(AW) Argumentos sobran. Lamentablemente, los que se repiten en los medios masivos son falaces. Que son por la lucha contra el narcotráfico; que son para controlar a las guerrillas; que solo de entrenamiento conjunto… lo cierto es que las bases estadounidenses son una realidad, que, lejos de ser “defensivas”, se implementan para el ataque y la apropiación de todos los recursos naturales (el agua, por ejemplo) sumiendo a Colombia en el brutal colonialismo yanqui.
Colombia cuenta con costa en los dos océanos, lo que la hace centro de comunicaciones y comercio entre el norte y sur del continente. En su territorio se encuentra el río Atrato escogido por Estados Unidos para la construcción de un nuevo canal interoceánico a través del Plan Puebla Panamá. Se ubica en la zona ecuatorial por lo cual no tiene estaciones y tiene prolíficas tierras para la agricultura constante y diversa por la diferencia climática. Cuenta con selva AMAZÓNICA, selva en el pacífico (una de las mayores en precipitaciones), costa Caribe y la extensión a través de todo el territorio de la cordillera andina con tres derivaciones. Estas combinadas han posibilitado que el país se ubique en el primer lugar por su riqueza en anfibios, aves y orquídeas, es un país denominado megadiverso. Junto con los recursos de fauna y flora tiene recursos no renovables como petróleo, gas, oro, esmeraldas, carbón, uranio y es la PRIMERA FUENTE HÍDRICA DEL MUNDO.
Irrespetando esa diversidad, al igual que en otros países hermanos, grandes potencias interfieren en las políticas nacionales para promover una economía que los haga beneficiarios de estos recursos. El gobierno del país ha estado vinculado históricamente con grandes terratenientes y empresarios. Ha generado espacios de intervención internacional haciendo uso de estrategias de violencia extrema, que sumada a la inequidad ha generado la aparición de varios grupos subversivos. Algunos de ellos han sostenido una confrontación con el Estado desde hace cinco décadas. La violencia ejercida durante las últimas tres décadas ha estado a cargo de grupos paramilitares[1].
En Colombia el Estado ha implementado distintos modelos de represión el último de ellos dedicado a la reingeniería militar, legalización y legitimización del paramilitarismo (Proyecto Colombia Nunca Más). Este modelo ha dependido de la mezcla de financiación privada y nacional con las estructuras armadas militares y paramilitares, en un proyecto económico, militar y político.
En este último periodo Álvaro Uribe Vélez es la cabeza del proyecto que consolida la apertura a la intervención extranjera y el fortalecimiento de la fuerza paramilitar. Estableció un discurso totalitario en donde se asume que todo el que no acoge su política es un guerrillero y esto ha desembocado en la judicialización, detención, asesinato o desaparición de líderes sindicales, estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas, sociólogos, gente de teatro, líderes indígenas, mujeres liderezas, profesores universitarios[2]. Este proceso altamente militarista[3]ha sido financiado desde el 2000 (Mandato de Andrés Pastrana) por el gobierno norteamericano a través del plan Colombia, proyecto “para la lucha contra el narcotráfico”.
El resultado de estas políticas de Estado es:
La disminución del 35 al 25 % de la población rural del país.
La salida del país por parte de 5’000.000 de personas.
4’000.000 de personas desplazadas forzosamente.
La mitad de la población viviendo en la pobreza o la indigencia[4].
La difícil concreción de procesos de negociación con grupos guerrilleros que desemboquen, entre otras cosas en la liberación de secuestrados civiles e intercambio de rehenes.
Colombia se ha convertido en uno de los países más riesgosos para la lucha sindical y la defensa de los derechos humanos.
Una cifra desconocida de asesinados y desaparecidos que según el TPP suma 300.000, en la década del 50 había sumado 300.000 y entre los años 1986 y 1996 sumó 41.000. Datos extraídos de documentaciones incompletas pues no han podido realizarse en todas las regiones del país.
Fumigación o aspersión aérea de glifosato que no ha dado fin a los cultivos ilícitos pero si ha acabado con cosechas, contaminado el agua, generado enfermedades y la muerte de menores[5].
La ruptura del tejido social por la creación de estrategias de seguridad que vinculan a la población civil.[6]y otros innumerables impactos a nivel social como la ruptura y desconfianza ante la justicia, la autoridad, el proyecto colectivo, etc.
