Caso: DRUMMOND- Multinacional Estaunidense, implicada en el asesinato de sindicalistas colombianos

MULTINACIONALES y ParaMILITARES:
 
Jaime Blanco Maya, (Empresario) era el enlace entre la multinacional Estaunidense DRUMMOND y PARAMILITARES.

El Empresario se inculpó afirmando que sirvió de intermediario con la multinacional minera para financiar el Bloque Norte de las AUC, a través de sobrecostos en contratos de alimentación.

Blanco Maya, medio hermano del Exprocurador General de la Nación, Edgardo Maya, acusó varios altos funcionarios de la Empresa norteamericana de entregar dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia a través de su empresa Industrial de Servicios y Alimentos, ISA. Blanco hizo las declaraciones en calidad de testigo en una audiencia realizada en Bogotá, en un proceso civil que lleva la justicia estaunidense para definir la responsabilidad económica de la Drummond con las víctimas del Paramilitarimso en el Departamento del Cesar.
El empresario Jaime Blanco Maya, que se encuentra a la espera de una condena relacionada con el asesinato de dos líderes sindicales de la carbonera Drummond en 2001, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, señaló que esta empresa minera estadounidense financió de manera voluntaria a grupos paramilitares en Cesar desde mediados de la década de los noventa.

 
Blanco Maya, medio hermano del ex procurador General de la Nación, Edgardo Maya, sindicó a varios altos funcionarios de la empresa norteamericana de entregar dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia a través de su empresa, Industrial de Servicios y Alimentos, ISA.
Jaime Blanco Maya, fue llamado a juicio por la Fiscalía 12 de la Unidad de Derechos Humanos, como autor de concierto para delinquir agravado y determinador de homicidio agravado del cual fueron víctimas los trabajadores de la multinacional Drummond, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, Presidente y Vicepresidente del sindicato Sintraminergética.

El ex-procurador General de la Nación- Edgardo Maya Villazón, medio hermano del empresario Jaime Blanco Maya, sindicado de ser el determinador del asesinato de sindicalistas.


LAS VÍCTIMAS:


Presidente del Sindicato de la Drummond Valmore Locarno, asesinado en marzo de 2001.


Vicepresidente del sindicato de la DRUMMOND- Víctor Hugo Orcasita Amaya, asesinado marzo de 2001.


Funeral de los dos sindicalistas de la multinacional DRUMMOND, asesinados en marzo de 2001, por los PAramilitares.



Los trabajadores de la multinacional Drummond, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato Sintraminergética, fueron asesinados el 12 de marzo de 2001, aproximadamente a las seis de la tarde, por paramilitares que se movilizaban en una camioneta Ford de color lobo verde y vidrios polarizados, quienes luego de interceptar el bus donde se movilizaban e identificar a los sindicalistas, dispararon a Valmore, y se llevaron retenido a Víctor Hugo, quien horas más tarde apareció igualmente asesinado.
LOS VÍCTIMARIOS:

Bloque Norte de las Autodefensas:



Oscar José Ospino, alias "tolemaida" - comandante del frente "Juan Andrés Alvarez", adscrito al Bloque Norte de las AUC, quienes protegían a la multinacional Drummond.


Rodrigo Tovar Pupo, alias "JORGE 40", comandante del Bloque Norte de las Autodefensas, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008.

Las declaraciones de Blanco Maya: Las hizo en calidad de testigo en una audiencia realizada en Bogotá, en un proceso civil que lleva la justicia estadounidense para definir la responsabilidad económica de la Drummond con las víctimas del paramilitarismo en Cesar.

Desde 1995, la multinacional DRUMMOND financiaba a los PAramilitares:
Según el empresario, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, el jefe paramilitar John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, lo contactó a mediados de 1995 para que sirviera de intermediario en una solicitud de financiamiento a la carbonera.
Blanco explicó que le trasmitió el mensaje a James Atkins, encargado de la seguridad de la Drummond en ese momento y que éste a su vez le llevó el mensaje a Garry Drummond, la cabeza de la compañía.
“Después de un viaje a Estados Unidos, Atkins me dijo que al señor Drummond le había gustado la idea, pero que teníamos que mirar la forma, de conseguir los recursos para las Auc. La Ley no les permitía sacar dinero para estos grupos y tenían unos sistemas de contabilidad muy estrictos”, dijo Blanco.

El testigo señaló que los funcionarios de la Drummond accedieron a respaldar económicamente a los ‘paras’ por las pérdidas millonarias que tenían con los ataques guerrilleros al tren que transportaba el carbón desde la mina al puerto. “La Drummond estuvo a punto de colapsar. Los ataques guerrilleros no les permitían cumplir con los pedidos que tenían internacionalmente ”, explicó Blanco.

La estrategia de la financiación a favor de los críminales:
El empresario contó que junto a Atkins diseñaron una estrategia para financiar a los ‘paras’. Blanco era el contratista de la compañía estadounidense encargado de la comida de los empleados de la mina.
Según su testimonio, acordaron que su empresa ISA, cobraría un sobrecosto de 10 por ciento en la comida vendida a la Drummond, para usar esos recursos en el financiamiento de los grupos paramilitares.

Como prueba, Blanco mostró varios contratos firmados entre su compañía y la Drummond. En ellos se pone en evidencia un elevado incremento en el precio del valor unitario de cada almuerzo vendido a la empresa carbonera. Según los documentos expuestos, a finales de 1995 la minera norteamericana pagó $2.914 por cada almuerzo, precio que se incrementó ocho meses después a $4.187, un 40 por ciento más. Blanco señaló que se aumentó masivamente el valor de la comida para poder sacar el dinero que financiaba a las Auc.

Cada viaje de Atkins, a EStados Unidos, este regresaba con 10 mil dólares en efectivo para financiar a los PARAS:
El empresario agregó que, adicionalmente, Atkins traía 10 mil dólares en efectivo cada vez que viajaba a los Estados Unidos, que supuestamente terminaron financiando a los ‘paras’.
En ese orden, Blanco dijo que luego le entregaba el dinero al ‘Tigre’ a través de uno de uno de los encargados de manejar las finanzas del Bloque Norte de las Auc.

La estrategia de financiación funcionó hasta junio de 2001, según contó Blanco, fecha en la que fue involucrado por la Fiscalía en el proceso por la muerte de dos sindicalistas, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita. “Teníamos un contrato hasta 2002 pero luego del asesinato de los dos miembros del sindicato, me dijeron que solo me podían mantener hasta cuando me relacionaran con los crímenes”, dijo.

En su momento, Drummond negó su participación en el asesinato de Orcasita y Locarno, y aseguró que denunció que 'El Viejo Miguel' los estaba extorsionando a través de correos electrónicos. Según la multinacional, gracias a su denuncia, 'El Viejo Miguel' fue capturado en Bogotá por la Fiscalía. Ver: Drummond niega acusaciones

James Atkins (jefe de seguridad, dejó la Drummond en 2002 para ingresar a la CIA y trabajar con la embajada de los Estados Unidos en Colombia.
Por este caso, además de 'El Viejo Miguel' y Blanco Maya, varios paramilitares como Jhon Jairo Esquivel Cuadrado alias 'El Tigre', Alcides Mattos Tabares alias 'Samario' y Libardo Duarte alias 'Bam Bam', también han señalado que Drummond financió a los paramilitares en el Cesar. Atkins dejó la Drummond en 2002 para ingresar a la CIA y trabajar con la embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Reuniones entre James Atkins (CIA) con Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40":
Blanco señaló que la relación entre el ex jefe de seguridad de la minera con los líderes de las Auc era tan cercana, que en una ocasión lo acompañó a una reunión con Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', en la Sierra Nevada, en la que al parecer, el jefe ‘para’ le pidió a Atkins, como agente de la CIA, que verificara si el gobierno estadounidense lo estaba pidiendo en extradición.

Durante la audiencia, el abogado de la Drummond le preguntó a Blanco por una declaración firmada ante la Fiscalía, pocos días después de su captura, en la que el empresario nego que la compañía minera hubiera financiado a las autodefensas. El testigo respondió que mintió en ese testimonio y que luego decidió contar toda la verdad para poder negociar su pena.

