COLOMBIA CONTAMINADA

Las alianzas estratégicas de la minería en Colombia

2012-01-31T16:08:00.001-08:00

De 20 empresas con títulos mineros en el país, se pudo corroborar que entre ellas hay vínculos financieros, operativos o técnicos.

Son cinco las empresas que manejan el negocio de la minería en el país. Se trata de Anglogold Ashanti, Votorantim Metais Colombia S.A, Grupo Iacono, Grupo Allen y Mineros S.A, así lo revela el artículo de la Silla Vacía, “¿A quién le pertenece el oro en Colombia?”, donde se cita la investigación de la periodista María Teresa Ronderos 'La fiebre Minera se apoderó de Colombia'.
   Las empresas nombradas, según el artículo, han logrado importantes alianzas estratégicas con otras multinacionales, aumentando su dominio sobre títulos mineros y, por ende, sobre hectáreas de exploración y explotación de oro, carbón y Níquel.

Las alianzas
   “La empresa Negocios Mineros tiene en su junta directiva a Robert Allen, dueño de C.G, Gramalote Colombia Limited tiene como suplente legal a Rafael Herz, presidente de Anglogold Ashanti en Colombia.
   “Además, varias empresas comparten la misma dirección o sede de sus oficinas como Exploraciones Chocó Colombia y Exploraciones Chaparral Colombia SAS que operan desde la misma sede de Anglogold Ashanti.
   “Otras tienen vínculos operativos como B2 Gold con Gramalote Colombia Ltda que comparten los mismos títulos mineros en Antioquia”, manifiesta el artículo de la Silla Vacía.
   Según una base de datos del Ministerio de Minas y Energía, se puede determinar que los vínculos financieros y operativos han logrado que las empresas mineras en el país, sumen en total 778 títulos mineros, que representan el 40 por ciento del total de títulos mineros otorgados en el país para explotación de oro (mil 953 títulos.)
   “Y estos 778 títulos representan un millón 116 mil hectáreas, equivalentes al 50 por ciento del total de hectáreas dedicadas a este tipo de explotación (dos millones 237 mil hectáreas)”, según el medio de información.


Los cinco grupos

Anglogold Ashanti
   La multinacional sudafricana que lleva a cabo excavaciones en 21 municipios del país, la Colosa en el Tolima, Quebradona y Gramalote en Antioquia, Salvajina en el Cauca, La Llanada en Nariño, Chaparral en el Tolima y Río Dulce en Antioquia, tiene 781 mil 572 hectáreas, en 422 títulos en su poder.
   AGA tiene alianzas con Exploraciones Chocó, que tiene ocho títulos representados en 61 mil 185 hectáreas.
   Con Exploraciones Chaparral Colombia SAS, a través de dos títulos en Rovira y Valle de San Juan (Tolima) con cuatro mil 904 hectáreas.
   Minera Quebradona Colombia SA, con cinco títulos en 12 mil 699 hectáreas en los municipios de Jericó, Jardín, Támesis, Andes y Pueblo Rico, Antioquia.
   Gramalote Colombia Ltda, tiene 14 títulos en 20 mil 716 hectáreas, en los municipios de San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Rafael, Yolombo Antioquia.

Grupo Iacona
   El grupo está liderado por los reconocidos empresarios Venezolanos, Serafino Iacono y Miguel de la Campa, quienes también tienen participación en otras empresas mineras como:
   La Compañía Minera de Caldas, que posee 77 títulos en ocho mil 644 hectáreas, en los municipios de Marmato, Pácora, Supía, Aguadas (Caldas); Caramanta, Valparaiso, Támesis (Antioquia), entre otros.
   Ciigsa con cinco títulos en 598 hectáreas, en los municipios de Remedios, Zaragosa, El Bagre (Antioquia).
   Gvilan Minerales con cuatro títulos en 944 hectáreas, en Marmato (Caldas) y Caramanta Antioquia.
   Minera Croesus S.A con dos títulos en 69 hectáreas, en Marmato, Caldas.
Mineros Nacionales S.A.S con dos títulos en mil 131 hectáreas, en Marmato, Caldas.
   Segovia Gold Sucursal con un título en tres hectáreas en Segovia y Remedios Antioquia y Sandor Capital SA Colombia con un título en dos mil 781 hectáreas, en los municipios de Segovia y Remedios Antioquia.

Grupo Allen
   Es liderado por un ingeniero norteamericano Robert W. Tiene en su poder 134 títulos en 121 mil 388 hectáreas y ha participado en la conformación de varias empresas mineras para la exploración y explotación de oro en el país como lo son:
   CG de Colombia que tiene 90 títulos en 79 mil 733 hectáreas en los municipios de La Vega y La Sierra en el Cauca, Bagadó y Lloró en Chocó, Suratá y Vetan en Santander, Silos y Mutiscua en Norte de Santander y en Antioquia.
   Negocios Mineros S.A, con 38 títulos en 35 mil 432 hectáreas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Tolima y Cauca.
   Colombia Developmen Corporation SA con dos títulos en mil 355 hectáreas en los municipios de Dabeiba y Guadalupe en Antioquia.
   Royal Sea Exploraciones S.A con dos títulos en 944 hectáreas en Río Viejo Bolívar, Zaragoza y el Bagre en Antioquia.
   Grupo Bullet S.A con un título representados en tres mil 785 hectáreas en los municipios de los Andes y Betania Antioquia y la Morena S.A, con un título en 149 hectáreas, en el municipio de Salento, Quindío.

Votarantim Metais Colombia S.A
   Es controlada por la familia Brasilera Ermirio de Moraes, trabaja en los departamentos de Santander, Cauca, Magdalena, Nariño y Boyacá. Tiene en su poder 43 títulos que corresponden a 82 mil 458 hectáreas.

Mineros S.A
   Es un grupo minero de Capital Colombiano, concentrado especialmente en el departamento de Antioquia en 116 mil 536 hectáreas en 87 títulos.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/130699-las-alianzas-estrategicas-de-la-mineria-en-colombia

Para-POLÍTICA vs Para-ECONOMÍA:

2011-12-07T23:04:00.001-08:00

LA MULTINACIONAL HOLANDESA LLANOS OIL, y SERVICIOS PETROLEROS DEL CARIBE CONDENADOS POR LAVADOS DE ACTIVOS PARA GRUPOS CRÍMINALES EN COLOMBIA

incidencia de la empresa Llanos Oil

Las empresas Llanos Oil (empresa Holandesa) y Servicios Petroleros del Caribe (empresa prestadora de servicios a las multinacionales petroleras), lavaron para el Bloque Centauros de las Auc ocho millones de dólares, así lo ratificó la Corte Suprema de Justicia.

El Caso:

Llanos Oil Exploration Limited (van Bilderbeeks), empresa Holandesa, firma un contrato de exploración con la empresa estatal petrolera de Colombia “Ecopetrol” para la explotación de la concesión de petróleo y gas “Guatapuri” ubicada en la zona noreste de Colombia junto a la rica área de con reservas comprobadas de petróleo de Maracaibo, Venezuela.
Llanos Oil Exploration Limited (van Bilderbeeks) descubrió una estructura petrolífera con más de mil millones de barriles de petróleo denominada “Fidelina” ubicada dentro de la concesión de petróleo y gas “Guatapuri”.
La estructura petrolífera “Fidelina” es idéntica a los yacimientos con más de mil millones de barriles comprobados que Shell Oil posee en La Paz y La Mara en Maracaibo, Venezuela.
La empresa estatal petrolera de Colombia “Ecopetrol” urdió dos operaciones de apoderamiento hostil de los derechos de petróleo y gas de Llanos Oil luego de enterarse del descubrimiento por parte de Llanos Oil de la estructura petrolífera “Fidelina” con más de mil millones de barriles de petróleo.

La empresa Brasilera Llanos Oil Exploration?

Los van Bilderbeek compran Llanos Oil el 14 de setiembre de 1986.

Llanos Oil Exploration Incorporated:

Contrato Surales:
466 Km. de datos sísmicos reprocesados

Contrato Canaparo Sur:
686 Km. de datos sísmicos reprocesados
5 pozos perforados

Contrato Las Maracas:
Joint venture Llanos Oil Inc & Coplex
Área de perforación terminada Compae-1

Llanos Oil Exploration Limited:

Contrato petrolero de Las Nieves – Guatapuri:
Estudio por parte de los Petroconsultores
Informe del pozo Diacomp A-1X & F1-X
Escaneo satelital de 250.000 acres de Guatapuri para su reinterpretación estructural y térmica
Informe geológico, prospectivo y de cretáceo con presencia de hidrocarburos
Dos áreas de perforación terminadas “Fidelina” y “Guacharaca”
235 Km. de datos sísmicos reprocesados
70 Km. de nuevos datos sísmicos en 2D
Permiso ambiental
Permiso para trabajos de perforación
Plataformas petroleras de Beiken Industries de China
Plataforma petrolera de Parker Drilling de los EE.UU.
Servicios petroleros Halliburton

Proveedores de servicios que participaron

Halliburton USA
Parker Drilling USA
Western Atlas USA
Beiken Industries China
NPA [LandSat] UK
y muchos otros proveedores tales como Schlumberger y Harken Energy

EL CASO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA:

La Sala Penal de La Corte Suprema de Justicia ratificó que la petrolera holandesa Llanos Oil y la empresa de Servicios Petroleros del Caribe lavaron cerca de ocho millones de dólares, resultado de los negocios de narcotráfico del bloque Centauros, al mando del asesinado jefe paramilitar, Miguel Arroyave.

Según la investigación realizada por agentes del DAS, la banda que lavaba activos para el Bloque Centauros, contactó y posteriormente recibió el apoyo de las empresas Llanos Oil y Servicios Petroleros del Caribe para realizar transferencias, convertir a pesos y meter al mercado colombiano cantidades de dinero provenientes del exterior, producto del narcotráfico.

Según la investigación, la red de lavadores de dinero contó con la colaboración de la multinacional holandesa entre diciembre de 2002 y agosto de 2003, cuando ésta hizo transacciones cercanas a los ocho millones de dólares, sin tener justificación de su procedencia.

Sobre Servicios Petroleros del Caribe, los investigadores del DAS establecieron que, para el mismo periodo, recibió casi 8 mil millones de pesos de los cuales giró unos tres mil millones a diferentes empresas y personas naturales.

Como lavaron el dinero los ‘paras’???
Según comunicaciones telefónicas interceptadas por agentes del DAS a la red de lavadores, se pudo precisar que las Autodefensas lavaban dinero resultado de sus negocios ilegales a través de una organización conformada por denominados ‘brokers’ o agentes financieros, empresas colombianas que justificaban grandes movimientos de capitales en sus cuentas bancarias y una grupos de personas o empresas que se hacían pasar por proveedores para tener justificación de girarles cheques y en algunos casos hacerles trasferencias de dinero.

Cuando estas empresas o personas ya tenían el dinero en sus manos, descontaban su comisión y en algunos casos le entregaban la plata a los paramilitares o de lo contrario compraban costosas propiedades a sus nombres y las vendían para recuperar el dinero de los paras.

La decisión de la Corte
Asimismo, El Alto Tribunal, ratificó las condenas a 11 años de cárcel contra varios paramilitares del Bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave, proferidas el 18 de septiembre del 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la decisión del Primer Juzgado Penal Especializado de Circuito de Bogotá que los condenó por el delito de lavado de activos agravado.

Andrés Vélez, asesor de prensa de los paramilitares, involucrado directamente en el lavado fue condenado a una pena de 20 años de prisión, mientras que Carlos Enrique Molano Marina, otro de los enlaces, fue condenado a 178 años de cárcel y a una multa equivalente a 19 mil millones de pesos.

Un montaje para favorecer a la Drummond: Rafael GarcíaEn la providencia, La Corte resolvió el recurso de casación interpuesto por los hermanos Hendrik y Albert Bilderbeck, máximos socios y directivos de Llanos Oil Exploration, quienes alegaban que los grandes flujos de dinero eran resultado de las actividades relacionadas con el petróleo.

En la defensa de los hermanos Bilderbeck, también se incluyeron las declaraciones de Rafael García, el ex jefe de informática del DAS, ( hizo públicos los nexos del agencia de inteligencia con los paramilitares) quien aseguró que por órdenes del gobierno nacional, en ese entonces en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, los agentes del DAS intervinieron a la Petrolera Llanos Oil Exploration, con el fin de retirarla de un contrato y entregárselo a la Drummond, motivo por el cual, todo sería un montaje.

Según lo dicho por García, “por orden del entonces director del D.A.S., la que a su vez se derivaba de la Presidencia de la República, había que involucrar a las citadas empresas en actividades ilegales, en orden a favorecer a la Drummond”.

Sin embargo, entre las pruebas recogidas durante la investigación, Ecopetrol aseguró que nunca realizó contratos de exploración, explotación o comercialización de petróleo que justificara los movimientos de esos capitales en sus cuentas bancarias, asegura la providencia de la Corte Suprema de Justicia.

Otras empresas involucradas
Otras empresas que se encuentran involucradas en el lavado son:
Transglobal Intertrans S.A. que en abril de 2003 giró mil millones de pesos aproximadamente en títulos de valores de los que era beneficiaran Multivalores S.A. Además, recibió seiscientos cincuenta mil dólares de México, Dubai y Nassau;
Intertextil en Cali, quien transfirió a una cuenta en Colombia seiscientos cuarenta mil dólares entre agosto del 2002 y julio del 2003, y luego los transfirió varias empresa ganaderas y agrícolas; Flora Andina Ltda., empresa que está ligada a otras investigación, según lo reconoce la decisión de la Corte.

Fuentes: Verdad abierta, Semana y el Espectador.

Nancy Fiallo Araque

Observatorio de Derechos Humanos y Parapolítica-Asamblea de Mujeres por la Paz-AMP-

móvil: (571) 300 823 66 34

nancyfiallo@hotmail.com

nancyfiallo@gmail.com

Bogotá. DC- Colombia- Sur América

Campaña Defensores: Colombia,Europa y EEUU.

COLOMBIA: GUANENTÁ, Las comunidades se unen en contra de proyectos de minería

2011-11-26T10:31:00.001-08:00

Algunos miembros del Comité para la Defe nsa del Páramo de Santurbán, hicieron presencia en San Gil, donde se reunieron con integrantes de la Organización Campesina El Común, la Red de Justicia Comunitaria y estudiantes universitarios, para concientizarlos sobre los peligros que acarrea los proyectos mineros de las multinacionales en el territorio nacional

Uno de los miembros de este comité, Mauricio Meza Blanco, dijo que hicieron este encuentro en el municipio porque se sabe que en la Provincia guanentina hay proyectos de concesiones mineras con empresas de Brasil, que están detrás de los recursos naturales de la región y que la comunidad tiene derecho a saberlo.

“La idea es que con los campesinos, que son los primeros afectados, y con los estudiantes universitarios que hoy hicieron participaron, nos unamos para hacer veedurías ambientales que vigilen la conservaciones de los recursos naturales, no sólo de la provincia sino también de Santander y el país”, expresó.

Entre los temas que se trataron estuvieron las modificaciones al código minero y las intenciones de las multinacionales al entrar a los diferentes puntos del territorio nacional, además de las consecuencias que esta situación conlleva.

El representante del comité indicó que existe un problema grave, refiriéndose a la enajenación de los predios donde se realizan estos proyectos mineros, y citó ejemplos como el caso de Hidrosogamoso y las minas del Cesar, lugares donde las grandes empresas extranjeras se apropian de las tierras por una concesión que otorga el código minero, volviéndolas así propiedad pública y de interés social, “lo que significa que sólo se pueden vender a estas compañías, transgrediendo así los derechos de los propietarios, en este caso los campesinos”, resaltó.

Otro problema que destacó Meza Blanco, es el daño que la minería causa a las aguas superficiales y subterráneas y la forma como se daña el tejido social por la falta de compromiso del gobierno al otorgar las licencias y de las mismas corporaciones ambientales que son las que pueden sancionar, pero no lo hacen.

Por ello el funcionario invitó a la comunidad a realizar gestión y movilizaciones sociales, catalogándolas como la única estrategia que ha salvado a los campesinos y propietarios de perder todo.

http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/132746-las-comunidades-se-unen-en-contra-de-proyectos-de-mineria

El crecimiento minero está impactando el Medio Ambiente del Caribe

2011-11-26T10:20:00.001-08:00

Varias universidades de Colombia, organizaciones ambientales, con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, adelantan el Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales, en la ciudad de Santa Marta.

El encuentro, en su novena sesión, tiene como objetivo analizar la situación del medio ambiente y el manejo integral de los territorios costeros, playas y océanos, así como el impacto que está generando la industria y el desarrollo de actividades económicas.

Antonio Hernández Gamarra, director del observatorio del Caribe, dijo que es evidente el impacto ambiental que se está generado por el desarrollo minero, especialmente en el departamento del César.

"No sólo es visible el daño de la minería en la atmósfera, sino una minería que ha sido desarrollada con mucho descuido sobre zonas ambientales (...) Lo cierto es que buena parte del departamento de César está siendo explotado mineramente o va ser explotado en el futuro inmediato", sostuvo Hernández.

Añadió que en el departamento de César hay cerca de ocho empresas de carbón y que estás generan 45 millones de toneladas del producto, pero que infortunadamente estas no son una fuente de empleo porque son muy pocas las personas que se contratan por parte de estas empresas.

El congreso también discutirá asuntos como el desarrollo económico en el parque Nacional Tayrona y los cuestionados proyectos que se han pretendido llevar a cabo en la reserva natural.

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/el-crecimiento-minero-esta-impactando-el-medio-ambiente-del-caribe/20111124/nota/1583088.aspx

Población de Guajira se organiza para combatir proyecto minero en funcionamiento desde hace 35 años

2011-11-23T18:41:00.001-08:00

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

Además de los graves problemas ocasionados por el conflicto armado interno en Colombia, el país también padece la explotación minera, actividad que afecta a comunidades enteras de indígenas y afrodescendientes robando calidad de vida y afectando al medio ambiente, la salud, el territorio y la cultura. Cansados de enfrentar esta situación de explotación desde hace 35 años, pueblos y comunidades de La Guajira se reunieron en los últimos días 18 a 20, en el municipio de Barrancas,para analizar los impactos de los megaproyectos mineros y reclamar cambios antes que La Guajira desaparezca.
Durante los tres días de reunión, que tuvo lugar en el Resguardo Indígena Wayuu provincial, las comunidades Wayuu, afrodescendientes y campesinos de La Guajira debatieron los problemas causados por el proyecto minero Cerrejón, una de las mayores minas a cielo abierto del mundo. Cerrejón produce, por año, 32 millones de toneladas de carbón y representa el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guajira.
En sus 35 años de funcionamiento, la mina quitó la tranquilidad a la población del lugar, hizo desaparecer a los animales, modificó el paisaje, contaminó el agua, el aire y el suelo con polvo de carbón; perjudicó la pesca y la agricultura, generó contaminación visual y auditiva, provocó muertes relacionadas con infecciones respiratorias, ignoró leyes de consulta previa a los pueblos indígenas, desalojó a familias y mintió al asegurar beneficios para la región en nombre del progreso y del desarrollo.
Hoy, el 70% de la población de Guajira vive en la pobreza y el 30% en la extrema pobreza, a costa del enriquecimiento de la empresa Cerrejón que, en su sitio web, se denomina como una empresa responsable. Mientras falta espacio para que la población plante y críe animales, el proyecto minero ocupa más de 69 mil hectáreas de tierra.
A pesar de este cuadro ya desolador, la región está cerca de sufrir otro golpe: el desvío del río Ranchería a más de 26 kilómetros de su lecho natural. El proyecto no tiene en cuenta el hecho de que municipios, resguardos indígenas y comunidades enteras dependen del agua de este río y corren el riesgo de sufrir desabastecimiento.
La población de Guajira no está parada y ya se manifestó dos veces (9 de agosto y 6 de septiembre) contra el desvío del lecho del río y la continuidad del proyecto minero Cerrejón. "Somos consientes de los derechos que hemos conquistado, los cuales deben ser respetados tanto por el Estado colombiano como por las empresas y los Estados de origen de éstas, en tal sentido nos oponemos a que de manera arbitraria se siga adelante con estos proyectos y se simule y engañe a las comunidades en reuniones que se pretenden hacer pasar como de consulta previa”, afirman en un Pronunciamiento.
Para combatir esta situación, durante la reunión en Barrancas, las comunidades Wayuu, los afrodescendientes y los campesinos/as de La Guajira hicieron una lista de exigencias que necesitan ser atendidas con urgencia por el Estado colombiano, por las empresas Cerrejón, MPX, Pacific Rubiales y por otras que pretendan instalarse en la región.
El Estado debe garantizar los derechos de los pueblos a usufructuar sus territorios colectivos, invalidar falsas consultas previas, respetar el modo de realización de las consultas elegido por los pueblos, no otorgar licencias hasta que se realicen consultas autónomas en las comunidades, ordenar el fin de las prácticas de persecución promovida por las empresas y tomar medidas urgentes para garantizar, promover y recuperar la alimentación en las comunidades por medio de actividades productivas.
A las empresas cabe la suspensión de las actividades de explotación minera en La Guajira, la no realización de falsas consultas previas, la no utilización del pueblo para hacer propaganda propia, informar sobre los efectos negativos causados por las empresas y, específicamente para Cerrejón, que repare los daños causados por 35 años de explotación en la región.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=62588

El penoso futuro de los niños indígenas en Colombia.

2011-11-21T20:10:00.001-08:00

Su sensible canto resiste a la extinción. Con profunda tristeza, y mientras los medios de comunicación comerciales hacían alharaca de la eventual firma del TLC con Estados Unidos, la ONIC entregaba un informe sobre extinción cultural de nuestros pueblos indígenas con énfasis en la niñez, que simplemente parte el alma. En tasa de mortalidad, por ejemplo por cada 1.000 niños emberá katío mueren al año 142, del Pueblo Awá 166 y 200 del Pueblo Yukpa (el estudio se realizó sólo en tres comunidades), mientras que sólo en una comunidad indígena de Guainía, en un año murieron 57 niños de enfermedades prevenibles.

Ante este dramático panorama la concejala indígena Ati Quigua resalta el trabajo realizado por la Administración Distrital en Bogotá, que en sus últimos 8 años centró su énfasis en la atención a la niñez con enfoque diferencial, apoyando además la atención humanitaria. Las Secretarías de Integración Social, Educación, Salud y Desarrollo Económico, entre otras, apoyan programas en desarrollo, atención y protección, “pero la niñez indígena desplazada que debe ser atendida por el ICBF se encuentra en las peores condiciones… que les quiten los niños a las madres indígenas no les garantiza su pervivencia cultural”, señaló. Por esta situación la concejala pide atención integral y digna, pues ha tenido que acompañar jurídicamente casos en que la entidad ha arrebatado a madres indígenas, especialmente emberá, sus hijos.

Es “una realidad cruda y verdadera… evitar la extinción de nuestras culturas e historia es apuesta de tod@s para permitir la pervivencia de nuestros pueblos, responsabilidad de la humanidad”, señaló Dora Tavera, consejera del Área de Mujer de la ONIC.

El grito de los niños por pervivir en medio de un país en guerra y cuyo pilar político y económico es la extracción y explotación de los recursos y la biodiversidad, ahonda el dramático panorama que se cierne sobre los pueblos indígenas que, en su hábitat de vida, reciben amenazas diarias contra su pervivencia física y cultural, como explicó la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, al presentar el informe: “La Niñez y el Futuro de los Pueblos Indígenas”, el pasado 08 de abril[1].

El informe se realizó en el marco de la campaña que adelanta la ONIC Palabra Dulce, Aire de Vida, que busca visibilizar y sensibilizar sobre el alto riesgo de desaparición de los pueblos indígenas. Se enfocó en Derechos de la infancia y la adolescencia, según Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establecen que: Niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos de cualquier ser humano y además derechos adicionales en cuatro aspectos: Existencia, condiciones esenciales para preservar la vida; Desarrollo, condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad humana; Ciudadanía, condiciones básicas para vivir en sociedad, ejercer libertad y ser tratados como ciudadanos y; Protección, no ser afectado por factores perjudiciales para la integridad humana.

