Reservas forestales no podrán ser objeto de minería: Minambiente
Beatriz Uribe, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Con la circular 18001 de 2011 el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reiteró la prohibición a las explotaciones mineras en zonas de reserva forestal.El documento precisa el alcance del decreto 2715 de 2010, en materia del procedimiento administrativo relacionado con la expedición de las solicitudes de legalización de minería tradicional y de minidragas, y garantiza de esta manera la recuperación y supervivencia de los bosques.
El comunicado expedido por la cartera del orden nacional se dirige a gobernaciones, alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo sostenible, Ingeominas y autoridades ambientales urbanas.
En este sentido, el documento establece que “no habrá lugar a legalización cuando las áreas solicitadas para legalizar se encuentren dentro de áreas excluibles de la minería de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 1382 de 2010”.
Entre tanto estipula la facultad de los alcaldes para que cierre las explotaciones e informe a la autoridad ambiental competente en la jurisdicción.
“No obstante, si la superposición es parcial, concluye la circular, el interesado puede continuar con la solicitud de legalización, siempre y cuando presente las nuevas coordenadas y planos en los que se excluya la superposición con la zona de reserva forestal”, explicó el ministerio.
La determinación del gobierno nacional da parte de tranquilidad a los diferentes actores que en el orden territorial se ha opuesto al interés de compañías dedicadas a la actividad para la extracción a futuro de minerales como oro, zinc y cobre de la cordillera Central, y cuyo caso más representativo es La Colosa.
Y aunque representantes de la firma que planeaba adelantar el proceso, la multinacional AngloGold Ashanti, había declarado a La Crónica del Quindío que los trabajos correspondientes a esta operación no involucraban terrenos del departamento y que todos se centraban en el Tolima, la preocupación se mantenía por el hecho de que se calculaban cerca de 60 licencias que se gestionaban para adelantar obras en la zona cordillerana del Quindío, incluyendo empresas como Cerro Matoso.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento, Julio César Cortés Pulido, se mostró satisfecho por la gestión realizada desde la administración con el gobierno nacional para impedir el desarrollo de una actividad minera que podría haber afectado la biodiversidad, el paisaje y el suministro del recurso hídrico del ente territorial.
“El gobernador Julio César López Espinosa ha sido muy claro, hemos recibido su mensaje en defensa de las condiciones ambientales del Quindío. Los alcaldes han sido contundentes y el gobierno departamental ha sido un auténtico vocero de las localidades. En este sentido tuvimos la oportunidad de socializar el tema con la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, en la reunión de la comisión Sexta del Senado en Armenia, en la que se abrió una mesa temática exclusiva donde se le mostró las condiciones en las que podría quedar el territorio cafetero en el caso en el que estas exploraciones y licencias se dieran”.
La gobernación también expuso la situación en otros escenarios, como en el Acuerdo por la Prosperidad que tuvo lugar en esta capital en diciembre pasado, con la disposición de una mesa de trabajo centrada en la materia, así como en las tres últimas versiones del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, Consa, en la que el ente territorial lideró la discusión ante el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Londoño.
“Para nosotros escuchar estas palabras es satisfactorio porque sabemos que estamos en un departamento con condiciones ambientales supremamente importantes y lo que queremos es apoyar los procesos ambientales. Esto se ve reflejado en hechos como ser el primer departamento de Colombia que paga un incentivo a la conservación y cuyos primeros aportes se hicieron a 35 familias que conservan 136 hectáreas en Salento con una suma de aproximadamente $122 millones”.
El titular de la cartera añadió que ya se han adquirido predios para conservación y adelantó que próximamente se firmará convenio con la universidad del Quindío para que se encarguen del manejo ambiental de estos.
“Creo que hay un trabajo importante y es satisfactorio saber que la cartera se ha comprometido con nosotros. Pero el anuncio da además coherencia a la aplicación de la normatividad, la cual era cuestionada al prohibir el otorgamiento de tierras comprendidas en la reserva forestal central para procesos de reforma agraria pero abrirse la posibilidad de que se permitieran explotaciones mineras”, concluyó.
