PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

martes, 27 de octubre de 2009

TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA

DE LIBARDO SARMIENTO.

Querido Alfredo, te envío un fraterno abrazo. Con el dolor de padre y mi conciencia crítica te comento que el día sábado, en Tunja a las 8am, montaron un espectáculo mediático y militar (más de cien hombres fuertemente armados del ejército y el CTI) y detuvieron a mi hijo Luis Eduardo y su compañera Liliana, ambos estudiantes regulares de la UPTC. Los acusaron (sin pruebas, de terrorismo, extorsión y rebelión) y, el juez, presionado por los medios de comunicación y la fiscalía, en tres audiencias aceleradas y arbitrarias (sin escuchar los reparos de los abogados defensores) les imputo cargos y medida de aseguramiento (mi hijo se encuentra en la Modelo y Liliana en el Buen Pastor). Les imputan el atentado a Vargas Lleras, cuando recientemente en declaración ante Piedad Córdoba, "Don Berna" reconoció que el fue el autor intelectual de dicho atentado). El fiscal 10, Francisco Villareal, un hombre ideológica y claramente de derecha, hizo cargos genéricos, sin sustento alguno basado en "informantes" (además, es hermano de un coronel del ejército vinculado a una investigación por narcotráfico y alianza con paramilitares).. Te envío el pronunciamiento de los docentes y estudiantes de la UPTC en solidaridad con nuestro doloroso suceso; además otro pronunciamiento del Programa Justicia y Paz, para que nos ayudes a la divulgación.

LIBARDO SARMIENTO Profesor Universidad Pedagógica y tecnológica de Tunja y asesor de UNISEF

Respeto a derechos y garantías del libre pensar

A la opinión pública, a la comunidad universitaria UPETECISTA

y a los medios de comunicación

La comunidad académica, de profesores/as y estudiantes de la Maestría en derechos humanos, que ofrece para Boyacá y Colombia la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presentan su solidaridad, afecto y aprecio a su distinguido profesor Libardo Sarmiento Anzola. El profesor Libardo, es reconocido por la comunidad científica y académica, de las Ciencias Humanísticas y Sociales, como uno de los intelectuales más prestigiosos del país. Se destaca su representación para Colombia, de Le Monde Diplomatique, su dirección del periódico Desde Abajo y sus tesis sobre Democracia, Pobreza, Desarrollo, Justicia y Derechos Humanos. Su tránsito por Organizaciones e Instituciones Internacionales y Nacionales, lo ratifican como un intelectual, independiente, de profundas calidades éticas y morales.

Nuestra solidaridad, es también un reclamo por respeto con las otras voces, que habitamos esta realidad, con pocas o mínimas garantías, para el libre ejercicio del pensar. Cada día resulta más difícil pensar o actuar por fuera de los libretos de un Estado en cuestión. Colombia, padece un altísimo déficit de democracia y son reducidos los espacios para una convivencia basada en las ideas y los derechos. La fuerza intimida y tiende a imponerse con mayor impacto, mientras las razones, pierden tienden a ser sometidas al arbitrio de un pensamiento único, que no acepta pluralismos, ni diversidades.

El hecho político, concreto que da lugar a esta solidaridad, con las ideas y con el profesor Libardo, se refiere a la detención de su hijo Luis Eduardo y Liliana la compañera sentimental de Luis. Ambos son estudiantes activos de la UPTC, en los programas de Lenguas Modernas y de Ciencias Sociales respectivamente. Se les acusa de Terrorismo y Rebelión. Estas resultan ser hoy las sindicaciones más temibles, en el ámbito de la Seguridad Democrática. De ellas nadie está exento y pocos pueden defenderse con imparcialidad. “Un estudiante es aquel que lleva la rebeldía en su corazón”, dijo el maestro Germán Arciniegas, ¡eso son ellos¡. Por eso no compartimos los resultados de unas condenas apriori, ampliamente difundidas por algunos medios de comunicación. Consideramos, que lo que ocurre en materia de poder en Colombia, esta mediado por una acción de estrategia política, mediante la cual se criminaliza la protesta social, a la vez que se penaliza sobre alguien, lo que se quiere demostrar. Reclamamos respeto para nuestros jóvenes estudiantes, presentados ante la opinión pública como condenados, por presuntos actos que los señalan sin ser escuchados o vencidos en juicio, en delincuentes, capaces de volar un avión presidencial o colocar una bomba en una esquina de inocentes.