La investigación advierte además de la alta tasa de mortalidad, el involucramiento de menores en el conflicto por parte de actores armados ilegales, carencia de atención del Estado a la niñez, reiterada violencia y discriminación, una alta orfandad porque muchos padres y madres indígenas mueren en el conflicto. “No solo la guerra mata nuestras niñas y niños, múltiples formas de violencia contra nuestros pueblos nos han puesto al borde de la extinción, amenazando a diario nuestra pervivencia como pueblos”, indica el estudio.

Un caso muy doloroso lo presentó la Fundación Caminos de Identidad, FUCAI, sucedió en 2009 en Guainía, sector de Barrancominas donde murieron 57 niños de enfermedades prevenibles y curables como infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas agudas. Según denuncias de autoridades tradicionales, recogidas por FUCAI y la ONIC, no hubo atención médica ni por parte de la ESE de Puerto Inírida ni por parte de la EPS, Ecopso, responsable de estas comunidades.

En la región la población indígena padece de alimentación deficiente y desnutrición infantil. “Los conucos (unidades hortícolas tradicionales) antes muy diversificados (cultivaban hasta 40 especies alimenticias) ahora se han simplificado tanto que no disponen más de 10 especies”, señala FUCAI. Ello se debe, explica la organización, a una fuerte tendencia al monocultivo; falta de agua potable; escasez creciente de proteína animal y deterioro de los suelos cercanos a las viviendas.

Para tratar el tema de los 57 niños que no se les permitió vivir, FUCAI denunció que el Estado no ofrece ninguna solución. Se realizaron dos reuniones. A la primera reunión, noviembre 06 de 2009 asistieron un delegado del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Protección, el Secretario de Salud del Guainía, algunos políticos, los indígenas y la ONIC. Habían muerto 43 niños hasta ese día. El 11 de diciembre hubo otra reunión convocada por los indígenas y los Ministerios del Interior y Protección en la cual participaron las mismas personas más representantes de la EPS y de la ESE.

Según FUCAI la ESE y la EPS se echaron la culpa unos a otros y no pasó nada. Entre la reunión anterior y esta murieron otros 14 niños. Nada ha pasado hasta hoy, los políticos que acudieron a la reunión feriaron su discurso de compromiso pero sólo por réditos políticos. En esta y otras regiones del país los niños indígenas mueren, a veces por física hambre. Si eso pasa en sólo 3 comunidades que se realizó el estudio[2] y en una que compartió la dolorosa experiencia de niños del Guainía, que se espera en las más de 10.000 comunidades que conforman los 102 pueblos indígenas del país, “si en menos de una década ha desaparecido más del 70% de los Nukak Makú emblema del patrimonio cultural por su nomadismo, “¡Qué nos Espera!”, concluye la ONIC.

En Bogotá la niñez indígena, si bien hay dificultades sobre todo con niños de familias desplazadas que tienen que mendigar y vivir en condiciones adversas, pareciera menos incierto su futuro. La Administración Distrital, y por gestión de la concejala Ati, en los últimos 8 años ha centrado su énfasis en la atención de los menores con enfoque diferencial, apoyando además de la atención humanitaria que le corresponde a la nación a través de Acción Social (que no lo ha hecho), la Secretaría de Integración Social y otras Secretarías distritales apoyan programas en desarrollo, atención y protección de la niñez indígena, promoviendo programas y educación propia para niños de 1 a 5 años en los 6 Jardines Infantiles, entre otros avances.

[1] El estudio fue realizado y apoyado por organizaciones como Fundación Caminos de Identidad, FUCAI; la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares; Mensen met enn Missie y comunidades religiosas: Hermanas Laura y la Diócesis de Quibdó, entre otras.

[2] La Investigación se realizó en comunidades indígenas Awá del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño; la comunidad Yukpa del Resguardo Socorpa, municipio de Becerril, Cesar y; en la comunidad Emberá katío, El 90 de Quibdó en el Chocó.

http://www.todosatierra.com/page/2011/04/el-penoso-futuro-de-los-ninos-indigenas-en-colombia/#more-4258

Se asociaron las 12 empresas mineras más importantes en Colombia

2011-11-21T16:48:00.001-08:00

Con el fin de demostrar que la minería legal y responsable si se puede desarrollar y demostrar que son unos aliados para el desarrollo del país, 12 de las empresas mineras y energéticas más importantes se unieron en Colombia.

Claudia Jiménez Jaramillo, directora del sector de la minería a gran escala, aseguró que dentro de los aliados se encuentran varias empresas que se encargan de la exploración y explotación de oro y carbón.

“El sector quiere comprometerse y demostrarle al país, que en el debate legítimo que se está dando hoy en día de cómo es la mejor manera de aprovechar sus recursos naturales. Nosotros queremos aportar para ese debate nacional respondiéndole a la opinión pública, que la mejor manera de hacerlo es a través de una minería responsable, con estándares internacionales con seguridad, con salubridad y con responsabilidad ambiental y social”.

Según la directora de M.G.E dijo que están trabajando en unos códigos de autorregulación que les van a guiar el comportamiento más allá de la ley con unos estándares internacionales.

Señaló además que el sector minero-energético genera cerca de un millón 200 mil empleos de los cuales 328 mil son directos.

Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en http://www.rcnradio.com/noticias/editor/se-asociaron-las-12-empresas-m-120750#ixzz1eOI2ivPH

BOGOTA: LA JORNADA DEL 10-11-11

2011-11-12T19:42:00.001-08:00

Amigas y Amigos en la Argentina y el resto del continente... Les comparto solo una foto que encontre la panoramica de la movilizacion estudiantil de ayer en la Toma de Bogota, pero que se realizo en varias ciudades del pais... y que convoco a familiares, trabajadoras y trabajadores y otros sectores de la sociedad colombiana... a pesar de una tremenda tempestad se llego en conjunto y con mucha fuerza a la plaza.
Hasta los medios de la derecha (que son la mayoria) han tenido que haceptar la grandeza de este movimiento y la resitencia de los y las estudientes antes los intentos de desarticulacion del gobierno nacional.

Notese en la foto la toma del árbol de navidad que estaba preparando la Alcaldia y qeu sirvio para visibilizar las banderas del movimiento con su reclamo y sos consignas.... Este fin de semana se reune la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, para elaborar la contrapuropuesta de reforma estudiantil...
YA LES CONTARE COMO SIGUE LA COSA.

ABRAZOS DESDE COLOMBIA

SIGUE LA RESISTENCIA!!!

ROCIO

http://static2.elespectador.com/files/68ca56b98a0cc93b804febcbf0f73032.pdf

'Desde los 70 no vivíamos algo así': vocero estudiantil

2011-11-10T12:58:00.001-08:00

Universitarios programaron para mañana una protesta en Bogotá. Sergio Fernández explica sus bases.

El movimiento estudiantil mostró un músculo sin precedentes el jueves pasado, cuando sacó a 600.000 manifestantes en 31 ciudades del país. Mañana, en la llamada 'toma de Bogotá', se calcula que marcharán al menos 30.000 personas.

Además de los estudiantes, estarán centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales de todo el país.

ELTIEMPO.COM habló con Sergio Fernández, vocero de la Mesa Amplia Nacional de Educación (Mane), el movimiento que ha canalizado la protesta universitaria.

¿Esperaban una respuesta masiva como la del jueves?
Nos sorprendió gratamente, sobre todo la participación de más de 20 universidades privadas. Es un hecho que cada vez tiene más fuerza.

¿De dónde salió esa fuerza?
Desde los 70 no teníamos un referente de organización política. El movimiento estudiantil estaba atomizado y cada uno tiraba para su lado. Después de la conformación de la Mane, en agosto, más de 300 organizaciones estudiantiles tenemos una sola voz.

¿El Mane es un movimiento compacto?
En una mesa en la que tienen voz más de 70 universidades obviamente hay divergencia. Pero todas las decisiones de impacto, como el paro, han tenido consenso.

¿Se ven en el espejo de Chile?
Los jóvenes chilenos le han dado un ejemplo al mundo y la fuerza de su movimiento es inspiradora. Estamos haciendo contactos con ellos para convocar una gran movilización latinoamericana por el derecho a la educación.

¿Por qué no les sirve la reforma?

Porque no fue una reforma consensuada con la comunidad universitaria y por su contenido privatizador. Parte de la base de que en Colombia no hay recursos para la educación pública y que es necesario impulsar modelos privados y mixtos.

Pero el proyecto sí establece que la educación es un derecho y un servicio público...
Si la educación es un servicio no es un derecho; los servicios hay que pagarlos. El texto tiene muchos trucos. Dice, por ejemplo, que se subsidiarán los intereses de los créditos del Icetex para estratos bajos, pero luego señala que esta financiación estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

¿Hay algo bueno que encuentren en la propuesta?
Nada. Es un monstruo con una malformación congénita incorregible.

¿Qué proponen, entonces?
Una reforma en la que tengamos voz. Que no se discuta en el
Congreso, donde mandan las mayorías del Gobierno, sino en las universidades.

Pero el Gobierno ha anunciado que no dará su brazo a torcer...
Pues debería tener más tacto para manejar esta crisis porque podría desencadenar un paro cívico nacional. Ya no sería la pelea solo de los estudiantes.

¿Qué pasará este jueves?
Convocaremos la marcha más grande que haya visto esta generación. No se va a mover un carro si los estudiantes no lo permiten.

¿Será una protesta pacífica?
Por supuesto. Alzaremos la voz con comparsas, teatro callejero, música y abrazos.

Santos decide hoy suerte de la reforma

La Comisión Sexta de la Cámara en pleno se reunirá este miércoles en la mañana con el presidente Juan Manuel Santos para decidir qué hacer con la reforma de la ley educación superior (Ley 30), que todavía no ha iniciado su trámite formal.

Varios congresistas dijeron que hay tres escenarios posibles: que el Gobierno retire el proyecto, que lo mantenga o que le dé mensaje de urgencia. Si le dan luz verde a esta última opción, se deberá tramitar antes del 16 de diciembre, que es cuando termina la primera parte de la legislatura.

Ayer, la organización de estudiantes le envió una carta a la Comisión Sexta en la que insisten en que la discusión del proyecto debe darse fuera del Congreso.

"Con la actual constitución del Congreso, con una amplia mayoría de la bancada del Gobierno, aglutinada en la Mesa de Unidad Nacional, no es posible asegurar una construcción realmente colectiva de la ley", dicen en la misiva.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha reiterado que no retirarán el proyecto "porque trae más recursos públicos para financiar la educación, mejorar la calidad y ampliar la cobertura".

'No son una copia de Chile'

El historiador Mauricio Archila, autor del libro 'Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protesta social en Colombia 1958-1990', no recuerda una protesta de esta magnitud en los últimos veinte años en el país, "por su número de participantes, cohesión y protesta pacífica".

Dijo que, si bien los estudiantes siempre han acompañado los paros obreros o cívicos, no habían logrado un reclamo propio tan sólido y articulado como el de ahora.

"Las protestas en Chile sin duda han impactado, pero no son un calco", afirmó.

Le llama la atención que sus reclamos no son partidistas, ni están infiltrados por la guerrilla.

"Ellos quieren hacer partícipe a la gente y están vinculando a todos los protagonistas", concluyó.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/continuan-las-protestas-estudiantiles-en-el-pais_10729484-4

El significado del asesinato de Alfonso Cano

2011-11-06T15:50:00.000-08:00

José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Después de más de 30 años de lucha guerrillera, el máximo jefe de las FARC-EP ha sido asesinado. Murió combatiendo, como un guerrillero raso más, mientras que quienes lo mandaron a asesinar, la élite dorada, jamás subieron al monte ni han puesto a uno sólo de sus hijos al frente de la batalla. Este era un desenlace que se veía venir, ya que desde el 2008 Cano se enfrentaba a una presión militar impresionante: 6.000 tropas de élite contrainsurgentes a su caza, cerco militar en el sur del Tolima y Cauca, bombardeos indiscriminados en toda esa región. Y finalmente lo “cazaron”, no en Tolima como esperaban, sino en Cauca. El procedimiento fue típico: inteligencia militar (con apoyo decisivo de la CIA), bombardeos, desembarcos desde helicópteros y orden de asesinar, no de capturar.

Este procedimiento, en flagrante violación del derecho internacional humanitario, está en plena concordancia con el componente de la guerra sucia del Estado colombiano llamada “Plan Burbuja”, según la cual hay que golpear a los mandos guerrilleros para provocar un proceso doble: por una parte, estimular las deserciones, por otra, producir un fenómeno de “bandolerización” por la pérdida de los mandos político-militares y desestructuración de la cadena de mando (lo último implica que lo que realmente preocupa a la oligarquía no son la violencia ni la seguridad de los ciudadanos, sino conservar el poder a toda costa).

La muerte de Cano es un golpe militar indudable a la insurgencia, que por primera vez sufre la baja de su líder máximo. No solamente es un golpe por el enorme aprecio que le tenían los insurgentes, sino por el genio político-militar que demostró en su período al mando. En el 2008 los medios, con su normal ignorancia de los temas del conflicto, especulaban sobre el supuesto conflicto en las FARC-EP entre el ala “militar” supuestamente liderada por el Mono Jojoy, y el ala “política”, supuestamente liderada por Cano, al que se le mostraba como un ideólogo dogmático sin experiencia militar significativa. Sin embargo, la realidad demostró lo espurio de los supuestos en los que se sustentaron estas tesis. Cano demostró una visión militar superior a lo esperado por los "opinólogos", logrando una reorientación estratégica de las FARC-EP que las llevaron a recuperar mucho del terreno perdido desde la implementación del Plan Colombia, adoptando una postura de ofensiva estratégica en vastas zonas del país que se aprecia en los contundentes golpes dados por la guerrilla en el período 2009-2011. También en lo organizativo, Cano supo descentralizar la organización para, por una parte, facilitar el trabajo político de masas y por otra, para absorber mejor los golpes del Plan Burbuja sin que se resintiera el conjunto de la organización.

Las FARC-EP, con estructuras más descentralizadas y flexibles, asimilarán con toda probabilidad este nuevo golpe y recompondrán las estructuras de mando para llenar este vacío. Es muy probable que el mecanismo de sucesión de mando previamente establecido (Cano estaba bien consciente de que su asesinato era inminente) ya esté andando y que el sucesor sea Iván Márquez.

Pero lo que está claro es que la resistencia de las FARC-EP a este embate no depende solamente de lo militar sino, fundamentalmente de lo político, y tambien en esto Cano supo abanderar una orientación política que lo demostró como algo distinto a ese personaje obscuro y ortodoxo descrito por los medios. Logró controlar los enfrentamientos entre estructuras farianas con estructuras del ELN en diversos puntos del país. No solamente eso: también logró un pacto estratégico con esa organización, lo cual ha fortalecido a ambos sectores insurgentes. También supo entender el contexto actual de movilización popular, defendiendo un proceso de negociación política del conflicto que permitiera articular las demandas de los diversos sectores populares subordinados. De una u otra manera, buscó formas de que las propuestas de la insurgencia volvieran a instalarse en la mesa como parte del debate político, más allá de temas como el acuerdo humanitario o el proceso de paz, actualizándolas con nuevas lecturas políticas y nuevos análisis de la realidad nacional e internacional. En este sentido, Cano demostró un liderazgo político-militar que permitió un salto estratégico de la organización guerrillera.

¿Morirá todo este trabajo hecho en el último tiempo con Cano? Aún cuando el asesinato de Cano repercutirá en las filas insurgentes, difícilmente ocurrirá tal cosa. El último informe de la Corporación Nuevo Arco Iris (“La Nueva Realidad de las FARC”), publicado en agosto, da cuenta de ello, cuando afirma que aún cuando la muerte de Cano sea inminente, ello difícilmente significaría el fin de la insurgencia o aún un escenario de desplome acelerado. Esta afirmación se sustenta en los hechos por varias razones: primero que nada, porque Cano no tomaba decisiones solo sino como parte de un cuerpo colectivo, el Secretariado Mayor. Se equivoca el establishment colombiano cuando cree que las FARC-EP son una organización sustentada en liderazgos carismáticos. El asesinato del Mono Jojoy (una figura de un carisma mucho mayor que el de Cano entre los guerrilleros) en 2010 así lo demostró –no hubo deserciones en masa y el Bloque Oriental mantiene la presión militar. Lo mismo pudo decirse del fundador de las FARC-EP, Manuel Marulanda, cuya muerte también se especuló que produciría un desmoronamiento de la organización –cuando ocurrió en realidad todo lo contrario, un restructuramiento de la organización y un fortalecimiento organizativo-. Pero tampoco será ese el escenario porque las orientaciones políticas que han enfrentado el intento de “aislamiento político” de la insurgencia, así como las estructuras que han permitido el reacomodo estratégico de las FARC-EP al nuevo escenario de guerra, dominado por el poderío aéreo del Estado y el perfeccionamiento de la inteligencia militar, ya están instaladas y andando. Y han demostrado ser efectivas [1].

Digamos que con la muerte de Cano la insurgencia pierde un valioso dirigente, pero no pierde la razón de ser ni su norte como organización. La orientación de Cano ha sido parte de una orientación colectiva que demuestra el dinamismo de la insurgencia de cara a una ofensiva militar sin precedentes por parte del Estado, así como el carácter orgánico de la guerrilla colombiana. Si bien Cano es el máximo dirigente asesinado, varios otros líderes han sido abatidos en el último tiempo gracias al Plan Burbuja y el efecto esperado por parte del Estado (desplome, desmoralización, bandolerización y deserciones masivas) no ha ocurrido. Y no ocurrirá porque las fuerzas que alimentan al conflicto siguen ahí, y la insurgencia conserva fuertes raíces en la Colombia rural pese a la campaña de exterminio y desplazamiento masivo del Estado colombiano, que llaman “consolidación territorial”. Y porque la insurgencia en Colombia es una insurgencia de carácter orgánico, no basada en caudillos carismáticos. Los movimientos insurgentes de carácter orgánico como las FARC-EP han sabido sobrevivir y aún fortalecerse después de la muerte de sus dirigentes, como ocurrió con el PKK tras el arresto de Abdullah Ocalan, con el FSLN tras el asesinato de Carlos Fonseca, o con las guerrillas africanas PAIGC o Frelimo, tras el asesinato de sus respectivos dirigentes Eduardo Mondlane y Amílcar Cabral. Y su martirio en ocasiones logra fortalecer la moral y redoblar la resolución de lucha de los rebeldes, con lo cual podría haber un efecto boomerang.

Santos, sobre el cadáver del adversario abatido profiere vivas a Colombia, sin poner en duda su concepción de país donde el poder se reafirma con ofrendas de sangre. Dice que el “crimen” no paga (confundiendo rebelión con crimen), mientras el país se asfixia en la corrupción promovida por familias cuyas fortunas se han amasado mediante el asesinato, el desplazamiento, el robo de tierras y la entrega de los recursos naturales mediante pactos fraudulentos. Los medios reproducen partes triunfalistas en los que, ahora sí, nos vuelven a decir, estamos en el fin del fin; no en el fin inmediato, sino en la recta final, etc. Mientras hasta hace unas semanas se quejaban de una guerrilla envalentonada y un ejército desmoralizado, hoy afirman que la guerrilla está desmoralizada y que este golpe desmiente la tesis “maliciosa” de la desmoralización castrense. En realidad esta victoria, por las razones más arriba expuestas, es pírrica, y difícilmente alterará el curso del conflicto según se ha delineado en el curso del presente año o mejorará sustantivamente la moral de la tropa cuya baja se encuentra, como hemos afirmado en otra ocasión, en la naturaleza misma de esta guerra sucia tan degrada. Antes bien, este nuevo triunfalismo (mucho menos pronunciado que el triunfalismo tras la muerte de Raúl Reyes) podría jugar en contra de esa moral cuando el fin del fin no llegue.

Pero no sería correcto afirmar que nada cambiará en el nuevo escenario post-Cano; es indudable que este golpe tendrá efectos. El periodista Alfredo Molano advirtió de que esta victoria militar puede convertirse en una derrota política. Tal cosa no parece descabellada porque quedan claras las intenciones de “paz y diálogo” de Santos, quien ha posado como el presidente de los “derechos humanos”, abierto a la “negociación”. Será mucho más difícil sostener tal cosa para socialdemócratas como Medófilo Medina, Pacho Galán, León Valencia u otros que se han mareado con la “voluntad de paz” del gobierno, después de esta acción, pues ¿cómo hablar de paz mientras se asesina al interlocutor? Pongamos el caso irlandés como ejemplo: el Estado británico estuvo dispuesto a dialogar con la insurgencia (el IRA) y por ello, aunque tenían localizados plenamente a los líderes políticos del movimiento, no los asesinaron para permitir ese espacio de negociación. Tal cosa no ocurre en Colombia, precisamente porque la voluntad de paz o de diálogo no existe. Lo que se busca es el exterminio de los posibles negociadores para lograr la desmovilización. Es decir, la paz de los cementerios, o pacificación sin ninguna transformación política en el país. El resultado de esta política lo conocemos bien en Guatemala o El Salvador. Y eso no es lo que la mayoría del pueblo quiere para Colombia.

El gobierno cierra las puertas al diálogo, ¿cómo reaccionará la insurgencia? Es difícil predecirlo, pero sea lo que sea, es posible ver un período de agudización e intensificación del conflicto por delante pues no parece una opción cruzarse de brazos o seguir reiterando llamados al diálogo y la paz que caen en oídos sordos. Si el gobierno demuestra su voluntad de profundizar la vía militar, entonces es ella la que se profundizará, y sabemos lo que esa vía tiene para ofrecer a Colombia en el marco de la guerra sucia.

El gobierno no entiende el carácter orgánico de la insurgencia, pero sí entiende el carácter social más que militar del conflicto. Por eso es que en estos momentos en que repunta la lucha popular, con los estudiantes, obreros petroleros, trabajadores del transporte, campesinos movilizados, el gobierno se apresta a profundizar la guerra sucia, buscando ampliar el fuero militar, estigmatizando y criminalizando la protesta social, reforzando el aparato paramilitar. Saben ellos que el escenario donde se define el combate no es en el campo de batalla sino que en los campos y calles de Colombia, donde las masas vuelven a desafiar al sistema y a articular su proyecto emancipador. Aunque con los resultados de las últimas elecciones locales, con más de un 50% de abstención, se fortalece de manera superestructural la “Unidad Nacional” y el "santismo" barre toda oposición institucional, esa institucionalidad está cada vez más aislada, es cada vez más vulnerable ante un pueblo al que no se le ha dejado más opción que luchar. Santos aprueba los TLC que hambrearán a las muchedumbres y las someterán a una situación aún más desesperada que la actual. Sus “locomotoras del desarrollo” arrollan y destruyen a su paso las comunidades que quedan. El gobierno de Santos responde a las protestas del pueblo de manera militar, con una represión inusitada, pues no sabe responder de otra manera. Y con ello cierra todas las puertas a una solución al conflicto social que no sea la vía revolucionaria (que no guerrerista-militarista).

Que no se engañe Santos con sus pírricas victorias militares: su mundo anacrónico de dogmatismo neoliberal, entreguismo pro-imperialista, exacerbado conservadurismo, es un mundo en retroceso. Los tiempos actuales son tiempos de lucha, de revoluciones, donde las masas vuelven a adquirir protagonismo. Santos radicaliza el conflicto social y armado, que no es solamente bombardeos contra la insurgencia, sino una estrategia militar contra el conjunto del pueblo –ese es el significado del asesinato de Cano-. Pero en la medida en que se radicaliza el conflicto, las masas colombianas pueden dar a la oligarquía una buena sorpresa, precisamente en el momento en que se creen invencibles y precisamente por donde no lo esperan.

