“El auge de la minería ha puesto en peligro el tesoro más grande de Colombia: su biodiversidad y riqueza natural. La pregunta para el Estado es cómo hacer un desarrollo sostenible. El debate está abierto”
Censat Agua Viva, Enero de 2010
Por: Germán Andrés Quimbayo Ruiz y Lorena Sofía Correa
*
Introducción
Los conflictos ambientales surgen a la par de poderosos intereses políticos y económicos en torno al uso, extracción y transformación de la naturaleza con fines productivos y económicos. El reciente caso del derrame de petróleo en el Golfo de México demostró cómo el afán de acumulación y consumo pueden desembocar en una gran catástrofe socio-ecológica en torno a la extracción de recursos naturales. De igual manera, se pueden nombrar otros ejemplos sobre los proyectos mineros y sus impactos no sólo ecológicos sino sociales, como el derrumbe de la mina San José en la ciudad chilena de Copiapó o los “diamantes de sangre” en Sierra Leona y otros países de África Occidental.
¿Pero qué representan los conflictos ambientales? Cada día las preocupaciones relacionadas al ambiente tienen mayor cabida en las noticias y en distintos medios de comunicación. Esto se debe a la ocurrencia de diversos cambios sociales y económicos presentes en todo el mundo y a la importancia e influencia del movimiento ambientalista global en las decisiones políticas y económicas. Actualmente existe una “geopolítica ambiental” (Castree, 2003) que establece tanto discursos como prácticas, que van condicionando, resignificando y transformando la relación naturaleza-sociedad en diversos niveles sociales y ecológicos. Entonces ¿la naturaleza será producto de nuestras sociedades? ¿o ella impone a través de sus ritmos nuestros asuntos como sociedad?
La relación naturaleza-sociedad debe entenderse como un conjunto de interacciones entre elementos sociales, culturales, políticos y ecológicos que se encuentran en un constante diálogo o desencuentro en eso que llamamos realidad. Dichos elementos no deben verse por separado, sino como un proceso global con diversas manifestaciones a nivel local. William Cronon (1996) afirmaba que a lo largo de la historia de la humanidad, eso que conocemos como
naturaleza ha poseído una profunda construcción humana, la noción se ha reinventado una y otra vez dependiendo del contexto cultural y político desde donde se piensa y se percibe, aunque es imposible negar la importancia de comprender las dinámicas de la naturaleza no humana manifestada en la biodiversidad en sus diversas escalas y ecosistemas asociados, además de su constante e inseparable relación con las sociedades y en especial con el desarrollo de sus economías.
Al respecto, con frecuencia pasamos por alto la influyente dimensión histórica que tienen los factores biofísicos (expresada en ecosistemas, patrones climáticos, recursos, entre otros) en los procesos sociales que han producido y configurado el mundo en que vivimos. Sólo tomando un ejemplo, Jason W. Moore (2003), partiendo de algunas teorías del sociólogo alemán Immanuel Wallerstein, ilustra cómo el surgimiento del orden capitalista mundial ayuda en cierta forma a explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas relacionadas con los recursos naturales a lo largo de la historia en un “sistema mundo”. Es posible que estas relaciones se hayan manifestado a través de diversos cambios globales, entre ellos, conflictos ambientales actuales como el cambio climático, la transformación de ecosistemas, la pérdida de diversidad biológica, la polución, etc.
Pero en este punto vale la pena cuestionarse cómo estos procesos afectan también nuestra vida cotidiana y de qué forma. ¿Qué recursos naturales se explotan y para qué? ¿Con qué propósitos? ¿Qué tan fundamental es hacerlo? Estos interrogantes nos conllevan a abordar un asunto que actualmente tiene una gran resonancia en el debate de política pública en Colombia: la minería a gran escala.
Colombia: País minero
Flickr: Santiago La Rotta.
“Colombia País Minero 2019” es el eslogan con que el Gobierno nacional y las multinacionales de explotación minera, quieren seducir al país y llevarlo hacia este modelo de desarrollo económico, que si se termina de consolidar, será quizás una de las aventuras más arriesgadas y costosas que haya vivido Colombia. El país posee algunas regiones en donde su configuración geológica permite la existencia de yacimientos ricos en minerales como oro, carbón, petróleo, níquel y ferroníquel, entre los más importantes, los cuales son atractivos para las multinacionales mineras. Este proceso está propiciando importantes expectativas para la generación de capital y desarrollo de inversión extranjera en el país.
