerto ecuatoriano se convirtió en epicentro de inteligencia en el continente y soporte fundamental en la Iniciativa Regional Andina, nombre que se le dio al Plan Colombia en sus implicaciones para los países vecinos.

Luis Ángel Saavedra, director Inredh, señala en este sentido que el trabajo de su organización y de la Coalición No Bases, ha permitido saber que, en Ecuador, “esa base no sirvió para el control del narcotráfico: Manta ahora es el primer puerto de exportación de droga en el país, nuestra conclusión es que nunca controlaron el narcotráfico sino que la base sirvió para apoyar logísticamente la implementación del Plan Colombia”, agregando que “el conflicto colombiano involucra a la región: parece ser que la intención del gobierno colombiano es desbordarlo para desestabilizar a los países que, de alguna manera, han optado por regímenes progresistas y que se oponen a la política de intervención de Estados Unidos”.

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* Publicado originalmente en Periódico POLO

http://elturbion.modep.org/drupal/?q=node/1607


miércoles, 22 de julio de 2009

Gravedad de la violencia en Medellín sobrepasó todos los límites: Ruta Pacífica de las Mujeres

COMUNICADO DE PRENSA

No. 8 - 2009



Las mujeres insisten en que las autoridades no pueden minimizar más la situación



La gravedad de la violencia en Medellín sobrepasó todos los límites, señala la Ruta Pacífica de las Mujeres



  • Incertidumbre, miedo e impotencia es lo que afrontan hoy por hoy habitantes de la segunda ciudad del país por el incremento de los hechos violentos.

Medellín, 21 de julio de 2009. – Ante el recrudecimiento de la violencia en diferentes barrios y zonas de Medellín, la Ruta Pacífica de las Mujeres manifesta su preocupación y reclama acciones decididas de las autoridades para el reconocimiento de los hechos y la implementació n de estrategias que afronten la complejidad de la situación.

Para este movimiento pacifista y feminista son múltiples las formas de violencia que afectan actualmente a las mujeres y a sus familias en Medellín, generando desplazamiento forzado dentro de la misma ciudad.

Una de las situaciones más graves la vive el asentamiento Altos de la Virgen, ubicado en la Comuna 13, donde la confrontación entre grupos armados vulnera considerablemente a la población. Los efectos son considerables, especialmente en las mujeres que deben presenciar la muerte de sus hijos, compañeros, hermanos y vecinos; asimismo, en los niños y niñas que reciben la presión emocional del terror y la muerte.

En las últimas tres semanas se ha recrudecido el conflicto en este asentamiento, lo que suscita el desplazamiento diario de dos a cuatro familias, que huyen por el temor y la zozobra que ocasionan las reacciones violentas de los grupos armados; además, de la huida de algunas personas por persecuciones y amenazas directas contra su vida.

Esta situación genera a su vez la imposibilidad que los niños y niñas puedan asistir al colegio y utilizar los espacios recreativos; igualmente, la comunidad se ve impedida para transitar libremente por el barrio o por sectores aledaños.

Las retaliaciones entre las bandas han desencadenado homicidios selectivos dentro y fuera de este sector. También se han presentado golpizas y graves heridas a jóvenes, amenazas a mujeres por relaciones afectivas con hombres vinculados al conflicto, represiones sociales como toques de queda ilegales que no permiten el desarrollo de las actividades cotidianas, imposibilitando la asistencia a los lugares de trabajo, lo que aumenta la vulneración social y económica de la comunidad.

Por parte de miembros de la fuerza pública se han presentado persecuciones y golpizas a habitantes del barrio, sindicados de pertenecer a los grupos armados o de participar en acciones violentas.

Para la Ruta Pacífica de las Mujeres estos hechos en Altos de la Virgen, sumados a otros que se están viviendo en toda la ciudad, exigen un compromiso decidido de la administració n municipal con medidas de seguridad y convivencia que favorezcan a la población civil.