Además de Atkins y Garry Drummond, Blanco señaló a otros funcionarios de la minera, de conocer el financiamiento de los paras. Según el testigo, varios encargados del personal de seguridad y el presidente de la compañía en Colombia, Augusto Jiménez, sabían de las relaciones entre Atkins y las Auc, pero no contó detalles o presentó pruebas que sustentaran su declaración.

Blanco, señaló que James Atkins y Jairo Charris, son los determinadores de los asesinatos:
Blanco se declaró culpable de concierto para delinquir en el caso del asesinato de los sindicalistas de la Drummond, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Valmore Locarno Rodríguez, ocurridos en marzo de 2001.
Aunque aceptó que sabía que se iban a cometer los crímenes y no hizo nada para impedirlos, el empresario no aceptó la autoría intelectual de los asesinatos y señaló a James Atkins y a Jairo Charris, un ex empleado de ISA como los determinadores de los homicidios.
Sin embargo, varios postulados al proceso de Justicia y Paz, como Manuel Alcides Tabares, alias ‘Samario’, han dicho que Blanco si fue coautor intelectual de las muertes.

El empresario Blanco y las reuniones con los críminales:
En relación al delito de concierto para delinquir agravado, manifiesta la Fiscalía que a lo largo de la investigación, se han confirmado los testimonios de paramilitares del frente “Juan Andrés Ávarez”, adscrito al Bloque Norte de las AUC, en el departamento del Cesar – entre los que se cuentan, Javier Ernesto Ochoa Quiñonez, Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias “El Tigre”, Alcides Manuel Mattos Tabares, alias “Samario”, José Aristides Peinado Martínez, alias “El Guache” y Jairo de Jesús Charrys Castro, alias “Charrys” – que afirman que Blanco Maya se reunió varias veces con ellos y con alias “Tolemaida”, comandante del frente.

Durante el juicio por el homicidio, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Blanco había sido el determinador de los crímenes porque los dos sindicalistas estaban ejerciendo presión para que se le suspendiera el contrato, por la mala calidad de los alimentos. En ese proceso Blanco señaló presento varios documentos en los que según él, la Drummond hacía estrictos controles a la comida entregada a los empleados. El empresario señaló que el verdadero móvil de los asesinatos fue el señalamiento de los sindicaliestas, por parte de Atkins, de pertenecer a la guerrilla.

Los representantes legales de la compañía le dijeron a VerdadAbierta.com que no se pronunciarían sobre las declaraciones entregadas por Blanco. Los abogados de las víctimas señalaron que no existen procesos penales individuales sobre los funcionarios mencionados por Blanco en Estados Unidos, pero que a raíz de su testimonio, la justicia norteamericana, puede abrir nuevas investigaciones.
Sintramienergética demandó a esa empresa y a sus directivos en Colombia y en Alabama ante la justicia de Estados Unidos. Los acusan de complicidad con los paramilitares que asesinaron a tres líderes sindicales de la carbonera Drummond en marzo de 2001: Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Estos dirigentes exigían que cambiaran al proveedor de la alimentación de los obreros pues les estaba dando mala comida. Distintos juzgados colombianos condenaron a los paramilitares por estos asesinatos. Por estos mismos crímenes, la fiscalía acusó al contratista de la Drummond, Jaime Blanco.
La justicia estaunidense exoneró a la DRUMMOND de los crímenes contra los sindicalistas:


Drummond, empresa estaunidense exportadora de carbón

En segunda instancia, la justicia estadounidense dictaminó que no había pruebas que avalaran que los directivos de la Drummond en Colombia o en Estados Unidos hubieran sido cómplices de los crímenes. No fue el final del juicio. Los huérfanos de los sindicalistas asesinados interpusieron otra demanda contra la empresa y sus ejecutivos. En marzo de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos dictaminó que no era un caso juzgado y se podía procesar. (Vea el fallo de la Corte).

No es el único nexo con paramilitares de los que se acusa a la Drummond. Hay también una tercera demanda por su presunta responsabilidad en la creación y financiación de un bloque paramilitar –“Juan Álvarez”- para proteger sus operaciones mineras del acoso guerrillero. Este frente fue autor de la muerte de varios colombianos. La demanda pide que la empresa minera pague también por su presunta complicidad en el desplazamiento forzado y asesinato de campesinos del predio Mechoacán, donde la empresa compró terrenos. Estas últimas dos demandas están en proceso.
Drummond ha insistido en su inocencia.

Como pudo operar la multinacional sin inconvenientes de seguridad, cuando el dominio en la región era total por las autodefensas?
Ante la pregunta de cómo pudieron operar cuando los paramilitares tenían casi el dominio total de la región a fines de los ‘90, sus voceros han dicho que ahora, como entonces, ha mantenido su convicción de no pagarles a terroristas por protección, y que por ello tuvieron que aguantar muchas bombas y sabotajes. Ante las afirmaciones de nuevos testigos a favor de los demandantes, que asocian a los directivos de la carbonera con estos crímenes, la empresa ha reiterado que son “tretas propagandísticas”.

OTROS PRESUNTOS RESPONSABLES DE ESTOS CRÍMENES:


Augusto Jiménez- Presidente de la Drummond Colombia



Otros presuntos responsables de los homicidios de los sindicalistas, son además del presidente en Colombia de la transnacional minera Drummond, Augusto Jiménez (Presidente de la Drummond Colombia) y su gerente de relaciones con la comunidad Alfredo Araujo (primo de Álvaro Araujo, senador encarcelado por parapolítica en el año 2008), Gary Drummond, presidente de la multinacional y Jean Jakim, jefe de seguridad de la transnacional.

Incluso, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, fue citado por este caso, por representantes de grupos de derechos humanos y por la firma de abogados Conrad & Scherer en Estados Unidos, quienes están a la espera que se defina la sugerencia de inmunidad parcial, realizada por el Departamento de Estado, que plantea que ésta debería aplicarse solamente a lo que tiene que ver con el mandato de Uribe como presidente.

El Sindicato y las familias continúan la lucha por la justicia:
Voceros de Sintramienergética han dicho que tienen suficientes testigos que demostrarán en el juicio que el pago a paramilitares fue parte de la protección de la carbonera estadounidense contra la extorsión guerrillera. La justicia estadounidense tiene la última palabra. La Drummond ha enfrentado dos procesos civiles en cortes de los Estados Unidos, uno en Alabama en donde tiene su sede principal y otro en Atlanta, y en los dos casos los jurados han rechazado las pretensiones de los sindicatos y las víctimas de inculpar a la multinacional con el asesinato de Locarno y Orcasita.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de los familiares de las víctimas en Colombia, manifiesta su complacencia frente a la decisión tomada por la Fiscalía, no obstante, espera que los demás responsables del asesinato de los sindicalistas, sean vinculados al proceso, en aras de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas

Fuentes: Verdadabierta y Colectivo de abogados - CAJAR y el Pilón

Nancy Fiallo Araque
Observatorio de Derechos Humanos y Parapolítica
móvil: (571) 300 823 66 34 / 315 259 19 75
nancyfiallo@hotmail.com
Bogotá. DC- Colombia- Sur América

Mujeres en Asamblea Permanente...13 años caminando por la Paz

Confesión clave en caso por muerte de dos sindicalistas de la Drummond

Jaime Blanco Maya reconoció que encubrió a los autores y salpicó a supuesto funcionario de EE. UU.

El excontratista de la Drummond Jaime Blanco Maya, medio hermano del exprocurador general Edgardo Maya Villazón, aceptó ayer su responsabilidad en uno de los crímenes que más repercusiones internacionales han traído para el país: la muerte de dos sindicalistas de la multinacional en el Cesar, en mayo del 2001.

Blanco Maya, que está capturado desde septiembre del 2010, anunció, además, que en la Corte Suprema de Justicia prenderá el 'ventilador' sobre las "relaciones non sanctas" de personas en ese departamento, donde su familia es una de las más reconocidas. "Todo eso lo voy a hacer en el marco de la colaboración con la justicia", aseguró.

Ante un juez de Bogotá, Blanco Maya salpicó, además, a su antigua empresa y hasta a un supuesto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Colombia.