NOTA:

[1] Un balance del conflicto y la apuesta por la guerra sucia de Santos, la he hecho en un artículo previo “Santos: Luz Verde para la Guerra Sucia en Colombia”http://anarkismo.net/article/20768

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

rCR

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138815

Plantón Plaza San Martín en solidaridad y apoyo a la lucha de lxs estudiantes colombianxs.

2011-10-31T20:45:00.001-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=_l3kpXopxJo

Plantón Plaza San Martín, Viernes 28 de Octubre, en solidaridad y apoyo con los estudiantes colombianos.
Buenos Aires, Argentina.
No a la Reforma de la ley 30.

Facebook: tinto, mate y resistencia ( https://www.facebook.com/groups/303433516349425/ )
Twitter: @tintomateyresitencia

LAS MARCHAS ESTUDIANTILES EN COLOMBIA

2011-10-30T10:48:00.000-07:00

enviado por popula rocio:

FOTOS DE LAS MARCHAS ESTUDIANTILES EN COLOMBIA. LAS UNIVERSIDADES SIGUEN EN PARO TOTAL Y LOS MEDIOS TRATANDO DE SABOTEAR Y ESTIGMATIZAR A LOS Y LAS ESTUDIANTES

"¡Los héroes en Colombia si existen... y están en PARO!" Protestas estudiantiles

VER MAS IMAGENES

Departamento de Casanare: Un pueblo de desaparecidos. Su exgobernador a juicio por crímenes contra la humanidad

2011-10-30T10:34:00.000-07:00

Para-POLÍTICA:

DEPARTAMENTO DE CASANARE
...PARA QUE EL PAÍS NO PIERDA LA MEMORIA....

Pueblos de desaparecidos....
En Recetor un menor enseña las fotos de sus padres desaparecidos, Yadira Carreño y Javier Martínez. El niño acompañó a su padre al campamento paramilitar donde desapareció cuando fue a cumplir una citación en 2003. Luego su madre corrió la misma suerte.

CRÓNICA: semanaDos municipios del Casanare concentran uno de los eventos de desaparición forzada más aterradores de Colombia. José Monsalve viajó hasta allá en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Sábado 23 Julio 2011
Testimonio:
"Cuando eso yo tenía 6 años. Iba con mi papá a pie —habla un niño de 13— y llegamos a un alto desde donde se ve la escuela. Ahí estaban los señores esos y cogieron a mi papá y al otro señor que también lo habían mandado llamar. Los amarraron de las manos y nos llevaron hasta la escuela (…) Nos metieron en una pieza donde había un señor acostado, con las manos atrás y con una bota (metida) en la boca. El señor echaba sangre. A mi papá lo sacaron de ahí por la tardecita… ?"Al otro día reclamé que dónde estaba mi papá y me dijeron que él después venía. Entonces comencé a llorar y una señora me metió de cabeza a un tanque de agua. Ella era del grupo porque estaba uniformada. Le pidieron el favor a un señor que me trajera (al pueblo). Yo le pregunté al señor que qué eran los tiros que habían sonado (anoche) y me dijo que habían matado una vaca. Llegué donde mi mamá. Ella no estaba tranquila, y al otro día fue a hablar con el jefe de los señores. Yo no sabía nada de los paramilitares. Ahora sé que son actores armados de la violencia que matan a la gente sin ninguna piedad". En Recetor y Chámeza, dos pequeños pueblos del occidente del Casanare, estas historias están en boca de la mayoría de los habitantes. Todas las familias tienen a alguien del que no se supo más…

"Ese fue el error de ella —cuenta la abuela del niño huérfano de 13 años—, ir el lunes siguiente a hablar con el jefe de esos señores. Se afanó y fue a ver qué pasaba. Dijo que era su marido, que cuál era el problema. Ella tenía como unos 34 años. Ambos eran jóvenes, vivían en unión libre. Ella se fue a hablar por él y se perdió también".

A primera vista, este rincón del Casanare sugiere algo muy parecido al edén. Extensos campos verdes bajo un cielo esplendoroso, aire fresco, ríos claros que corretean entre las veredas, animales pastando y campesinos que levantan el brazo y estiran la sonrisa al paso de los carros ocasionales. Pero tras esta imagen bucólica está uno de los fenómenos de desaparición forzada más aterradores y desconocidos del país.

Entre 2001 y 2004 el departamento fue un inmenso campo de batalla en el que se enfrentaron a muerte las ACC,(autodefensas campesinas de casanare) de Germán Darío Buitrago, alias 'Martín Llanos', contra el emergente Bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave. Casanare es la puerta de entrada a Venezuela, ruta codiciada por los narcos para su operación internacional. También estaban en juego cultivos, laboratorios, jugosas extorsiones a compañías petroleras y miles de hectáreas de tierras riquísimas.

"Cuando Martín Llanos sintió que podía ser desplazado de su territorio, se enloqueció y empezó a ver enemigos por todas partes. Ordenó asesinar y desaparecer por nada, por simple sospecha", explica un periodista que ha seguido de cerca el convulsionado acontecer del departamento.

De esa paranoia fueron víctimas Recetor y Chámeza, dos municipios del piedemonte casanareño separados por media hora de carretera. En tres semanas, entre enero y febrero de 2003, 27 personas fueron desaparecidas en el primero y 33 en el segundo, aunque no hay cifras exactas pues el miedo hizo huir o callar a muchos. Los desaparecidos eran llamados a cumplir una cita arriba, en los campamentos de las ACC y jamás volvían.

EL MÉDICO QUE SACRIFICÓ SU VIDA POR EL PUEBLO DE CASANARE:
El médico Geiner Antonio Munive Rodríguez decidió quedarse con la gente de Recetor al comenzar ese trágico año en que todo el que pudo se desplazó, incluido el alcalde. Mientras cumplía su misión médica vio cómo varios de sus pacientes subían a los campamentos y no volvían. No pudo con tanta indignación. Gestionó una reunión con las autoridades confinadas en Yopal (comandante de brigada, alcalde, gobernador, personero), y cuando el encuentro se desgranaba en temas menores, alzó la voz y exigió hacer algo para impedir que los paramilitares se siguieran llevando a la gente.

El pronunciamiento del doctor Munive fue su sentencia. 'Martín Llanos', jefe de las ACC lo citó. Muchos le recomendaron no ir; otros le suplicaron averiguar por sus familiares. El doctor decidió asistir. El 27 de febrero tomó la vía que va de Recetor a Chámeza en compañía de Nayro Chaparro, conductor de la ambulancia del pueblo. Ambos están desaparecidos desde entonces.

Los padres del doctor Munive, oriundos del Cesar, a pesar de los riesgos, en los siguientes meses entraron hasta los confines más tenebrosos del Casanare. Encontraron retenes de paramilitares ante los que se presentaron. "Mi esposa, bastante nerviosa, les pidió que le dieran razón de su hijo, que si lo habían matado dijeran dónde estaba el cadáver para recogerlo y traérnoslo, pero uno de ellos le respondió agresivamente: 'Ya le dijimos que no lo tenemos, además si matamos a alguien no tenemos que darle explicaciones'", le dijo Genes Munive, padre del médico, al periódico Vanguardia Liberal en 2006.

De lo que ocurría en los campamentos que los paramilitares levantaron en las montañas entre Recetor y Chámeza, a pocos minutos de estas cabeceras, muy pocas personas pueden dar cuenta. Luz Nelly Alfonso es una de ellas. Estuvo cuatro días secuestrada en el campamento de Alexánder Urbina, alias 'Careloco' (subalterno de Llanos). Fue hasta allá para acompañar a su esposo, Jesús Antonio Valero.

"Él era constructor y lo citaron. Pensó que como no debía nada no tendría problema. Fuimos y allá nos amarraron y nos vendaron", recuerda Luz Nelly, quien calcula que la encerraron junto a unas quince personas más, mientras que su esposo fue llevado a otro lugar. Fue interrogada bajo amenazas de muerte, tomaron todos sus datos y la agredieron mientras oía gritos en el salón contiguo. Allí vio por última vez a su esposo: "Cuando lo sacaron para interrogarlo, casi no podía hablar y tenía las manos quemadas, estaba amarrado. Vi que lo habían maltratado". Ella cree que la dejaron ir porque alguien verificó que sí tenía en su casa tres hijos menores que estaban completamente solos. "De él no supe más", dice.

Hace un año, 'Careloco' -hoy detenido-, en un "gesto humanitario", según sus propias palabras, volvió a la zona con una comisión de la Fiscalía para señalar la ubicación de fosas. Algunos habitantes se enteraron y corrieron a preguntarle por el paradero de sus dolientes. "Me dijo que no sabía de mi esposo, que trataría de averiguar", dice desconsolada Luz Nelly.

En esa ocasión 'Careloco' confesó que años atrás no había sido sincero con la familia del doctor Geiner Munive. Contó que el médico del pueblo había sido asesinado y enterrado en una fosa, y explicó que el cadáver jamás aparecerá porque seis meses después recibió una orden: "Es el único cuerpo que no va a aparecer, porque la orden fue arrojarlo al río Caja", dijo.

La tragedia del Casanare
El país aún no descifra la tragedia de este departamento. Según los registros de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hay cerca de ochocientos desaparecidos. De acuerdo con el prestigioso grupo de análisis de datos de derechos humanos Benetech, que con un complejo modelo matemático cruzó 11 bases de registro distintas, hay 1.524 desaparecidos documentados y se estima que 1.029 casos más que no fueron reportados, lo que da un total de 2.553 desaparecidos durante el periodo de 1986 y 2007, solo en el departamento del Casanare.

Aunque la Fiscalía ha logrado recuperar 11 cuerpos, que ya han sido identificados y entregados a sus dolientes, la mayoría de las familias siguen esperando la verdad, que por dolorosa que sea es lo único que puede apaciguar sus almas. Aun así, nada augura que esta vaya a llegar pronto, ya que Martín Llanos -hoy prófugo- nunca se desmovilizó y la mayoría de los integrantes de su temido grupo también desaparecieron. Las autoridades han capturado a cerca de cincuenta exintegrantes de las ACC, pero solo siete han logrado ser incluidos en el proceso de Justicia y Paz. Los demás han manifestado su interés en colaborar solo si son admitidos. Ante esto, la gente de Recetor y Chámeza solo espera una respuesta del Estado. Una respuesta que no llega.
NOTA:
Hoy este proceso se encuentra radicado en la Comisión Interamericana de derechos Humanos
Peticionarios: Corporación Opción Legal y Familiares Colombia

AQUÍ ESTÁN ALGUNOS DE LOS VÍCTIMARIOS:

Llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, el ex-gobernador de CASANARE, por crímenes contra la humanidad.
Ex-gobernador de Casanare William Pérez Espinel.
El ex-gobernador ya fue condenado por vínculos con grupos críminales:
El departamento de Casanare parece una caja de Pandora. La región ha sido sitiada en los últimos años por una ola de corrupción y malos manejos de la administración pública que han derivado en múltiples investigaciones judiciales y disciplinarias. El ex gobernador Miguel Ángel Pérez fue condenado por sus vínculos con el comandante de las Autodefensas Campesinas de Casanare Héctor Buitrago Parada, alias Martín Llanos. El año pasado, la Fiscalía puso tras las rejas a seis alcaldes luego de comprobarse que firmaron un documento para favorecer los intereses del paramilitarismo. Por orden de la Corte Suprema de Justicia permanece en prisión el representante a la Cámara Óscar Wilches.

El fiscal general de la Nación, en ese momento Mario Iguarán, tomó una trascendental decisión con el propósito de desentrañar los tentáculos de las autodefensas en una de las regiones más prósperas de Colombia y ponerle coto al desangre de las finanzas públicas: ordenó la captura del ex gobernador William Hernán Pérez Espinel —quien rigió los destinos del departamento entre 2001 y 2003— por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión.
El Espectador conoció la decisión, proferida por el Fiscal, en la que luego de una minuciosa investigación, de contrastar testimonios y declaraciones, de un concienzudo análisis de pruebas documentales y, sobre todo, de la comprobación de la infiltración de grupos de autodefensas para saquear las arcas departamentales, profirió medida de aseguramiento en contra de Pérez Espinel. Un polémico político que incluso postuló nuevamente su nombre a la Gobernación de Casanare en octubre de 2007, avalado por el partido Apertura Liberal.

Lo curioso es que obtuvo el respaldo de ese partido político pese a que la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al encontrar numerosas irregularidades en el manejo de la contratación estatal durante su período como primer mandatario de los casanareños. También tuvo serios cuestionamientos disciplinarios por presionar a un contratista para que le entregara unos dineros a cambio de adjudicarle una millonaria licitación para desarrollar una obra de electrificación en un municipio.
En agosto de 2007 la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que investigara varias declaraciones de varias personas y de algunos desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de Casanare que incriminarían a Pérez Espinel en el proyecto de expansión del paramilitarismo en la región. Con la decisión de la Fiscalía, el ente acusador pretende aclarar cuál habría sido el alcance de la tajada de participación que exigieron los ‘paras’ de Martín Llanos en el departamento durante la gestión de Pérez. Y, principalmente, dilucidar si a través de los contratos se desangraron las finanzas regionales y el patrimonio público. La marea parapolítica sigue avanzando en la Fiscalía.
Capturado coronel (r) del Ejército por desaparición de 50 personas en Casanare.
CORONEL (r) JUAN CARLOS CASTAÑEDA VILLAMIZAR- fue agregado militar en la Embjada del Brasil.

El oficial Juan Carlos Castañeda Villamizar es investigado por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

El CTI de la Fiscalía detuvo al uniformado para cumplir con la medida de aseguramiento proferida por una fiscal de Derechos Humanos y DIH que adelanta el proceso por la desaparición de no menos de 50 personas en los municipios de Recetor y Chámeza (Casanare), entre los años 2002 y 2003, informó el ente judicial.
El procesado "supuestamente facilitó el accionar delictivo de las Autodefensas Campesinas del Casanare lideradas por Héctor Germán Buitrago Parada, alias ‘Martín Llanos', en las poblaciones mencionadas", explicó la Fiscalía.

El Coronel (r) está recluído en una guarnición militar en Bogotá:
Esto lo habría hecho cuando era comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez de la Brigada 16 del Ejército, con asiento en Tauramena.
Según la investigación, los paramilitares "retuvieron, torturaron y ultimaron a medio centenar de pobladores, a quienes sindicaban de auxiliar a la guerrilla".
Castañeda Villamizar está recluido en una guarnición militar de Bogotá. Por este caso hay otras 17 personas vinculadas, entre ellas "Martín Llanos", que está prófugo de la justicia

Condenan a alcalde de Aguazul, Casanare por desaparición de dos personas | Febrero 3 de 2011

A 29 años de cárcel fue sentenciado el alcalde de Aguazul, Casanare, José Mauricio Jiménez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de un contratista y otro habitante de ese municipio.
Ex-alcalde de Aguazul de Casanare. José MAuricio Jiménez Pérez, condenado a 29 años de prisión por desaparición

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a José Mauricio Jiménez Pérez, reelecto alcalde de Aguazul, Casanare, y a Ubaldín Vallejo Montañez a 29 años de prisión cada uno, por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la investigación de un fiscal de Derechos Humanos a cargo del caso, se demostró la responsabilidad de Jiménez Pérez, condenado como autor por omisión y alcalde entre 2001 y 2003, y de Vallejo Montañez, desmovilizado de las autodefensas en 2005, en la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y de Ariel Rosas Moreno, en hechos ocurridos el 29 de julio de 2002 y el 21 de febrero de 2003.

Finalmente, el Juzgado Quinto Penal condenó a Jiménez Pérez a la pérdida de su cargo, y ordenó su captura.

La sombra negra de ‘Martín Llanos’
La investigación se originó en la denuncia que interpuso Blanca Sánchez por el plagio de su esposo, Luis Ariel Bernal López.

COMANDANTE PARAMILITAR HÉCTOR GERMAN BUITRAGO PARADA, Alias "MArtín Llanos". Hoy prófugo de la justicia.
Las Autodefensas Campesinas del Casanare entre   2003 y 2004 sostuvieron un cruento enfrentamiento con el grupo paramilitar de Miguel Arroyave
En momentos en que se vuelve a rumorar la eventual entrega a la justicia del jefe paramilitar del Casanare, Héctor Germán Buitrago Parada, más conocido como Martín Llanos, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación dictó en su contra medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, en desarrollo de una investigación que prueba cómo la organización bajo su mando estableció un régimen del terror en este departamento.
El origen de la investigación fue la denuncia de la ciudadana Blanca Dilma Sánchez, quien puso en conocimiento de la justicia que el 29 de julio de 2002, tras suscribir un contrato para el mantenimiento del acueducto de una vereda del municipio de Aguazul (Casanare), su esposo Luis Ariel Bernal López, fue desaparecido. Días después, ella fue abordada por dos individuos en una moto, quienes la conminaron a abandonar el pueblo con toda su familia si no quería correr la misma suerte de su marido.

Algunas víctimas:
Tres meses después, los dos hermanos de la primera víctima, José Efraín y Nelver Bernal, fueron sacados de su casa de habitación en la vereda Recetor, del municipio de Aguazul, sin que hasta hoy se sepa de su paradero. Las tres desapariciones ocurrieron cuando regentaba los destinos del municipio José Mauricio Jiménez Pérez, de quien desde entonces se afirmaba que tenía nexos con las autodefensas de Martín Llanos. El pasado 22 de noviembre de 2007, Jiménez Pérez, reelecto días atrás, fue detenido por estas relaciones.
En desarrollo de la investigación, compareció una ex secretaria de Agricultura del mismo municipio, quien testificó que siendo alcalde Jiménez Pérez, los que mandaban en el pueblo eran cuatro paramilitares de Martín Llanos, y que incluso se utilizaba una camioneta contratada por la Alcaldía para “levantar a la gente” y entregarla a José Reinaldo Cárdenas Vargas, alias El Coplero, quien se encargaba de desaparecerla. Según la testigo, uno de sus hermanos corrió la misma suerte en febrero de 2003.

La Fiscalía logró aclarar que el día de su desaparición, el ciudadano Luis Ariel Bernal tenía que pagarle el 10% del valor del contrato a los paramilitares. Y que este caso no fue el único. Durante varios meses, mataron a mucha gente y otros tantos empezaron a desaparecer. Una testigo de excepción manifestó que nadie podía salir en Aguazul después de las 6:00 de la tarde y que diariamente mataban entre tres y cuatro personas. Varios presos y desmovilizados apoyaron a la Fiscalía para demostrar los crímenes perpetrados por las Autodefensas del Casanare.
En consecuencia, la Fiscalía dispuso la captura inmediata de Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos y José Reinaldo Cárdenas Vargas alias El Coplero, segundo de la organización criminal, como responsables de la ola de desapariciones y crímenes que se perpetraron a partir de 2002 en Aguazul y otros municipios del departamento. Precisamente hoy, por nexos con Martín Llanos, la Fiscalía adelanta una investigación contra seis ex alcaldes de Sabana Larga, Villanueva, Maní, Tauramena, Aguazul y Monterrey, también del departamento del Casanare.

En agosto de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en una histórica sentencia, condenó a 11 paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, porque desde los años 90, constituyeron “una organización delictiva dedicada a la elaboración y tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional”. Entre los condenados aparecieron Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El Tripas, creador del grupo paramilitar en el Casanare, y su hijo Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como Martín Llanos, actual jefe de la organización criminal.

Lo paradójico es que después de 20 años de delinquir a sus anchas, los dos sujetos siguen libres. Buitrago Rodríguez estuvo preso entre 1996 y 1999, pero fue rescatado por un comando paramilitar cerca a Villavicencio. Su hijo Martín Llanos, otrora socio clave de Carlos Castaño, después protagonizó una guerra a muerte con los paramilitares de Urabá, que dejó decenas de familias enlutadas en el Casanare y Meta. Y hoy, aún sin castigo, sigue siendo un jefe paramilitar en la clandestinidad, asociado al tráfico de estupefacientes y responsable de un sinnúmero de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos

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Fuentes; El Espectador, El Colombiano, Revista SEmana.

Nancy Fiallo Araque
Observatorio de Derechos Humanos y Parapolítica-Asamblea de Mujeres por la Paz-AMP-
móvil: (571) 300 823 66 34
nancyfiallo@hotmail.com
Bogotá. DC- Colombia- Sur América

Campaña Defensores: Colombia,Europa y EEUU.


"No somos jueces, somos testigos.
Nuestra tarea es hacer posible que la
humanidad sea testigo de estos crímenes
horrendos y ponerla del lado de la justicia.
Bertrand Russel
..

Plan Colombia para Afganistán

2011-10-30T09:47:00.000-07:00

Expertos sugieren cambio de estrategia

Por: Redacción Internacional

Que Estados Unidos adopte el modelo del Plan Colombia para luchar contra la insurgencia y el narcotráfico en Afganistán, es una estrategia sostenible.

EE.UU. entraría a ofrecer apoyo táctico y entrenamiento a tropas afganas. / AFP

Así lo manifiestan Paul Wolfowitz, exsecretario de Defensa y expresidente del Banco Mundial, y Michael O'Hanlon, experto en Asia del Instituto Brookings, en un artículo de la revista Foreign Policy.

Después de que el presidente de EE.UU., Barack Obama, aunciara que las tropas norteamericanas de Irak volverán a casa tras lograr importantes avances en la ocupación de ese país, las frustraciones e inquietudes de los estadounidenses crecen alrededor de la guerra en Afganistán, donde no hay una disminución significativa de los grupos terroristas y sí muchas pérdidas económicas y humanas. “¿Está la victoria en Afganistán fuera de nuestro alcance?”, se preguntan los autores.

Para que la respuesta no sea afirmativa, los analistas sugieren que debe implementarse una estrategia diferente a la de Irak, teniendo en cuenta que “un gobierno iraquí puede aspirar a controlar todo o casi todo su territorio. De hecho, cualquier noción de éxito en Irak lo requiere. Un gobierno afgano, en cambio, no puede aspirar a una meta tan ambiciosa y el éxito en Afganistán no lo requiere”.

En este sentido, para los analistas, habría una similitud con Colombia, pues dicen que los insurgentes colombianos, como los de Afganistán, “siempre gozarán de los beneficios de los santuarios en el interior del país”. También comparan la posición de Pakistán con la de Venezuela: “Mientras Pakistán no retire su apoyo a los talibanes, causa los mismos problemas al gobierno afgano que los que Venezuela le causa a Colombia”.

La imposibilidad de obtener el control total del territorio afgano desencadenaría la necesidad de aplicar el modelo del Plan Colombia, es decir, ofrecer apoyo táctico y entrenando a las fuerzas locales para combatir la insurgencia, que amenaza intereses de EE.UU. Los autores elogian el resultado del Plan Colombia, que fue implementado en 2000 y ha representado desmbolsos por más de US$6 mil millones a Washington y el envío de algunos expertos, en comparación con el casi medio billón de dólares y el despliegue de más de 90 mil soldados a Asia Central.

http://m.elespectador.com/impreso/internacional/articulo-308216-plan-colombia-afganistan

Los campesinos colombianos contra el TLC

2011-10-24T20:53:00.000-07:00

POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA AUTONOMIA ALIMENTARÍA DE NUESTROS PUEBLOS, EN LA TOMA DE DESICIONES SOBRE SU TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD

COMUNICADO de las organizaciones campesinas colombianas

reunidas en Duitama, los días 18, 19 y 20 de octubre de 2011, frente al Foro sobre la economía campesina de la FAO en Roma.

Acogemos los pronunciamientos emitidos por la plataforma Vía Campesina y demás organizaciones sociales, dirigidos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), para que se adopten medidas y directrices efectivas sobre la tenencia de la tierra, la garantía de la soberanía de los estados y los territorios, la autonomía alimentaria y el respeto por los derechos humanos.