Las mujeres reclaman la construcción real y efectiva de estrategias que permitan a la comunidad en general vivir dignamente sin ser objetivo militar de ningún actor armado.

Ruta Pacífica de las Mujeres

viernes, 17 de julio de 2009

ASQUEROSO PANEGIRICO DE LA MINERIA: ¿EL PUEBLO COLOMBIANO SERA COMO LOS BEVERLY RICOS?

¿Maldición minera?

17-07-09 -
La minería constituye una gran oportunidad y para aprovecharla se requieren políticas adecuadas que conjuren sus riesgos macroeconómicos y ambientales, sin dar al traste con exploración y explotación. De los mapas de América que se estudiaban en el colegio, había uno que planteaba un enigma indescifrable. No era el mapa político con su caprichosa asignación de colores, ni el físico con sus cordilleras en relieve.

El mapa del desconcierto era el de la geografía económica, que nos decía que Venezuela y Ecuador eran ricos en petróleo y otros productos mineros, mientras Colombia poseía unas vastas llanuras desoladas. Y uno miraba una y otra vez el mapa, y no salía del asombro: minería en Venezuela, minería en Ecuador... ¿y en Colombia nada?

Lo que creíamos que era ausencia resultó ser simple ignorancia. Si hubiéramos visto entonces un mapa geológico, habríamos descubierto que el subsuelo colombiano estaba bastante inexplorado en comparación con el de los países vecinos.

Por supuesto que aquí había desarrollos mineros que databan de la época de la colonia, pero buena parte de nuestro subsuelo era un misterio y siguió siéndolo hasta el final del siglo pasado, con excepción de algunos hallazgos petroleros en las escasas zonas del país donde se había podido explorar haciéndole el quite a la guerrilla.

Y ahora que el Estado ha empezado a recuperar el control del territorio nacional, el país ha empezado a parecerse a los Beverly ricos, aquellos personajes televisivos de los años sesenta que de repente descubrieron que habían estado parados sobre un tesoro durante años sin darse cuenta.

Hay que aclarar que Colombia no es aún una potencia minera: en los últimos años la producción de la minería, excluyendo hidrocarburos, no ha superado el 3 por ciento del PIB nacional.

Pero también hay que tener presente que el auge de la minería es innegable: la mitad de la inversión extranjera que ha llegado al país en los últimos años ha ido a la minería, y en el primer trimestre de este año el sector fue el que más creció, duplicando el dinamismo del financiero y el de la construcción.

Pero así como los Beverly ricos no sabían qué hacer con la riqueza que encontraron bajo sus pies, nosotros estamos pasmados ante los riesgos que conlleva el auge minero: mayor revaluación por acá, dilemas ambientales por allá, fiebre del oro más allá (¿vieron la impresionante foto de Zaragoza, Valle, que publicó El Tiempo el domingo pasado?).

Estos riesgos han hecho que algunos fatalistas hayan empezado a decir que nos cayó una maldición minera. Seamos serios: si la minería fuera una maldición, Chile no tendría la economía ejemplar que tiene, en gran parte gracias a sus exportaciones de cobre; o Canadá no sería el país admirable que es, con su producción de potasio, uranio y aluminio; o Australia no estaría donde está, con la minería generando el 40 por ciento de sus exportaciones.

La minería constituye una gran oportunidad para Colombia, y para aprovecharla se requieren políticas adecuadas que conjuren sus riesgos macroeconómicos y ambientales, sin dar al traste con la exploración y la explotación. Si países como Chile, Canadá o Australia han podido aprovechar la riqueza del subsuelo para beneficio de toda la economía, ¿por qué no vamos a poder nosotros?

Para lograrlo es necesario que el próximo gobierno, sea novato o repitente, genere un superávit fiscal que permita ahorrar los nuevos recursos y neutralice la revaluación, y que además formule políticas claras y estables que garanticen una producción minera ambientalmente sostenible.