La propuesta de establecer siete bases norteamericanas en el país, ubicadas gracias a la geografía colombiana en las dos costas oceánicas, la región amazónica, y otros puntos estratégicos del continente es parte de la consolidación del modelo represivo al interior del país. Se continua vulnerando al movimiento social y sosteniendo el conflicto armado a su vez es un indicativo de la internacionalización del conflicto colombiano, que finalmente se desborda hacia los países vecinos. Los ataques dirigidos al territorio ecuatoriano y a la legitimidad de los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa son muestra de ello. Las estrategias de ataque mediático son un ejemplo de la lógica con la que se ha señalado, judicializado y atacado a todo el movimiento social al interior, usando como argumento un vínculo con los grupos guerrilleros acusados de terrorismo. Junto con el enfrentamiento bélico que señala los países fronterizos de Colombia y el beneficio que genera a la carrera armamentística, se pone en juego el control de la selva amazónica y las costas, así como el acceso a recursos perecederos y no perecederos que pueden sufrir daños incontables a causa de una invasión o ataque militar. La cantidad de especies vivas en riesgo por las políticas neoliberales demuestran que su existencia no es una preocupación para los grupos económicos, en cambio si debe serlo para los habitantes del sur americano.
Las bases militares son un gesto de internacionalización del conflicto. Son un golpe al movimiento social que existe y resiste en Colombia puesto en riesgo por el fortalecimiento del modelo de represión estatal con la intervención de los agentes norteamericanos.
La situación de Colombia requiere solidaridad y atención crítica por parte de aquellos que se vean interesados. ¡El momento histórico que vivimos nos exige integración!
¡Por la unidad y el equilibrio del continente suramericano!
¡Por el respeto a la democracia que se viene construyendo en los países hermanos!
¡Por solidaridad con el pueblo colombiano que ha sufrido los embates de décadas de terrorismo de estado y conflicto interno!
¡NO A LA UBICACIÓN DE BASES MILITARES NORTEAMERICANAS EN COLOMBIA!
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO (MOVICE-CAPITULO ARGENTINA)
[1] “La toma de los mercados nacionales, de la infraestructura y de las finanzas por los capitales transnacionales, ha estado acompañada por formas de violencia brutal contra los trabajadores, especialmente los sindicalizados, y contra la población en general, usuaria de muchos servicios. Se aprobaron leyes lesivas contra los trabajadores, arrebatándoles casi todos sus derechos conquistados en muchas décadas. El marco de terror dentro y fuera de las empresas fue complementado por la acción de los grupos paramilitares y los servicios de seguridad del mismo Estado, perpetrando un verdadero genocidio que ha costado la vida a cerca de 4.000 sindicalistas, en un período de 20 años, el desplazamiento forzado a más de 4 millones de pobladores y la salida del país de 5 millones de colombianos. Muchos más sufrieron atentados, detenciones arbitrarias, torturas y amenazas de muerte. En este marco de terror se introdujeron la contratación temporal y la “tercerización”, llegando a formas de semiesclavitud. 32% de los trabajadores laboran hoy día sin ningún tipo de contrato, el 60% son informales y el 44% no tiene ningún tipo de seguridad social” (Sentencia Final declarada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá en Julio de 2008)
[2]Desde el punto de vista político, dos partidos, el partido liberal y el partido conservador, reflejos de la burguesía y de la oligarquía han dirigido al país desde el siglo XIX, en alternancias más o menos regulares, concluyendo a veces un pacto oficial para compartir el poder (periodo conocido como el Frente Nacional). No han permito nunca la expresión de una alternativa política. Cada vez que un líder político podía presentar la esperanza de un cambio real ha sido asesinado: Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Galán y más recientemente Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarrro Leongomez o Bernardo Jaramillo. Los intentos de retorno a la vida política de ciertos grupos armados como por ejemplo el M-19 han sido obstaculizados por asesinatos de varios líderes y de numerosos militantes de este grupo. El caso más contundente de esta voluntad de impedir toda alternativa política es la eliminación física de más de tres mil cuadros de la Unión Patriótica (se ha hablado a este respecto de genocidio político). (Sentencia Final declarada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá en Julio de 2008).
[3] La suma de ejército y policía suponía en 2004 la cifra de 250.000 personas. En 2008 la cifra asciende a
430.000 personas, además de otras 600.000 en el ámbito de la seguridad privada. (Sentencia Final declarada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá en Julio de 2008).
[4] Según el informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza, y seis millones están en la indigencia teniendo que vivir con menos de un dólar por día y la distancia entre los más ricos y los más pobres va creciendo. (Sentencia Final declarada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá en Julio de 2008).
[5] Se han denunciado numerosos casos de muerte y enfermedad como parte de los efectos de las prácticas de fumigación indiscriminada con glifosato llevadas a cabo por la empresa Dyncorp, con productos fabricados por Monsanto, que contaminan suelos, aguas y cultivos. (Sentencia Final declarada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá en Julio de 2008)
[6] Con la elección de Álvaro Uribe Vélez en el 2002 el conflicto se extendió a una franja importante de la sociedad civil a través de la política de “seguridad democrática”. El objetivo asumido de esta política es la solución militar del conflicto desde los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron mecanismos o políticas que implicaban a la población civil en la guerra: redes de informante, soldados campesinos, entre otros. (Sentencia Final declarada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá en Julio de 2008)
AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH
No hay comentarios:
Publicar un comentario