El excontratista de la Drummond reconoció que sabía que los sindicalistas Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita serían asesinados por los 'paras' y que no hizo nada para impedirlo. "Yo sabía que los iban a asesinar y no lo denuncié, y luego encubrí el crimen, pero no actué como determinador", dijo.

El caso le ha generado a la multinacional Drummond varias demandas en EE. UU. y en su momento fue una de las piedras en el camino de la aprobación del TLC con Colombia.

Con la aceptación de los cargos, Blanco Maya pretende que su condena por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado ronde los 20 años (por confesión y por ser partícipe y no ficha clave en el crimen) y no los 40 a los que se expone en calidad de autor intelectual, como exintegrantes de las Auc lo señalan.

Según esas versiones, Blanco Maya fue la persona que pidió a Óscar José Ospina Pacheco, 'Tolemaida', que asesinara a los sindicalistas, que con sus quejas estaban poniendo en peligro el millonario contrato para la prestación de alimentos que tenía con la Drummond.

El excontratista también sostuvo que quien le contó del atentado a los sindicalistas fue Jairo de Jesús Charrys Castro, su jefe de seguridad, que supuestamente tenía una alianza con el coronel Luis Carlos Rodríguez (jefe de seguridad de la mina) y Jean Jakim, jefe de seguridad de la multinacional, para dar información a los paramilitares.

"Charrys me dijo que ya con el señor Jean y el coronel tenían todas las pruebas de que los sindicalistas tenían relación con la subversión. Eso se sabía desde junio de 1999, yo no sé por qué la Fiscalía no ha investigado eso", aseguró.

Blanco Maya afirmó, igualmente, que tuvo una muy buena relación con Jakim, de quien dijo "era un personaje muy importante de la CIA al servicio de la Embajada americana en Bogotá (...) Después de que lo absolvieron en Estados Unidos regresó a Colombia nuevamente como funcionario de la CIA".

Por el crimen ya fueron condenados Jairo de Jesús Charriys, Alcides Mattos Tabares, alias 'Samario'; Óscar José Ospino Pacheco, alias 'Tolemaida', José Aristides Peinado Martínez y Óscar David Pérez Bertel.

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11081324.html

Multinacionales, paramilitarismo y Estado

Hugo Paternina Espinosa

Rebelión

Desde hace mucho tiempo diversas organizaciones sociales en Colombia, léase sindicatos, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otras, han venido denunciando y con gran insistencia el papel activo que han estado jugando las multinacionales en la violación a los derechos humanos en el país y también en cuanto hace referencia a la profundización del conflicto armado en el mismo.

Y mientras la Colombia humilde y empobrecida se desangra, o deambula de semáforo en semáforo como de modo fiel e irrefutable lo ejemplifican los más de dos millones y medio de persona desplazadas que hoy mal viven entre barrancones en las principales capitales, o en improvisados albergues, semimuertas como es de esperarse por la inasistencia oficial, estigmatizadas por una sociedad indolente y devoradas por la falta de esperanzas, las multinacionales del petróleo, del carbón, de los recursos hídricos, del sector financiero y las telecomunicaciones, como no, con la complicidad de la mal nacida oligarquía colombiana nutren sus arcas y para ello apelan a la conjugación de todas las formas de protección del capital: jurídicas, políticas y militares.

2. La Coca-Cola y sus criminales pasos.

La participación de importantes multinacionales en sonados crímenes de sindicalistas en Colombia no es un asunto nuevo y compromete a singulares y muy reconocidas empresas. La multinacional Coca-Cola, por ejemplo, desde principio de la década de los noventa viene siendo señalada por el Sindicato Nacional de la Industria de la Alimentación (SINALTRAINAL) [1] como responsable de cegar la vida a por lo menos 14 miembros de su agremiación, entre ellos 7 miembros del sindicato de la Coca-Cola y, de igual modo, propiciar el desplazamiento forzado de varias decenas de sus miembros, lo que incluye, por supuesto, el exilio de un par de trabajadores sindicalizados. Varios de los sindicalistas asesinados fueron ultimados mientras se estaban negociando pliegos de peticiones y diversas voces no han dejado de señalar como responsables de dichos crímenes al paramilitarismo en complicidad con los organismos del Estado.

Entre los sindicalistas asesinados desde 1992 hasta acá se encuentran: José Gabriel Castro (1992), José Manco David (1994), Luis Enrique Gómez (1995), Isidro Segundo Gil (1996), José Libardo Osorio (1996), Alcira Herrera Pérez, esposa de Isidro Gil (2000) y Oscar Darío Soto, en Montería, Córdoba (2001). Y ello para no mencionar el allanamiento de sedes sindicales y también las reiteradas amenazas contra familiares y miembros del sindicato. Todo ello, efectivamente, con la complicidad de los distintos gobiernos quienes han actuado por acción o por omisión como perfectos cómplices frente a toda esta tropelía. Por todos estos crímenes, hasta ahora no se conoce ningún responsable y constituye todo ello la punta del iceberg de una estrategia orientada en la dirección de eliminar a todo opositor que quiera ponerle óbices a la gula de las multinacionales en Colombia.

Esta denuncia ha traspasado la frontera y ha convocado la solidaridad de trabajadores de distintos países, incluida la del sindicato metalúrgico estaudinense United Steelworkers of America (Uswa), quien junto a otras agremiaciones sindicales procedieron en el año 2001 a instaurar una demanda ante un Juez Federal contra la compañía y, además, contra dos de sus embotelladoras por considerarlas responsables de crímenes y persecución contra los sindicalistas colombianos. Como era de esperarse, el Juez desestimó la denuncia en marzo del 2003 contra la Coca-Cola, pero el boicot y la solidaridad ante este criminal proceder por parte de esta multinacional no ha dejado de sentirse, hasta el punto que varios campus universitarios en los EEUU y en Europa han hecho recientemente un llamado para que los productos que expende la Coca-Cola a su interior sean retirados hasta tanto no se clarifique cuál es y ha sido su responsabilidad ante los hechos que se le imputan.

3. La coca-cola mata, el Estado igual: boicot en el corazón del imperio.

Desde finales del año 2005 y principio del 2006, varias campañas contra la Coca-Cola se han puesto en movimiento en varios campus universitarios. Así, la Universidad de Míchigan [2] y la de Nueva York han retirado los productos Coca-Cola y otro tanto han hecho varios centro educativos en Inglaterra, Irlanda e Italia, entre otros. El lema que los ha hermanado es: Porque amo la vida no tomo Coca-Cola. Esta campaña se suma a otras que ya en otros momentos fueron impulsadas en el año 2003 por otros actores. Esta situación para los directivos de la multinacional les ha resultado incómoda y como nunca antes han tenido que salir a dar las explicaciones de rigor frente a las punzantes denuncias que se les hace.

En este sentido Edgar E Potter, director de Relaciones Laborales Globales de Coca-Cola salió a decir en una carta a Terry Collingsworth, director ejecutivo del Fondo Internacional para los Derechos Laborales, organización con sede en Washington y quien representa legalmente a los sindicalistas que: The Coca-Cola Company y sus embotelladoras han entrevistado a testigos de los asuntos en cuestión y confían en la suficiencia de esas investigaciones. Estas no encontraron evidencia de que los administradores de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia conspiraran con paramilitares para amenazar o intimidar sindicalistas, ni evidencia de que administradores de plantas embotelladoras de Coca-Cola tengan algún papel en la muerte [de sindicalista]” [3]

4. El carbón mueve las industrias y mata a trabajadores.

Y si este es el criminal actuar de la Coca-Cola, el de la Drummond, mayor explotador del carbón en Colombia no es nada distinto. Hoy se sabe lo que ya muchos sindicalistas habían denunciado en su debido tiempo, sólo que quien debía en nombre del Estado garantizar la defensa de los derechos humanos de los trabajadores colombianos y castigar a la Drummond no lo hizo como era su responsabilidad. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la justicia en Colombia sabían, antes también el Presidente Andrés Pastrana Arango, que la multinacional del carbón estaba seriamente comprometida en el crimen de varios sindicalistas (Valmore Locarno, Victor Hugo Orcasista y Gustavo Soler), hechos acaecidos en el año 20001, pues Rafael García, el exinformático del DAS y quien prendiera el ventilador de la parapolítica y ahora confidente de la Fiscalía, denunció en mayo de 2006 que Augusto Jiménez, Presidente de la Drummon en Colombia había dado a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, la friolera de 200.000 euros con el objeto de que procedieran contra los mencionados sindicalistas. Pese al proceder de la Drummond y a lo contado por Rafael García, la corrupta justicia colombiana expresada en el juez instructor del caso archivó el mismo por la razón que ya todos conocemos: falta de evidencia.