Se oyen propuestas...
MAURICIO REINA Investigador Asociado de Fedesarrollo

600 mercenarios "contratistas" más en Colombia

SEGUN EL ACUERDO, EL PAIS ANDINO ACEPTARA LAS OPERACIONES DE 800 MILITARES Y 600 CONTRATISTAS EXTRANJEROS

EE.UU. instalará tres bases en Colombia

Washington supliría las operaciones antidrogas que dejará de realizar a partir de hoy en Manta, Ecuador. El Congreso y el Consejo de Estado colombianos reaccionaron porque no se los consultó. Desde el Ejecutivo insistieron en que no fue una imposición del Norte.

Por Katalina Vásquez Guzmán
http://www.pagina12.com.ar/fotos/20090717/notas/na23fo000.jpg

Desde Medellín

Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para que más militares norteamericanos se instalen en el país latino. Serían 800 militares y 600 contratistas extranjeros en tres bases de Colombia. El Consejo de Estado y el Congreso de la República, que está de vacaciones, no fueron consultados al respecto, lo que suscitó fuertes críticas en estos estamentos y la oposición. Además, la decisión fue interpretada por muchos como una reacción por el cierre de la base militar en Manta, Ecuador, pues hoy vence el plazo para que un contingente norteamericano que ocupa el país vecino desde 1999 se retire del territorio, como lo ordenó el presidente Rafael Correa hace un año.

El ministro de Defensa de Colombia, general Fredy Padilla, negó que los hechos tengan relación y dijo que se trata de “un esquema de cooperación moderna”. El presidente Alvaro Uribe afirmó que “obtener acuerdos con países como los Estados Unidos para que, con todo el respeto a la Constitución colombiana y a la autonomía de Colombia, nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país”.

Por su parte, el Consejo de Estado se manifestó preocupado por la decisión y pidió explicaciones. Rafael Ostau Delafont, presidente del Consejo, le recordó a la prensa un artículo de la Constitución del que “el Ejecutivo debe tener pleno conocimiento”. El artículo 189 dice que corresponde al presidente de la República “permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”, lo que contradice la afirmación de Uribe sobre el respeto a la Constitución. A última hora de ayer, llegó una suerte de reparación. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Internacionales abrió un diálogo preliminar con el mencionado Consejo.

Los militares de Estados Unidos se asentarán en el Caribe colombiano de Malambo, puerto al Norte, la localidad de Palanquero (Centro) y la base de Apiay (Suroeste). Y en próximos días podrían sumarse también las bases de Tolemaida (Centro) y Larandia (Sur), según el general Padilla. En Colombia, actualmente hay presencia de militares norteamericanos desde el Norte hasta el Sur del país. La base más grande está en Tres Esquinas, Caquetá (Sur); hay una más en Villavicencio, Meta (Centro), y en Florencia está la base de la Hacienda Larandia, donde se ubica la llamada “inteligencia técnica” del Pentágono.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, explicó que el acuerdo de ayer no significa que habrá más bases militares estadounidenses en Colombia. En Caracol Radio afirmó que la autorización de llegada de militares norteamericanas tiene el fin de prestar una asesoría técnica con operación de mando de las Fuerzas Militares colombianas. “No habrá ninguna restricción en ninguna base para las autoridades colombianas, solamente se aceptará esa asesoría”, indicó agregando que “no tiene nada que ver la base de Manta”.

Varios parlamentarios rechazaron la autorización y dijeron que para los tratados internacionales en ese sentido es obligatorio el concepto del Congreso. Así lo expresaron el senador liberal Juan Manuel Galán y Jairo Clopatofsky, del Partido de la U. Para la oposición, la “soberanía colombiana está marchita, estamos entregando la soberanía, nos estamos comportando como un país súbdito de Estados Unidos”, según dijo Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo.