En varios casos ha sido claro que la actividad minera trae beneficios económicos. Sin embargo, muchas veces no son tan claros estos beneficios en el largo plazo, si es compensado el impacto ambiental que dejan las actividades mineras, ni cuál es el destino de los recursos económicos obtenidos por estas actividades. No hay que ir tan lejos. Respecto a los costos ambientales el debate surge porque estos costos no sólo involucran los aspectos económicos que exige el proyecto para su realización (adecuación de obras) que son los que se han tenido en cuenta hasta ahora en el cálculo de los costos del proyecto minero, sino que también involucran los impactos del proyecto a los habitantes de la región en el largo plazo, es decir, la relación salud y ambiente de los cuales poco se ha hablado. De otro lado, un reciente estudio
[1] revela también que los municipios donde se practica la actividad extractiva generalmente son aquellos que tienen un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) muy alto.
Ante este panorama incierto y si no se toman las suficientes medidas, la consolidación de un proyecto minero nacional a gran escala y sus prácticas asociadas, manifestadas en diversas regiones del país, resultará en una serie de inequidades sociales y ecológicas, sin contar además, que los recursos mineros son finitos y no renovables.
Al principio la política minera existía sólo para favorecer los intereses de los terratenientes locales, luego, con la apertura económica, la actividad minera que hasta entonces se realizaba en el país se volvió ineficiente: minería de subsistencia, pequeña minería y mediana minería. Desafortunadamente, hoy en Colombia la legislación minera es muy laxa; casi que permite a cualquiera explotar recursos naturales donde quiera sin mayores requisitos, de manera indiscriminada y a gran escala; por ejemplo, la vigencia de las licencias ambientales dura todo el período de la concesión, sin derecho a modificación por parte de la autoridad ambiental y el Estado no tiene la obligación (puede hacerlo pero no está obligado) de revocarla si hay repetidas violaciones ambientales, dando así potestad para que la empresa genere daños ambientales sin reparación.
(…) el Artículo 203 no permite la posibilidad de que la autoridad ambiental niegue un pedido de uso de recursos naturales ocasional o transitoriamente en zona de exploración, y ni siquiera ordena a la misma autoridad un estudio de esa solicitud para que en cada caso imponga condiciones para la protección ambiental que se requiera. Simplemente exige otorgar la autorización (…) el artículo 213 hace prevalecer aspectos formales de los Estudios de Impacto Ambiental por encima del derecho sustancial a un medio ambiente sano y la obligación del Estado de protegerlo aún en caso de falta de certeza científica de los efectos dañinos de la actividad minera sobre los ecosistemas. (Censat Agua Viva, 2010, p. 38).
Así las cosas, la legislación minera ha sido concebida dentro del marco de la economía capitalista de forma tal que preserve los intereses de las grandes multinacionales y demás inversionistas con una concepción más bien miope y poco amplia de qué y a quiénes involucra el proyecto minero (directa o indirectamente) y qué y quiénes deben ser incluidos en él. Dentro del grueso de afectados están los grupos indígenas y afrocolombianos, cuyos territorios en la mayoría de los casos se encuentran ubicados en zonas de explotación. Estos grupos han sido “absorbidos de forma acelerada por los portafolios de inversión de empresas transnacionales y de agentes económicos nacionales”
[2], desestabilizando así las estructuras productivas establecidas por ellos en épocas pasadas y generando miseria, ya que éstas etnias no son incluidas en el proceso productivo de las multinacionales dentro de sus territorios. El despojo de tierras y la modificación de las estructuras productivas son tan sólo la punta del iceberg de las consecuencias de la explotación minera a gran escala.
Existen muchos otros costos que difícilmente pueden ser valorados por la economía ambiental, que de por sí se queda corta en medir en su totalidad la complejidad de los ecosistemas colombianos. Por ejemplo, en procesos tanto de exploración como explotación minera y debido a la maquinaria, vehículos y tecnología empleados (que incluyen explosivos), se afecta fuertemente la estabilidad de los suelos y por ende su ecosistema asociado (fauna, flora y agua), se remueve toda la capa orgánica del suelo y la vegetación, causando casi la desaparición del ecosistema local, con pocas oportunidades de recuperación o restauración, aumentando de paso costos por compensación ecológica. En otros casos, para aprovechar la extracción del recurso, se necesitan grandes cantidades de agua para separar de otros elementos el recurso, para lo que se apela también al uso de químicos fuertemente contaminantes como es el caso del cianuro para la extracción de oro.