¿Cómo es posible, me pregunto, que la justicia colombiana archivara este caso y ahora Karon Bowdre, así sea por burla, juez federal en los EEUU considere que hay indicios para iniciar un juicio contra la multinacional Drummon? El juez en mención ha considerado oportuno escuchar el testimonio de Rafael García, sin embargo, todo parece indicar que el juez norteamericano es de la consideración que lo más conveniente es que la Drummond y los abogados de los directivos sindicales asesinados y del sindicato mismo (SINTRAMIENERGIA) muñan un acuerdo y así evitar la instancia del juicio. Cabe señalar en cuanto hace referencia al juez colombiano que éste autorizó realizar un juicio, sí, pero, al parecer, relacionado sólo con los daños derivados de la muerte de los sindicalistas.

5. Por los recursos energéticos todo vale.

Está claro que tanto para la justicia colombiana como para la justicia de los EEUU no interesa condenar a la Drummond, a toda costa se le blindará, lo cual nos dice que se le tolerará el que haya matado, como lo ha hecho, y hasta el que haya financiado a grupos paramilitares como así ha sucedido, contraviniendo incluso directivas del Departamento de Estado de los EEUU y la misma Patriot Act, la cual prohíbe expresamente cualquier trato con organizaciones consideradas terroristas. En todo caso, la Drummon según la lógica norteamericana no ha hecho otra cosa que garantizar un importante flujo de recursos energéticos [4] de carácter estratégico para los EEUU, ávido como sabemos de importantes recursos energéticos en estos cruciales momentos. Todo este oprobio es susceptible de ser perdonado en EEUU y tambiénen Colombia, allá se bendice a quienes torturan en Guantánamo, Abu Graihb, a quienes lanzan bombas de fósforo en Irak y cometen allí crímenes de guerra y lesa humanidad; también allá perdonan a quienes mintieron por lo de las armas de destrucción masiva que no le encontraron a Sadam Hussein; y acá se perdona a Mancuso, Jorge 40, Don Berna y demás asesinos y mafiosos de profesión y, sobre todo, teniendo como base una ley (Justicia y Paz) que sólo Uribe y una parte de su Congreso revestido de nexos con el narcoparamilitarismo les podría brindar.

Esta es la seguridad democrática que Uribe le vende en empaque al vacío a la famosa comunidad internacional, quien le premia y santifica los crímenes de hoy y de ayer, sin equívoco alguno, siempre y cuando y con servilismo inconfundible permita que los recursos energéticos de carácter estratégico que requieren tanto el amo del norte como otras potencias para enfrentar sus crisis energéticas fluyan hacia sus centros de poder. Ante todo ello me pregunto ¿Qué hay de la tan anunciada lucha contra el terrorismo patrio y el terrorismo ecuménico y sus financiadores propios y extraños? ¿No sabía acaso el Presidente Uribe toda esta situación? ¿Qué hubiera sido de un industrial colombiano o una multinacional que hubiera pagado a las FARC o al ELN una cantidad semejante y ello hubiera sido de público conocimiento? ¿Por qué las redadas tan vehementes contra indefensos campesinos y desarmados sindicalistas, y ni siquiera una encendida diatriba presidencial contra la Drummond? ¿Qué pasa señor Presidente, está reservándose para atacar a Gustavo Petro o (para-para, perdón la sorna) atacar a Robledo, a Piedad Córdoba, a su Profesor Carlos Gaviria, o a cualquiera que usted considere que es un terrorista vestido de civil?

Lástima que el Presidente Uribe tenga tan frágil memoria y se acuerde sólo de atacar a los miembros del Polo Democrático Alternativo, a quienes considera terroristas vestidos con sacos de leva o sin él, pero se le olvida que los más señeros terroristas son las multinacionales que ahora desangran al país y que con gran candor en su viajes por Europa y los EEUU les ofrece toda suerte de gabelas, incluidas que hagan lo que hacen y como lo hacen, y no pase nada. El presidente Uribe me temo, que frente a este y otros casos parecidos da notorias e inconfundibles señas de ser más hincha de un tipo de “terrorismo” que de otro. Si no es así, señor Uribe, empiece por demostrarlo. Frente a todo lo anterior la Drummond niega su participación en lo crímenes cometidos contra tres sindicalistas y seguro que las leyes norteamericanas sólo impondrá una sanción, si es que la hayan responsable, por apoyo a grupos terrorista y no por asesinar o promover el crimen de indefensos sindicalistas, cuyo único delito, sin duda, fue defender sus derechos como trabajadores y el denunciar la voracidad y la explotación de los recursos con los que cuenta el país, ante lo cual calla la servil y violenta oligarquía colombiana, y de quien el presidente Uribe es uno de sus máximos exponentes.

6. Colombia, un parque temático del horror en manos de la Chinita Brands.

No cabe la menor duda que Colombia de la mano de la oligarquía colombiana y de las multinacionales que la saquean y humillan se ha convertido en todo un parque temático del horror y en un museo vivo del sufrimiento acumulado. Todavía estamos lejos de conocer cuál es el verdadero proceder criminal de muchas de las multinacionales que operan en Colombia y no esperemos que este gobierno ni ninguno de los anteriores corra el velo para conocer en todo su esplendor la alevosía de cómo operan estas corporaciones con el apoyo del Estado, el paraestado y sectores muy minúsculos pero poderosos de la oligarquía en Colombia.

Sobre la historia de dolor y sangre que las multinacionales han ido construyendo en el país es muy fragmentaria la información que se tiene. En no pocos casos es el Estado y los distintos gobiernos quienes más se han encargado de invisibilizar el proceder violento de este tipo de corporaciones, vinculadas como sabemos a los intereses más conservadores y dispuestas a acometer cualquier tipo de política siempre que ello beneficie su dominante posición. Paradójicamente hoy se sabe más por fuera del país sobre este tipo de empresas que al interior del país mismo, lo cual nos pone a pensar en la existencia de una política deliberada orientada para que la opinión pública no conozca qué es lo que realmente acontece con dichas organizaciones en cuanto tiene que ver con la violación a los derechos humanos y en lo que atañe al financiamiento de la guerra que ellas propician en el país y de lo que sacan enormes ganancias.

En correspondencia con lo anterior, hace pocos días ha trascendido que la multinacional Chiquita Brands ha tenido que pagarle al gobierno de los EEUU [5] una suma de 25 millones de dólares por haber financiado esta multinacional del banano a grupos paramilitares en Colombia, los cuales están considerados por el Departamento de Estado de los EEUU desde el 10 de septiembre de 2001 como grupos terroristas. El contencioso entre el Gobierno de los EEUU y la Chiquita Brands resuelto a instancia del Juez Federal de la Corte del Distrito de Washington, Royce Lambret, hace apenas unos pocos días, terminó resolviéndose del siguiente modo: La Chiquita Brands reconoció que sus principales cuadros directivos en EEUU entregaron a los paramilitares colombianos entre 1997 y el año 2004 a través de su filial Banadex unos 1.7 millones de dólares a cambio de que éstos protegerían los distintos procesos relacionados con el negocio del banano, lo que incluía, por supuesto, atacar a todo aquel que fuera una amenaza para dicha actividad. Durante esta época los asesinatos y los desplazamientos en Urabá fueron constantes.

El mencionado recurso, reconoce la misma multinacional, fue recibido por parte de los paramilitares a modo de cuotas, 100 en total, y fueron recepcionadas de modo inicial por la Convivir Papagayo, una de esos tantos engendros criminales que dejó instaladas el Presidente Uribe en su nefasto paso por la gobernación de Antioquia, la cual cambiaría en el año 2003 su fachada y se haría llamar desde entonces Servicio Especiales de vigilancia y seguridad privada. Se sabe que la renovación de la licencia de esta fachada del paramilitarismo está pendiente en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo por demás nada pulcro en este tipo de manejos. No hay duda que con este dinero los paramilitares de Carlos Castaño y los militares de la XVII Brigada del ejército impusieron un régimen de terror en la zona de Urabá y de modo simultáneo en el Departamento Magdalena, zonas por excelencia del cultivo del banano, lo cual se hizo extensivo a otras zonas del país.

