La región ha sufrido más de 140 crímenes y 13 desplazamientos forzados. Ya es sistemática la violación al derecho fundamental a la alimentación a las familias de Caracolí- Curvaradó por parte de los empresarios de la ganadería extensiva y del plátano, ante la inacción de la policía que ignora las denuncias de las víctimas de los destrozos a sus cosechas. Estos empresarios criminales gozan y proyectan la consolidación y el control social del territorio, mientras las víctimas son criminalizadas en virtud de la “seguridad democrática” y el “Estado comunitario”.
Justicia y Paz ha documentado exhaustivamente las evidencias (http://justiciaypazcolombia.com/Persisten-las-amenazas-y-nuevas) de que las estructuras paramilitares están enquistadas en la vida económica, y política de la región: “Las amenazas, las ocupaciones ilegales, el desconocimiento del Derecho, el uso del aparato judicial contra las víctimas operan eficazmente, desfigurando una vez más el propósito del Derecho, desvertebrando la relación entre la ley y la ética, entre la economía y la dignidad humana”, denuncian. Y describen cómo repetidas violaciones de derechos humanos de la población local suceden con complicidad de la policía y de la Brigada 15 del Ejército Nacional: “Lo paramilitar se impone sobre el derecho. Las autoridades locales obedecen las órdenes de los despojadores, las instancias de justicia obran a voluntad de los victimarios”. Impunidad, inacción e ilegalidad por parte del Estado están a la orden del día.
Significa esto que las operaciones paramilitares y paraempresariales se desarrollan a través de la institucionalidad de un Estado y que hoy se erige en Colombia como de Hecho, sin Derecho. La anunciada desmovilización (como se conoce a la disolución de las estructuras paramilitares) es tan sólo simulada, y sobre ella se desarrollan nuevas estrategias de control social y territorial, político y económico a través de la misma institucionalidad local que hace a los empresarios que ocupan ilegalmente los territorios beneficiarios de trámites fraudulentos y de créditos oficiales.
Los hechos descritos suceden a las puertas de una Misión Internacional convocada por organizaciones nacionales e internacionales, que entre el 1 y el 11 de julio de 2009 verificará los impactos que la expansión de los cultivos para agrocombustibles (palma aceitera y caña de azúcar) en Colombia.
NOTA IMPORTANTE: Desde 2007 Salva la Selva ha organizado diferentes acciones de protesta por email en relación a esta problemática, y miles de cartas han sido enviadas a las autoridades colombianas en señal de acompañamiento a las comunidades y a los defensores de derechos humanos cuyas vidas tambien están constantemente amenazadas. Nuestros compañeros en Colombia nos manifiestan que es muy importante continuar enviando cartas, para contribuir a proteger a quienes luchan por su vida y su territorio y para frenar la impunidad. Firme su carta ahora mismo. Esta se envía automáticamente a las autoridades.
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