Como académicos de los derechos humanos, que somos, comprendemos que detrás de los estudiantes, hay lógicas de poder y modos de acción política. Pero ante todo ellos son seres humanos y por ellos abogamos. Son estudiantes y por ellos reclamamos. Por lo que ocurre, llamamos la atención sobre el papel inmediatista de algunos medios de comunicación, que conscientemente o no, con sus adjetivados titulares, contribuyen a desdibujar el papel histórico de las Universidades y en particular, las de naturaleza pública, en su función de creadoras de pensamiento crítico y constructoras de diálogos, inclusive para mantener la rebeldía, cuando las tiranías acechan, sin importar del lado político que estas provengan. Los derechos son para todos y todas y el primer derecho ante los estrados judiciales, de cualquier detenido, es el “derecho humano al debido proceso” y su garantía es la del amparo de la inocencia, hasta no recibir del juez imparcial e independiente la sanción correspondiente.

Somos conscientes de las tensiones del poder, por eso, reconocemos y defendemos las ideas que señalan que el Estado de Derecho, no se alimenta con la guerra, ni florece con la estigmatización. El Estado de Derecho, se construye con respeto por la independencia de los poderes públicos, la aplicación de la ley justa y el reconocimiento de los derechos humanos, como base sustancial de la existencia de la sociedad misma. Por estas razones expresamos solidaridad con los jóvenes universitarios, ellos representan la vitalidad de cualquiera de nuestros hijos/as, parientes o vecinos, universitarios o no, y la guerra parece ser su único destino de formación o de trabajo. También nuestra solidaridad y reclamo, es por justicia, por juicios justos, por el derecho a pensar diferente. Nuestra esperanza es por el derecho a vivir con dignidad, sin temor a ser perseguidos por el libre pensar, a avanzar hacia una democracia con derechos y libertades. Nuestra tarea vivir libres de la apatía, la Indiferencia, el temor, el terror y el miedo.

Reclamamos para que los estudiantes detenidos Luis y Liliana, tengan derecho a un juicio justo.

Y ratificamos para el profesor Libardo nuestro afecto y amistad.

Profesores/as y estudiantes de la Maestría en derechos humanos.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Tunja, Octubre 20 de 2009.

Desde la Injusta Prisión 33

Libertad a Luis Eduardo Sarmiento y Liliana Gutierrez

Martes 20 de octubre de 2009

Ellos LUIS EDUARDO y LILIANA, fueron privados de su libertad, el 16 de octubre de 2009, en un operativo conjunto de la Primera Brigada del Ejército Nacional y la Unidad Nacional de Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación, cuando se encontraban en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá.

Acusados con falsedades y montajes, de pertenecer a la Red de Inteligencia del Frente Antonio Nariño de las FARC, y de encontrarse supuestas hojas de vida con sus nombres en el computador del comandante guerrillero alias el “Negro Antonio”, insurgente que ante un juez de la República y en declaración afirmó: “que él no sabía cómo usar un computador, y que era imposible que se digiera ahora que en ese computador que apenas había llegado, hubiera información, que de haber información esa fue manipulada”, así se les acusó de por los delitos de Rebelión, Terrorismo y Extorsión, participando de los atentados contra supermercados, Transmilenio y el hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Es así como actúa la unidad de antiterrorismo, desde oficinas adscritas a unidades militares, con escritorios en medio de bases castrenses, rompiendo la independencia de la justicia, judicializando a estudiantes y jóvenes, criminaliza las expresiones sociales de disenso con el discurso oficial.

Escuche entrevista a Libardo Sarmiento, analista social y padre de Luis Eduardo en www.contagioradio.com

Enviar con urgencia correos electrónicos y cartas al Fiscal General de la Nación encargado GUILLERMO MENDOZA DIAGO, solicitando la libertad inmediata y el cierre definitivo del proceso penal contra LUIS EDUARDO SARMIENTO Y LILIANA GUTIERREZ A: contacto@fiscalia.gov.co Telefax 5702000 ext. 2017 - 2022

Carta del pueblo Wayuu al Procurador General colombiano

AGENCIA PULSAR/COLOMBIA

COLOMBIA-INDÍGENAS

Carta del pueblo Wayuu al Procurador General colombiano

Pobladores originarios de La Guajira enviaron un comunicado a la procuraduría general de Colombia para denunciar al ejecutivo de Manaure por la retención los fondos de la comunidad, ataque y hostigamiento a los pueblos originarios.