Por: Andrés Felipe Mejía Álvarez
El comunicado expedido por la cartera del orden nacional se dirige a gobernaciones, alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo sostenible, Ingeominas y autoridades ambientales urbanas.
En este sentido, el documento establece que “no habrá lugar a legalización cuando las áreas solicitadas para legalizar se encuentren dentro de áreas excluibles de la minería de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 1382 de 2010”.
Entre tanto estipula la facultad de los alcaldes para que cierre las explotaciones e informe a la autoridad ambiental competente en la jurisdicción.
“No obstante, si la superposición es parcial, concluye la circular, el interesado puede continuar con la solicitud de legalización, siempre y cuando presente las nuevas coordenadas y planos en los que se excluya la superposición con la zona de reserva forestal”, explicó el ministerio.
La determinación del gobierno nacional da parte de tranquilidad a los diferentes actores que en el orden territorial se ha opuesto al interés de compañías dedicadas a la actividad para la extracción a futuro de minerales como oro, zinc y cobre de la cordillera Central, y cuyo caso más representativo es La Colosa.
Y aunque representantes de la firma que planeaba adelantar el proceso, la multinacional AngloGold Ashanti, había declarado a La Crónica del Quindío que los trabajos correspondientes a esta operación no involucraban terrenos del departamento y que todos se centraban en el Tolima, la preocupación se mantenía por el hecho de que se calculaban cerca de 60 licencias que se gestionaban para adelantar obras en la zona cordillerana del Quindío, incluyendo empresas como Cerro Matoso.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento, Julio César Cortés Pulido, se mostró satisfecho por la gestión realizada desde la administración con el gobierno nacional para impedir el desarrollo de una actividad minera que podría haber afectado la biodiversidad, el paisaje y el suministro del recurso hídrico del ente territorial.
“El gobernador Julio César López Espinosa ha sido muy claro, hemos recibido su mensaje en defensa de las condiciones ambientales del Quindío. Los alcaldes han sido contundentes y el gobierno departamental ha sido un auténtico vocero de las localidades. En este sentido tuvimos la oportunidad de socializar el tema con la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, en la reunión de la comisión Sexta del Senado en Armenia, en la que se abrió una mesa temática exclusiva donde se le mostró las condiciones en las que podría quedar el territorio cafetero en el caso en el que estas exploraciones y licencias se dieran”.
La gobernación también expuso la situación en otros escenarios, como en el Acuerdo por la Prosperidad que tuvo lugar en esta capital en diciembre pasado, con la disposición de una mesa de trabajo centrada en la materia, así como en las tres últimas versiones del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, Consa, en la que el ente territorial lideró la discusión ante el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Londoño.
“Para nosotros escuchar estas palabras es satisfactorio porque sabemos que estamos en un departamento con condiciones ambientales supremamente importantes y lo que queremos es apoyar los procesos ambientales. Esto se ve reflejado en hechos como ser el primer departamento de Colombia que paga un incentivo a la conservación y cuyos primeros aportes se hicieron a 35 familias que conservan 136 hectáreas en Salento con una suma de aproximadamente $122 millones”.
El titular de la cartera añadió que ya se han adquirido predios para conservación y adelantó que próximamente se firmará convenio con la universidad del Quindío para que se encarguen del manejo ambiental de estos.
“Creo que hay un trabajo importante y es satisfactorio saber que la cartera se ha comprometido con nosotros. Pero el anuncio da además coherencia a la aplicación de la normatividad, la cual era cuestionada al prohibir el otorgamiento de tierras comprendidas en la reserva forestal central para procesos de reforma agraria pero abrirse la posibilidad de que se permitieran explotaciones mineras”, concluyó.
Por: Andrés Felipe Mejía Álvarez
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