Desde la visión de las organizaciones campesinas de Colombia, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en general la estrategia y la política agraria del actual gobierno de Juan Manuel Santos, denominada “Desarrollo Rural Con enfoque Territorial, DRET”, representa una grave amenaza para el campesinado y el pueblo colombianos, ya que se enmarca dentro de las políticas neoliberales, recomendadas e impuestas por los organismos económicos multilaterales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Inter Americano de Desarrollo, al servicio de las más poderosas empresas transnacionales, que imponen en América Latina y en general en todos los llamados países del “tercer mundo” sus políticas expansionistas de destrucción masiva de la biodiversidad, colocando en riesgo la vida en el planeta.

Consideramos por tanto que estas políticas del capital expansionista, hacen parte de una peligrosa estrategia que acompañada de la intervención militar, propende por convertir el territorio en espacio al servicio de la fase actual del capital; la financiera – especulativa e improductiva, con resultados tan espeluznantes como lo es que la mitad de la población del planeta, se encuentre sumida en la pobreza o que en Colombia existan aproximadamente 4.1 millones de hambrientos

Lo anterior explica la oscura propuesta del gobierno Santos de desarrollar la estrategia de “Consolidación social, económica y política en las Zonas de reserva Campesina”, estrategia que entraña una fuerte militarización del tejido social territorial, para controlarlo, romper los procesos sociales de resistencia y autonomía de las comunidades y pueblos rurales, y repoblarlos desde la lógica de servicio al modelo de la agro industria. Sacrificando de esta manera los imaginarios y cosmogonías culturales tanto de las comunidades campesinas y ancestrales, como la de los indígenas y los afrodecendientes, colectividades que históricamente han logrado defender importantes niveles de autonomía y territorialidad a partir de sus luchas de resistencia y movilización. Dichos procesos se verán fuertemente impactados, fundamentalmente en el avance e implementación de dos de las cinco ¨locomotoras del desarrollo¨, referidas como estrategia para el campo colombiano, ellas son, la ¨Locomotora Agroindustrialización del campo¨ y la ¨Locomotora minero-energética¨ que conducirán la debacle total de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y comunidades.

Por lo tanto, en concordancia con los mandatos de la ONU sobre la protección y cumplimiento de los derechos humanos, concretamente en lo relacionado con el derecho a la vida y a la alimentación sana y suficiente para cada ser humano, reclamamos:

- Se garantice el respeto y la protección de la biodiversidad, las especies de fauna, flora y el conocimiento ancestral en los territorios donde están las comunidades y pueblos rurales.

- Se democratice el uso y tenencia de la tierra y la eliminación de las brechas de desigualdad.

- Se garantice la protección de los bosques, el ambiente y del sistema hídrico nacional.

- Se garantice el mínimo vital de agua para cada ser humano.

- Se garantice y desarrollen políticas públicas de protección a las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afro descendientes y se apoye su trabajo agrícola.

- Se garantice la no aplicación de tratados internacionales que vulneren y atenten contra los derechos humanos y la vida en el planeta.

- Se garantice el derecho que tienen los pueblos y comunidades rurales de decidir y desarrollar sus propias políticas de desarrollo económico sostenible.

- Que se reconozca el derecho de los pueblos y comunidades rurales a la construcción colectiva y autónoma de propuestas respecto a la soberanía alimentaria, que sean implementadas como políticas de Estado.

Al Gobierno Nacional

Las organizaciones campesinas, expresamos nuestra firme oposición al recién aprobado PND (Plan Nacional de Desarrollo) puesto que condena al pueblo colombiano al hambre y la miseria, desconoce nuestros procesos económicos que se basan netamente en la producción agrícola para la soberanía y seguridad alimentaria, nos obliga a ser dependientes en la importación de productos y el uso de insumos y tecnologías que no son acordes al desarrollo de nuestros territorios; nos pone en una situación de desigualdad frente a las transnacionales y grandes industrias agrícolas (resaltando que estas atentan contra la salud humana, implementando insumos agro-tóxicos en sus procesos de producción), ya que el campesinado y en general las poblaciones y comunidades rurales no podemos acceder a recursos y subsidios que nos hagan competitivos frente a estos productos.

La reciente firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos, significa la pérdida absoluta de la soberanía nacional y acarrea daños irreversibles a los procesos económicos, sociales, ambientales y culturales de los territorios.

Expresamos como organizaciones campesinas y populares, nuestro más absoluto repudio, resuelta oposición y decidida movilización en contra de dicho tratado, ya que es anticonstitucional, promueve la brecha de desigualdad y la injusta distribución de todos los recursos nacionales.

Exigimos al gobierno nacional una reglamentación digna frente al uso del subsuelo en el contexto de la explotación minería, ya que en la actual política basada en el Plan Nacional de Desarrollo, se subordina la producción agropecuaria al desarrollo minero, produciendo el desprecio y la destrucción de la economía campesina y en consecuencia agravando el desempleo, la violencia y el desplazamiento.

Exigimos coherencia por parte del Estado en la construcción de políticas públicas, en el sentido que estas se desarrollen desde las regiones, propendiendo por fortalecer las entidades territoriales, ya que en la actualidad, su escasa operatividad no permite una real organización productiva, acorde a las necesidades de los territorios rurales.

Reclamamos el fortalecimiento de la educación pública de calidad en y para el campo, que permita aproximar a las comunidades rurales hacia la academia, en virtud de procesos educativos que favorezcan un desarrollo científico y tecnológico, acorde a las necesidades del país desde un enfoque de protección ambiental y soberanía nacional.

Exigimos sea escuchado el clamor de las comunidades respecto a la necesidad urgente de una solución política negociada al conflicto social, económico y armado en Colombia.

Instamos al gobierno colombiano a atender las propuestas políticas y sociales surgidas del conjunto del movimiento campesino, como lo son el Proyecto de Ley Popular de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y el Mandato Popular Agrario, que han sido construidos por las organizaciones campesinas de Colombia, como propuesta alternativa al Plan Nacional de Desarrollo y al Proyecto de Ley de Desarrollo Rural del gobierno Santos, ya que estos últimos, vulneran la soberanía del territorio colombiano en las dimensiones alimentaria, económica, ambiental y sociopolítica, llevando al país a la triste e injustificada situación de ser importador de alimentos.

Demandamos del gobierno cese la persecución contra el movimiento campesino, sus líderes y lideresas, así como reclamamos el fin de la militarización de los territorios rurales, en razón a las inocultables y nefastas consecuencias, como lo es la consabida violación a los derechos humanos y el DIH (Derecho Internacional Humanitario) por parte de las fuerzas estatales y paramilitares jamás desmovilizadas y si por el contrario legalizadas, que han acrecentado la violencia contra el pueblo, lo cual se expresa en la aceleración del feminicidio, los montajes judiciales, las masacres y el aumento del desplazamiento forzado.

Exigimos la suspensión de las fumigaciones con glifosato e instamos al gobierno nacional a optar por la sustitución manual de los cultivos de uso ilícito pero en el contexto de una política real y eficaz de sustitución de cultivos, en razón al grave daño que se viene causando a las comunidades rurales con la consecuente destrucción y envenenamiento de los cultivos de pan coger y la catástrofe acelerada sobre la flora, la fauna y los recursos naturales.

Al Pueblo Colombiano

Nos dirigimos a la sociedad civil y al pueblo colombiano, principales consumidores de nuestros productos, para que se informen sobre los tratados de libre comercio, los cuales se firman sin concertarse con los productores del sector agrario y los consumidores, atentando contra la soberanía nacional, pues la implementación de estos tratados producirá graves efectos:

· La importación de semillas, productos procesados y materia primas, muchas de las cuales han sufrido alteraciones genéticas causan serios daños a la salud humana.

· En el mediano plazo las pequeñas y medianas empresas nacionales se verán afectadas, ya que se importarán insumos a más bajo precio inicialmente y luego estos subirán sus costos, dejando en la bancarrota a los productores agrarios, pequeños y medianos empresarios, quienes no podrán competir con estos precios.

· Se impondrá de manera arbitraria supermercados de cadenas internacionales que desplazarán las tiendas de barrio y los mercados alternativos, agudizando el desempleo, reduciendo enormemente las opciones de los consumidores y obligándonos a consumir productos comprobadamente contraproducentes para la salud.

· El actual PND (Plan Nacional de Desarrollo) promoverá un inminente éxodo campesino, ya que reducirá las posibilidades de desarrollo de las poblaciones y comunidades rurales, que en búsqueda de mejores posibilidades decidirán migrar a las pequeñas y grandes ciudades, incrementando la pobreza, el desempleo y el desplazamiento.

· Las políticas de desarrollo minero que se pretenden implementar con el PND y la industrialización del campo acrecentarán el proceso de destrucción ambiental.

Convocamos a los habitantes de los sectores urbanos, comunidades organizadas rurales y urbanas y en general al pueblo colombiano, a que se sumen a la lucha y movilización contra estas políticas de exterminio contra la población colombiana y sus territorios.

Convocamos a la ciudadanía a que conjuntamente construyamos espacios y tiempos a fin de socializar y escuchar los criterios de cada comunidad y a partir de allí, generar soluciones que beneficien a todos los sectores sociales y de esta manera incrementar y ampliar la lucha por la soberanía, la autonomía y el poder popular, frente a un sistema capitalista injusto, que coloca en el centro de toda acción humana al mercado y no al ser humano y sus más sentidas necesidades.

Extendemos la invitación para que construyamos y fortalezcamos procesos de unidad para la derrota de estas nefastas políticas del capitalismo mundial, que atentan contra la integridad y los derechos de todas y todos los colombianos.

¡El futuro del Campo Colombiano, DEPENDE del Pueblo Colombiano!

¡Organización, Movilización y Lucha del sector campesino, los obreros, estudiantes, indígenas, consumidores y todo el pueblo colombiano!

¡Organizaciones campesinas hacia el Paro Cívico Nacional 2012!

Boyacá-Colombia / Octubre 20 de 2011

Firman:

FENSUAGRO Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.

ASODEMUC Asociación Nacional de mujeres por la paz y los derechos humanos.

ANUC UR Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción.

Fundación San Isidro.

Comisión Nacional Agraria de la Confederación Nacional Comunal.

Mesa Nacional de Unidad Agraria.

ASOTACOL Asociación de Tabacaleros de Colombia.

ASOJUNTAS Ciudad Bolívar.

APEMECAFE Asociación de Pequeños y Medianos Caficultores.

AFA – AMUC Restrepo.

Forjadores de Tuta.

SINTRAGRIM Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta.

ACVC Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.

CICC Comité de Interlocución Campesino y Comunal.

CAHUCOPANA Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.

FESTRACOL Federación Sindical de Trabajadores Agrarios de Colombia.

ASINTEOC Asociación Interveredal Entre Ríos: Orteguaza y Caquetá.

SINTRAGROES Sindicato Nacional de la Economía Solidaria Agropecuaria.

Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca.

CNC Coordinadora Nacional Campesina.

FEMUCAN Federación de mujeres Campesinas de Nariño

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Outra Colômbia é possível...!!
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Esta mensagem é enviada pelo Comitê de Solidariedade ao Povo ColombianoPorto Alegre - RS, Brasil

La tragedia de los awá

2011-10-23T16:42:00.000-07:00

CONFLICTOLa desgarradora historia de un pueblo indígena que intenta sobrevivir en medio del fuego cruzado de la guerra en Nariño. SEMANA recorrió los resguardos de "los hijos de la montaña", que se rehúsan a desaparecer.

Sábado 22 Octubre 2011

Los awá hacen parte de los 34 pueblos indígenas declarados en riesgo de extinción por la Corte Constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno instrumentar medidas cautelares para evitar que desaparezcan.

No llevan luto, lo encarnan. En la última década han sido víctimas de bombardeos, asesinatos, desplazamientos, confinamientos, minas antipersona, amenazas y violaciones. Son los indígenas del pueblo awá, quienes salieron del anonimato histórico al que los ha relegado el país después de las tres masacres de 2009, que dejaron 33 personas muertas en los resguardos de Tortugaña Telembí, Gran Rosario y Ñambí Piedra Verde, en el departamento de Nariño.

Dos años después, la tragedia continúa. En sus territorios están la guerrilla de las Farc, el ELN, el Ejército y las bandas emergentes. La razón: su territorio es estratégico. Sus 41 resguardos en Nariño no solo están en zonas escarpadas y selváticas, sino que integran el corredor que da al Pacífico, limitan con Ecuador y gozan de recursos naturales como agua, madera, oro y tierra propicia para cultivar coca.

Para los awá, la afrenta a su comunidad lleva más de cinco siglos. En la última década se han visto obligados a vivir como desplazados en su propio territorio.

Como mecanismo de protección, los awá han salido progresivamente de sus resguardos, ubicados en las entrañas de la selva, a poblar las zonas adyacentes a la carretera Pasto-Tumaco.

Para llegar a su territorio hay que recorrer tres horas por una carretera serpenteante que conduce de Pasto a Tumaco. La belleza del paisaje contrasta con las historias que se esconden en esas montañas. En algunas paredes se lee Farc o ELN "presente". Después de pasar la cabecera del municipio de Ricaurte, hay que subir 20 minutos a pie por un camino que se descompone con las pisadas. Allí está el terreno que pretenden convertir en resguardo, conocido como Alto El Edén Cartagena. Consta de 127 hectáreas que les fueron asignadas por el Incoder el 28 de diciembre pasado a 150 familias awá. La lucha de esta comunidad por esa tierra incluyó hasta huelga de hambre.

"Uno en los resguardos lo tiene todo. Si acaso, brega para conseguir la sal. Aquí todo toca al rebusque", explica Carlos Ortiz, líder de la organización Camawari, que representa a la comunidad. Él hace parte de las familias del resguardo de Magüí, que sufrió el bombardeo de su escuela en 2004, que la Fuerza Aérea aceptó como un error; la Operación Gladiador, que el Ejército desarrolló contra la guerrilla en junio y julio de 2005, y el minado de su territorio por cuenta de la guerilla, que obligó a 1.550 personas a dispersarse en la región, según registros de Acnur.

Y es que los awá han sido golpeados por todas las partes del conflicto. En 2008, las Farc asesinaron a cuatro profesores de la comunidad y en 2009, a 17 indígenas (de los cuales la guerrilla solo reconoció la muerte de ocho). Ese mismo año, una banda emergente denominada Los Cucarachos asesinó a otros 12.

En marzo de 2009, para recuperar sus muertos tuvieron que hacer una marcha contra la petición del gobierno de no recorrer los caminos que podrían estar minados. "Nos tocó sacar los cadáveres a la vía para decir aquí estamos no en conflicto, sino como pueblo tranquilo y de paz", recuerda Rider Paí, líder del resguardo El Diviso (Barbacoas). Al final, solo encontraron ocho cadáveres. Los demás, presumen, fueron arrojados al río El Bravo.

No han podido llorar a sus muertos. "Al año, la familia debe darle el último adiós al fallecido en una ceremonia ritual, pero no han podido hacerlo, por lo que han tenido que hacer celebraciones simbólicas", explica Lidia Chávez, una monja laurista que lleva 18 años con la comunidad y se ha convertido en la santa de los awá.

Desde 2009, los muertos suman más de ochenta, según las cuentas de las organizaciones. Y existe una alta probabilidad de que sean muchos más, pues como ha informado la Diócesis de Tumaco, hay un alto índice de subregistro. En la región hay sitios a los que Medicina Legal no puede llegar para hacer los levantamientos.

A 20 minutos de El Edén, en el corregimiento de Altaquer (Barbacoas), queda la vereda La Primavera. Para llegar al territorio indígena hay que pasar por una barricada militar. Un muro de sacos de arena pintados de verde y tres tanquetas custodian el retén. Luego, una carretera destapada desciende hasta una edificación en obra negra llamada la Casa Indígena, oficina del cabildo de Magüí, que en época de combates sirve de refugio.

Allí viven José Chingal (líder awá), su esposa y seis hijos con sus familias. Desde hace más de cuatro años que salió de Magüí (a siete horas de camino) ha tenido que desplazarse varias veces. "Un grupo armado nos dijo que nos fuéramos. Y otro torturó a nuestro hijo", dice con precaución de no mencionar a sus victimarios, en un español confuso. Él, junto con otras familias de Magüí, ha intentado volver a su antiguo resguardo, pero se ha encontrado con una de las amenazas más temidas por los awá: las minas antipersona que instalan las Farc para limitar el acceso del Ejército.

"Pero no es solo por el caminito. Hay unas partes donde toca saber por horas", dice Chingal. En algunos parajes de la selva, las Farc quitan las minas del sendero a las seis de la mañana y las vuelven a poner a las seis de la tarde. La comunidad tiene vivo el recuerdo de una niña que, el 28 de diciembre de 2009, fue a hacer sus necesidades fisiológicas debajo de un árbol y detonó el explosivo. Este año, van siete víctimas de minas, según lo ha registrado Acnur.

Desde febrero pasado arreciaron los enfrentamientos, por lo que la comunidad de los resguardos de Magüí y Cuchilla del Palmar, integrada por más de mil awá, se declaró en minga permanente (asamblea) y se alojó en los alrededores de cinco escuelas dispersas en la zona. Han construido ranchos de madera y se han visto obligados a resistir juntos, a lo que no estaban acostumbrados pues las familias awá viven dispersas. La mayoría busca los cascos urbanos de los municipios y la carretera.

Pero en la medida en que permanecen fuera del resguardo, dejan de cazar y de pescar, su modo de subsistencia tradicional. También se ven obligados a olvidar sus rituales y el contacto con sus dioses. Se fueron los días en que hacían trueques, construían sus casas lejos la una de la otra, sembraban lo que querían sin limitaciones de espacio ni cercos y consultaban a los espíritus de la montaña. En cambio, llegaron el hambre y las enfermedades (el 60 por ciento de los niños de una comunidad que cuenta con 30.500 awá en total en Nariño padece de desnutrición, según la Institución Prestadora de Servicio de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa).

Ortiz explica que para mejorar la economía de las familias de El Edén hay en ciernes proyectos productivos para la cría de gallinas ponedoras y pollos de engorde, y la elaboración de panela. Pero mientras comienzan a dar resultados, los adultos tienen que trabajar por jornales. Los pagos van desde 5.000 pesos diarios (en el caso de las mujeres que hacen oficios varios) hasta 12.000 pesos (en el caso de los hombres que trabajan en los trapiches). Esto para los que están cerca a los cascos urbanos de los municipios aledaños.

Como si se tratara de una maldición, proyectos mineros y agroindustriales también se han interesado en sus territorios, lo que agrava la crisis. "Desde 1985, empresas de palma venían invadiendo tierras y empezó un proceso de lucha organizativa", indica Paí. Asociaciones de explotación maderera hicieron arreglos con el dueño de las tierras sin tener en cuenta a las autoridades. "Hace dos años llegó la minería ilegal. Para tratar de legalizarla nos llamaron para tener un acercamiento, una preconsulta, pero hemos dicho que no vamos a permitirlo", agrega.

La comunidad pide respeto a sus santuarios. "El awá no puede vivir sin la selva. Allá están los espíritus del Astaron (de la montaña) y Ambarengua (la madre monte), para consultar la medicina tradicional y curar el saliz (duende) y el chutún (mal de monte)", dice Chingal.

La tragedia de esta comunidad no conoce el fin. El mes pasado, el resguardo El Diviso tuvo que asumir los gastos de transporte de un cadáver para que las autoridades le hicieran la necropsia, pues la Policía no fue al lugar del homicidio por razones de seguridad (estaban a diez minutos en carro). Era Róbinson Guanga, de 19 años, cuya muerte se sumó a las desapariciones de tres jóvenes. Los awá consideran que ya fueron suficientes cinco siglos de silencio y reclaman atención, sin más demora, del Estado. Y la razón es muy simple: "Queremos seguir existiendo", dice Rider Paí.

http://www.semana.com/nacion/tragedia-awa/166145-3.aspx

Minería de gran escala amenaza abastecimiento de agua en Ibagué, denuncia Red

2011-10-21T22:01:00.000-07:00

Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital

El abastecimiento de agua en la ciudad colombiana de Ibagué, capital del departamento de Tolima, está amenazado por la actuación de grandes empresas mineras trasnacionales, según denuncia un artículo publicado martes (18) por el profesor universitario, ingeniero José Mario Vera Rodríguez, también militante de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional.
El texto informa que, hasta octubre del año pasado, habían sido otorgadas 42 concesiones mineras, sumando 8.664 hectáreas, lo que equivale al 31,6% del área total de la cuenca del Combeima, que forma parte de la vertiente del rio Coello.
De las 42 concesiones, 11 corresponden a la minería de oro y otros minerales, como zinc, plata, cobre, molibdeno. Entre las grandes empresas beneficiadas con la actividad, Rodríguez menciona a AngloGold Ashanti (que ya explota la mina de oro La Colosa, en Cajamarca, también en Tolima), que explota 5.227,6 hectáreas, el equivalente a 19,1% del área total de la cuenca. Después vienen las empresas Negocios Mineros, con 1.421,4 hectáreas, y Oro Barracuda, con 1.889,7 hectáreas. Las licencias de explotación van desde el inicio de esta década hasta los años 2038 y 2040.
Rodríguez destaca el alto volumen de agua consumido por una mina de oro – entre 2 y 3 millones de litros por día, en contraste con el consumo de una familia, que llevaría de 15 a 20 años en consumir esa cantidad.
"Esta cuenca hidrográfica es una de las más importantes del departamento, ya que abastece de agua aproximadamente al 80% de la población del municipio de Ibagué (aproximadamente 420 mil personas), así como las actividades agrícolas e industriales; y además, una de las principales zonas rurales de esparcimiento con que cuenta la población de todos los niveles socioeconómicos de la ciudad”, enfatiza, alertando a la población a resistir contra los impactos negativos de la minería.
Muchos lugares ya fueron perjudicados, de acuerdo en el artículo – 100% de las áreas de conservación de la fauna, así como 63,2% de los bosques municipales (1.581,1 hectáreas), 220 hectáreas de las reservas forestales de Corporación Autónoma Regional de Tolima (Cortolima) y 154 hectáreas de reservas forestales del Estado y otros ecosistemas y áreas estratégicas debido a las funciones ambientales que desempeñan.
Entre las áreas destinadas al abastecimiento hídrico urbano, 92%, o sea, cerca de 1.400 hectáreas fueron afectados, mientras 76,5% de las áreas de abastecimiento hídrico rural (887,4 hectáreas) también sufrieron la acción de las empresas mineras.
En contraposición a este estado de cosas, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (Pomca) del rio Coello prioriza el agua de la cuenca para el consumo humano, decisión adoptada por el Consejo de Política Económica y Social.
Irrespetar la decisión del Pomca, es inclusive, ilegal destaca el militante. "Esta situación contraría la normatividad vigente (Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1729 de 2002) que establecen que los Pomcas son normas de superior jerarquía en cuanto al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables (suelos, agua y bosque) y determinantes de los planes de ordenamiento territorial”, señala.

Traducción: Ricardo Zúniga
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=20&cod=61559

Pronunciamiento Encuentro Mujer y MInería

2011-10-20T20:45:00.000-07:00

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANAS DE AMÉRICA LATINA

En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2011, nos reunimos en el Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería mujeres colombianas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y jóvenes provenientes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Valle del Cauca y delegadas internacionales de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.

Nosotras, hijas de la Madre Tierra y constructoras de nuestros territorios, constatamos después de compartir y analizar las afectaciones que producen las políticas minero-energéticas en el continente, particularmente en Colombia, donde hoy nos reunimos, lo siguiente:

El modelo extractivista y de explotación de la naturaleza desconoce a las comunidades, pueblos y organizaciones que por centenares de años han preservado todo lo que en ella se encuentra. Un modelo inmerso en la lógica capitalista y patriarcal de impacto global, que en aras de la acumulación económica mercantiliza la vida, la Madre Tierra y nuestro patrimonio natural y cultural.

La agresiva presencia de los megaproyectos minero energéticos y empresas trasnacionales, además de transformar la economía política del continente, impone formas, sentidos de vida, proyectos políticos, culturales e ideológicos a nombre del desarrollo y el progreso.

