País en concesión

Susan Abad desde Bogotá

En su discurso de toma de posesión el 7 de agosto pasado, el presidente Juan Manuel Santos fue enfático al asegurar que en su gobierno serían cinco las locomotoras que halarían a Colombia hacia el progreso: vivienda, infraestructura, minería, agricultura e innovación. En opinión de expertos ambientalistas, en el caso de la minería, el correr hacia el progreso está dejando debajo de los rieles la sostenibilidad ambiental y cultural del país. Colombia conserva las mayores reservas carboníferas de América Latina, además de poseer oro, plata, platino, esmeraldas, níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y titanio. “Esta riqueza, unida a las favorables leyes que rigen esta actividad, determina que en la actualidad el 40% del territorio colombiano está solicitado en concesión para hacer minería”, asegura a Noticias Aliadas Mario Valencia, de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME). Las cifras oficiales confirman que la explotación de minerales es el gran negocio en Colombia. Autoridades de Comercio Exterior han revelado que más del 85% de la inversión extranjera en el país se encuentra en la extracción de minerales e hidrocarburos. Las estadísticas muestran que entre el 2002 y el 2009 la inversión en este rubro se elevó de US$466 millones a $3 millardos y las exportaciones crecieron de $2.8 millardos a $8.1 millardos. “Las leyes priorizan sólo lo económico”, asegura Juana Díaz, vocera de la Oficina de Territorios y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “En el 2001 se reformó el Código de Minas con la ley 685 que resultó muy exitosa para las grandes empresas. Se pierde entonces la primacía de la propiedad estatal sobre los territorios mineros y la inclusión de elementos de protección ambiental y el reconocimiento de zonas artesanales mineras. Asimismo, coloca unas exigencias que sólo pueden cumplir las empresas multinacionales en cuanto a infraestructura, a maquinaria y algo más grave aún, eliminó el requisito de licencia ambiental para la exploración”. Grandes impactos Sin embargo, la bonanza económica “no concilia con lo ambiental y lo social y existen muchos otros costos que difícilmente pueden ser valorados. Se están extrayendo recursos naturales no renovables causando un gran impacto en el patrimonio colectivo de los colombianos. Se expiden los títulos mineros sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de calificación. Ha sido un sistema plagado de falta de visión y de irregularidades”, dice Juan Mayr, ex ministro del Medio Ambiente y asesor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Las transnacionales poseen concesiones por más de 43,000 km². “Para mencionar un solo caso, la [minera sudafricana] Anglo Gold Ashanti tiene concesionadas 690,000 Ha en los proyectos Gramalote en Antioquia y La Colosa en el Tolima, en números redondos, un territorio inmenso con impacto sobre asuntos políticos y económicos y que explica buena parte de los conflictos sociales que se están viviendo en el mundo de la minería y que tienden a agravarse”, asegura a Noticias Aliadas el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo. “La población está pagando y pagará altos costos que no pueden ser valorados por la economía”, alerta el senador indígena Marco Avirama. “En el proceso de exploración y explotación minera y debido a la maquinaria, vehículos y tecnología empleados se afecta fuertemente la estabilidad de los suelos y su fauna, flora y agua causando la desaparición del ecosistema local, con ninguna posibilidad de recuperación. En el caso de la extracción de oro se necesitan grandes cantidades de agua para separarlo de otros elementos y se utiliza además el cianuro y mercurio que al llegar a los ríos se convierte en un gran contaminante”. Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la desmedida explotación aurífera en Colombia ha llevado a que se convierta en el país más contaminado por mercurio en el mundo. Mediciones realizadas por este organismo el año pasado determinaron que en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, antigua zona de explotación aurífera, hay hasta 10 y 20 veces más el rango de 10,000 nanogramos de mercurio por m³ de aire permitido por la Organización Mundial de la Salud. El recurso hídrico también está seriamente amenazado por la explotación a gran escala. Caso emblemático es la lucha que viene sosteniendo la población del nororiental departamento de Santander que exige al gobierno no expedir la licencia ambiental al proyecto en el que la empresa canadiense Grey Star pretende sacar más de 500,000 onzas de oro al año explotando los yacimientos ubicados en el Páramo de Santurbán, valioso ecosistema protegido por la Constitución, donde existen más de 40 lagunas, centenares de riachuelos y variada y abundante vegetación captadora y retenedora de agua. “Con la explotación se pondrían en riesgo las fuentes acuíferas que surten al acueducto metropolitano de las ciudades de Cúcuta [en Norte de Santander] y Bucaramanga [en Santander], del que dependen 1.6 millones de habitantes”, afirma Robledo. “Se van a utilizar diariamente 40 TM de cianuro, 230 TM de anfo. Se van a dinamitar 1,075 millones de TM de suelo en la primera fase, además que lo ejecutarán en una zona de páramo y reserva natural lo cual está prohibido”. “Y al mismo tiempo que impactan el medio ambiente también afectan nuestros valores culturales”, señala Avirama. “Las estructuras sociales y productivas se alteran. El campesino, indígena o afrodescendiente se ve privado del agua y territorio varias veces por parte de sus propios compañeros que trabajan en la minería informal o se han ‘vendido’ a las grandes empresas. Además la inversión que traen las compañías y el dinero que generan traen costumbres que no están acordes con la forma de vida y costumbres ancestrales de la población”. Despojo y desplazamiento Otra desventaja que los entrevistados por Noticias Aliadas manifiestan es la presencia de grupos armados ilegales que, atraídos por la circulación de dinero, se asientan en la región a extorsionar, o en algunos casos poniéndose al servicio de las transnacionales. “Se está consolidando un despojo de tierra, [a la vez que] se está consolidando una inversión extranjera, especialmente en minería y palmicultura, que está relacionada con el desplazamiento forzado”, ha dicho Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). “Un 32% de las 280,000 personas desplazadas que se registraron en Colombia en el 2010 ocurrieron en zonas donde esas dos actividades económicas se han incrementado notoriamente”. Y dentro de este marco, el gobierno tomó medidas —como iniciar visitas sorpresivas a las minas, caducidad de permiso por inseguridad, aumento de monto de multas y prevé la creación de la Agencia Nacional de Minerales— para regularizar a la pequeña minería, que según afirma es la mayor causante de contaminación, sega más vidas por su informalidad y se ha convertido en una nueva fuente de financiación para los grupos ilegales. Sin embargo, Valencia considera que es una forma de sacar del negocio a estos mineros para entregar las concesiones a grandes empresas. “En Colombia hay más de 2 millones de mineros artesanales, a pequeña escala, que desde hace mucho tiempo han sobrevivido gracias a esta actividad, y el gobierno está tratando de quitarles ese sustento y entregar la explotación a los grandes proyectos mineros”, afirma. “De forma amañada ha ido metiendo en el mismo costal a la minería artesanal con la ilegal, entonces adquiere la autorización para perseguirlos por igual y allana el camino a las grandes transnacionales”. -Noticias Aliadas.