7. Mate y pague: Colombia el corazón de las tinieblas.

Dentro de esta perversa lógica, la cual sólo entiende Uribe y los suyos, la Chiquita Brands se compromete a pagar los cinco primero millones de dólares una vez se dicte la sentencia y cuatro pago más con sus respectivos intereses hasta completar los 25 millones que implica la multa por haber apoyado a los grupos paramilitares. Dentro de los compromisos de esta multinacional también está el asumir un programa de ética empresarial y contribuir en el esclarecimiento de todos los hechos asociados a la financiación de los paramilitares, incluido la entrega de 3400 fusiles AK que dichos grupos recibieron con su respectiva munición y que fueron introducidos al país en el barco Otterloo de su filial Banadex, en noviembre del año 2001, y en cuya operación participaron, se cree, países como Nicaragua, Panamá y la misma Colombia. ¿Dónde estaban las autoridades colombiana cuando esto? A cambio, el Departamento de Justicia de los EEUU da por bueno el acuerdo y manifiesta que no interpondrá ninguna acción de tipo criminal contra la Chiquita Brands, amén de dar por cosa juzgada el acuerdo.

De este acuerdo se derivan algunos elementos que es preciso anotar. En primera instancia, que el gobierno de los EEUU entiende como simple amonestación económica un hecho que para cualquier colombiano/a con un poco de dignidad y sentido común consideraría un criminal proceder. Para los EEUU las víctimas colombianas no hacen parte de sus preocupaciones y no tendría porque serlo, pues su interés está centrado y estará centrado de aquí en lo sucesivo, si es que ello sucede, en conocer sólo los pormenores de la financiación que recibieron los paramilitares y, del mismo modo, en desconocer las perversas y trágicas consecuencias que de este apoyo se hayan derivado. Esta sanción económica a la Chiquita Brands, la cual no deja de ser una caricatura y una horrible e inadmisible complicidad con su criminal y terrorífico actuar, ese que dice combatir los EEUU en nombre de la libertad, los derechos humanos, la democracia y todos los valores abstractos que representa el occidente en cabeza de su sociedad, hace bullir, enardecer la conciencia y reclamar del Estado colombiano, de su gobierno, de su criminal élite y de la sociedad en su conjunto, sin duda, un instante de dignidad, un basta de servilismo ante tanto oprobio junto.

El trato que ha recibido la Chiquita Brands en EEUU por parte de sus autoridades no ha podido ser el mejor, le toleran que mate a inocentes en Colombia y encima le premian. Aquí se muestra una vez más el verdadero sentido de la “lucha” global del gobierno de los EEUU frente al Terrorismo y su nunca acabada doble moral frente al mismo. Lo que queda claro es que aquí se impone la lógica americana de mate y pague y también el insulto proceder de proteger y blindar a cualquier precio a los directivos de la Chiquita Brands en los EEUUU.

Vamos a ver si la vehemencia que con tanta desmesura nos ha dado a conocer el Presidente Uribe siempre que sale a atacar a la oposición o a cualquier ONG que critica su risible política de derechos humanos, será la misma que utilizará para solicitar la extradición de los Directivos de la Chiquita Brands, quienes han cometido delitos en Colombia y reconocido los mismos ante una Corte norteamericana. Demuestre señor Presidente, aunque sea una sola vez, un acto, por fin, de dignidad frente a esa patria que siempre dice defender en encendidos discursos y en medio de los más coloridos consejos comunales. Atrévase a solicitar la extradición de quienes han matado en Colombia y también de quienes han contribuido junto a usted y los suyos a hacer del país un lugar pequeño y nada cerrero como su ganado que pasta en tierra de narcoparamilitares y a los cuales, por cierto, se les impondrán penas risibles. Me temo que hasta allá usted no llegará, usted, si acaso, pedirá a la amañada Fiscalía Colombiana que investigue a los funcionarios de la filial de la Chiquita en Colombia, es decir, a Banadex, [Banacol] o como se quiera llamar, y a ellos tratará de aplicarle eso que en Colombia llaman con tanto ufano ley, que si es como la de justicia y paz, y la cual se formuló a imagen y semejanza de los intereses de los narcoparamilitares, me temo, que es una soberana burla contra las víctimas y un trofeo para los perpetradores.

8. El DAS: ocultando los nexos entre la Chiquita [6] y el paramilitarismo.

Lo curioso es que de todo esto algo conocía el Gobierno de Uribe, pues en el año 2003 el entonces responsable de la INTERPOL, Coronel Henry Rubio, entregó un informe a Jorge Noguera, Exdirector del DAS [acusado por haber puesto a este organismo al servicio de los paramilitares] y en donde le ponía de manifiesto el caso de los más de 3000 fusiles que la Chiquita Brands a través de su filial había introducido por el puerto de Turbo, de amplio manejo paramilitar como sabemos desde mediado de los años 90. La postura de Noguera, se señala en diversos espacios, fue la de entorpecer la investigación y evitar que se conociera en profundidad los nexos de la Chiquita Brands [Banadex] y el fortalecimiento económico, político y militar del proyecto paramilitar en Colombia. Visto todo lo que ha acontecido en el país con la parapolítica y los cada vez más incontrovertibles fundamentos de los señalamientos que pesan sobre Jorge Noguera, resulta obvio pensar que lo que se ha buscado y buscó desde el DAS y desde el gobierno mismo fue que este repudiable hecho no saliera a flote.

¿No sabía acaso Uribe que la Organización de Estado Americanos (OEA) había hecho una investigación sobre el particular y que la misma era de un profundo calado, e implicaba a una importante multinacional y su filial? ¿Por qué en la cruzada contra el terrorismo a la criolla Uribe y la justicia colombiana han dicho a pena nada sobre el particular? ¿No sabía Uribe que una de esas Convivir que él ayudo a forjar estaba detrás de la recepción de esas millonarias contribuciones que estaba haciendo la Chiquita Brands a los paramilitares y que ésta se había convertido en una empresa de vigilancia? Frente a este y otros casos habría muchas cosas que el señor Presidente debería por simple ética política aclarar. Sin embargo, la realidad le rebasa y pienso que cualquier argumento hoy es poco frente a tanto silencio acumulado y ante tantas intentonas por ocultar la naturaleza de los hechos.

9. Tras el rastro de la Chiquita Brands. Colombia no es la Excepción.

El proceder de la Chiquita Brands en Colombia es criminal y más aún el del Estado colombiano. De la Chiquita y de todas las multinacionales que existen en el país poco bueno habría que esperar. Son depredadoras del ambiente y también de la sociedad. La historia de la ahora Chiquita Brands está plagada de violencia y terror a lo largo de toda América latina y el caribe. Su predecesora fue la temida United Fruit Company, la misma que en el año de 1928 desplegó una brutal represión contra los trabajadores agrícolas en el Departamento del Magdalena y contra la cual se levantaron sus trabajadores reclamando dignidad. Para sofocar la huelga de los bananeros el Gobierno Conservador de Miguel Abadía Méndez [7] , tan pronorteamericanos e incondicional como el de Uribe ahora, lanzó al ejército contra los trabajadores.

El resultado fue una masacre que el realismo Mágico de García Márquez en un acto de exageración literaria cifró en 3000 personas asesinadas. En realidad fueron muchas menos, pero no por ello menos dolorosas aquellas muertes. Aquel acto canalla sería inmortalizado en Cien Años de Soledad, pero al decir verdad, mucho antes que este hecho fuera reivindicado por el Nóbel colombiano en su inmortal novela, y al mismo tiempo tomado como un insobornable símbolo contra la desmemoria colectiva y también como una representación rupestre y arqueológica del barbarismo que ha caracterizado a la cleptócrata y ruin élite colombiana, Jorge Eliécer Gaitán [8] en 1929, siendo ya Representante a la Cámara se dio a la tarea de conocer de viva voz los pormenores de aquellos luctuosos y tristes hechos, para lo cual se desplazó a la región de Ciénaga Magdalena, lugar dantesco donde se produjeron aquellos inolvidables sucesos.