Para imponer estos megaproyectos se crean condiciones ideales mediante el despojo, con el que a la vez que se privatizan ríos y caminos, se vulneran y desconocen los derechos sociales, económicos y cultuales de los pueblos.

Para despojar de sus tierras y territorios a las etnias (negritudes e indígenas), a las comunidades campesinas y urbanas a lo largo y ancho del país, en Colombia, se ha utilizado la guerra como estrategia.

Junto a lo anterior, se intensifican la criminalización y la estigmatización de la organización social y de la protesta popular. La mirada negativa y prejiciosa que estas conductas ocasionan inciden en el impedimento del acceso a la justicia y en la desarticulación de las organizaciones de mujeres y demás sectores populares. En ese ambiente, las empresas cooptan a líderes y lideresas sociales con estrategias, programas y discursos que prometen mejorar sus vidas.

Sumado a lo anterior, la legislación del despojo implementada en los últimos gobiernos ha legitimado los efectos de la guerra y afianzado la impunidad histórica particularmente en Colombia, de modo que se favorece la entrega de nuestro patrimonio natural y cultural.

El Encuentro también permitió hacer visibles las afectaciones específicas para las mujeres de la imposición de megaproyectos minero energéticos en nuestros territorios:

La actividad minero energética en las zonas se entrelaza con la exacerbación de las violencias de género y del conflicto social y armado en el país. Eso vulnera la dignidad, vida y cuerpos de las niñas y mujeres. Son múltiples los antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, de amenazas y estigmatizaciones.

La megaminería se acompañade bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres.

La salud de las mujeres y las niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.

Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria minero energética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas.

La gran minería transforma el uso tradicional de la Madre Tierra, por lo tanto destruye la economía campesina, las formas de consumo y los hábitos alimenticios. Para adquirir los productos que antes se cultivaban en las regiones campesinas, ahora mineras, hay que comprarlos y para ello el continente se fue acondicionando a la importación masiva de alimentos que en la actualidad, en el caso colombiano, asciende a más de 12 millones de toneladas al año.

A nombre del progreso, se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en todo el país en zonas mineras donde las empresas minero energéticas contratan a la población en forma temporal; de esa manera, los habitantes pierten la autonomía productiva y en especialmente en el caso de las mujeres se restringen sus labores a actividades históricamente marginales en la economía.

Se violenta la identidad cultural y espiritual de los territorios de pueblos originarios y de las comunidades campesinas, lo que rompe el tejido social, los lazos familiares, organizativos y comunitarios. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración, hay mayores conflictos entre vecinos y vecinas y se entraba la unidad para actuar y defender el territorio.

En este Encuentro, las mujeres latinoamericanas ratificamos:

Nuestro derecho a la vida, a la organización social, la movilización y la denuncia contra los megaproyectos minero energéticos que pongan en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios. Y en tanto la guerra es un impedimento para ejercer estos derechos exigimos y trabajaremos por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia.

La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres para aclarar nuestro papel en la resistencia y defensa de nuestros territorios.

La necesidad de visibilizar y posicionar en la agenda de nuestras organizaciones sociales y populares los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y culturales de estos megaproyectos en la vida de las niñas y mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes y urbanas.

La exigencia de incluir las afectaciones en las políticas públicas y en especial las políticas públicas de mujeres, para que se genere una real protección de los derechos humanos de las mujeres.

La necesidad de investigar, documentar, hacer seguimiento y divulgar con enfoque de género cada uno de los casos que se están presentando en Colombia y el continente.

Avanzar en la formación e información de las comunidades afectadas y las comunidades en general, de modo que eso permita implementar estrategias para la defensa de nuestros derechos.

Recuperar el sentido de la relación de las mujeres con la Madre Tierra, el territorio, el agua, las semillas y la producción, en tanto eso ratifica su función social en la lógica comunitaria no mercantilista y afirma nuestra identidad cultural.

Visibilizar y denunciar la grave situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en contextos de los megaproyectos minero energéticos.

Impulsar las consultas populares adelantadas con autonomía de las comunidades y organizaciones. En este sentido, rechazamos las consultas contempladas en las normatividades nacionales e internacional, hasta tanto no se garantice la formación político organizativa de las comunidades y para las comunidades. Esta formación es la que garantiza una adecuada toma de decisiones colectivas e incluyentes de las mujeres, decisiones acordes con las particularidades de las comunidades y basadas en una verdadera consulta libre, previa e informada.

Como hijas de la Madre Tierra, hermanas en el dolor y la indignación entrelazamos nuestros esfuerzos y procesos organizativos para articularnos en la defensa de nuestras tierras, territorios, cultura y soberanía alimentaria y territorial.

Bogotá, 12 de octubre de 2011

Acción Ecológica - Ecuador

Acipuc - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia

Afrosiso, Cauca

Asociación Biabuma - Antioquia, Colombia

Asociación Agropecuaria de Caramanta, Antioquia, Colombia

Asociación Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia

Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES - El Salvador

Asociación de Mujeres Artesanas de Cerrito, Asomuarce, Santander, Colombia

Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, Antioquia Colombia

Asociación de Vendedoras de Pescado de La Playa, Betulia, Santander, Colombia

Ceiba - Amigos de la Tierra Guatemala

Cima - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia

Cinturón Occidental Ambiental, Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear, ColombiaComité Cívico Pro Defensa de Marmato, Caldas, Antioquia

Comité en Defensa del Páramo de Santurban, Santander, Colombia

Conciencia Campesina, Colombia

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, Chocó, Colombia

Consejo Comunitario de La Toma, Cauca, Colombia

Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Colombia

Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, Colombia

Corporación CEAM, Colombia

Ecotierra, Tolima, Colombia

Feminas Nomadas, Guajira, Colombia

Fundación Mujer y Vida, Colombia

Fuerza de Mujeres Wayuu, Guajira, Colombia

Programa Mujeres y Violencias

Fundación Synergia

Fundaexpresión, Santander, Colombia

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides - Perú

Iniciativa de Mujeres por la Paz, Colombia

Marcha de Mujeres Campesinas, Colombia

Proceso de Comunidades Negras, Colombia

Red Juvenil Territorio Sur, Bogotá, Colombia

Red de Mujeres y organizaciones del Meta, Colombia

Red Latinoamericana de mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales y contra la minería

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA)
Telefax: (57-1) 3455520
Calle 67 No. 14A-26 Bogotá, Colombia
www.convergenciacnoa.org

Caramanta tierras y minas 1 y 2

2011-10-17T19:59:00.000-07:00

Caramanta tierras y minas I

Viaje del sociólogo y escritor al suroriente de Antioquia. La tierra de la granadilla ahora más parece la tierra de los pastos y los dominios de un “desconocido” ‘Señor’ a quien todos temen.

A las 6 de la mañana dejamos atrás la montaña de oro con sus socavones, sus guacheros y su conflictivo futuro. Las bocaminas son cada vez más escasas mientras trepamos por una carretera destapada en buen estado, lo que levantó suspicacias en mi compañero de silla en un bus que bregaba contra la pendiente: “Es que últimamente se ven por acá muchas camionetas de la compañía y a los ingenieros no les gusta el zangoloteo”.

Las casas de los mineros son descuidadas y oscuras, como si fueran la prolongación de los túneles donde trabajan; construidas en cemento y tejas de zinc, no tienen flores ni árboles frutales. Al cruzar la cuchilla aparecen a lo lejos Riosucio y Supía, también en la mira de las grandes compañías mineras canadienses. Al avanzar hacia Caramanta, los cultivos de granadilla se hacen más frecuentes. Desde lejos parecen gigantescas cobijas que arropan las lomas; de cerca, las frutas maduras que cuelgan tienen algo provocativo, casi erótico.

Las construcciones de bahareque y teja de barro no dejan duda de que entramos en una región campesina. La quebrada Arquía es el límite municipal entre Marmato y Caramanta. La carretera marca otra frontera: en las tierras altas y frescas se ven más potreros que fincas; en las bajas y calientes, más fincas que potreros. Arriba predomina la ganadería; abajo, el café y la caña panelera. Dos modos de trabajar la tierra, y de vivir. Al pasar por una construcción nueva y extraña, que no es ni galpón ni establo, sino corral cubierto, me explican entre silencios que pertenece al “Señor”. Me quedé esperando el apellido.

Caramanta es, sin más, un pueblo bello. Y limpio. Como todos los pueblos del suroeste antioqueño, tiene una iglesia gris de torres altas y agudas; una plaza espaciosa, todavía enmarcada por casas de bahareque, y puertas, ventanas y balcones en madera pintados con azules y verdes, anaranjados y amarillos, rojos y rosados, que combinados unos con otros transmiten una alegría y unas ganas de vivir que dejan tocar el espíritu del pueblo.

Las calles que convergen en la plaza, que vienen de abajo o van para arriba, muestran la misma cara. Los niños juegan a la pelota en las aceras, las colegialas pasan apuradas, los viejos toman tinto en las esquinas, las mujeres balconean apoyadas en los antebrazos. El hotel donde me hospedé tiene un patio amplio; empedrado; rodeado de begonias, azaleas, geranios; tiene comedor con ventanales en el primer piso y sala con reloj de péndulo en el segundo. El resto son alcobas limpias con sábanas recién planchadas.

Historia de saqueo

Caramanta fue andaregueado por conquistadores en busca del oro indígena y de las minas de donde se sacaba. A mediados del siglo fue erigida como Real de Minas con dos encomiendas y adscrita a la Gobernación de Popayán, con el nombre simbólico de Sepulturas, dada la cantidad de tumbas de naturales. Hacia 1820, empresarios acomodados de Medellín pagaron con bonos de la Independencia 160.000 fanegadas y fundaron la Nueva Caramanta, posesiones donde se establecieron poco a poco colonos campesinos prevenientes de Arma, Sonsón y Abejorral en busca de guacas, tierras nuevas y minas de oro.

Minas y tierras han hecho la historia del suroeste, un territorio que se disputaron Antioquia y Cauca en una pugna que se cerró con la guerra del 75 a favor de los antioqueños. Por su lomerío pasaban los caminos que comunicaban a Medellín con Cali y Popayán, y a Medellín y Pereira con Quibdó. La gente de Caramanta vive aún muy orgullosa de que Carlos Gardel haya pasado una noche en el pueblo. Por supuesto, después del fatídico accidente en Medellín.

La Violencia de los años 50 en el suroeste estuvo vinculada a los tres grandes corredores de colonización antioqueña hacia el occidente: Dabeiba, Urrao y Ciudad Bolívar. La región de Caramanta, Supía y Támesis dependía del Comando Superior del Suroeste, mandado por el liberal Juan de J. Franco, que operaba en el triángulo Dabeiba-Urrao-Salgar. Fue una violencia exclusivamente banderiza en sus comienzos; se fue transformando en conflicto social en la medida en que incluía la economía cafetera de Caldas; como se sabe, fue una de las estrategias para concentrar la propiedad territorial en la región limítrofe con Caldas. En la década de los 70, a tun tun de la bonanza bananera en Urabá, aparecen grupos guerrilleros del Epl y las Farc que dominaron tanto la cuenca del Riosucio como la del Murrí y que se expandieron en los 90 hacia Salgar, Concordia y Caramanta.

La economía y la guerra

A raíz del rompimiento del pacto cafetero se derrumbó el precio del grano en los mercados internacionales. De 1,39 dólares la libra en 1998, cayó a 0,89 en 1991. La Federación de Cafeteros apeló a elevar la productividad para defender la economía cafetera e impuso la sustitución de las tradicionales variedades, el arábigo y el borbón, por el caturra y la colombia, que implicaban un costoso paquete técnico que no obstante hizo nuestro café sensible a la roya. El resultado fue la ruina de un gran sector de la economía cafetera campesina y el fortalecimiento de una nueva capa de empresarios.

El desempleo y la emigración afectaron la estable estructura económica de Caramanta. Al mismo tiempo, y no de manera independiente, el país entero se enrumbó hacia el narcotráfico. Los jóvenes —los cientos de muchachos que el colegio Juan Pablo Gómez Ochoa botaba al desempleo— salieron a buscar fortuna hacia las zonas productoras de coca y a los centros donde reinaban los carteles de Cali y Medellín. Y uno que otro regresó rico a su pueblo como cualquier español después de haber hecho su América. Es el caso del señor del pueblo, el Lord Voldemort, “el que no debe ser nombrado”, “el que tú sabes”, “el señor oscuro”, el “Señor”.

La coca no llegó a Caramanta —ni en general al suroeste—, pero llegó el paramilitarismo en todas sus versiones, desde las Convivir hasta las Auc. “Existen registros de prensa sobre el accionar de estos ejércitos privados en municipios como Andes, Caramanta, Venecia, Concordia y Urrao, que consiste básicamente en amenazas, desapariciones, asesinato selectivo de campesinos y líderes cívicos acusados de pertenecer o simpatizar con la insurgencia y delincuentes comunes” (Verdad Abierta).

En Caramanta y vecindades actuaba La Escopeta. En ninguna región fue tan palpable el tránsito de las Convivir a las Autodefensas (1995-1997). Unos años después, estos grupos se organizaron como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), fundadas por Carlos y Vicente Castaño. El grupo en Caramanta estuvo comandado por Doblecero, un oficial del Ejército, y después por René, un carnicero que había estado en las Farc, que actuarían en adelante como Bloque del Suroeste.

En el campo militar era una organización más, pero en el plano económico se distinguió por no traficar con cocaína, por lo menos en el sector de Caramanta. Sus recursos salían principalmente de la extorsión generalizada. Campesinos, transportadores, bares, comerciantes, terratenientes, pagaban entre 30.000 y 300.000 pesos mensuales, sin excepción. Había varias bases permanentes en predios de grandes haciendas de donde salían a realizar sus operativos, que además del boleteo, consistían en “limpiar de indeseables la región”[1].

Las autoridades municipales no se dieron por enteradas del fenómeno. Por el contario, todo parece indicar que se subordinaron a los paramilitares. Más aún, la enorme mayoría de asesinatos que ejecutaron no fueron registrados por los medios. Fuentes informadas locales calculan que entre 1991 y 2006 hubo más de 200 asesinatos en el municipio. El Bloque Suroeste ingresó al proceso de Justicia y Paz en Ciudad Bolívar en 2005, bajo el mando del Águila, de cuyo paradero no se tiene noticia. Otro de los comandantes del bloque fue el famoso Tasmania, que se apropió de muchas tierras en la zona donde mandaba.

El destierro, el monopolio

Los testimonios recogidos en el municipio indican que durante estos años de control paramilitar emigró y fue desplazada mucha gente. Según el DANE, la tasa de crecimiento de la población es negativa: -3,2. La tierra tendió a ser concentrada con una rapidez inusitada. El índice de concentración de Gini es 0,6036, donde uno es la perfecta desigualdad y cero la perfecta igualdad. El 0,46% posee en el suroeste el 45% de la tierra. Las cifras concretas en Caramanta no deben ser muy diferentes.

La expansión de los señores de la tierra en el municipio tuvo lugar en la misma época, aunque se hizo en zonas distintas y bajo modalidades diferentes. En la zona fría, arriba de 2.000 metros, predominaba la ganadería de leche en fincas de propietarios o poseedores tradicionales. Eran fincas medianas —de entre 20 y 70 fanegadas—, no muy productivas y con grandes problemas de transporte, puesto que las vías no sólo no eran pavimentadas, sino que se veían interrumpidas por constantes derrumbes, como el que bloqueó el paso en La Balastrera durante varias semanas el invierno pasado.

Algunos campesinos vendieron sus predios o los perdieron con los bancos. Uno de ellos fue el padre del “Señor”. Perdió su finca mientras su hijo prosperaba en el Valle del Cauca. Cuando regresó rico, compró no sólo la propiedad que su padre había perdido, sino las de sus vecinos, y las de los vecinos de sus vecinos, hasta adquirir un gran globo que continuó ampliando hasta el punto de que hoy es considerado el más grande y potente hacendado de la región.

Las tierras situadas arriba de la carretera que une Valparaíso y Marmato, atravesando Caramanta, son prácticamente la hacienda del innominado. Hay unas pocas cejas de monte en la parte más fría, y en los últimos tiempos el “Señor” cultiva la granadilla y el tomate de árbol con trabajadores traídos de Urrao —donde son especializados en esas frutas— y de otros pueblos. Lo demás, el 90% de sus tierras, está en pastos, algunos mejorados. Del casco municipal salen todos los días varios buses con jornaleros para el ordeño, la limpia de potreros, el cuidado del ganado y el laboreo de la granadilla.

Cuando se viaja hacia el pueblo y se pregunta por las propiedades, la respuesta es la misma que le daba el Gato con botas al rey: “Son de mi señor, el Marqués de Carabás”. Sobraría decir que la influencia local, y en particular política, que tiene este gran hacendado es equivalente a la extensión de sus propiedades y a la capacidad para emplear trabajadores. En buena medida el pueblo depende de sus decisiones. Tiene además una política de lo que llaman ahora responsabilidad social. Ha contribuido a la construcción del ancianato y otras obras pías.

Lea mañana en nuestra edición de lunes festivo la segunda parte de esta historia.

Alfredo Molano Bravo / Especial para El Espectador | elespectador.com

Caramanta: tierras y minas II
Segunda parte del relato de viaje del sociólogo y escritor a este municipio en el que muestra cómo los terratenientes y la minería están cambiando el mapa agrícola de una rica región.
La zona caliente —Manzanares, Sucre, Aguadita, Naranjal, Chirapotó— fue siempre y es tierra de caña panelera. Tradicionalmente el cultivo se hacía por medio del sistema de aparcería o medianería, llamada localmente “de cepa”. Los grandes propietarios de la tierra poseían al mismo tiempo trapiches donde se molía la caña, se extraían las mieles y se fabricaba panela. La caña —la cepa— era propiedad del campesino cultivador, pero la tierra era del hacendado.

El producto, la panela, se dividía en partes iguales. Había trapiches que tenían 100 y hasta 150 campesinos que trabajaban y vivían bajo esta modalidad. Las relaciones entre el dueño de la tierra y los campesinos se regían por la costumbre y nunca se presentó el caso de que uno de estos reclamara —pese a la vigencia de la ley 200 del 36— la propiedad donde cultivaba la cepa. La caña panelera no tiene épocas de zafra donde toda la caña se corta; más bien se descepa de cuando en cuando, de manera que los ingresos monetarios son constantes. La gran mayoría de las tierras cálidas del municipio eran así explotadas.

Hace unos años llegó otro señor a comprar tierras y compró todas las que los trapiches le ofrecían. El precio de la panela pasaba por un mal momento. Los ingenios del Valle del Cauca habían entrado al mercado y ofrecían panela a precios que a los campesinos les daban pérdidas o ingresos muy escasos. Entre 1998 y 2005, la panela se pagaba a un promedio de 600-700 pesos por unidad. No sólo compró los grandes trapiches con sus extensas tierras, sino que destruyó físicamente los entables y hasta antiguas casas de hacienda, para sembrar pastos e instalar ganaderías extensivas.

El resultado: más de 500 familias campesinas despojadas de su modo tradicional de vida. El proceso tuvo lugar mientras el Bloque Suroeste, comandado por René, dominaba las vidas de los pobladores y dormía en las haciendas. Durante todo el tiempo de presencia paramilitar, el Ejército y la Policía no trabaron un solo combate con miembros del bloque, ni se supo de detenidos y ni siquiera de informes a las autoridades judiciales.

Verdad Abierta.com señala: “La confusión inicial entre los grupos de vigilancia legales y los grupos ilegales de autodefensa fue aprovechada por estos últimos para ganar confianza entre la población y obtener información. Por falta de cohesión social y poca presencia estatal, muchas personas del común se convirtieron en aliados estratégicos de quienes serían el flagelo para muchos y alivio para pocos”.

Café amargo
Entre las tierras frías y las tierras calientes están las tierras templadas, tierras de café: el camino de la colonización antioqueña. El café cumplió el papel que la coca ha cumplido desde el 70 en la colonización del piedemonte, de las selvas y de los llanos del oriente. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el café alcanzaba precios internacionales, rentables para los cultivadores que en el suroeste de Antioquia y en Caldas tuvieron que enfrentarse al poder de las concesiones de tierra hasta anularlas. Fue un cultivo campesino por excelencia, trabajado en parcelas medianas o pequeñas, con mano de obra familiar y con variedades que requerían sombrío con frutales de guamo y plátano que no sólo abonaban la tierra, sino que daban de comer a la familia.

En Caramanta el café ha sido el eje de la economía regional. Como en toda la comarca, la crisis del grano en los noventa afectó muy seriamente a los cafeteros, impuso el cambio de variedades por parte de Fedecafé y con ello sacó del mercado a los más débiles, a los que no pudieron financiar el cambio.

Con todo, el café siguió siendo la fuente de trabajo y de ingresos de la mayoría de los campesinos de la franja cálida, hasta que comenzaron a sentirse amenazados, por arriba y por abajo, por los señores de la tierra que cada día hacían mejores ofertas de compra. Al no verse coronadas en la notaría, los cafetaleros recibían amenazas. Se compraron y vendieron fincas; se transfirieron títulos. Se desplazaron campesinos.

Los paramilitares controlaban el orden público. Un botón de muestra: “El 6 de febrero de 1993 en Caramanta, Antioquia, paramilitares en número aproximado de 25 efectivos fuertemente armados, desaparecieron a los hermanos Nubia Sánchez Sánchez y Edier Sánchez Sánchez, los cuales fueron sacados de su vivienda ubicada en la inspección departamental Alegría. Antes de irse el grupo, dijeron tener una lista negra de 25 personas a las que les pasaría lo mismo. El día 27 fue desaparecido el inspector de la inspección departamental Sucre, cuyo cadáver fue encontrado torturado en los primeros días de marzo” [2].

Las crisis de los cafeteros nunca son totales. Los salva de la bancarrota la estrategia llamada economía de sancocho: todo lo que en una parcela se da, cabe: maíz, yuca, plátano, fríjol y pasto, y, por lo tanto, tres vacas lecheras con soga. Así, algunos campesinos aceptaron la invitación que les hicieron los lecheros grandes de la parte alta, incluido en estos el ‘Señor’.

Organizaron una cooperativa lechera para reducir costos y elevar su poder de negociación con los intermediarios. Lograron algunos éxitos, sobre todo en relación con la carretera, que el departamento mejoró. Pero poco a poco los productores mayores fueron sacando a los menores con el argumento de que la leche de los pequeños llegaba agria y dañaba la de los demás.

Los parceleros fundaron su propio organismo: Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAP). No sólo para resolver el problema de la leche, sino los de la caña, el café y otros comunes: crédito, insumos, comercialización y, por supuesto, las amenazas de compra coactiva o convenida de predios por parte de los señores de las zonas alta y baja. Hoy son 80 socios que defienden tres principios básicos: la producción agroecológica; la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres, y la familia, y no el individuo, como unidad de afiliación y decisión. En el fondo se trata de una estrategia para defender tanto la economía como la cultura campesinas. Saben que el secreto de la economía es la cultura, entendida como una tradición de normas, valores y territorio.

El peligro de la minería
Los campesinos —cañeros, cafeteros, fruteros, lecheros y buena parte de los pobladores del municipio y las regiones vecinas— son conscientes de un peligro más que implícito, encubierto en la acelerada concentración de tierras: la gran minería. Desde hace unos años han registrado el renovado interés por lo que se ha llamado en la región el ‘cateo’, es decir, la búsqueda de yacimientos de metales preciosos.

Una práctica que caracterizó a la colonización antioqueña y que se había dejado atrás. Lo que inquieta a la gente es que el cateo de hoy va más allá: es una exploración sistemática y técnica del territorio. No sólo de Caramanta, sino de Riosucio, Supía, Támesis, Jardín, Valparaíso. Más aún, los campesinos han identificado a la compañía que lleva a cabo los estudios geológicos: la Solvista Gold Corporation, que “maneja títulos mineros que comprenden los municipios de Caramanta, Guadalupe, Támesis, Valparaíso, Gómez Plata, Amalfi, Carolina del Príncipe, Anorí, Angostura y Campamento, en Antioquia” [3].