Respetado señor Procurador:

A la fecha de la ocupación de la Troncal del caribe, 24 de Julio de 2009 el funcionario público ALCALDE MUNICIPAL sustentó y demostró ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , DEFENSORIA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , PLANEACION NACIONAL, DIRECCION DE ETNIAS - MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA Y ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA la existencia y disponibilidad de los recursos existentes del Sistema General de Participación (S.G.P.) en las arcas Municipal para dar cumplimiento a los ajustes y el plan exigido por los Wayúu.

En los último días al enterarse la comunidad de que los recursos del S.G.P. correspondiente a los Wayuu del Resguardo de la Media y Alta Guajira, Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira , ya habían sido utilizados desde antes de la fecha arriba mencionada, y recordar que la misma Procuraduría Departamental fue garante, y otras instituciones del orden Nacional y Regional al igual que los medios de comunicación regionales y nacionales.

Al ser testigos de tanta injusticia, atropellos, violaciones a los derechos fundamentales, a la violación de los mandatos legales del orden internacional como lo son los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, etc., y percibir que ante innumerables denuncias ya realizadas al alcalde por diferentes actos de usurpación de poder y presuntos actos ilícitos, no es posible que se le detenga en su accionar administrativo que lesiona a su dignidad se resolvió actuar luego de más de 20 meses de inclementes falsedades.

Hoy lunes 26 de octubre siendo las 2:00 PM, los wayuu siguen ocupando las instalaciones de la Alcaldía Municipal , y el ESMAD desde las horas de la mañana está atropellando a los Jefes Territoriales que son las Autoridades Wayuu, estos atropellos tienen como resultados:

1. El cercenamiento de una mano del Wayuu Fernando Uriana, del territorio ancestral de La Gloria.

2. Seis Wayuu con heridas graves.

3. Más de dos decenas de Wayuu golpeados.

Y, hasta el momento no hay ninguna autoridad salvo el ordenador de las actuaciones del ESMAD.

Le sugiero a usted señor Procurador General de la República que revise todas las denuncias que se han presentado en contra del Alcalde Municipal de Manaure: Humberto Rafael Martinez Fajardo iniciadas desde los primeros meses del año 2008 sin que ninguna de ellas este definida, ya que normalmente se dilatan, se dilatan y se siguen dilatando o sencillamente llegan los oficios de la Procuraduría Nacional a Manaure, pero al departamento del Cesar.

De manera respetuosa le sugiero a usted estructurar una comisión especial del orden nacional para evitar los atropellos que las fuerzas policivas están cometiendo y lograr solucionar esta situación, no creemos que las instancias del orden regional puedan hacerlo más cuando el alcalde se burla de las instancias garantes de hace unas semanas entre ellas la misma Procuraduría Regional.

Estoy convencido de que para conversar, pactar y llegar a acuerdos respetables entre el Alcalde Municipal y los Jefes del Territorio Wayuu, deben resolverse con anterioridad los documentos necesarios entre ellos, las certificaciones bancarias de la cuenta especial de los recursos del Sistema General de Participación, años 2008 y 2009, contratos suscritos con base en esta cuenta especial, giros realizados para la ejecución de estos contratos, soportes de licitación y contratación, consulta sobre las obras de impacto ejecutadas.

Estos documentos que se mencionan es fundamentado en que los Jefes Territoriales se sienten engañados ya que ellos no han participado en las decisiones del uso de estos recursos y habían pactado compromisos donde se les respetaría, de esto tiene conocimiento pleno; Planeación Nacional, Planeación Departamental, Ministerio del Interior, Procuraduría Regional etc.

Le ruego de manera especial su INTERVENCION URGENTE y como conocedor de que no hay instancias regionales que resuelvan esta situación, agradezco de antemano lo que en derecho se pueda hacer ya sea para evitar más violaciones de Derechos Humanos, y más violaciones en los actos administrativos en lo públicos con el erario público.

Atentamente:

Armando Valbuena Goauriyú.

Sabio Indígena de la Humanidad ,

Ex – Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. ONIC.

miércoles, 7 de octubre de 2009

Denuncian Militarización del Evento de Pensamiento Ambiental

DENUNCIA A LA OPINION PUBLICA:
CENSAT 'Agua Viva' denuncia a la comunidad nacional e internacional
laMilitarizacin del Encuentro de Pensamiento Ambiental, que se
celebraestos das, 1 y 2 de octubre, en el Jardn Botnico de Bogot.