Pero más allá de los impactos al componente biofísico, están además los costos de valor cultural. La modificación de las estructuras productivas locales causada por grandes proyectos mineros, también altera las estructuras sociales y redefine ciertos conceptos (como el de territorio) dentro del grupo, por lo que también es posible que se generen ciertos costos de valor religioso para la población. A su vez, el cambio de las estructuras productivas también genera conflictos violentos. La inversión de las multinacionales en territorios ricos en recursos naturales y el dinero que ahí se genera, llaman la atención de grupos armados ilegales que se asientan en la región y se financian mediante las “vacunas” que cobran a las comunidades mediante el uso de la fuerza. Incluso, en muchos casos, se ha reportado también el uso de fuerza de ejércitos públicos, privados y empresas de mercenarios para despojar a las comunidades de las tierras de explotación
[3].
Algunos casos relevantes en el escenario actual de la minería a gran escala en Colombia
La principal explotación minera que se adelanta en Colombia es carbonífera y se conoce como “El Cerrejón”. El segundo proyecto de explotación minera más importante del país es Cerromatoso, que extrae níquel y ferroníquel. Tanto el carbón como el níquel son los principales minerales de exportación y las más relevantes opciones de la inversión británica. La explotación minera de los recursos naturales del país está en manos de empresas extranjeras, al igual que el capital invertido en ella y pese a que un importante porcentaje de las regalías debe quedarse en el país, éste no compensa la inversión hecha por el gobierno ni los impactos socio-ambientales que se generan. Tenemos una riqueza mineral que no controlamos y que es vendida al mejor postor. Estamos empeñando nuestro futuro como nación, por unas regalías momentáneas en las manos de unos cuantos.
En un contexto urbano, hace poco la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ordenó de forma histórica, la suspensión de las actividades mineras que realizan tres grandes empresas (entre ellas dos reconocidas multinacionales) en el valle medio del río Tunjuelo. Las actividades llevadas a cabo en este lugar durante más de 40 años, en buena medida han logrado extraer los materiales con los cuales se ha construido gran parte de la ciudad (gravilla y areniscas). Sin embargo, este beneficio no ha sido completo, pues la actividad minera ha afectado y transformado radicalmente el cauce del río, desviándolo de forma ilegal y aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en las zonas aledañas, como sucedió con una gran inundación ocurrida en el año 2002. A su vez, la explotación de materiales ha traído consigo un detrimento en la calidad de vida de los habitantes de este importante pero marginado territorio urbano, el cual posee otros conflictos ambientales: contaminación por diversas fuentes al río Tunjuelo, polución (manifestada en la presencia de enfermedades vasculares y respiratorias), pocas zonas verdes o los efectos que tiene la cercanía del relleno sanitario de Doña Juana a este sector de la ciudad. Pese a la decisión de la Administración distrital sobre este asunto, ésta se encuentra supeditada al otorgamiento de licencias del Ministerio de Minas y a otras decisiones políticas.
De otro lado, varios casos han causado polémica recientemente debido a lo que se está proponiendo en cuanto a grandes proyectos mineros en el país. Uno es el proyecto de la mina “La Colosa”, localizada en el municipio de Cajamarca, Tolima. La polémica se centra en el gran impacto ecológico que la explotación minera de oro provocaría en la región dada la ubicación de esta mina. El lugar de explotación actualmente es una reserva forestal, que posee una importante zona de bosque alto-andino que aguarda una importante biodiversidad. Así mismo, este valioso ecosistema tiene una importancia económica incalculable para el país: hace parte de la cuenca alta del río Coello que aguas abajo beneficia a la planicie del río Magdalena a la altura del Espinal en donde se producen 30 mil hectáreas de arroz que consume el país y en donde se encuentra localizado en el distrito de riego más importante del país
[4]. Pese a que el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Cajamarca prohíbe la minería, tanto en la zona urbana como rural del municipio, la empresa Anglogold Ashanti (AGA) ya tiene permiso de exploración en ese lugar pese a los esfuerzos y presión de ambientalistas de todo el país incluyendo autoridades locales como la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA.
Finalmente, hoy en el país hay solicitudes de exploración y explotación minera sobre casi 8 millones de hectáreas ubicadas en Zonas de Protección, muchas de ellas presentes en ecosistemas de páramo
[5], los cuales, son estratégicos en términos de conservación de la biodiversidad y de recursos hídricos. Son bien conocidos los casos del Nudo o Páramo de Santurbán entre los departamentos de Santander y Norte de Santander y el del Páramo del Almorzadero también en Santander. Este último tuvo una puja entre intereses mineros y las comunidades locales, en donde estos últimos lograron un triunfo, luego de que el Concejo Municipal de Cerrito, Santander, aprobó la Iniciativa Popular Normativa que había sido interpuesta por dichas comunidades para defender el páramo de la explotación minera
[6]. Pese a este caso local, el panorama nacional aún es incierto no sólo en términos de aplicación de la legislación, sino también de control de la actividad minera en lugares estratégicos para la biodiversidad y el agua de la nación por parte de entes como el Ministerio de Minas y Energía y el INGEOMINAS.