El descubrimiento no se paralizó en el asombro y el miedo. Los pobladores de los municipios nombrados se comunicaron entre sí las sospechas y se reunieron en Támesis, el pasado mes de julio, para evaluar las amenazas que representa la gran minería en sus municipios. Concluyeron que era urgente la creación de un organismo colectivo para “visibilizar y plantear acciones contra el Plan Nacional Minero, que actualmente se viene instalando en nuestra región, sin importar las implicaciones ambientales, sociales y económicas que ello representa”.

Y crearon el Cinturón Occidental Ambiental (COA) para defender “nuestra cultura, nuestras selvas altoandinas que resguardan el agua, los bosques, la biodiversidad, el paisaje” y que busca ser miembro de otra organización más amplia y más fuerte: la Red Colombiana Frente a la Gran Minería.

El conjunto de movimientos organizativos muestra por primera vez los estrechos lazos que hay entre la gran minería y la concentración de la tierra. La cuestión es simple, los grandes empresarios agropecuarios buscan asociarse a la locomotora minera porque saben que pueden negociar bien el derecho a la servidumbre que los asiste. Es muy posible, además, que algunos de ellos hayan obtenido concesiones y títulos mineros sobre yacimientos, susceptibles de negociación con las multinacionales.

El mapa de concesiones mineras en los municipios de Caramanta y vecinos es asombroso. El ‘señor que todos sabemos’ tiene haciendas en río Conde, donde tiene títulos mineros la Solvista, y en Yarumalito, donde la concesionaria es la Colombian Mines Corporation. Se avecina pues un conflicto muy peligroso entre las titularidades territoriales de las grandes compañías mineras, los señores de la tierra y los movimientos campesinos.

De Caramanta salimos con el último sol. Desde una curva pudimos observar y gozar un paisaje extraordinario: la vertiente occidental de la cordillera Central, desde Angelópolis y Sonsón, hasta Manizales y el Nevado del Ruiz, prácticamente todo el territorio de la colonización antioqueña del siglo XIX. Pero más asombroso e insólito fue divisar con toda nitidez la cresta del páramo de Sumapaz, situado en la cordillera Oriental. Con la sensación de haber tocado un horizonte cercano, de salida pasamos por Valparaíso, cuna del general Rafael Uribe Uribe, un caudillo que nunca dejó de hacer sus ejercicios quinestésicos en la madrugada, pero que en verdad poco le servían a la hora de hacer la guerra.
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-305913-caramanta-tierras-y-minas-ii

Miles de personas marcharon en contra de la megaminería

2011-10-16T21:15:00.000-07:00

Más de cinco mil personas hicieron parte de la ‘Segunda Marcha Carnaval: Sí a la vida, no a la megaminería’.

Con representaciones teatrales, pancartas, arengas y un sinnúmero de expresiones, los tolimenses marcharon ayer por la vida y en contra de la megaminería.

Más de cinco mil personas recorrieron la carrera Quinta, hasta la Plaza de Bolívar, en la ‘Segunda Marcha Carnaval: Sí a la vida, no a la megaminería’.

“Estamos marchando en contra de la megaminería y a favor del agua y la vida. Principalmente una marcha es un punto de opinión de la gente”, manifestó Fabián Prada, uno de los coordinadores del Comité Ambiental en Defensa de la Vida.

Y sostuvo que la idea “es mostrarle a Colombia entera que en Ibagué y el Tolima hay un gran número de personas que estamos en contra de la explotación minera a cielo abierto y protegiendo las fuentes hídricas que se verán afectadas. El hecho de cambiar una tradición agrícola por una minera es algo ilógico; deberíamos de apostarle más al cuidado de nuestra biodiversidad y no destruirla”.

En la movilización participaron campesinos de Cajamarca y Espinal, así como tolimenses provenientes de diferentes municipios de la ‘Tierra Firme’ e indígenas de Ortega.

“Hemos decidido privilegiar el agua y la vida por encima de cualquier ambición económica y material con que nos pretenden deslumbrar, en cabeza de la transnacional Anglogold Ashanti, con sus promotores enquistados en los gremios económicos y en la mayoría de los noticieros radiales, quienes nos quieren imponer sí o sí, la megaminería de oro a cielo abierto con lixiviación de cianuro o minería de voladura y desaparición de montañas”, expresó el Comité Ambiental en Defensa de la Vida.

Durante el recorrido fueron recolectadas firmas con el interrogante: ¿Está usted de acuerdo con la exploración y explotación minera de La Colosa en Cajamarca y en el Cañón del Combeima?, esto con el fin de promover actividades de protección al medio ambiente y frenar la explotación de La Colosa.

El acompañamiento de las mascotas
Algunos manifestantes acudieron a la Marcha Carnaval con sus mascotas, es el caso de Atenea, una perra labrador que acompañó a Óscar Iván Cuéllar durante el multitudinario acto.

“El acompañamiento de las mascotas es para dar a entender que los animales también tienen derecho a marchar. De otro lado, la movilización es muy importante porque el oro no vale nada a diferencia del agua”, sostuvo Óscar Iván.

Teatro en la marcha
‘El principio del fin’, fue la obra teatral que algunos manifestantes representaron durante el recorrido que se efectuó por la carrera Quinta en la Marcha Carnaval.

“Llevamos unos personajes de una obra que se llama ‘El principio del fin’, que plantea la problemática de un futuro sin agua, alimentos y animales, donde lo único que queda para comer son los mismos seres humanos. Estos personajes tienen todo el oro del mundo, pero no hay agua; para qué el oro si no hay agua”, expresó Wilson Hernández, profesor de Teatro del Sena.

Y agregó: “No sé por qué a los seres humanos se les metió en la cabeza que el oro debe tener algún valor, cuando realmente lo único que debe tener valor en este mundo son los alimentos y el agua.

“Sin alimento y sin agua, ¿qué somos?. Podemos tener todo el oro y los diamantes del planeta, pero sin agua no hay comida y sin los dos no hay vida”.

En defensa de la madre tierra
Los Pijaos también acompañaron la movilización por la vida y en contra de la megaminería, adelantada por los ambientalistas del Tolima.

“Vamos a acompañar la marcha porque La Colosa nos podría dejar sin agua, algo que nos pertenece a los ciudadanos colombianos. Lo que están haciendo es contaminando el agua, sacando el oro y los minerales, por eso es un deber de nosotros cuidar a la madre tierra”, expresó Julio Villabón, perteneciente a la etnia Pijao Los Tunjos, de Ortega.

Indicó que “fuimos primero nosotros los indígenas que estuvimos en la zona y personas externas vienen a sacar los tesoros de Colombia, a dejarnos en la ruina y a meternos en un grave problema, porque el funcionamiento de esa mina puede acabar con Ibagué.

“La madre tierra nos está reclamando, porque la tierra cobra lo que es de ella. Vamos a luchar hasta el fin. Es nuestro deber y tenemos que cuidar el medio ambiente”.

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/115866-miles-de-personas-marcharon-en-contra-de-la-megamineria

La mina la Colosa en Colombia

2011-10-16T21:13:00.000-07:00

¿Sabe usted en que consiste el proyecto de explotación de oro la colosa en Cajamarca?

El proyecto de explotación de oro en el municipio de Cajamarca (Tolima) conocido como la mina la colosa, que pretende realizar la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti atraviesa como todo proyecto minero por dos etapas:
1.Exploración: se determina la cantidad de oro, su ubicación y distribución.
2.Explotación : si el oro es profundo y concentrado, se explota mediante túneles; si de lo contrario diseminado se explota mediante una mina a cielo abierto.

EXPLORACION:

La empresa solicita un permiso de exploración, mediante el cual es autorizada por el
gobierno para realizar una serie de pequeñas perforaciones en el terreno para establecer si
hay oro, cómo está concentrado y a qué profundidad se encuentra; para así establecer la forma de explotarlo.

Aqui podemos ver imágenes de la exploración en la zona de Cajamarca, hasta aquí va el proyecto la colosa.(mayo 2009)

las pruebas realizadas por la multinacional Anglo Gold Ashanti en Cajamarca sugieren que el oro esta superficialmente disperso por una área de cerca de 515 hectáreas de la zona de reserva natural y por ende se necesita explotarla por el método de minería a cielo abierto

¿ y cómo se explota una mina a cielo abierto?

En primer lugar , con maquinaria pesada se destruye toda la capa vegetal con el fin de exponer el suelo….

Una vez despejado el suelo, se hacen pequeñas perforaciones en la tierra donde se instalan explosivos que luego al accionarse aflojan la tierra.

En los 15 años que durará la explotación de oro en Cajamarca, la multinacional Anglo Gold Ashanti utilizará alrededor de 1`000.000 de toneladas de explosivos… 10 veces el poder de la bomba atómica de Hiroshima.

Una vez aflojada la tierra, con maquinaria se procede a “raspar” toda la montaña, con el fin de remover enormes cantidades de roca, ya que el oro está en partículas microscópicas
esparcidas en toda la tierra.

En las minas a cielo abierto , para extraer un kilogramo de oro se necesitan remover entre 130 a 150 TONELADAS DE TIERRA.

En Cajamarca se estima que se removerán de esta manera 600.000 TONELADAS DE TIERRA DIARIAS.

Una vez se tiene el material rocoso, se le deposita en enormes pilas sobre plásticos, donde se le rocía por semanas enteras con una solución de agua con cianuro, que al irse escurriendo junta las partículas de oro, para luego llevar esta mezcla liquida de agua + oro+ cianuro a unas enormes piscinas donde con carbón activado se separa el oro del resto de materiales.

Además se estima que la cantidad utilizada por la mina se acerca a los 250.000 litros de agua POR HORA.

El futuro de las mas de 515 hectáreas de reserva natural,donde se planea realizar la explotación minera en Cajamarca, será muy similar al de esta fotografía tomada de la mina de oro de Yanacocha en Perú.

Esta situación nos hace preguntar:

¿ Y dónde quedarán los 161 nacimientos de agua que según cortolima se encuentran en la zona de explotación minera?

¿Qué pasará con el rio Coello, bermellón, y las decenas de quebradas que abastecen el sistema de riego de espinal conocido como Usocoello?

¿Qué pasará con el milenario bosque de niebla, su biodiversidad y las especies en vía de extinción que allí habitan?

¿Qué pasará con los millones de toneladas de tierra impregnada con cianuro que dejará la multinacional tras de si?

¿ Acaso es sostenible esta actividad que mata la naturaleza, esteriliza los suelos y aniquila la vida?
¿ Qué pasará con los depósitos subterráneos de agua que se contaminarán por los inevitables drenajes ácidos que dejará la mina tras de si?

Además en una región con pendientes mayores a 45º, con múltiples fallas geológicas y cercana al volcán machín…

¿Cómo nos garantizará la multinacional que en caso de un sismo o derrumbe, el cianuro contenido en las piscinas no se derramará por todo el rio Coello contaminando así todo el plan del Tolima y el rio Magdalena?

¿ Qué pasará con la inevitable lluvia ácida generada por las masivas emanaciones de oxido nitroso producto de las explosiones en la mina?

¿ES ESTO DESARROLLO Y BIENESTAR PARA NUESTRA REGION?

PORQUÉ EL AGUA VALE MAS QUE EL ORO:
COLOMBIANOS TODOS DIGAMOS

SI A LA VIDA

NO A LA MINA

Su participación y compromiso es muy importante, ayúdenos a construir, Conciencia ambiental

conciencia.ambiental09@gmail.com

conciencia-ambiental09.blogspot.com

Diez mil personas marcharon en rechazo a los proyectos de explotación de la mina 'La Colosa'

2011-10-16T21:11:00.000-07:00

Cerca de 10 mil personas marcharon por las principales calles de Ibagué en contra del proyecto de minería en el municipio de Cajamarca, en el occidente del Tolima.

Las organizaciones sindicales pidieron al Gobierno impedir el proceso de exploración y posterior explotación en la mina ‘La Colosa’, ubicada en Cajamarca a cargo de una reconocida multinacional.

Por su parte, las autoridades no reportaron personas lesionadas o alteraciones de orden público en medio de la manifestación.
http://www.caracol.com.co/noticias/regional/diez-mil-personas-marcharon-en-rechazo-a-los-proyectos-de-explotacion-de-la-mina-la-colosa/20111014/nota/1562542.aspx

Colombia quiere acelerar proyectos mineros

2011-10-12T19:53:00.001-07:00

Mauricio Cardenas, ministro de Energia y Minas de Colombia

Paul Smith / Bloomberg

HEATHER WALSH

BLOOMBERG

BOGOTA -- Colombia intenta asegurar que proyectos mineros vinculados al oro y al carbón entre otros avancen a “toda velocidad” para fomentar la producción y los ingresos del gobierno, dijo el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas.

Colombia quiere que el crecimiento de su industria minera esté a la par de la creciente inversión en la producción petrolera al favorecer proyectos que cumplan con las normas ambientales y sociales sin demoras, dijo Cárdenas en una entrevista, al tiempo que se negó a nombrar proyectos específicos.

“Varios de estos proyectos son bastante sólidos y necesitamos asegurarnos de que avancen, y de que lo hagan a toda velocidad”, dijo hoy Cárdenas, que tiene 49 años, en sus oficinas de Bogotá. “No todos estos proyectos recibirán luz verde, sólo aquellos que son sólidos”.

El presidente Juan Manuel Santos atrajo inversiones a Colombia de compañías como OGX Petróleo Gas Participações SA de Eike Batista y Grupo Carso SAB de Carlos Slim al debilitar a los grupos guerrilleros y abrir nuevas áreas de exploración en medio de la creciente demanda global de energía y oro.

Los precios más altos del oro llevaron a Milton Rodríguez, miembro de una comisión del Senado que supervisa los recursos naturales, y a otros legisladores a impulsar aumentos impositivos a las compañías mineras.

Colombia debería trabajar en la implementación de los recientes cambios en la manera en que el gobierno distribuye los ingresos provenientes de la minería, y no en cambiar las tasas de los impuestos, dijo Cárdenas.

“No creo que sea el momento apropiado”, dijo.

Demoras en los proyectos

Cárdenas, que fue director del Brookings Institute en Washington, D.C., asumió su puesto el mes pasado. Anteriormente ejerció cargos en el gobierno, como el de ministro de Transporte y director de Planificación Nacional, según el sitio web del gobierno.

Entre las empresas que intentan desarrollar proyectos de minería en Colombia figuran AUX Canada Acquisition Inc. de Batista, que compró este año el control de Ventana Gold Corp. para tener depósitos de oro en Colombia. En mayo, AngloGold Ashanti Ltd., el productor de oro cuyo accionista más importante es el multimillonario John Paulson, dijo que el desarrollo de su mina Colosa en Colombia está demorado por los crecientes costos y por un proceso de permisos muy lento.

La oposición a la minería en una zona de vertientes frenó el desarrollo de un proyecto minero de $1,000 millones para extraer oro de Eco Oro Minerals Corp., anteriormente llamada Greystar Resources Ltd. La empresa en marzo retiró las solicitudes de permisos para la mina Angostura, con el argumento de que planeaba un proyecto menor que tuviera en cuenta cuestiones ambientales.

Marmato: un tesoro rodeado de corrupción, ilegalidad y pobreza

2011-10-10T09:18:00.001-07:00

Marmato es un pueblo antiguo dominado por la pobreza, pero que es paradójicamente apetecido por su extrema riqueza. En sus entrañas se cree que hay cerca de 10 millones de onzas de oro que durante los últimos años comenzaron a ser extraídas mediante un enjambre de mineros ilegales, los cuales están muy cerca de quedarse con los brazos cruzados porque en su reemplazo se preparan multinacionales.

La controversia se desató hace varios meses, pero acaba de salir nuevamente a flote porque la Contraloría General de la Nación denunció la existencia de un cartel para la entrega de títulos mineros, hecho que dirigió las miradas hacia este municipio del departamento de Caldas.

Según la Contralora General, Sandra Morelli, la entidad ha hecho más de 100 hallazgos de irregularidades y falta de control en la entrega de licencias para la explotación minera. Añadió que Caldas es uno de los departamentos más afectados.

Precisamente señaló a las minas de Marmato, donde hay investigaciones contra funcionarios del Ministerio del ramo en esa zona. Caracol Radio estuvo en Marmato y encontró que en medio de la riqueza del oro, hay una desbordada pobreza y un futuro incierto por la manera en que fueron adjudicadas estas explotaciones.

El municipio está ubicado en el occidente de Caldas, tiene 450 años de historia, es el segundo productor de oro en Colombia, pero quizás el municipio más pobre de la región centro occidental del país.

Esta localidad, con cerca de cinco mil habitantes, se debate en la encrucijada de una explotación a cielo abierto que deja sin empleo a cerca de mil mineros, del traslado del pueblo a una área cercana porque está en zona de alto riesgo, del desconocimiento de las normas ambientales, y de la ausencia de las inversiones de las regalías que, como un contrasentido, no han servido para el desarrollo histórico de la comunidad.

La población está ubicada en la montaña El Burro. Allí hay 250 minas, 150 de las cuales son ilegales y las otras 100 apenas en proceso de legalizar.

Los estudios señalan que en el lugar hay por explotar alrededor de 9.8 millones de onzas de oro, lo que ha generado una fiebre de riqueza que alienta la minería ilegal, la cual se ejerce en pequeños socavones donde han sobrevivido los habitantes de la población por cuatro siglos. Ellos se resisten a dejar su actividad, según lo dijo a Caracol Radio el representantes de la Asociación de Mineros, Yamir Amar.

Llegan las multinacionales

A la zona llegaron hace ocho años las multinacionales ofreciendo el oro y el moro; compraron el 80 por ciento de las vetas. Este proceso lo empezó Mineros Nacionales, posteriormente llegó Medoro, en junio asumió su manejo la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, la que ofrece explotación a gran escala con la posibilidad de extraer diariamente 40 mil toneladas de mineral de una producción calculada al año de 250 mil onzas. La presidente de la junta directiva de la multinacional María Consuelo Araujo, asevera que este proceso llevará beneficio a los lugareños y ayudará a la preservación ambiental de la zona.

Pero los expertos de la Universidad Nacional, sede Manizales, consideran que además de un efecto económico y social incierto, la explotación a cielo abierto generará un gran problema ambiental y la destrucción de los recursos naturales. El geofísico del centro educativo, Gonzalo Duque, teme que este tipo de explotación genere escasez de recursos hídricos, la cual ya se advierte en la región.

El gerente de la Corporación Regional Corpocaldas, Juan David Arango, indicó que se trabaja en un plan de acción, con inversiones de cinco mil millones de pesos para amainar el impacto de la problemática técnica, social y económica, pero exigió a la multinacional que recién llegó a la zona, claridad en el manejo de la explotación minera y acciones concretas.

Ahora la encrucijada está en resolver cual es la salida para evitar que la población desaparezca o sus habitantes emigren a otras zonas, como está ocurriendo con los jóvenes, quienes a falta de opciones están movilizándose hacia Medellín, Manizales y Pereira.

En Marmato se está quedando sola la población adulta, en medio de considerables niveles de pobreza y una confrontación política que divide a los defensores de los mineros o de los extranjeros canadienses que insisten en que la explotación a cielo abierto es benéfica para la región.

El dirigente sindical Oscar Gutiérrez insiste en que no se han respetado los derechos de los ciudadanos y que hay que buscar alternativas de solución como permitir que los pequeños mineros exploten las minas que deben ser legalizadas como derecho adquirido de muchos años.

Una decisión en tal sentido está en manos del Gobierno nacional pero, en especial de los ministerios del Medio Ambiente y de Minas y Energía, que según analistas, no han medido el impacto de la grave situación de Marmato.

Por: Mariela Márquez Quintero
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/marmato-un-tesoro-rodeado-de-corrupcion-ilegalidad-y-pobreza/20111009/nota/1559564.aspx

La nueva guerra

2011-10-10T09:05:00.001-07:00

Hace diez años los profesores Collier y Hoeffer publicaron un artículo famoso sobre las causas de los conflictos armados internos. Examinaron 68 guerras que tuvieron lugar entre 1960 y 1999, y concluyeron que la avaricia es más importante que la convicción como motor del conflicto: la gente no pelea por ideales sino ante todo por hacerse al control de la riqueza.

La teoría anterior es muy simplista, pero ayuda a entender la evolución del conflicto colombiano: unas veces para enriquecerse y otras para financiar la guerra, los actores armados han vivido detrás de las bonanzas, y por eso la violencia comenzó por las regiones cafeteras y se fue trasladando hacia el petróleo en Santander y Arauca, o hacia las esmeraldas en Boyacá, el banano en Urabá, la tierra valorizada del Magdalena Medio, el carbón del Cesar, la coca en la Orinoquía o la amapola en el Cauca.

Es más: según Collier y Hoeffer, el conflicto se da cuando hay bonanzas pero el Estado no es lo bastante rico para aplastar de entrada a la guerrilla- como pasó en Colombia; cuando hay partes del territorio donde el Estado no existe -como en Colombia; cuando se viene de guerras mal resueltas que dejaron heridas, hombres y armas por ahí regados y listos para engancharse en una nueva guerra- como Colombia.

Cierto que, para algunos, ya no tenemos ‘conflicto’; y es indudable que las tasas de homicidios o secuestros disminuyeron bastante bajo Uribe, que las Farc quedaron muy golpeadas y que las AUC se desmovilizaron. Pero también es indudable que la violencia sigue, que la guerrilla no desaparece y que los paras o las bacrim al lado de los narcos mantienen vivo nuestro conflicto armado.

Y estos rescoldos, digamos no extinguidos, están a punto de re-agrandar el incendio, al favor y al calor de la nueva bonanza que tenemos: la minera. Diría yo, en efecto, que la “locomotora” está alimentando al menos cinco tipos de violencia que se dan o se mezclan en las regiones productoras:

-Hay la más obvia de los actores armados dedicados a explotar la minería o los mineros, porque el oro o el coltán son mucho más rentables que la droga; así sucede en Córdoba, en el Huila y en otras varias regiones de Colombia.

-Hay los pequeños mineros del oro o el carbón que están siendo expulsados, a veces con apoyo de los gobiernos locales; el alcalde de Suárez, por ejemplo, desalojó a los pequeños por “ilegales” y agudizó el conflicto que sufre la región.

-Hay los mega-proyectos ubicados en territorios étnicos que amenazan el modo de vida y los derechos de las comunidades; los habitantes del Alto Atrato, por ejemplo, recibieron 73 mil hectáreas del gobierno, 55 mil de las cuales ya estaban adjudicadas a una multinacional que operará en terrenos “sagrados” de los emberas.

-Hay los pozos petroleros en zonas “recuperadas” por el Estado, donde vuelven y se inventan los conflictos laborales y la “acción popular” de las guerrillas; las protestas que paralizaron la producción en Puerto Gaitán o en Barranca de Upía son una muestra clara de este reinvento.

-Y hay los agentes de seguridad privada, o el pago de vacunas, o la creación de cuerpos paramilitares que las empresas mineras o energéticas requieren para llevar a cabo sus actividades; aunque la información o las pruebas al respecto no abundan, a la memoria está el famoso episodio de la Mannesmann y más frescos están los incidentes de Chiquita.

Tener recursos naturales es una bendición, y una bonanza bien manejada puede ser el despegue económico y social para un país. Pero también existe “la maldición de los recursos”, las bonanzas minero-exportadoras que en un país tras otro destruyen el ambiente, arrasan con la industria, acaban los empleos, concentran la riqueza y aumentan la corrupción.

Algo de todo eso está ocurriendo en Colombia, y de por sí sería motivo suficiente para pensar en serio el hasta dónde y el cómo debe seguir andando la gran locomotora. Y si ello no bastara, pensemos por lo menos que llevamos un karma y que la nueva guerra está a la vuelta de la esquina.