En las horas de la maana de hoy aparecieron 6 soldados enviados por
el Mayor Guiraldo, del Batalln de Tequendama, y al mando del Cabo
Segundo, Juan Carlos Moreno quien fue acompaado por los soldados:
Pablo Lpez, Jorge Cuesta, Cristian Saavedra, Jonatan Perea y Ricardo
Lancheros.

Al ser expulsado del espacio, el Cabo expres su molestia amenazando a
los organizadores del evento, y solicitando los nombres de los
mismos. Diciendo finalmente, que 'es no se iba a quedar as'.

CENSAT 'Agua Viva' expresa su profundo rechazo por la militarizacin
de la va civil y de los espacios acadmicos ,fundamentalmente cuando
son las fuerzas militares quienes vienen causando estragos
ambientales en zonas tales como los pramos de Colombia y violentando
las comunidades que conviven con la naturaleza de manera armnica.

Llamamos a los dems redes internacionales y organizaciones de
Derechos Humanos a denunciar este, y otros casos de Militarizacin de
espacios civiles por parte de la fuerzas armadas que se vienen dando
en Colombia desde hace mucho tiempo.
Viernes 2 Octubre 2009



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___________________________________
Comunicaciones CENSAT 'Agua Viva' / Amigos de la Tierra Colombia
comunicaciones@censat.org
http://www.censat.org

si prefiere no recibir estos mensajes, haga click aquí:
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sábado, 3 de octubre de 2009

Riesgo de impunidad en masacre de indígenas


PROBLEMAS SOCIALES
El temor a ser asesinados tiene callados a algunos testigos. El indígena capturado después de la matanza no tiene nada que ver con el hecho.



Algunos testigos de la masacre donde murieron seis niños y seis adultos tienen temor de contar lo que pasó.


Todos los hechos que han pasado antes y después de la masacre de 12 awá en Nariño están haciendo temer que el caso quede impune.

El pasado 26 de agosto, un grupo de entre cuatro y diez hombres, según el CTI de la Fiscalía, llegaron a la casa de Sixta Tulia García en el resguardo Gran Rosario, en Tumaco. Ellos estaban vestidos de camuflado y botas y llevaban pistolas nueve milímetros. Dispararon contra 12 personas, entre las que había siete niños, la mayoría eran integrantes de una misma familia de apellido García.
Ese mismo día, se hizo pública una terrible coincidencia. Sixta Tulia, una de las víctimas y propietaria de la vivienda donde ocurrió la matanza, era la esposa de Gonzalo Rodríguez, un hombre que había sido muerto el pasado 23 de mayo por el Ejército. Los militares lo presentaron como un guerrillero caído en combate, pero la mujer denunció ante las autoridades que se trató de una ejecución extrajudicial.

En medio de la confusión, a los pocos días se dio la captura del indígena Jairo Miguel Paí Nastacuás, que tenía orden de arresto desde hacía rato y fue presentado a los medios como posible responsable de la masacre en Gran Rosario. Con esto quedó en el olvido la coincidencia entre el falso positivo que denunciaba Sixta Tulia y la matanza.
Desde entonces, Semana.com les ha seguido la pista a ambos casos y esto es lo que encontró:

Caso Jairo Miguel

Jairo Miguel Paí Nastacuás es un indígena awá que en algún momento fue líder, pero se alejó de la legalidad e ingresó a las Farc. Años más tarde, salió de esa guerrilla y se puso a trabajar con los paramiliares, hasta cuando su grupo se desmovilizó en 2005. Él no quiso acogerse al proceso y prefirió seguir delinquiendo.

Sobre sus andanzas desde entonces existen dos versiones. Una, que se puso a trabajar con Los Rastrojos y otra, que organizó un grupo de mercenarios que vendían sus servicios como sicarios y cobradores de dinero y también robaba y extorsionaba. Pero ambas hipótesis coinciden en que tenía bajo su mando a unos 18 hombres. Su trabajo se ha concentrado en el corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas, y sus alrededores. (Ver mapa)

En efecto, los mismos indígenas venían denunciándolo desde 2007. A comienzos de este año, lo sindicaron de la muerte de Guillermo Paí. Y después, se supo que había secuestrado a cuatro personas de una familia de apellido García, en la zona donde solía moverse, para extorsionarlos. Quería que le dieran 10 millones de pesos que habían recibido de negocio de madera que acababan de hacer. Ambos hechos fueron denunciados y de ahí la orden de captura en su contra.