Una vez realizada aquella etnografía de la barbarie y de vuelta en Bogotá, en el mes septiembre de ese mismo año, Gaitán pronunció en el Congreso de la República uno de los discursos más importante de la historia social y la cultura política en Colombia. En aquella ocasión Gaitán cargó contra el Gobierno de Abadía Méndez y contra el Ejército, y a quienes tildó de arremeter contra el martirizado pueblo, mientras por otro lado se congraciaban con la United Fruit Company y con el gobierno de los EEUU. Aquellos encendidos debates del Gaitán se prolongarían por espacio de quince días, los que servirían, por un lado, para poner al desnudo la vileza y el servilismo de la oligarquía colombiana cuando de defender los intereses extranjeros en el país se trata, y por el otro lado, para que Gaitán se granjeara la confianza y el cariño del incipiente movimiento obrero y de otros sectores subalternos que por entonces despuntaban en Colombia. Casi 70 años después de aquellos discursos lanzados por Gaitán, la oligarquía sigue siendo igual de rancia y asesina contra los indefensos, y servil, como es de esperarse, ante el todopoderoso amo del norte y las potencias de nuevo cuño. Sería bueno que ésta arrodillada élite colombiana, acostumbrada como está a decir sí ante los designios de los EEUU y toda suerte de potencias extranjeras, se tomara en serio aunque fuera por un instante las palabras Gaitán y aprendiera a defender en la tangibilidad del mundo esa patria que dicen defender en grandilocuentes discursos.

Así, la ayer United Fruti Company y hoy la Chiquita Brands, han teñido de rojo la geografía nacional siempre que han querido y les ha resultado conveniente. Ayer de la mano del Gobierno y el Ejército y hoy de la mano del Estado y del paramilitarismo. En otros lugares de América latina, en Guatemala, por ejemplo, la United Fruit Company de la mano de la CIA propició el golpe de Estado contra el Presidente Jacobo Arbenz, y en Cuba no sólo explotó las riquezas derivadas del monopolio del Azúcar, durante todo el tiempo que pudo, sino que fue un soporte para la dictadura de Fulgencio Batista hasta antes del triunfo de la revolución cubana. Por todo lo anterior, no es de extrañar que el gobierno de los EEUU le haya perdonado a esta multinacional el que sus principales cuadros directivos estuvieran financiando todo este tiempo a los grupos paramilitares en Colombia. De sobra es conocido que el gobierno americano es el protector más grande de todo tipo de terroristas y de dictadores, siempre y cuando, seguro, éstos sirvan a sus más encomiables designios: para muestra un botón, Posada Carriles y Orlando Bosh.

Ante todo esto, la Chiquita Brands contrario a la Coca-Cola y la Drummond, ha reconocido los delitos que se le imputan. Esta multinacional propiciadora del paramilitarismo en Colombia y, por tanto, auspiciadora de la violación a los derechos humanos ha entendido que es mejor reconocer los hechos y pagar, pues de algún modo tiene consagrado y por anticipado el perdón. Está claro que para el gobierno de los EEUU importa poco que los barcos de la Chiquita o su filial fueran cargados de cocaína y regresaran cargados de fusiles AK con los que se masacraba y masacra a cientos de colombianos/as. Ello no interesa, al fin de cuenta los muertos no son norteamericanos y de algún modo, según la lógica americana y de la Chiquita, ello era un mal necesario: se trataba de limpiar las zonas de todo tipo de indeseables y de adeptos al comunismo.

10. Justificando los nexos con el crimen y otras consideraciones.

Los directivos de la Chiquita han aducido que financiaron a los paramilitares porque querían proteger a sus trabajadores, nada más canalla he escuchado en mi vida, pues si algo protegía y han protegido siempre, aun cuando financiaron al ELN o a las FARC, fue sus inmensas riquezas obtenidas a punta de masacres y de desplazamiento forzado, acometido todo esto, como no, por los paramilitares con el dinero pagado a estos y al amparo del Estado colombiano. Esto resulta doblemente infame puesto que todos sabemos que el gobierno en Colombia brinda a las multinacionales todo tipo de protección: jurídica, política y militar. La zona de Urabá y el Magdalena si algo están, seguro, son fuertemente protegidas por la Policía y el Ejército. Lo que buscaba la Chiquita Brands con esta estrategia era tener un poder armado no ceñido a ninguna legalidad, con lo cual el control se hacía más expedito y, además, que de acuerdo a sus intereses políticos y económicos era más conveniente financiar a un proyecto de extrema derecha que a unas organizaciones guerrilleras inspiradas por el deseo de transformar las estructuras sociales y políticas existentes. Este es un elemento clave para entender por qué decidieron dejar de contribuir económicamente a las guerrillas desde finales de los 90 y destinar su financiación a los paramilitares.

Todo lo anterior debe poner en alerta al conjunto del movimiento social y ello con el propósito de saber qué están haciendo el resto de las multinacionales que existen en Colombia. Es hora de denunciar lo que ellas hacen y de exigir la salida de todas aquellas que se encuentran comprometidas con los perpetradores. Es hora de convocar las redes internacionales de consumo responsable y de exigir que sus directivos sean castigados penal y civilmente por los delitos cometidos. Y no sólo lo anterior, esto urge desenmascarar también los estrechos nexos que el capital transmonopólico internacional tiene con el capital interno y los modos en que estos se articulan para agredir y violentar al conjunto de la sociedad. La tarea no es nada fácil, pero hay la necesidad ineludible de empezarla, me temo que ni Uribe ni los suyos están por aclarar nada, pues cada nuevo hecho que en Colombia pasa por acción o por omisión le implica dar una respuesta satisfactoria y muy a pesar de ello sigue como si lo que ahora acontece no fuera con él. ¿Que tanto resiste el teflón de Uribe? Tanto como el conjunto de la sociedad quiera y desee, sin duda. Es el momento de impulsar un Tribunal Popular de condena a las multinacionales que violan los derechos humanos y promueven la guerra en Colombia, y también que sanciones al Estado y gobierno por actuar en esa misma dirección. La lucha por la vida y la defensa de los recursos en Colombia es una cuestión urgente. La tarde apura....

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[1] Un pormenorizado informe sobre la Coca-Cola en Colombia y otros países puede verse en: CIEPAC. Centrote investigaciones económicas y políticas de acción comunitaria de San Cristóbal de las Casas, México. Versión electrónica. http://www.columnasur.org/CIEPAC/menú.htm

[2] Sobre lo asumido por la Universidad de Míchigan puede verse la nota publicada por: Latin América Solidarity Centre. Versión digital http//:www.lasc.ie/new/coke-new8.html.

[3] Ver la edición del Diario el Tiempo de la ciudad de Bogotá del día 5 de enero de 2006 titulada “10 universidades de EU y Europa vetaron el consumo de Coca-cola por nexos con los paras”.

[4] Para una mayor comprensión de la política energética de los EEUU, en la cual el Petróleo y otros recursos energéticos han pasado a constituirse en parte de la seguridad nacional, recomiendo ver el trabajo de Michel Klare, blood and oil. The dangers and consequences of america´s growing petroleum dependency, ed metropolitan books, Henry Holt and Co., LLC, New York, 393, 2004.

[5] Sobre el acuerdo a que llegaron el Departamento de Justicia del Gobierno de los EEUU y los Directivos de la Chiquita Brands, puede verse la nota de Gómez Maseri, Sergio, edición del Diario el Tiempo, Bogota, sección economía, martes 20 de mayo 2007.

[6] Un amplio informe sobre las operaciones de la Chiquita Brands en Colombia y sus nexos con el paramilitarismo puede verse en el articulo de la Revista semana titulado “Banana para –Republic”. Versión electronica.http://www.semana.com/wf/infoarticulo/aspx?idart=101602.