Según AFP, “Estados Unidos supliría desde tres bases militares colombianas las operaciones antidrogas que dejará de realizar el viernes desde la base ecuatoriana de Manta, según un acuerdo que negocian Bogotá y Washington, sin ninguna prisa por parte de Colombia”. En el Palacio de Nariño se repitió que en el acuerdo “se cumple la Constitución y la ley” y que no se trata de una imposición de Estados Unidos.

jueves, 16 de julio de 2009

Solidaridad YA. Gobierno y Palmeros desalojan a comunidad en el Sur de Bolivar



Escrito por Casa
martes, 14 de julio de 2009

URGENTE: Solidaridad con 123 Familias Campesinas.

El Gobierno Colombiano y empresas palmeras desplazan a 123 familias campesinas de la Vereda de Las Pavas, Sur de Bolivar.

POR FAVOR, EXPRESEN SU SOLIDARIDAD MANDANDO CARTAS y/O LLAMANDO A LAS AUTORIDADES PARA QUE GARANTIZEN EL RETORNO DE ESTAS FAMILIAS DESALOJADAS VIOLENTAMENTE EL DIA DE HOY:

El Inspector de Policía del municipio del Peñón del sur del departamento de Bolívar, OMALDO GARCIA CAPATAZ, ordenó de forma arbitraria el DESALOJO DE 123 FAMILIAS CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS, pese a que los representantes del Ministerio Publico presentes (Defensoría del Pueblo y Personería Municipal) se opusieron a la diligencia y solicitaron la suspensión de la misma, sin que por parte del Inspector se hubiese atendido dicha solicitud
Miembros de la Policía nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, desde las primeras horas de la mañana de hoy martes 14 de julio acordonaron el predio en mención impidiendo la entrada y salida de los pobladores del predio y de las personas que los acompañan, posteriormente, incursionaron en la comunidad, aproximadamente a la 1:00 p.m., y tras destruir 7 viviendas de los campesinos y saquear sus enseres, procedieron a dar cumplimiento a las orden de desalojo y desplazaron a las 123 familias, entre las cuales se encontraban varias mujeres embarazadas, y aproximadamente 100 niños y niñas, algunos de ellos recién nacidos.
En este momento las familias a las cuales se les vulneraron sus más elementales derechos, se encuentran desplazadas en el corregimiento Buenos aires del municipio del Peñón Sur de Bolívar.
Por lo anterior, las organizaciones abajo firmantes exigimos:
• Al gobierno nacional garantice el retorno inmediato de la población desplazada a su predio.
• Se inste al INCODER para que agilice los trámites correspondientes a la solicitud de la comunidad sobre la extinción de dominio que se encuentra en curso.
• Se repare económicamente a la comunidad de las pavas por los daños causados por los miembros de la fuerza pública en aras del cumplimiento de la orden de desalojo.
• Se brinde la asistencia humanitaria a la población desplazada y se atienda de forma especial a la población infantil, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Federación Agrominera del Sur de Bolívar
Corporación Sembrar
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia
Coordinador Nacional Agrario - CNA
Asociación Nomadesc
Corporación Utopías
Campaña prohibido olvidar
Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Internacional
Grupo Semillas.
Proceso de Comunidades Negras.
Organización Femenina Popular - OFP
Asociación Paz con Dignidad – España

ACTUALIZACION SITUACION COMUNIDAD DE LAS PAVAS


MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL Y DEL ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS HAN
DESTRUIDO SIETE VIVIENDAS Y HAN SAQUEADO ENSERES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
LAS PAVAS


La esperanza de la comunidad de las Pavas del Sur de Bolívar, no desvanece a
pesar de ver como derrumban sus viviendas

Informamos con impotencia y desconsuelo, que el desalojo en contra de la
comunidad de la vereda las Pavas, del municipio del Peñón Sur del
departamento de Bolívar, se está haciendo efectiva.

