GORKA CASTILLO – 11/06/2009
La segura y democrática Colombia que Álvaro Uribe vende por el mundo sangra por dentro. La última contabilidad fiable realizada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y ACNUR apunta a que cuatro millones de personas, la mayoría campesinos indígenas y afrodescendientes, vagan por el país en busca de cobijo. Fustigados por la brutalidad de grupos armados, la voracidad de transnacionales y el narcotráfico, estos desplazados procedentes de las regiones más ricas del país como Boyacá o Chocó son las víctimas silenciadas de un conflicto que ya dura 40 años.
Poco ayuda la política del presidente colombiano, que no sólo tira por la borda los intentos de organizaciones civiles para acabar con esta sangría humanitaria sino que con sus continuas apelaciones a cerrar filas “contra el terror subversivo” envía sistemáticamente al fuego de los infiernos a los discrepantes con su política. No en vano, el hombre que mantiene en vilo al país con la posibilidad de optar a un tercer mandato cultiva como pocos la filosofía de que su destino es salvar a los colombianos de su mayor pesadilla, las FARC. Pero Colombia también convive con otros fantasmas. Nueve de cada 10 sindicalistas que mueren violentamente en el mundo son colombianos.
Crímenes de Estado
Luz Elena Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se cubre el rostro antes de hablar sobre la falta de sentido en su país. “Los medios asocian la bondad del presidente con los éxitos obtenidos contra las FARC. Y ese prejuicio perpetúa la imagen errónea de que avanzamos hacia la democracia plena”, dice.
¿Qué Colombia es ésta? “Un país brutal donde la grave crisis humanitaria está aplastada por una maquinaria mediática vinculada a un sector empresarial que, con la complicidad del Estado, no duda en recurrir a la violencia para incrementar su riqueza”, responde el periodista José Manuel Martín Medem, corresponsal en Colombia durante dos años y autor de un furibundo libro sobre la historia de este país titulado Colombia feroz: Del asesinato de Gaitán a Uribe.
Con 41 de los 208 legisladores encarcelados por sus vínculos con los paramilitares, todos ellos uribistas, la democracia colombiana no parece un modelo de inspiración regional. Basta un vistazo a las denuncias sobre la sistemática violación de derechos humanos formalizadas por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI), para darse cuenta de que autoritarismos armados y seudodemocracias tintan buena parte del territorio.
Desde que Álvaro Uribe dijo en 2002 que el país no padecía un conflicto armado sino “una amenaza terrorista”, la expansión del poder ejecutivo ha carcomido leyes con decisiones al margen de los tribunales de justicia, como la de extraditar a EEUU a paramilitares que estaban dispuestos a explicar sus nexos con el Estado. “Ha cerrado la puerta a colaboraciones en crímenes de lesa humanidad. La ley de Justicia y Paz sólo afectó al 10% de los 30.000 paramilitares que se desmovilizaron. El resto ha quedado impune y muchos se han reciclado en grupos con idénticos objetivos”, explica Mónica Costa, responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional en España.
En un exhaustivo estudio sobre el impacto de las transnacionales realizado por el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), Pedro Ramiro da cuenta de historias kafkianas sobre el contexto de la violencia estructural que padece Colombia. “Dos terceras partes de los desplazamientos forzados se producen en zonas donde se llevan a cabo proyectos de explotación minero-energética”, asegura. El resultado es que, aunque la inversión extranjera directa se ha multiplicado por diez, la pobreza interna no ha disminuido y el negocio de la cocaína ha repartido 3.000 millones de dólares al año, la misma cantidad que las divisas procedentes de las exportaciones de petróleo.
Garantías judiciales
La responsable española de Política Exterior de AI cree que el Gobierno colombiano está cometiendo gravísimos errores en materia de derechos humanos. “La política de Seguridad Democrática es contraproducente en términos de derecho humanitario internacional y confiar en las buenas intenciones de leyes como la de Justicia y Paz significa dejar en manos del Gobierno la decisión de quién es terrorista o narcotraficante”.
Pero la estrategia para exculpar al presidente del juego sucio practicado durante los últimos siete años parece haber comenzado un lento declive que puede causar estragos en un país minado. Las cifras hablan del drama: desde 2002 han desaparecido o han sido asesinadas 11.282 personas por motivos políticos y “el 14,2% de los autores fueron agentes estatales y el 61% paramilitares”, concluye el investigador de OMAL. Según UNICEF, 5.000 niños siguen muriendo cada año en Colombia por desnutrición, mientras el Estado invierte casi el 6% de su PIB en comprar armas.
Y la guerra contra las FARC no ha ni mucho menos terminado. Departamentos como el Meta siguen siendo lugares peligrosos e inestables. La guerrilla no ha bajado de las montañas ni ha salido de las impenetrables selvas. El crédito que Uribe se ganó con su reacción como comandante en jefe de la patria, peligra.
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