[7] Desde 1886 a 1930 el Partido Conservador estuvo en el Poder. Durante este largo periodo que se prolonga por espacio de 44 años, sólo Eliseo Payán (1886-1887), liberal y Carlos Eugenio Restrepo, de Unión Republicana (1908-1908), gozaron de un breve interregno de gobierno durante toda esta hegemonía Conservadora. La Masacre de las Bananeras unido a otra serie de factores haría que el Partido Conservador en cabeza de Abadía Méndez perdiera el poder en 1930 y se instaurara un periodo de gobiernos liberales, los cuales se prolongarían hasta 1946, momento en el que el partido conservador retoma el poder con Mariano Ospina Pérez.

[8] Jorge Eliécer Gaitán fue un notable dirigente del Partido Liberal en Colombia y quizá una de las conciencias que en su época supo interpretar desde una vertiente caudillista los anhelos de los sectores populares en Colombia. De extracción popular y formado en el mundo del derecho supo poner a este al alcance de los sectores explotados. Fue un duro crítico de la oligarquía colombiana, alabado por muchos y odiado por otros. Para algunos sus ideas encuadran en un marco socialista, para otros el proyecto de Gaitán no fue algo acabado. En cualquier caso, este importante dirigente atacó al bipartidismo, se marchó del partido liberal en 1933, fundando su partido el UNIR. Volvió en 1935 a las toldas del Partido Liberal y en 1936, en junio, en particular, se posesionó como Alcalde de Bogotá. Salio pocos meses después del consistorio por algunas medidas antipopulares que quiso tomar, entre ellas, el uniformar a los conductores, lo que no hubiera pasado a mayores si sus oponentes no hubieran tomado este y otros elementos para atacarle. En las elecciones de 1948, la oligarquía colombiana temerosa que Gaitán llegara al poder, pues había ganado las elecciones legislativas y se proponía introducir reformas económicas y sociales, tomaron según algunos historiadores, en complicidad con el gobierno de los EEUU, la decisión de asesinarles el 9 de abril de 1948. Ello mientras sesionaba la IX Conferencia Panamericana en Bogotá. El gobierno de entonces (Mariano Ospina Pérez) y otros después quisieron achacar esta muerte al comunismo internacional e incluso a Fidel Castro como quiera que éste estaba en dicha conferencia. Nada más absurdo. Este hecho ha pasado a conocerse en la historia política de Colombia como el Bogotazo, los sectores populares salieron a las calles y el ejército ametralló al mismo sin compasión, los muertos se cifran en miles. Desde entonces y como dice García Márquez, el país no ha tenido un momento de verdadera paz. Un buen trabajo sobre lo anotado puede verse en: Braun, Herbert. Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia, Universidad Nacional, 1987. También puede verse el texto de Alabe, Arturo. El Bogotazo, Bogotá, ED pluma, 1983. Hay otros trabajos que por tiempo y espacio nos señalo.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=48650

Río Magdalena / Denuncian que obras en El Quimbo causan mortandad de peces

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) fue notificada por pescadores sobre una preocupante mortandad de peces en el río Magdalena,  en Colombia, al parecer como consecuencia de los trabajos de construcción de la Central Hidroeléctrica El Quimbo.

Las obras en El Quimbo habrían producido la mortandad de peces en el río Magdalena.

El desastre ecológico habría ocurrido , según los pescadores , por los trabajos de desvío del río para encausarlo por el túnel, por donde se tiene que desviar para iniciar el proceso de represamiento, a raíz de que en dos ocasiones el material que se había colocado para cerrar el paso de la afluente fue arrastrado por las constantes crecientes.

Una comisión de expertos ambientalistas se desplazará al lugar de las obras para verificar las circunstancias en que se produjo la mortandad de peces.

La CAM ya había ordenado la suspensión de algunas obras a la empresa constructora de la represa, por graves daños ecológicos.
Fuente: www.caracol.com.co

http://www.aimdigital.com.ar/aim/2012/04/12/rio-magdalena-denuncian-que-obras-en-el-quimbo-causan-mortandad-de-peces/

Minería en Colombia: El saqueo subsidiado

DANIEL GRISALES
www.cronicon.net

Los planes de desarrollo minero presentados por los últimos gobiernos en Colombia así como el Código de minas, definen al Estado como un facilitador y fiscalizador de la iniciativa privada en las actividades extractivas. Bajo los principios propios de la perorata neoliberal, el Estado se auto-inhibe de disponer de sus recursos naturales, recibiendo por su explotación una ínfima parte de las astronómicas ganancias de las grandes empresas del sector -la mayoría de ellas transnacionales-.
Un estudio titulado "Cálculo del indicador económico Government Take para el sector minero en Colombia", realizado para la Unidad de Planeación Minero Energética por la Universidad de los Andes, revela que el nivel de Government Take (GT) en el sector minero en Colombia es del 22 %, es decir que por cada 100 pesos producidos por esta industria en el país, el Estado solo recibe 22, y esto sumando todos los impuestos tanto directos como indirectos que deben pagar las empresas entre los que se encuentran además de las regalías; el impuesto a la renta, al patrimonio, industria y comercio, el IVA, el canon superficiario, entre otros. En Chile -el país latinoamericano que más beneficios tributarios le ofrece a las empresas según el ranking de libertad económica del Instituto Fraser-, el GT en el mismo sector es de 26 %.
Una de las preguntas que surge de esto, es si con lo que el Estado percibe de las empresas mineras, se alcanza a mitigar siquiera algo de los pasivos ambientales, sociales y económicos que deja una de las actividades industriales más destructivas y contaminantes, o si con esto se alcanzan a cubrir por ejemplo los gastos militares destinados a proteger los grandes proyectos mineros que se han asentado en el país en los últimos años -los 80 mil soldados destinados a cubrir la infraestructura petrolera del país nos pueden dar pistas sobre cuánto podría ser el gasto en aquel campo-.
Los estudios del economista Guillermo Rudas, revelan que el monto de las exenciones tributarias hechas a las grandes empresas mineras en el país, supera la cifra que estas pagan por regalías. Para 2009 por ejemplo las regalías ascendieron a 6.5 billones de pesos y las exenciones por lo menos a 3.5, para el 2010 el pago de regalías por parte de las empresas fue de 6.4 billones y las exenciones a estas fueron por lo menos de 9.7. Es decir que no solamente el nivel de regalías que pagan las empresas es bajo (4 % para el oro por ejemplo), sino que además lo que pagan por este concepto se les devuelve con creces vía exenciones.
Es importante resaltar que un porcentaje importante de estas exenciones habrían sido conseguidas por las empresas haciéndole trampas a la legislación del país con jugadas que van desde pasar como Responsabilidad Social Empresarial inversiones que en realidad necesitan para sus proyectos, hasta el fraccionamiento de los títulos mineros para pagar menos canon superficiario (aprovechándose del artículo 230 de la ley 685 Código de minas). Esto poniendo en cuestión a quienes para sustentar que sólo inversores privados puedan explotar los recursos, afirman que el Estado es poco eficiente debido a la corrupción propia del sector público.
No es gratis entonces que para el año 2010 y según el Ministerio de Hacienda, las compañías mineras y petroleras hubieran sido favorecidas con el 38% de los beneficios tributarios ofrecidos a las empresas en el país, específicamente de la deducción por compra de activos fijos reales productivos.
Con todo lo anterior se puede afirmar entonces que a los conocidos efectos sociales, culturales y ambientales negativos que genera la minería a gran escala y al evidente saqueo llevado a cabo por las grandes empresas mineras, se debe sumar el hecho tal vez más indignante de estarlo subsidiando.
Abril de 2012.

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/14124-miner%C3%ADa-en-colombia-el-saqueo-subsidiado.html

Un fraude llamado “locomotora minera”

Por Freddy Cante*


El Estado se está convirtiendo en cómplice de los nuevos conquistadores ante un país que ve crecer rápidamente sus exportaciones, pero no percibe avances en la distribución de esos enormes ingresos: las regalías sólo han sido un factor de distracción.


Nada más que el combustible

Foto: EAFIT.

“Los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10.  

De lo que estamos muy contentos”.

Juan Carlos Echeverry, Ministro de Hacienda

 “Con criterios objetivos se asignarán títulos mineros a quienes realmente tengan la idoneidad y la capacidad técnica y económica para explotar los recursos, bajo estándares de responsabilidad social y ambiental”.