Miembros de la Policía nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, desde
las primeras horas de la mañana de hoy martes 14 de julio acordonaron el predio
en mención impidiendo la entrada y salida de los pobladores del predio y de las
personas que los acompañan, posteriormente, incursionaron en la comunidad,
aproximadamente a la 1:00 p.m., para desalojar las familias entre las cuales se
encuentran varias mujeres embarazadas, y aproximadamente 100 niños y niñas,
algunos de ellos recién nacidos. Ya han destruido 7 viviendas de los
campesinos que se encuentran asentados en el predio, y los pobladores
denuncian que existe en este momento saqueo por parte de los miembros de la
Policía que hacen parte del operativo.

El Inspector de Policía del municipio del Peñón del sur del departamento de
Bolívar, OMALDO GARCIA CAPATAZ, ordenó el DESALOJO DE 123 FAMILIAS
CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS, pese a que los representantes del
Ministerio Publico presentes (Defensoría del Pueblo y Personería Municipal)
se opusieron a la diligencia y solicitaron la suspensión de la misma, sin que
por parte del Inspector se hubiese atendido dicha solicitud.

La comunidad, interpuso una acción de tutela ante el Juez Promiscuo Municipal
de San Martín de Loba, con una solicitud de medida cautelar a favor de las
comunidades, pero aun no ha sido resuelta, sin que por parte de la Inspección
de Policía se haya suspendido el desalojo provisionalmente, mientras el Juez
falla la misma.

Hemos solicitado al Procurador General de la Nación, con el fin de que
intervenga de manera inmediata, teniendo en cuenta su función constitucional
de prevenir actos violatorios a los derechos humanos y estamos atentos a la
actuación que procuraduría pueda hacer para hacer respetar la posición de
los demás entes del Ministerio Publico, quienes han solicitado en forma
perentoria suspender la diligencia. Hasta el momento desconocemos las
actuaciones que haya realizado procuraduría.

Esta situación ha sido comunicada en el día de hoy también al señor
Ministro del Interior, Procurador General de la Nación, Programa Presidencial
de Derechos Humanos y DIH, Gobernador del departamento de Bolívar. No
conocemos las medidas adoptadas.

Reiteramos de manera urgente su intervención con el propósito que:

1. Se ordenen las medidas urgentes y necesarias para proteger la comunidad de
la vereda las Pavas, especialmente, los más de 80 niños y niñas entre los
cuales se encuentran bebes recién nacidos, adultos mayores y un número de
mujeres embarazadas que podrían ser objeto de violación a sus derechos
fundamentales.
2. Se adopten las medidas necesarias para detener la diligencia programada para
el día de hoy martes, permitiendo así que se siga el trámite normal de la
extinción de dominio y que el gobierno Nacional brinde soluciones duraderas
respecto al derecho fundamental a la Propiedad de la tierra en conexidad con el
mínimo vital.
3. Se proteja y respete la integridad física y moral de los campesinos y
campesinas de Las Pavas, como de las personas y organizaciones que los están
acompañando.

4. Se adopten las medidas necesarias para evitar los daños a los cultivos de
pan coger y enseres pertenecientes a la comunidad.

La Corporación SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS “SEMBRAR” Y LA FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR “FEDEAGROMISBOL”, ponen en conocimiento de la comunidad Nacional e Internacional la fragante violación a los derechos humanos de la que vienen siendo objeto los campesinos y campesinas de la vereda las Pavas del municipio del Peñón en el sur del departamento de Bolívar - Colombia y solicita su solidaridad urgente.


Para el día del 14 de julio de 2009, la alcaldía del Peñón, por intermedio de la Inspección de Policía ha ordenando el desalojo de 123 familias campesinas que desde el año 1997, de forma paulatina, pero constante, se han asentado en el predio conocido como las Pavas, ejerciendo actos demostrativos de posesión, desarrollando explotación económica del predio, realizando mejoras para optimizar el rendimiento agrícola de las tierras y de esta manera garantizando el derecho a la alimentación de su comunidad y de las comunidades cercanas y constituyéndose formalmente como Asociación, hoy en día ASOCAB. (Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires).

