Por: María Elvira Samper
EL DEBATE MINERÍA-MEDIO AMbiente, que está en el orden del día, se traduce en la práctica en un choque de trenes: el de la locomotora minera que, en el marco de un modelo sin visión de largo aliento, pobre en controles, manilargo en gabelas y obsesivo en generar ingresos para la Nación, avanza a gran velocidad, y la maquinita ambiental, lenta y debilitada por el gobierno Uribe que fusionó el ministerio del ramo con el de Vivienda —de intereses contrarios—, recortó inversión y entregó títulos mineros a discreción aun en zonas protegidas y de reserva.
El presidente Santos, por el contrario, ha dicho en todos los escenarios posibles, empezando por la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se comprometió ante los ‘mamos’ de los pueblos indígenas a respetar el medio ambiente, que impulsará una política de desarrollo sostenible y respeto por la biodiversidad. Pero, al menos por ahora, han prevalecido las promesas sobre las acciones para frenar y/o suspender proyectos demasiado costosos en términos ambientales. Dos botones de muestra: el de la Greystar para extraer oro en el páramo de Santurbán, fue suspendido por presión de la sociedad civil y no por gestión del Gobierno, y el de San Andrés para explorar y eventualmente explotar petróleo en un área de reserva coralina, frenado por una acción popular y no por iniciativa oficial.
El de San Andrés es un caso singular: la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio luz verde a la asociación Repsol-Ecopetrol para explorar y eventualmente explotar petróleo en un área declarada por la Unesco “zona de reserva de biosfera”. Y lo hizo sin consultar previamente con todas las comunidades que podrían verse ser afectadas, como ordena la Constitución, y en contravía del compromiso de protegerla que asumió Colombia hace 11 años con ese reconocimiento. La zona incluye el 76% de los arrecifes coralinos del país, tiene ecosistemas interconectados con cientos de especies animales y además es territorio ancestral de una minoría étnica y cultural que vive de la pesca artesanal en esa área.
La ministra de Ambiente y Vivienda ni suena ni truena. El que tiene la batuta es el ministro de Minas, Carlos Rodado. El mismo que en marzo, durante el Foro Mundial de Minería (Canadá), ofreció exenciones tributarias a multinacionales que inviertan en el país, para compensarlas por el alza de algunos impuestos o la eliminación de algunas deducciones. El mismo que se expresó en contra de que áreas donde se han concedido títulos mineros sean declaradas parques naturales regionales. El mismo que era partidario del proyecto en Santurbán antes de que los santandereanos sacaran las uñas para defender su páramo y sus aguas. El mismo que se pronunció a favor del proyecto petrolero en San Andrés. No en vano el sector —incluidos petróleo y gas— lleva tres años creciendo más que el conjunto de la economía. De ahí el afán para atraer inversión para alimentar la locomotora.
Mientras resucita Minambiente para hacerle contrapeso al de Minas, mientras hay pruebas concretas del compromiso con el desarrollo sostenible, mientras el Gobierno define su política ambiental y establece en forma taxativa dónde y en qué condiciones es permitida la exploración y eventual explotación de petróleo y otros minerales, y dónde esas actividades están vedadas, la locomotora minera va ganándole a la maquinita ambiental y es la sociedad civil la que ha hecho de dique de contención, la voz que alerta sobre los riesgos ambientales de algunos proyectos autorizados por el gobierno Uribe. ¡Ojo! Ingeominas tiene más de 16.000 solicitudes para legalizar y/o conceder títulos mineros. No hay que bajar la guardia.
El presidente Santos, por el contrario, ha dicho en todos los escenarios posibles, empezando por la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se comprometió ante los ‘mamos’ de los pueblos indígenas a respetar el medio ambiente, que impulsará una política de desarrollo sostenible y respeto por la biodiversidad. Pero, al menos por ahora, han prevalecido las promesas sobre las acciones para frenar y/o suspender proyectos demasiado costosos en términos ambientales. Dos botones de muestra: el de la Greystar para extraer oro en el páramo de Santurbán, fue suspendido por presión de la sociedad civil y no por gestión del Gobierno, y el de San Andrés para explorar y eventualmente explotar petróleo en un área de reserva coralina, frenado por una acción popular y no por iniciativa oficial.
El de San Andrés es un caso singular: la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio luz verde a la asociación Repsol-Ecopetrol para explorar y eventualmente explotar petróleo en un área declarada por la Unesco “zona de reserva de biosfera”. Y lo hizo sin consultar previamente con todas las comunidades que podrían verse ser afectadas, como ordena la Constitución, y en contravía del compromiso de protegerla que asumió Colombia hace 11 años con ese reconocimiento. La zona incluye el 76% de los arrecifes coralinos del país, tiene ecosistemas interconectados con cientos de especies animales y además es territorio ancestral de una minoría étnica y cultural que vive de la pesca artesanal en esa área.
La ministra de Ambiente y Vivienda ni suena ni truena. El que tiene la batuta es el ministro de Minas, Carlos Rodado. El mismo que en marzo, durante el Foro Mundial de Minería (Canadá), ofreció exenciones tributarias a multinacionales que inviertan en el país, para compensarlas por el alza de algunos impuestos o la eliminación de algunas deducciones. El mismo que se expresó en contra de que áreas donde se han concedido títulos mineros sean declaradas parques naturales regionales. El mismo que era partidario del proyecto en Santurbán antes de que los santandereanos sacaran las uñas para defender su páramo y sus aguas. El mismo que se pronunció a favor del proyecto petrolero en San Andrés. No en vano el sector —incluidos petróleo y gas— lleva tres años creciendo más que el conjunto de la economía. De ahí el afán para atraer inversión para alimentar la locomotora.
Mientras resucita Minambiente para hacerle contrapeso al de Minas, mientras hay pruebas concretas del compromiso con el desarrollo sostenible, mientras el Gobierno define su política ambiental y establece en forma taxativa dónde y en qué condiciones es permitida la exploración y eventual explotación de petróleo y otros minerales, y dónde esas actividades están vedadas, la locomotora minera va ganándole a la maquinita ambiental y es la sociedad civil la que ha hecho de dique de contención, la voz que alerta sobre los riesgos ambientales de algunos proyectos autorizados por el gobierno Uribe. ¡Ojo! Ingeominas tiene más de 16.000 solicitudes para legalizar y/o conceder títulos mineros. No hay que bajar la guardia.
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