Mauricio Cárdenas, Ministro de Minas y Energía

“Hacer minería con responsabilidad ambiental es posible y no se debe caer en el falso dilema de minería o medio ambiente…”

Claudia Jiménez, Directora Ejecutiva, Minería a Gran Escala

Gracias a los buenos oficios de funcionarios como los citados, estamos pasando rápidamente de la extracción gota a gota — la minería artesanal, ínfimamente productiva— a la avalancha de minerales hacia los mercados internacionales: la extracción en el menor tiempo posible de nuestro potencial energético agotable.


La metáfora de la locomotora aplica al sector transformador o secundario y se asocia con la revolución industrial. Las locomotoras se mueven por conversión de energía térmica en movimiento mecánico. Esto no sería posible sin el combustible que se deriva de recursos naturales como la madera, el agua o los minerales.


Como cinco siglos atrás, gran parte de nuestra economía está hoy anclada en actividades extractivas. La misma lógica aplica a otras fuentes energéticas, como el uso del agua para producir electricidad y el uso de vegetales para alimentar motores.


El país se está convirtiendo en una enorme despensa o cantera para proveer minerales que —transformados por otros más vivos en combustibles— serán usados para mover las verdaderas locomotoras del mundo industrializado.


Recursos que se agotan


El proceso económico no es circular: más bien implica el desgaste creciente de los recursos naturales. Estamos abocados a una transformación continuada e irrevocable de baja en alta entropía. Para Roegen [Roegen, N. G. 1996. La ley de la entropía y el proceso económico. Madrid: Fundación Argentaria], por ejemplo, existen límites al desarrollo económico que deben guiar las decisiones sobre la intensidad de la explotación de recursos minerales agotables. Antes de tomar tales decisiones se necesita discutir seriamente acerca de problemas como los siguientes:

• Aunque “… la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma... En el universo hay una degradación cualitativa continua e irrevocable de energía libre en energía independiente (o desordenada y caótica). Esta degradación abarca todo lo existente, incluso aquello que no ha sido alterado por el trabajo humano”.
• Existe un límite cierto e inexorable de las reservas de recursos de baja entropía. La energía libre no puede utilizarse más de una vez. Entonces, la dotación de energía de la humanidad se extinguirá inexorablemente – y aun suponiendo una población constante (sin la abrumadora explosión demográfica) y un flujo constante per cápita de recursos mineros extraídos.
• El progreso tecnológico —la continua revolución industrial— ha significado un largo proceso de intensificación en el uso de la energía del Planeta: desde la fuente de baja entropía más abundante —la radiación solar que hace posible la agricultura — a la menos abundante —recursos minerales que más tarde se queman en la industria—.
• Sin los flujos de la agricultura y la minería no habría producción industrial (y viceversa). No obstante el ritmo al que llegan los recursos agrícolas y minerales a la industria limita la producción humana.
• La industrialización y la minería causan perjuicios ambientales inevitables:

1. la contaminación: el proceso económico transforma la baja entropía en desechos, muchos de ellos nocivos, y causa el sobrecalentamiento global mediante la combustión de maderas y de petróleo;
2. el despliegue de energías destructivas como la energía nuclear, ya sea para fines bélicos o para generar energía supuestamente limpia;
3. la extracción de recursos minerales y los usos del agua para hidroeléctricas alteran la naturaleza, como la extirpación de un órgano afecta el desempeño de un organismo vivo.

Un fraude doble


Los fundadores de la teoría económica —Smith, Ricardo, Malthus y Marx— establecieron la existencia de tres fuentes de ingresos, correspondientes a tres clases sociales distintas: el trabajo, el capital y la renta. La economía y las empresas requieren trabajadores, maquinarias y recursos naturales.

El país se está convirtiendo en una enorme despensa o cantera 

para proveer minerales que serán usados para mover las verdaderas 

locomotoras del mundo industrializado. Foto: Ministerio de Minas.

El trabajo —ya sea simple o complejo, burdo o calificado— permite transformar el mundo: trasladar los materiales de unos espacios a otros o alterar su forma y composición para producir artículos terminados. También las transformaciones sociales, la política y la organización humana exigen trabajo. El trabajo intelectual, núcleo de una economía terciaria o del conocimiento, se traduce en servicios y en creaciones, en respuestas a interrogantes y solución de problemas que nos ayudan en la transformación del mundo.


El capital equivale a trabajo acumulado en un lapso de tiempo: i. si es capital físico consiste en un acervo de instrumentos (máquinas y herramientas) que surgieron de un trabajo pretérito;


ii. si es capital humano consiste en un conjunto de saber-hacer tecnológico, de habilidades y de conocimientos, y de imaginación que se pueden entender como un trabajo complejo.


El pago por recursos naturales -la “renta de la tierra”- por el contrario, no es producto del trabajo y por eso equivale a un doble robo social:


i. es un subproducto derivado de la propiedad del suelo, originalmente producido por la naturaleza, y pagado al terrateniente por permitir el acceso y el uso de los poderes o servicios o energías productivos del suelo;


ii. esta renta aumenta de manera sostenida, debido a la escasez de tierras de “alta calidad” para usos productivos (calidad que depende sobre todo de la localización y la fertilidad o potencial productivo). Así pues, los rentistas no trabajan; son parásitos que prosperan a medida que aumenta la población y crece la demanda por productos que utilizan recursos naturales.


Prosperidad no democrática

El progreso tecnológico  ha significado un largo proceso 

de intensificación en el uso de la energía del Planeta. 

Foto: Foro de Fotos.

En el contexto colombiano y en el caso de la renta de las minas, el Estado opera como un terrateniente sui generis. Por una parte y en teoría protege o administra la riqueza del subsuelo —que es propiedad de todos—. Por otra parte y en realidad la minería es una fábrica de rentas para explotadores —foráneos en su mayoría— con el respaldo del Estado, a cambio de un humillante goteo de regalías, que ni siquiera se atreve a cobrar en su totalidad(y así lo muestra, por ejemplo, Guillermo Rudas en Razón Pública):

• El título para explotar una mina se recibe de manera gratuita o tiene muy bajo costo, pero su dueño disfruta de una renta jugosa, que aumenta cuando suben los precios del mineral o a medida que éste se va volviendo más escaso.
• Los ingresos astronómicos (rentas exclusivas) de una firma que tiene derechos para explotar una mina, se derivan del “saber hacer”, de la tecnología que le permite explorar y extraer los recursos minerales. Las grandes compañías mineras manejan recursos “posicionales” (es decir, generadores de rentas) en términos de secretos industriales, de tecnología sofisticada y de capital humano.
• El dueño de aquel título puede usar y abusar de su derecho. Como hoy por hoy la minería genera más valor agregado que las demás “improductivas” faenas económicas, el minero puede vulnerar los derechos de otra gente y causar daños sobre bienes públicos como la preservación ambiental, la apacibilidad, el desarrollo agrícola, la preservación cultural y el simple deleite con el paisaje natural.
• No hay que olvidar que la queja y la protesta son derechos costosos, al igual que la acción colectiva de las víctimas.
• Existe tal asimetría de información que la compañía poseedora de una concesión sabe qué recursos contiene la mina y a qué ritmo los extrae… cosa que ignoran el Estado y el ciudadano de la calle.
• El recurso mineral está sujeto a rendimientos decrecientes y a un agotamiento inevitable. Los minerales no son expandibles ni reproducibles, mientras el suelo urbano se puede multiplicar debido a la densificación, la tierra agrícola se puede transformar para hacerla más fértil debido a los abonos, y la mano de obra se puede reproducir gracias a los salarios.
• Los recursos minerales líquidos, sólidos o gaseosos emanan de la tierra a manera de una donación. Quien los posee, los toma y los vende al mejor postor y se queda con la parte sustancial de la renta.
• Los pocos ingresos derivados del trabajo que implica la actividad extractiva se reparten entre unas pocas decenas de trabajadores muy calificados y bien remunerados (técnicos nacionales o extranjeros) y varios miles de obreros rasos (que extraen, limpian, empacan y transportan dichos materiales) a cambio de bajos salarios y poca seguridad.

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, investigador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la misma universidad.


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Publicado por Proyecto Cerro para Proyecto Cerro el 4/10/2012 10:00:00 AM