El predio rural LAS PAVAS, ubicado en jurisdicción del municipio de El Peñón, corregimiento de Buenos Aires, en el departamento de Bolívar, tiene una extensión mayor a las 3.000 hectáreas, fue abandonado por su propietario señor JESÚS EMILIO ESCOBAR FERNÁNDEZ (Testaferro de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano) desde el año de 1997.

Hacia el año 2003 los grupos “paramilitares” hicieron presencia en la región intimidándolos y ejecutando actos violentos, asesinatos y mutilaciones, hechos que consiguieron no sólo sembrar el terror sino también provocar de forma directa el desplazamiento de toda la comunidad que se encontraba ocupando el predio LAS PAVAS. Luego de las amenazas proferidas a partir del año 2003, se produjo el cese parcial y temporal de la explotación productiva.

Entre los años 2003 y 2006, estas familias en su situación latente de desplazamiento, retomaron lentamente la ocupación del predio, dada la necesidad de explotación de la tierra y solicitaron la intervención del INCODER para efectos de la declaratoria de Extinción del Dominio sobre una extensión de tierra de aproximadamente 1.235,5 hectáreas.

Las sociedades APORTES SAN ISIDRO S.A. y C.I. TEQUENDAMA, miembros de FEDEPALMA, Federación Nacional de Cultivadores de palma de aceite, figuran como adquirientes parciales de mejoras y dominio del predio desde el año 2007, para este entonces ya los campesinos ocupantes del predio habían solicitado la extinción del dominio sobre una parte del mismo, la cual no ha sido resulta, por esta razón las empresas ya sabían de los objetivos de los campesinos de poseer el predio, faltando de forma grave a uno de los principios estipulados en la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible el cual reza que los cultivadores de palma deben demostrar su derechos a usar la tierra y que este no este legítimamente impugnado por las comunidades locales con derechos demostrables.

Estas sociedades APORTES SAN ISIDRO S.A. y C.I. TEQUENDAMA, solicitaron a través de una acción policiva el amparo a la posesión por ellos detentada. La Alcaldía del Peñón, por intermedio de su Inspección de Policía resolvió tomar medidas que favorecen a dichas sociedades y que violan claramente los derechos humanos y en particular el derecho al trabajo y a la alimentación de estas, al dictar orden de desalojo de esta comunidad campesina para el día 14 de julio, desconociendo así la normatividad vigente en esta materia, el tramite de la extinción de dominio y especialmente sus derechos como desplazados, victimas del conflicto armado.

De otra parte, el caso de las familias campesinas de la vereda Las Pavas, ha sido puesto en las discusiones presentadas en la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, (espacio de interlocución de las comunidades del Sur de Bolívar con el gobierno colombiano), en la cual los representantes del gobierno se habían comprometido por medio de INCODER a prestar especial interés a esta situación, acuerdo que fue incumplido.

Con base en lo anterior solicitamos a la comunidad nacional e internacional su solidaridad con estas 123 familias campesinas expresado en comunicaciones a las autoridades competentes exigiendo que:
• Se adopten las medidas necesarias para detener la diligencia programada para el día martes, permitiendo así que se siga el trámite normal de la extinción de dominio y que el gobierno Nacional brinde soluciones duraderas respecto al derecho fundamental a la Propiedad de la tierra en conexidad con el mínimo vital.
• Se adopten las medidas necesarias para evitar los daños que las actividades de terceros causen en el acceso a los recursos productivos de las comunidades.

LISTADO DE AUTORIDADES.
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

ANDRÉS FERNANDEZ ACOSTA
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Av. Jiménez No. 7-65 Bogotá D.C
PBX : 3341199
contactenos@minagricultura.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

RODOLFO CAMPO SOTO
Gerente del Incoder
PBX: 383 0444
Av. El Dorado CAN, Calle 43 #57-41

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
secretaria_privada@hotmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

CATALINO MEZA RUIDIAZ
Alcalde del Peñón Bolivar
alcaldia@elpenon-bolivar.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Tel. 4293474 / 3114914378

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 1

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