A manera de conclusión: abriendo el debate
Hablar de minería a gran escala en el país es un tema complejo y con diversas aristas. No se trata de asumir una oposición radical frente a las actividades de desarrollo minero en el país. Sin embargo, los proyectos de “minería sostenible” no existen, pues los recursos minerales son finitos y el impacto de su explotación es profundo y difícil de compensar en el corto y mediano plazo. Bajo el esquema actual sobre el cual se ha planteado, estrecho y excluyente, un proyecto minero de país sólo puede traer más desdichas que beneficios.
Si se requiere un desarrollo en las actividades mineras a gran escala, los proyectos deben contemplar acciones de compensación social y ecológica en el corto y largo plazo. En Colombia este proceso debe involucrar una importante participación de todos los sectores sociales y políticos del país y la verdad sea dicha, también hacer profundas reformas en la institucionalidad estatal, especialmente en el sector ambiente, para coordinar esfuerzos que redunden en un beneficio general de la sociedad hasta incluso encontrar y fomentar otros tipos de desarrollo económico más acordes al contexto nacional.
Para promover todas estas alternativas, obviamente, se requieren estudios en el marco de las ciencias ambientales que abarquen la complejidad ambiental del territorio colombiano (biofísica, social, cultural y política), lo que implica una fuerte inversión en investigación sin réditos en el corto plazo. Aunque también hay que hacer un llamado de alerta para fomentar que las investigaciones y estudios no se reduzcan a un acto de estricta denuncia, la cual, no obstante, es siempre bienvenida e importante, sino que realicen seguimientos técnicos y ofrezcan alternativas y propuestas de desarrollo que no impliquen quedarnos con los brazos cruzados, sino, acciones prospectivas que permitan también medir y lograr manejar situaciones inciertas en sistemas socio-ecológicos y que aún no se han abordado, como la explotación de coltán en departamentos como Guainía.
Para finalizar, es importante reconocer que los conflictos y problemas ambientales se relacionan con la forma en que se distribuyen los recursos biofísicos y la biodiversidad y a su vez, con el poder que ejerce la sociedad sobre dichos recursos y sobre los mismos seres humanos. En el caso de la minería, por lo menos, se ofrece la oportunidad de discutir y debatir si eso que hoy la política internacional llama “desarrollo sostenible” es posible y si es exitoso o no plantear nuevos escenarios en donde el desarrollo económico implique no sólo pensar en un bienestar financiero. Aún no se ha contemplado pensar en un bienestar en donde la naturaleza deje de ser considerada una fuente inagotable de recursos y acumulación de capital y es necesario empezar a cambiar ese modelo, en donde la naturaleza se vea como una parte intrínseca de nuestras vidas y de nuestro desarrollo como sociedad.
* Ecólogo, estudiante de maestría en Geografía de la Universidad de Los Andes y economista, estudiante de maestría en Economía – PEG de la Universidad de Los Andes
[1] Idárraga, Andrés., Muñoz, D.A., & Vélez, H. (2010) Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: Casos de la Inversión Británica
. Bogotá, Colombia. p. 52
[2]Ibid. p. 116
[3] Ramírez, F. (2007, Marzo) Tierra y minería, el conflicto en Colombia
http://tinyurl.com/26q7jwz
[4] López, M.C. (2010, Junio) La mina “La Colosa”
http://www.lasillavacia.com/elblogueo/blogverde/15157/la-mina-la-colosa
[5] Duque, M.V. (2010, Junio) ¿Por qué minería en nuestros páramos?
http://tinyurl.com/2c5re5d
[6] Censat Agua Viva (2010, Agosto) Aprobada la Iniciativa Popular Normativa que excluye la minería en el Páramo El Almorzadero
http://tinyurl.com/29y995b
Bibliografía
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Idárraga, Andrés., Muñoz, D.A., & Vélez, H. (2010)
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http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=565
l jefe de la Defensa Civil de la región, Hugo Bohórquez, informó a la prensa que la explosión se registró esta mañana y provocó un nuevo deslizamiento de tierra en el socavón de carbón, donde permanecen atrapados Hernán Alfonso Barrera y John Freddy Ordóñez sin que se sepa si están vivos o muertos.