Por Hernando Gómez B

http://www.elheraldo.co/columnistas/la-nueva-guerra-40960

LA NUEVA FIEBRE DEL ORO

2011-10-10T08:58:00.001-07:00

El miedo resucita El Dorado

Un viaje desde Colombia a Nevada para explorar la nueva fiebre del oro en América |El poder del oro es que "aniquila la incertidumbre", dice Peter Bernstein

El Dorado siempre fue una empresa de avaricia, delirio y destrucción. Y, aunque sus protagonistas ahora sean multinacionales mineras con sede en Vancouver (Canadá) o Johannesburgo (Sudáfrica), o desesperados buscadores de fortuna de Colombia o Alaska, la fiebre del oro del siglo XXI no está resultando muy distinta. Aunque quizás habría que añadir otro factor para explicar este nuevo gold rush (fiebre del oro) que ha duplicado el precio de la onza troy (unidad de masa empleada para pesar metales preciosos), desde los 800 hasta los 1.600 dólares en tan sólo cinco años: la búsqueda de seguridad.

"El oro siempre ha justificado los actos más atroces y la resistencia humana más extraordinaria", advierte Peter Bernstein en su libro El poder del oro. Pero no sólo porque ofrece riqueza sino también porque "aniquila la incertidumbre". Como señala la bloguera financiera Masa Serdarevic, "comprar oro es siempre un asunto de miedo".

Y en una crisis global que ya sacude hasta los estados europeos, el miedo no escasea. La demanda del oro se expande en todas partes subiendo el 9% en el 2010 pese a los precios. Desde las nuevas clases medias indias y chinas que compran joyería de oro en busca de estatus y de valor seguro, hasta ahorradores e inversores occidentales que huyen de la bolsa y desprecian tipos de interés próximos a cero.

Y si el terror financiero impulsa el oro, el auge de nuevas ideologías apocalípticas lo convierten en culto. El regreso al patrón oro –considerado hace poco un delirio de los excéntricos gold bugs (bichos dorados)– gana adeptos en la cúpula republicana de EE.UU.

Pese a ser el menos útil de todos los metales, el oro siempre ha engendrado delirios. Químicamente inerte, el elemento aurora AU jamás se oxida, lo cual le concede "una longevidad con la que todos soñamos", resalta Peter Bernstein. Y resulta irresistible para conservadores y libertarios porque no depende de ningún Estado. "El oro puede ser un trozo de metal inútil y lustroso, pero, por lo menos, los banqueros centrales no pueden imprimirlo", indica Dylan Grice, analista de la entidad bancaria Crédit Suisse.

Por supuesto, el miedo se traduce en fantásticos beneficios para las grandes multinacionales mineras y sus accionistas. Estas ya empiezan a minar en "lugares antes no económicos o marginales, y donde vive más gente", explica el economista argentino Leonardo Stanley.

La fiebre se extiende desde Tanzania hasta Mongolia. Pero en esta serie que hoy se inicia, el análisis se centra en el regreso a El Dorado y a la fiebre del oro americana del siglo XIX.

Colombia y Centroamérica –menos desarrollados en minería que Chile o Perú en el sur– ya son la nueva frontera del oro en América. Asimismo, en el norte de América, desde Alaska, el Klondike, hasta Nevada vuelven a ser los sueños ilusorios de buscadores de fortuna y los nuevos gold bugs de la era del miedo.

http://www.lavanguardia.com/vida/20111009/54228225687/el-miedo-resucita-el-dorado.html

Contra la minería a cielo abierto: Organizaciones internacionales se unen para decir ‘No a La Colosa’

2011-10-10T08:23:00.000-07:00

Marco Arana, director Grufides de Perú, explicó las consecuencias negativas que la minería a cielo abierto ha llevado a la región, problemas sociales y ambientales difíciles de solucionar.

(Foto: REDACCIÓN - EL NUEVO DÍA)

Con el lema ‘Protejamos el agua - preservemos la vida’, concluyó el cuarto congreso latinoamericano del Ocmal, que contó con la presencia de invitados de talla internacional.

El IV Congreso Latinoamericano del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina con invitados internacionales como el padre Marco Arana, César Padilla y David Velasco, se cumplió ayer en Ibagué.

El Ocmal es una red internacional que aglutina todas las organizaciones que hacen seguimiento a los proyectos mineros, especialmente, los de cielo abierto.

Tatiana Roa, miembro de Censat Aguaviva, expresó que la minería no es solamente un fenómeno colombiano, sino de todo el continente; hay una demanda intensiva de recursos mineros que afecta gravemente muchas regiones del mundo.

“Este encuentro es un espacio abierto para la sociedad ibaguereña donde deliberaremos las estrategias que se van a construir desde la red”, manifestó Roa.

“El caso colombiano es particular ya que no es netamente minero, sino de vocación agropecuaria, y aunque se han extraído bastantes recursos, hay una demanda muy fuerte de ciertos países por recursos naturales.

“Existe una especulación de la bolsa con los precios de los minerales y eso ha dado paso a esta situación que está poniendo en grave riesgo un país tan rico y diverso como Colombia”, indicó.

Según Roa, en este momento, existen más de ocho millones de hectáreas solicitadas para proyectos mineros.

“Tenemos fe en que la resistencia hecha por el pueblo colombiano, con movilizaciones en Santander, Ibagué y Cajamarca están enviando un mensaje al Gobierno, que quiere decir que no queremos minería.

“Lo que sucede en el Cesar y La Guajira es suficiente; este es un proyecto que no deja mayores recursos al país, creemos que podemos frenar el proyecto de La Colosa y los otros que existen en la región”.

Minería en Perú

Marco Arana, reconocido exsacerdote peruano, ha liderado diferentes campañas contra la minería a cielo abierto; actualmente es director de Grufides del Perú y ha visto casos horrendos en su país, explica como un proyecto que parecía pequeño ha traído consigo catástrofes sociales y ambientales.

“La minería en mi región comenzó en el año 92, se presentó como una actividad minera que iba a dar trabajo, iba a usar tecnologías modernas, incluso se hablaba de una minería limpia, ecológica, y llegaron diciendo que solo se iban a quedar cinco años”.

Dice el padre Arana que al poco tiempo se evidenciaron problemas por la propiedad de la tierra, comenzaron a obligar a los campesinos a vender a precios bajos y que en otros casos expropiaron terrenos.

Igualmente, los trabajos de exploración y explotación generaron los primeros impactos como disminución de agua y contaminación.

“Se presentaron muertes masivas de truchas durante años, hace una semana hubo otra mortandad, de más de cuatro toneladas de peces”, dijo Arana quien narró que cuando las organizaciones como Grufides denunciaron lo sucedido, la empresa minera buscó convenios para ayudar a los afectados y en otros casos “daban becas y ayudas económicas directas”.

Cuando esto no funcionó, iniciaron confrontaciones violentas que han incluido amenazas de muerte o en algunos casos atentados que han cobrado incluso la vida de campesinos.

“En el norte de Perú, ocho campesinos han sido asesinados y cientos de dirigentes campesinos judicializados o heridos”, informó.

Orden público en Ecuador

Domingo Ankuash es líder indígena de la población Shuar; su pueblo lucha para que las multinacionales no se lleven las riquezas de sus suelos, lo que la madre tierra les heredó.

Sin embargo, Ankuash dice que ya hay concesiones entregadas en todo el país, especialmente en los pueblos indígenas. “Hay más concesiones porque allí hay más bosques, hay más oro, petróleo, agua, toda la biodiversidad; entonces quieren apropiarse así como en otros países, sacar a los dueños y manejar toda la riqueza a su manera”.

“Nuestra experiencia es que todavía la explotación a cielo abierto, en Morona Santiago (Ecuador) no ha iniciado, está en proceso; este gobierno ha tomado decisiones y entregado licencias ambientales a la Empresa Ecuacorriente. “Estamos tratando de unificarnos con los campesinos, colonos e indígenas porque están haciendo un gran daño a la nación y a los campesinos”.

Dice Ankuash que no van a permitir esa explotación porque creen en sus derechos y tampoco a permitir que se lleven el oro, el uranio, el cobre y el bosque.

“Entendemos que la tierra es nuestra madre, y la madre no se vende ni se compra, se defiende; la madre es nuestra vida, el hombre nace por una madre y entonces la tierra es como una madre que nos da todo y no podemos ceder”.

Enfatizó que no los van a engañar con dádivas y que le han dicho al Estado, que se defenderán hasta las últimas consecuencias; al parecer, ya existen amenazas de la fuerza pública y están militarizando los sectores.

“Si ellos van a actuar con las fuerzas armadas, nos vamos a defender”, concluyó.

No a la mina, sí a la vida

La megaminería necesita gran cantidad de agua y generalmente los depósitos mineros se ubican donde están las fuentes hídricas, igualmente genera un doble problema, no solo la contaminación de aguas, sino la destrucción de los ciclos hidrológicos.

Marco Arana cuestiona que pudiendo desarrollar actividades económicas sostenibles, como la agricultura, ganadería, turismo, agrobionegocios, porqué optar por la megaminería que lo que hace es destruir ciclos de agua, generar impactos ambientales costosos de remediar; en algunos casos pueden ser efectos que demoran cientos o miles de años. Además genera corrupción, problemas de conflictividad ambiental.

“Un país que tiene megabiodiversidad ¿por qué debe privilegiar actividades sobre la base de recursos naturales agotables de alto impacto ambiental?; hay formas de sostenibilidad de desarrollo mucho más sanas y limpias”, mencionó Arana.

Organizaciones internacionales temen que proyecto La Colosa, pueda terminar como las demás minas que han sido excavas en América Latina a cielo abierto. Además la contaminación generada a las fuente hídricas.

Mañana se realizará un foro en Cajamarca y un recorrido por la zona. A partir del lunes y hasta el miércoles, inicia un encuentro nacional y latinoamericano de mujeres contra la minería, en el instituto de estudios sociales.

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/114893-contra-la-mineria-a-cielo-abierto-organizaciones-internacionales-se-unen-para

Piedad Córdoba denuncia que Colombia sufre un drama humanitario por mineras

2011-10-10T08:21:00.000-07:00

Ha emprendido recorrido Causa Justa

"Comunidad ha sido desplazada. Recientemente fueron asesinados dos dirigentes de DDHH, fue violada niña de cuatro años". Fuerzas militares y policias están con paramilitares

"La comunidad ha sido desplazada. Recientemente fueron asesinados dos dirigentes de DDHH, fue violada niña de cuatro años (…) Estuvimos en Tumaco. Llegamos y estábamos reunidas con las mujeres y estando ahí mataron a un sobrino de la mujer, a quien le habían matado un hijo, al esposo y a un primo (…) En Jiguamiandó, hace un año, la comunidad fue bombardeada, fueran asesinadas unas personas, cinco mujeres se ahorcaron por el terror".

Esta es la dramática descripción que la defensora de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba, hace de lo padecido por los habitantes de la zona selvática de Colombia, al extremo oeste del país, donde empresas privadas mineras "están arrasando con los pueblos originarios, como los afrodescendientes y los indígenas".

La denuncia fue hecha por la dirigente neogranadina en una conversación telefónica con Telesur desde el departamento de Chocó, en donde ha emprendido una difícil labor humanitaria que han llamado Causa Justa.

"Fuimos a acompañarlos a recibir su testimonio, a decirles que consideraran nuestro interés como una causa justa, la de los negros y los indígenas por la lucha por el territorio y porque la minería quiere destrozar cometiendo ecocidio destruyendo el cerro Cara e perro".

Contó que en una "comunidad desplazada, mataron al cura párroco, en otra zona asesinaron a cuatro mineros, a tres les cortaron la lengua, y al otro lo mataron delante de toda la comunidad".

"Les estamos diciendo a la comunidad es que los acompañamos, fortalecemos su presencia y buscamos visibilizar el drama humanitario que está viviendo el país".

Denunció que a la gente la pueden desplazar, la pueden matar, le pueden quitar sus tierras porque allá no va la fuerza pública y además las fuerzas militares y de policía andan de la mano con paramilitares.

ZGM

http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=3&t=167516

¿Es la minería una maldición?

2011-10-10T08:18:00.000-07:00

Gabriel Calderón Molina

La maldición de los recursos naturales es una realidad que se hace más evidente, en la medida que el tema de su explotación está pasando a formar parte de las preocupaciones de los estudiosos del tema, según las cuales la extracción de las materias primas del subsuelo antes que enriquecer, empobrece a los pueblos.

Recordemos que el primer estudioso de este tema fue Eduardo Galeano, en década de los ochenta del siglo pasado, quien en su libro, Las Venas Abiertas de América Latina, dice que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Y que los que pierden son los que explotan sus recursos naturales. Andrés Oppenheimer, en su libro Basta de Historias, dice que los países más pobres del mundo son aquellos que han priorizado en sus economías la explotación de sus recursos naturales, en vez de la producción de bienes y servicios, y presenta, como ejemplo, a Nigeria, a los países árabes y a Venezuela que a pesar de sus enormes riquezas petroleras figuran entre los más pobres del planeta. En cambio, países que no los tienen como Suiza, Japón, Corea, Singapur, Suecia, etc. presentan los más altos niveles de vida del mundo. La edición 1534 de la revista Semana registra la publicación del libro El Planeta Saqueado, de Paul Collier, en que señala que los países ricos en minerales desarrollan instituciones débiles que terminan finalmente llevándolos a la miseria. Y, como para reforzar esta realidad, las zonas de los E.U. en donde se registran los más bajos niveles de vida relación con los otros, corresponde a los Estados petroleros, como Texas, Louisiana, Florida, Alabama, etc. En Colombia, los Departamentos petroleros figuran entre los más pobres, como es el caso del Huila.

La razón de esta paradoja, según los estudiosos, radica en que de la explotación minera solo sacan ventaja unos pocos, generándose una gran concentración de la riqueza en pocas manos. Siendo así, ¿cómo es que el gobierno se empeña en hacer de la minería su gran locomotora de desarrollo, llevándose de paso el medio ambiente? ¿Quiere más miseria en Colombia?

http://www.lanacion.com.co/2011/10/08/%C2%BFes-la-mineria-una-maldicion/

Gran manifestación de Cali a Cajamarca contra la minería

2011-10-10T08:09:00.001-07:00

7/10/11

Miles de participantes en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías realizado en la ciudad colombiana de Cali, cerraron la actividad el martes con una movilización por la carretera Panamericana hacia el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima. Los manifestantes rechazaron allí el proyecto aurífero La Colosa, de la transnacional AngloGold Ashanti.

El dirigente Fernando Pérez, integrante de las Organizaciones Sociales del Cañón de Anaime (OSADA) en Cajamarca, lamentó que gran parte del territorio del municipio esté concesionada para la actividad minera, cuando se trata de una zona de fuerte importancia para la producción de alimentos para el país. “Cajamarca y el Cañón de Anaime en especial es decretada como la despensa agrícola de Colombia”, dijo Pérez en la ruta Panamericana, a unos dos kilómetros del municipio.

El proyecto La Colosa había sido anunciado por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe como la más grande mina a cielo abierto de América Latina.

En la entrevista cedida a uno de los corresponsales de Radio Mundo Real en Colombia, Danilo Urrea (*), Pérez consideró que el Congreso Nacional de Tierras, Terrirorios y Soberanías fortaleció a los activistas de OSADA. Contó también sobre las tácticas de AngloGold Ashanti (de origen sudafricano) para desarticular la lucha social en Cajamarca y sobre el accionar “traicionero” del gobierno local. www.ecoportal.net

(*) Integrante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.

Radio Mundo Real
http://www.radiomundoreal.fm/

http://www.ecoportal.net/content/view/full/100669/

BANCO MUNDIAL Y FMI MARCAN LAS POLITICAS MINERAS DE COLOMBIA, INDONESIA, VIETNAM, EGIPTO, TURQUIA Y SUDAFRICA

2011-10-10T07:29:00.000-07:00

Bogotá. Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica definieron una agenda común de trabajo para las próximas décadas con el fin de consolidar el crecimiento de los países emergentes.

El primer acercamiento formal de estos países denominados Civets, se realizó en Washington en donde los Ministros de Finanzas definieron la agenda común de trabajo. Los objetivos están enfocados en sectores como infraestructura, minería y biodiversidad y lo que se busca es definir canales de comunicación eficientes que tenga impacto positivo en el grupo.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, lo que se pretende es posicionar este nuevo club de economías emergentes como bloque en capacidad de trabajar conjunta y coordinadamente.

Las expectativas para estos países en los próximos años son positivas; con fuentes de crecimiento importantes para las próximas décadas tales como biodiversidad (natural, alimenticia, humana), y con una proyección potencial de inversión productiva por parte del capital mundial, se comienza no sólo un liderazgo de países emergentes con recursos y clase media creciente, sino con manejos adecuados.

El pasado 20 de septiembre, The Wall Street Journal Americas, afirmó que los Civets "son la próxima generación de tigres económicos".

Estas naciones con poblaciones grandes y jóvenes son economías de rápido crecimiento y muy diversas, y algunos expertos señalan que a diferencia del otro bloque grande, Brics, son menos dependientes de la demanda externa. Así mismo, tienen buenas expectativas de crecimiento, como lo notificó el FMI en su reciente informe.

El encuentro se realizó en el marco de las reuniones anuales de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y asistieron el ministro de finanzas de Indonesia, Agus Martowardojo; el de Egipto, Truong Chi Trung, y la viceministra de relaciones internacionales de Egipto, Hazem El Beblaw, y el ministro de finanzas de Sudáfrica, Pravin Jamnadas. Por su parte, Vietnam y Turquía manifestaron su interés en reunirse en una próxima ocasión.

http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/2011-09-26/infraestructura-y-mineria-los-objetivos-de-los-civets_138750.php

El litigio por una montaña de oro

2011-10-08T13:58:00.000-07:00

En MARMATO hay una comunidad enfrentada con una compañía que proyecta una explotación de oro a cielo abierto en ese municipio.

Jorge Iván Posada Duque | Enviado especial, Marmato-Caldas | Publicado el 11 de septiembre de 2011

En Marmato, Caldas, hay una montaña de oro que se disputan los pequeños mineros y una multinacional que cotiza sus acciones en la bolsa de Toronto, Canadá.

Y además el ambiente está enrarecido por el asesinato del cura párroco del municipio, José Reinel Restrepo Idárraga, quien lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, que representa a 1.500 mineros opuestos a la explotación a cielo abierto que pretende hacer la compañía canadiense Medoro Resources. Es allá en Marmato, el cuarto municipio más antiguo de Colombia, donde desde 1536 cientos de generaciones le han arrancado al filo su riqueza.

Ahora Medoro, o Gran Colombia Gold (esta última compró a Medoro en junio del presente año), le recuerda a sus habitantes otros nombres de compañías extranjeras que ansiaron tener el "Potosí". Las primeras fueron The Colombian Mining Exploration Company Limited, The C. W. Syndicate Limited, Mineco, Corona Golfy hasta Medoro, que hizo su entrada a ese filo en enero de 2010.

Su primera decisión estratégica fue comprar, por 33 millones de dólares, a Mineros Nacionales, una empresa de origen caldense que todos los días explota 800 toneladas de mineral, de los que extrae 2.400 gramos de oro.

La medida estándar en la que se vende el oro es la onza, que equivale a 31 gramos (onza troy, usada únicamente en joyería y orfebrería, para pesar metales preciosos). Hoy, en el mercado internacional, una onza del mineral equivale a 1.900 dólares. Es decir que, en cifras rigurosas, Mineros Nacionales (ahora de Medoro) produce, al día, 77 onzas de oro que corresponden a 146.300 dólares o 263 millones 340 mil pesos.

Y si el presente año Mineros Nacionales tiene estimado explotar 292 mil toneladas de mineral, de las que sacaría 876.000 gramos de oro (casi una tonelada, es decir un automóvil hecho en oro puro) el interés de Medoro es comprensible.

Esto va jalonado por el incremento exponencial de los precios del metal en lo corrido de 2011 (de 1994 a la fecha se ha incrementado en un 394 por ciento).

Pero como la veta ya no está en la zona baja, según la sabiduría popular de los mineros, esta corporación canadiense quiere explotar la parte alta del filo. Y es allí donde está el meollo del litigio que tiene enfrentados a la empresa y a los pequeños mineros.

Para entender el problema hay que decir que el presidente Mariano Ospina Pérez dividió en dos, en 1946, la zona aurífera del municipio.

La parte baja la asignó para que las grandes compañías nacionales y extranjeras hicieran explotación a gran escala. Y la parte alta se definió para que los pequeños mineros realizaran actividades de minería menor y artesanal.

A la fecha Medoro o Gran Colombia Gold ha comprado 100 títulos mineros en la parte alta de la montaña, que antes pertenecían a la empresa Mineros de Caldas y a pequeños mineros.

Entonces el riesgo es, dice el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, que la corporación canadiense quiera hacer una minería a cielo abierto, que es una explotación aurífera industrial. Eso implicaría menos trabajadores y que los 475 años de tradición de pequeña minería desaparezcan para siempre.

Comprar el título del socavón
Cuando el viajero llega a Marmato, que en total tiene 10 mil habitantes, no advierte que en una montaña tarjada que termina en punta (como un triángulo) por donde discurren quebradas de cianuro, se encuentra la segunda reserva de oro del país.

El panorama es el siguiente: mientras Mineros Nacionales explota de manera tecnificada, y con todos los estándares profesionales y legales la parta baja, los geólogos de Medoro se encuentran en campamentos distribuidos por toda la montaña haciendo exploraciones para identificar la cantidad de oro que podrían extraerle.

Entretanto los pequeños mineros explotan los socavones en las zonas de Cienpesos, Echandía y el Manzano. También aprovechan los fines de semana para reunirse y protestar por lo que ellos llaman las "intenciones abusivas" de Medoro, que quiere "obtener un lucro económico enorme a costa del desplazamiento de la población marmateña", tal y como dice ese Comité Cívico.

El mismo que se conformó en respuesta a la compra masiva de títulos de minas y el interés de la compañía de hacer la explotación a cielo abierto, que podría provocar el desplazamiento de cinco mil personas al sector del Llano (parte baja del municipio) y la destrucción de su centro histórico.

Pero Medoro o Gran Colombia Gold asegura estar amparada en la ley y, también, que se ha ceñido a las normas que imponen las autoridades mineras del país y que está dispuesta a conciliar con los mineros.

Pero estos le han respondido con pancartas, negativas de abandonar las minas que son propiedad de la empresa e incluso con una manifestación que recorrió las principales calles del pueblo el pasado 30 de julio.

Una semana después (el 8 de agosto), en declaraciones al programa Oriéntese, el padre José Reinel Restrepo Idárraga reiteró su rechazo al potencial desplazamiento del municipio:

"Si a mí como párroco Medoro me dice que usted tiene que irse, yo, con respeto y sin ser grosero, les diría: un momentico, lo que yo tengo es que morirme. Y si a mí me van a sacar de acá, tengo que decir: un momentico, a mí me tienen que sacar a bala o a plan, pero obligadamente a salir de acá, no".

Restrepo Idárraga fue más allá y en la misma entrevista le pidió al pueblo de Marmato protestar contra Medoro. "Y así hubiera que hacerlo en algún momento por medios más fuertes (...) me atrevería a pensar que sí hay que recurrir, en última instancia, al medio de la violencia", dijo el padre.

Por considerar que era necesario que el país conociera el caso de Marmato, el padre Restrepo Idárraga viajó por primera vez en su vida a Bogotá. El 23, 24 y 25 de agosto visitó junto con otros líderes la Conferencia Episcopal, Redepaz, diversos medios de comunicación y la ONU, para sumar voces de protesta contra la posible explotación a cielo abierto.

Pero el pasado primero de septiembre le quitaron la vida al sacerdote en una vía que comunica a Mistrató con Belén de Umbría, en Risaralda. Restrepo Idárraga estaba de visita en una de las comunidades donde había prestado sus oficios y allí fue asesinado, sin que hasta ahora se sepan los móviles y la identidad de los responsables.