El día que lo pusieron preso, se interpretó que la familia García que había extorsionado este indígena era la misma de Sixta Tulia, la esposa de la presunta víctima de la ejecución ilegal del Ejército que murió junto con 11 parientes.

Semana.com pudo constatar que entre ambas familias García no hay ningún parentesco, como se dijo recién ocurrida la masacre. Cuando capturaron a Jairo Miguel, la interpretación que se hizo fue que él hizo la masacre porque no le habían pagado los 10 millones que pedía. Pero no fue más que una conclusión apresurada, y los investigadoes judiciales ya lo saben.

Además, la zona donde delinquía este indígena queda bien alejada de donde fue la matanza. Los separa media hora en carro más una caminando por trochas. (Ver mapa) Por eso, los indígenas desde un principio insistieron en que la investigación no debía desviarse hacia el caso de Jairo Miguel.

En otro lugar

El resguardo Gran Rosario, donde ocurrió la matanza, tiene su propio karma. Por allí anda un grupo que se conoce con varios nombres. Algunos les dicen ‘los muchachos de Miguelito’, otros, ‘los muchachos de Fredy’, porque así se llaman los dos líderes de la banda. También hay partes donde les dicen los ‘Nietos de Zamba’ o ‘Los Cucarachos’.

Se calcula que este grupo tiene entre siete y 15 integrantes afrocolombianos e indígenas. Ellos tiene en jaque a los nativos porque su modo de operar es vender sus servicios de sicarios y cobradores de cuentas a cualquiera que se los pague en esa zona, donde hay paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Esa aparente cercanía con todos les da licencia para moverse por donde quieran sin ser atacados.

Aunque tienen el mismo modo de operar que el grupo de Jairo Miguel Paí, entre las bandas no hay relación.

En su informe preliminar, el CTI tiene identificados a cuatro posibles integrantes de este grupo que supuestamente serían los que llegaron encapuchados a matar a los 12 indígenas. Semana.com conoció el informe, pero se abstiene de publicar sus nombres, toda vez que aún no hay pruebas contundentes que sustenten su participación en la matanza.

El riesgo de que no haya justicia en el caso es alto. Los testigos que podrían dar las declaraciones que permitan establecer si ellos fueron los responsables de la masacre tienen miedo.

La experiencia de Sixta Tulia tras denunciar la posible ejecución de su esposo les genera pánico. Todos temen que sus familiares puedan terminar como ella, sus hijos y sus parientes.

De acuerdo con los informes forenses de Medicina Legal, todos los cuerpos fueron baleados a corta distancia y en la cabeza. Los encapuchados entraron a la casa, mataron a siete personas en la sala, dos en un cuarto y otros dos en la cocina. Entre los muertos había un niño de apenas seis meses de nacido que recibió dos disparos en la cara. Lea la crítica que hace la concejala Gilma Jiménez sobre la violencia contra menores.

Según Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las informaciones recogidas indican que las personas fueron asesinadas una a una, con disparos a corta distancia, y sin ninguna consideración hacia las mujeres y los niños. El crimen es especialmente grave por el alto número de niños asesinados, y la sevicia demostrada evidencia una nueva dimensión de la violencia ejercida contra el pueblo Awá”.

En consecuencia, hay temor de que quien hable, corra con la misma suerte. Así las cosas, quedarían sin esclarecerse la masacre y la muerte de Gonzalo Rodríguez, el esposo de Sixta Tulia presentado como guerrillero por el Ejército, pues todos los testigos de este caso murieron en la matanza.

De los encapuchados se sabe que estuvieron de nuevo en el sector una semana más tarde. La gente los vio y las autoridades indígenas pidieron presencia de la fuerza pública. Sin embargo, la Policía tardó en llegar y los soldados que había en los retenes alrededor dijeron no haber visto a nadie.

Por eso, quienes conocen la verdad no se atreven a contarla. Piensan que si estos hombres vuelven a aparecer, los soldados dirán que no los vieron o la policía llegará tarde y sus vecinos y parientes quedarán a su merced.

http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/riesgo-impunidad-masacre-indigenas/128712.aspx

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 1

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 2

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 3

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 4