DANIEL GRISALES
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Los planes de desarrollo minero presentados por los últimos gobiernos en Colombia así como el Código de minas, definen al Estado como un facilitador y fiscalizador de la iniciativa privada en las actividades extractivas. Bajo los principios propios de la perorata neoliberal, el Estado se auto-inhibe de disponer de sus recursos naturales, recibiendo por su explotación una ínfima parte de las astronómicas ganancias de las grandes empresas del sector -la mayoría de ellas transnacionales-.
Un estudio titulado "Cálculo del indicador económico Government Take para el sector minero en Colombia", realizado para la Unidad de Planeación Minero Energética por la Universidad de los Andes, revela que el nivel de Government Take (GT) en el sector minero en Colombia es del 22 %, es decir que por cada 100 pesos producidos por esta industria en el país, el Estado solo recibe 22, y esto sumando todos los impuestos tanto directos como indirectos que deben pagar las empresas entre los que se encuentran además de las regalías; el impuesto a la renta, al patrimonio, industria y comercio, el IVA, el canon superficiario, entre otros. En Chile -el país latinoamericano que más beneficios tributarios le ofrece a las empresas según el ranking de libertad económica del Instituto Fraser-, el GT en el mismo sector es de 26 %.
Una de las preguntas que surge de esto, es si con lo que el Estado percibe de las empresas mineras, se alcanza a mitigar siquiera algo de los pasivos ambientales, sociales y económicos que deja una de las actividades industriales más destructivas y contaminantes, o si con esto se alcanzan a cubrir por ejemplo los gastos militares destinados a proteger los grandes proyectos mineros que se han asentado en el país en los últimos años -los 80 mil soldados destinados a cubrir la infraestructura petrolera del país nos pueden dar pistas sobre cuánto podría ser el gasto en aquel campo-.
Los estudios del economista Guillermo Rudas, revelan que el monto de las exenciones tributarias hechas a las grandes empresas mineras en el país, supera la cifra que estas pagan por regalías. Para 2009 por ejemplo las regalías ascendieron a 6.5 billones de pesos y las exenciones por lo menos a 3.5, para el 2010 el pago de regalías por parte de las empresas fue de 6.4 billones y las exenciones a estas fueron por lo menos de 9.7. Es decir que no solamente el nivel de regalías que pagan las empresas es bajo (4 % para el oro por ejemplo), sino que además lo que pagan por este concepto se les devuelve con creces vía exenciones.
Es importante resaltar que un porcentaje importante de estas exenciones habrían sido conseguidas por las empresas haciéndole trampas a la legislación del país con jugadas que van desde pasar como Responsabilidad Social Empresarial inversiones que en realidad necesitan para sus proyectos, hasta el fraccionamiento de los títulos mineros para pagar menos canon superficiario (aprovechándose del artículo 230 de la ley 685 Código de minas). Esto poniendo en cuestión a quienes para sustentar que sólo inversores privados puedan explotar los recursos, afirman que el Estado es poco eficiente debido a la corrupción propia del sector público.
No es gratis entonces que para el año 2010 y según el Ministerio de Hacienda, las compañías mineras y petroleras hubieran sido favorecidas con el 38% de los beneficios tributarios ofrecidos a las empresas en el país, específicamente de la deducción por compra de activos fijos reales productivos.
Con todo lo anterior se puede afirmar entonces que a los conocidos efectos sociales, culturales y ambientales negativos que genera la minería a gran escala y al evidente saqueo llevado a cabo por las grandes empresas mineras, se debe sumar el hecho tal vez más indignante de estarlo subsidiando.
Abril de 2012.
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