Gran Colombia Gold se pronunció por este asesinato y les pidió a las autoridades investigar el crimen y esclarecer lo sucedido. "Reiteramos, desde la compañía, nuestro pleno rechazo a cualquier acto de violencia", expresó el comunicado de la multinacional.

Los mineros de Marmato se quedaron esperando al padre. Ellos contaban con la presencia del líder de su protesta. El día que encontraron su cadáver, según la Policía Nacional, no tenía sus documentos y dos maletines que cargaba. Pero los atacantes no se llevaron su motocicleta Suzuki GN 125.

La pelea en los estrados
"Solo nos queda comprar 14 títulos mineros para tener el total de las minas en la parte alta de Marmato", afirmó Alessandro Secchi, director del proyecto de Marmato de Gran Colombia Gold (o Medoro).

Secchi explicó que cualquier tipo de explotación, sea a cielo abierto o subterránea, "no va a permitir hacer minería" como la hacen los pequeños mineros. Sin embargo, aseguró que con el ánimo de conciliar buscan mantener la presencia de los trabajadores que actualmente laboran en la zona alta, bajo "reglas distintas", dándoles la posibilidad de tener contratos de operación para que sean legales".

"Podemos ofrecerle a la comunidad una mejor vida de la que tiene ahora, desarrollando la parte minera y todo lo que está asociado con ella", reiteró Secchi. Otra cosa piensa Yamil Amar, actual líder del Comité Cívico y propietario de dos de los 14 títulos mineros que Medoro no ha podido obtener. "Ese es el cuento que ellos están llevando. Pero los más viejos sabemos de estas historias porque no es la primera compañía que llega por la fiebre del oro. Prometen, están aquí y luego se van y no cumplen", dijo Amar.

También está la situación de 500 mineros que explotan alrededor de 40 minas y cuyos títulos son de Medoro (de los 100 que compró en la parte alta). Los mineros o "guacheros" (así nombran a quienes trabajan la minería en propiedad ajena) afirman tener derecho sobre las minas que Mineros de Caldas cerró en el 2006 (decenas de hombres perdieron sus empleos) a las que Medoro compró sus títulos en 2010.

"El Código de Minas expresa que si una mina es abandonada, a los seis meses, el dueño pierde el título minero para poder explotarla. Pero Medoro llega después y compra los títulos sobre estas y ahora nos pide que las desalojemos", relató John Fredy Muñoz, líder de los 150 mineros que explotan la mina El Patacón, cuyo título es propiedad de Medoro.

Según un abogado experto en legislación minera, este litigio tiene pocas posibilidades de prosperar. "En este caso, la caducidad de la mina nunca se dio, porque quien debe declararla es la autoridad minera y esto no se hizo por la misma debilidad institucional. Entonces, los títulos, desde el punto de vista legal, son de Medoro", dijo el jurista, quien pidió reservar su identidad y criticó la legitimidad que tiene la multinacional sobre los títulos.

"Esta gente lleva trabajando de generación en generación las minas, explotándolas de manera artesanal y viene una compañía, compra los títulos, empieza los estudios para hacer una explotación a cielo abierto, y le dice a la gente que se tiene que ir. Ya generaron un problema social grave", analizó el abogado.

Frente a la situación, la compañía afirmó que ha buscado los acercamientos con los mineros, pero ellos responden que simplemente han venido a desalojarlos.

"Desde cuando nosotros estamos, en enero de 2010, no hay un solo minero que ha sido desalojado, no hay una sola mina que ha sido cerrada. E incluso en varias minas hemos logrado acercamientos y acuerdos", refutó Secchi.

Ante la denuncia de algunos mineros de que Secchi directamente ha ido a decirles que los va a desalojar, el directivo sostuvo que eso, nunca. "No podemos decirle al minero eso, porque no somos la autoridad, como compañía no podemos sacar a nadie. La única cosa que hemos hecho son los amparos administrativos, que son un instrumento legal para poder mantener nuestros derechos sobre los títulos mineros de nuestra propiedad y que está invadida", respondió Secchi.

A la fecha Medoro ha interpuesto, ante Ingeominas, 40 amparos administrativos sobre las minas que fueron compradas y que los pequeños mineros se niegan a desalojar.

El caso de Echandía
Muy distinto es el caso de José Rubén Tapasco Díaz a quien Ingeominas le ordenó desalojar la mina El Colal y que él mismo, junto a un grupo de trabajadores, lleva explotando desde 1996 en el sector de Echandía.

Este minero se encuentra instalado en un RPP (figura antigua en la ley colombiana que surge de los reconocimientos de propiedad privada que el Estado ha venido haciendo desde la Constitución de 1886) en la que la compañía Croesus tenía varias minas y decidió cerrarlas a mediados de los 90 por la crisis en los precios del oro. Allí llegó Tapasco Díaz, que de barequero pasó a romper la montaña y a acumular una pequeña riqueza.

También Medoro compró todos los títulos mineros en Echandía e interpuso un amparo administrativo ante Ingeominas para que Tapasco Díaz renunciara a la explotación de la mina y saliera del sector.

Mediante una resolución (446 del 3 de junio de 2011), la autoridad minera falló a favor de Medoro y ordenó el desalojo.

Sin embargo, Tapasco Díaz interpuso un recurso de reposición al considerar que Ingeominas no es la entidad competente para resolver esta querella, porque según él esta autoridad desconoció la minería de hecho que desde hace más de 10 años realiza, y por la cual ha pagado impuestos y regalías, tal como le exige la ley.

De hecho, Tapasco Díaz hizo la solicitud expresa del título minero en 2003 sin que a la fecha haya sido resuelta.

Según el jurista minero consultado, la autoridad competente, en caso de que Ingeominas lo fuera -que a juicio suyo no lo es- debe buscar la conciliación entre la minería de hecho con más de 10 años de antigüedad y el acreedor del título minero, "ya que Tapasco Díaz cumple con el tiempo para que el Estado entre a mediar entre las partes, según la Ley 685 de 2001 y la Ley 1382 de 2010".

La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382, porque no se consultó a las comunidades indígenas y le dio dos años más de vigencia a la norma para que se subsanara ese defecto.

En ese sentido el decreto 2715 de 2010 (reglamentario de la Ley 1382 de 2010), en su artículo 1, dice expresamente que "para todos los efectos del trámite y resolución de solicitudes de legalización se entiende por minería tradicional aquella que realizan personas o grupos de personas o comunidades que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional y que acrediten los siguientes dos (2) requisitos: a) que los trabajos mineros se han adelantado en forma continua durante cinco (5) años a través de la documentación técnica y comercial y b) una existencia mínima de diez (10) años anteriores a la vigencia de la Ley 1382 de 2010".

Entonces, Tapasco Díaz se preguntó: "¿Por qué nunca me respondieron ante la solicitud de legalización de la mina y sí tienen la capacidad de resolver un amparo administrativo que hace una multinacional?".

Finalmente, el jurista consultado manifestó que es "pasmosa" la situación de "marginalidad del Estado" frente a esta problemática, pues "la ley es clara en que debe ser un conciliador entre las partes, sin embargo se ha dedicado a aplicar la norma en forma ortodoxa y posibilitando que se germine un conflicto social con graves consecuencias".

Por ahora, en el filo de oro que es Marmato, los mineros aseguraron que seguirán con la protesta pacífica y convocaron a una jornada de solidaridad el próximo 24 de septiembre, denominada "Jornada Nacional Por la Defensa de Marmato, presbítero José Reinel Restrepo".

Mientras tanto, Medoro espera obtener, en menos de tres meses, los resultados de su exploración para saber la cantidad probada y cuantificable de la cantidad de oro que posiblemente le extraerán a esta montaña. Una montaña por la que luchan dos partes, a la espera de que la justicia brille a su favor.

» Ministerio de Minas busca la conciliación entre las partes

La minería a cielo abierto es más conveniente que la minería de socavón, aseguró el Ministro

El Ministerio de Minas y Energía aseguró que su presencia en el municipio de Marmato, Caldas, es permanente y ha buscado crear una mesa de concertación entre los pequeños mineros y Medoro para que se logre un acuerdo.
Carlos Rodado Noriega, jefe de esta cartera, ha repetido en reiteradas ocasiones que "una minería a cielo abierto, en el caso particular de Marmato, es más conveniente que la minería de socavón y tiene que hacerse con un proceso de socialización y diálogo que permita la persuasión de la comunidad".
Incluso, el 8 de febrero del presente año, Rodado Noriega estuvo en Marmato y se reunió con los pequeños mineros donde expresó que "cuando se plantea sustituir la minería de socavón por una minería de cielo abierto, no se está haciendo con un criterio que atropelle a la comunidad, todo lo contrario, se hace para garantizar la vida y la seguridad a las personas".
En este encuentro también fueron analizadas las condiciones geológicas que generan inestabilidad en la parte alta, donde, según el Ministerio, se han realizado explotaciones mineras sin condiciones técnicas adecuadas ni planificación integral.
Mediante un informe entregado a EL COLOMBIANO la cartera de Minas y Energía aseguró que son su responsabilidad la seguridad industrial de los trabajadores y las condiciones técnicas que deben cumplir las explotaciones subterráneas en Marmato, ajustadas a las normas ambientales.

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_litigio_por_una_montana_de_oro/el_litigio_por_una_montana_de_oro.asp

La gran minería amenaza la biodiversidad y a los nativos del Chocó colombiano

2011-09-26T17:48:00.000-07:00

(INT) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

21-09-2011

Esther Rebollo

Lloró (Colombia), 21 sep (EFE).- El Chocó, la región colombiana más rica en biodiversidad y habitada por afrodescendientes e indígenas, está en puertas de acoger un proyecto de minería a gran escala cuyas eventuales consecuencias han puesto en alerta a organizaciones humanitarias y medioambientales.

El presidente Juan Manuel Santos se comprometió desde su investidura, en 2010, a convertir al sector minero en una de las "locomotoras de la economía", proyecto que si bien aportará ingresos al Estado comprometería la forma de vida de los habitantes del Chocó, cuyo subsuelo es rico en oro, platino y uranio.

Este territorio, bañado por el Pacífico y fronterizo con Panamá, es uno de los más pobres de Colombia pese a contar con un imponente bosque tropical y abundantes fuentes hídricas.

Es una región aislada del resto de las tierras bajas de Sudamérica por la cordillera de los Andes, una barrera natural que favorece la vida de un sinfín de especies endémicas entre plantas, mariposas, aves y reptiles, a lo que se une una alta pluviosidad. En el Chocó llueve casi todos los días del año.

Ante el aluvión minero que se avecina, el sacerdote alemán Uli Kollwitz, responsable de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, expresó la problemática con palabras sencillas: "las empresas tienen sus propios intereses y no coinciden con los intereses de la población nativa".

Kollwitz explicó a Efe que si bien se han comenzado a otorgar títulos colectivos de tierra a las comunidades chocoanas, "el subsuelo está exento y por eso el Estado da concesiones a las empresas".

El ejemplo está en los municipios del Alto Atrato, cuyos habitantes recibieron el pasado fin de semana un título de 73.000 hectáreas, pero de ellas 55.000 ya están adjudicadas en concesión a la multinacional minera Anglo Ashanti Gold, según Ximena González, del centro de estudios sociales Tierra Digna.

González dijo a Efe que ese gran proyecto "se va a concentrar en un cerro sagrado de las comunidades emberas" habitado en sus alrededores por afrodescendientes e indígenas.

Y alertó de que sólo las tareas de exploración implican desalojos y desplazamientos de poblaciones.

Además, "la minería de oro y polimetálica ha demostrado a nivel mundial que tiene efectos medioambientales no remediables pese a los programas de responsabilidad social de las empresas", insistió la representante de Tierra Digna.

Yuto y Lloró son algunas de las poblaciones del Alto Atrato que viven fundamentalmente de extraer oro de la tierra, allí se ha venido practicando la minería artesanal con batea desde muchos años atrás.

Desde que llegaron las excavadoras, todo cambió. Ahora hay más opciones de encontrar oro, pero con mayores riesgos por los derrumbes en estas minas ilegales, huecos que han convertido lo que antes eran extensas áreas de selva en desiertos empedrados.

Esa minería a cielo abierto "significa la destrucción de grandes extensiones de bosque tropical", advirtió el sacerdote Kollwitz, cuya Diócesis se ha enfrentado públicamente a alcaldes y propietarios de minas para que acaben las prácticas ilegales e irresponsables.

Para Kollwitz, "nadie ha hecho la cuenta de lo que significa destruir el bosque, que vale mucho más que unos cuantos kilos de oro", además "se contaminan las aguas, lo que repercute en la salud".

A ello se une "la descomposición social porque los mineros viven pendientes de unas horas que les permiten entrar en esos huecos, el resto del tiempo esperan sin hacer nada, tomando trago, jugando naipes, y prolifera la prostitución".

Adicionalmente, "muchos jóvenes que deberían estar en la escuela, prefieren ir al entable minero".

Los planes mineros a gran escala son los que hacen pensar a los defensores de las comunidades del Chocó que las formas de vida tradicionales, basadas en la agricultura, caza y pesca, están en peligro, así como la rica biodiversidad y los sitios sagrados de los nativos. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=931833

Presidente de Colombia recibió en Canadá Premio del Estadista del Año

2011-09-26T15:16:00.000-07:00

El Presidente Juan Manuel Santos observa un rito practicado por un nativo de Canadá, al comenzar este jueves la reunión en la que el Mandatario colombiano recibió la distinción como Estadista del Año.

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, recibió este miércoles en Canadá el Premio del Estadista del Año, otorgado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA, por su sigla en inglés).

El Mandatario recibió la distinción en Toronto, en compañía del investigador y académico Edgar Dosman, galardonado por toda una vida en el servicio público, y el empresario Peter Munk, fundador de la empresa Barrick Gold Corporation, quien fue premiado por una vida en los negocios.

El premio se entregó durante una cena en el Hotel Ritz-Carlton, de Toronto, en la que el Presidente Santos fue el orador principal, luego de que lo presentara el Presidente del CCA, Kenneth Frankel.

“Déjenme decirles que estoy muy emocionado y me siento muy honrado de este premio y de acompañarlos en este importante evento, y que éste es un logro obtenido gracias a los colombianos”, expresó el Jefe de Estado colombiano.

http://www.elheraldo.co/nacional/presidente-de-colombia-recibi-en-canad-premio-del-estadista-del-a-o-38724

Presidente Santos recoge premio en Toronto por logros al frente del gobierno

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos Calderón, dijo en la noche hoy en Toronto que se sentía honrado por la concesión del premio de Estadista del Año que le ha concedido la organización Consejo Canadiense para las Américas (CCA).

Santos, que viajó a Toronto exclusivamente para recoger el premio tras asistir en Nueva York a la Asamblea General de la ONU, dijo ante cerca de 500 personas, entre las que se encontraban algunos de los principales empresarios canadienses, que se sentía "agradecido y honrado por recibir este premio".

Santos añadió que los logros que ha conseguido en los 14 meses que lleva al frente de la presidencia "son gracias al pueblo colombiano".

"Ellos me eligieron junto con mi equipo de gobierno. Recibo este premio en su nombre y nos sentimos honrados y agradecidos", dijo Santos, quien destacó que "las relaciones entre Canadá y Colombia están mejorando a un intenso ritmo".

Santos también se sometió a una ronda de preguntas con un conocido periodista canadiense durante la que indicó que la llave para negociar con las FARC está en su bolsillo, "no en el fondo del mar", y que la organización armada está muy debilitada.

Por su parte, Ken Frankel, presidente de CCA y asesor jurídico de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que Santos ha conseguido en poco más de uno año de gobierno cambiar "el tono de Colombia".

"El presidente Santos ha conseguido, con palabras y obras, cambiar la dirección, domestica e internacionalmente, del tono de Colombia", dijo Frankel.

"Como un comentarista latinoamericano ha señalado, Santos ha concebido una Colombia que se ha regenerado, recuperado, en la siguiente fase de una marcada prosperidad democrática", continuó Frankel.

Frankel también destacó que Santos ha conseguido mejorar las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador cuando hace poco más de dos años los tres países parecían abocados a un conflicto armado.

Además del premio de Estadista del Año, CCA también reconoció en la velada de hoy al profesor Edgar Dosman, un académico canadiense creador de la Fundación Canadiense para las Américas (Focal, por su sigla en inglés), y al empresario y filántropo Peter Munk, fundador de Barrick Gold, la mayor empresa minera de oro del mundo.

http://www.adn.es/internacional/20110923/NWS-0151-Presidente-Toronto-Santos-gobierno-frente.html

La historia más infame: la montaña de oro que mató a un joven cura en Colombia

2011-09-14T19:36:00.001-07:00

14 de Septiembre de 2011

José Reinel Restrepo Idárraga, quien lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, en Colombia, fue asesinado. Otros 5 religiosos han muerto violentamente por defender cosas cuestiones populares. En Colombia nadie sabe desde dónde le puede llegar un trágico final. Mirá el video.

El oro y el barro envuelven a Colombia en una nueva faceta de su ya extendida violencia interna.
A las guerrillas que se retroalimentan de muerte y que hasta se surten de armas en las mismas compañías con tal de continuar con su espiral de terror, se les ha sumado la muerte porque sí. O porque no. Porque no estás de acuerdo con algo, porque luchás por derechos sociales o porque te interponés entre los intereses de grandes corporaciones económicas.
Al menos, así lo están denunciando organizaciones sociales de Colombia y lo ratifican organismos internacionales que están, justo ahora, especialmente conmovidos por la situación.
Seis sacerdotes fueron asesinados en lo que va del año en Colombia, que se ve envuelta en una ola de temor por el solo hecho de ser partícipes de alguna causa popular.
El cura católico José Reinel Restrepo Idárraga, por ejemplo, tenía 34 años cuando fue ultimado. Lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, una localidad ubicada en Caldas. Allí hay una montaña en la que una veta de oro tienta más de la cuenta y, en el tironeo por poseerla, según señalan tanto la prensa como dirigentes sociales, murió quien, en el medio de la disputa, velaba por los derechos de la población, montaña abajo.
¿Quiénes son los que se disputan el oro del corazón de esa montaña? Un grupo de pequeños mineros y una compañía internacional con sede en Toronto, Canadá, según da cuenta el periodista Jorge Iván Posada Duque, enviado por el diario El Colombiano a la zona.
La minería no les resulta una actividad extraña. según esta crónica, Marmato es el cuarto municipio más antiguo de Colombia y "donde desde 1536 cientos de generaciones le han arrancado al filo su riqueza".
Pero la compañía multinacional les fue comprando los títulos uno por uno a los pequeños mineros de la localidad. "Solo nos queda comprar 14 títulos mineros para tener el total de las minas en la parte alta de Marmato", afirmó -según El Colombiano- Alessandro Secchi, director del proyecto de Marmato de Gran Colombia Gold (o Medoro).
El cura, antes de morir, había dicho, dirigiéndose al titular d ela compañía: "Si a mí como párroco Medoro me dice que usted tiene que irse, yo, con respeto y sin ser grosero, les diría: un momentico, lo que yo tengo es que morirme. Y si a mí me van a sacar de acá, tengo que decir: un momentico, a mí me tienen que sacar a bala o a plan, pero obligadamente a salir de acá, no".
Hoy en Colombia su nombre integra una lista de 6 sacerdotes y muchos civiles que son asesinados. Pero, a fuerza de ser sinceros, la noticia no conmueve a todo el país. Está demasiado acostumbrado a la muerte. La naturalización del ojo por ojo le ha puesto un freno a la conmoción y solamente el accionar internacional puede hacer que algo se mueva alrededor de casos tan repugnantes como éste.
El oro. Y también el barro

Luis Emil Sanabria Durán (foto, arriba) dirige la Red de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra, Redepaz, una entidad civil de prestigio nacional y global. Hablamos con él. Él mismo está amenazado.
Su participación en la restitución de tierras a víctimas de su despojo ha molestado bastante o mejor dicho, muchísimo, a quienes las están estrujando hasta su última gota de producción. Nadie puede decir que son ellos los dueños de las amenazas de muerte que pesan sobre Luis Emil, pero también en torno a la vida de Ana Teresa Bernal, Carmen Palencia, Gerardo Vega y Jesús Mario Orozco, todos, dirigentes sociales reconocidos en Colombia.
"Estamos muy preocupados. Hay mucha gente amenazada y, si bien hay mucha solidaridad, están matando gente", nos dijo, sin querer abundar más y desde algún lugar secreto de su país en el que debe ocultarse mientras consigue que se cumplan las garantías para que su vida no llegue a un abrupto final.
Esta semana, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se pronunció en respaldo "a los líderes y las liderezas amenazadas". "Toda amenaza e incitación a la violencia y a la intolerancia tiene que ser rechazado firmemente por el Estado" e insta a brindarle a las personas bajo amenaza su protección y sancionar ejemplarmente a quienes formulan las amenazas.
El Defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez, instó a las autoridades competentes adoptar medidas de protección efectivas que garanticen el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que han sido relacionadas en el panfleto amenazante, de igual manera pidió a la Fiscalía General de la Nación a adelantar las investigaciones correspondientes para establecer el origen de las amenazas. Pérez dio a conocer sus solicitudes junto con un rechazo a las amenazas de que fueron víctimas los directivos de Redepaz, junto a líderes del proceso de restitución de tierras.
También Pax Christi Internacional expresó su solidaridad con la organización Redepaz y con las otras organizaciones que trabajan con las víctimas en la restitución de sus propiedades, en una carta abierta en la que también "urge a las autoridades y demás organismos competentes a agilizar la reglamentación de la ley y la protección a las organizaciones que lideran la restitución de bienes". En su nota, Pax Christi que "entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas de tierras fueron usurpadas, y que cerca de 4 millones de personas fueron desplazadas por la violencia".
La solidaridad mueve montañas, podemos decir, aunque no lo haya logrado con aquel monte dorado de Marmato, que se le terminó viniendo encima al sacerdote y líder popular.
Parecerá una cuestión ajena, pero no lo es. La suma de todos los esfuerzos puede ayudar a que esta gente sobreviva. Nuestra solidaridad ya está explícita con esta nota.
Pero sumá la tuya. Haceles sentir que los estás acompañando. Mandales un correo a:contacto@redepaz.org.co

http://www.mdzol.com/mdz/nota/326116-la-historia-mas-infame-la-montana-de-oro-quemato-a-un-joven-cura-en-colombia/

MAFIAS MINERAS: Analizan riesgo electoral en Marmato, Caldas

2011-09-09T21:58:00.001-07:00

El Comité de Seguimiento Electoral en Caldas comenzó el análisis de las decisión de la Misión de Observación Electoral que determinó clasificar al municipio de Marmato en riesgo extremo por denuncias sobre presuntas presiones politicas por el proceso minero de la localidad y que habrian incididó en modificaciones negativas del orden público.

La Misión de Observación Electoral hizo la declaratoría en alerta máxima por la violencia que originó el crimen del sacerdote José Reynel Restrepo, quien habia denunciado ante la entidad presiones de tipo político por el asunto de la mineria.

El coordinador de comunicaciones de la entidad, Fabian Hernandez, explicó que el cura parroco de la localidad días atras se habia presentado a la MOE en Bogotá a denunciar presiones de algunos sectores políticos, teniendo en cuenta las diferencias que hay en la población por la explotación a cielo abierto anunciada por una multinacional que opera en la zona del occidente de Caldas.

Dijo que la alerta se dio a los organanismos electorales, a las autoridades de Policía y otras entidades que tienen relación con el tema electoral. En el país son 250 municipios catalogados con maximo riesgo por la injerencia de acciones violentas en la actividad política electoral.

El comandante de la Policía en Caldas , coronel Herman Bustamante, al ser consultado sobre el particular dijo que se avanza en establecer los moviles y autores del crimen, lo que inicialmente atribuyó a acciones de delincuencia comun que robo al sacerdote.

El gobernador Mario Ariztizabal solicitó a las autoridades judiciales y de policía indagar sobre las denuncias de la Misión de Observación Electoral.
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1544772