PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

sábado, 18 de junio de 2011

COLOMBIA: La nueva lavandería


Guerrilla, grupos emergentes y mafia están teniendo una fuerte injerencia en las exportaciones de oro, que ya superaron las de café. Un boom que se está prestando para el lavado de activos.

Las exportaciones de oro aportaron divisas a Colombia por US$2.095 millones el año pasado y superaron en más de US$200 millones a las de café. El oro es hoy el tercer producto de exportación del país, después del petróleo y el carbón. Sin embargo, y a pesar de la extraordinaria importancia para la economía, sus ventas al exterior son una gigantesca "caja negra" donde se mezclan lavado de dólares, corrupción, la acción de las organizaciones armadas ilegales y el oportunismo de algunas autoridades locales que se prestan para ofrecer un manto de legalidad a una gigantesca operación de blanqueo de recursos ilícitos.

Apenas 14% de las 53 toneladas que produjo Colombia en el año 2010 -98% de las cuales fueron exportadas- las extrajeron empresas legalmente constituidas. El 86% restante sale de las operaciones de mineros artesanales, explotadores informales y organizaciones al margen de la ley.

Las exportaciones de oro crecieron 135% de 2008 a 2010, ritmos que superan ampliamente el 68% de aumento en el precio internacional acumulado en estos años. Municipios que nunca habían tenido producción aurífera aparecen ahora como grandes productores en los registros. Las autoridades están tratando de entender qué hay detrás de este desordenado crecimiento. Lo que encuentran es la evidencia de un gran fraude extendido en numerosos municipios de Colombia.

Bonanza artificial 
Las cifras de producción de oro en Colombia no son confiables. Poblaciones que nunca han tenido vocación aurífera y no registran yacimientos en su suelo reciben millonarias regalías, aunque no puedan explicar el origen del oro que sus productores venden a las grandes fundiciones o al propio Banco de la República, según una investigación de la Contraloría General.

El municipio antioqueño de Maceo, que hoy está en la mira de los investigadores, recibió regalías en 2008 por $10.141 millones y se dio el lujo de destinar 51% de ellas al pago de un incentivo de fomento minero que distribuyó recursos por casi $1.497 millones entre nueve personas, quienes ni siquiera figuraban en un censo departamental de productores realizado entonces. La Dirección de Titulación Minera de la Gobernación de Antioquia certificó que entre los años 2008 y 2010 no existían en esa población minas de oro y solo operaban cuatro licencias para explotar roca piedra caliza en bruto, material de afirmado, calcáreos y arenas y gravas naturales.

Auditores de la Contraloría pidieron al alcalde, Fabio Agustín Sierra Muñetón, que les mostrara dónde se encontraban las minas, pero este no supo dar respuesta. Los nueve beneficiarios del incentivo, entre los que figuraban Dina Patricia Echeverri Acevedo, Aura Esmeralda Zuluaga y Rubén Darío Berrío, se fueron sin dejar rastro. En archivos oficiales quedaron documentos según los cuales ellos vendieron en seis meses cerca de un millón de gramos de oro a las fundiciones Escobar, Inversiones Giraldo y Duque Ltda; C.I. Metales y Derivados S.A.; C.I. IGSA y al Banco de la República.

El caso de Maceo es solo un ejemplo. De acuerdo con el Sistema de Información Minero Colombiano (Simco), en otras poblaciones de Antioquia, Chocó, Bolívar y Cauca la producción de oro ha venido escalando durante los dos últimos años, después de haber tenido históricamente un nivel de cero. Angostura, Antioquia, reportó durante el primer trimestre de 2011 una producción de 255.911 gramos, mientras que en el periodo septiembre-diciembre había reportado un poco más de 42.000. Alto Baudó, en el Chocó, que hasta diciembre de 2009 no había encontrado un solo gramo en su suelo, afirma haber producido durante los tres primeros meses del año más de 1,2 millones de gramos. Saltos similares se dieron en Arenal y San Pablo, Bolívar; Inzá, Cauca, y en otras regiones donde nunca se había tenido noticia oficial sobre hallazgos de yacimientos importantes.

La tendencia ha llamado la atención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en Washington. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá preparó en septiembre del año pasado un informe para Adam Szubin, director de esa oficina, en el cual asegura que hay un circuito de municipios -la mayoría afectados por el conflicto armado- que prestan su estructura administrativa para lavar recursos de grupos armados irregulares y mafiosos.

Lavado en gran escala 
El siguiente eslabón en la cadena lo conforman las casas fundidoras de oro que se encargan de comercializar internacionalmente la producción, generando certificados de exportación. Estos certificados permiten ingresar al país grandes cantidades de dólares dentro de un marco de legalidad.

"Las autoridades colombianas -dijo a Dinero uno de los autores del informe de la Embajada de Estados Unidos- ya están informadas sobre los nombres de brokers que, con recursos ilícitos de grupos ilegales, compraron oro en Panamá y Venezuela, lo ingresaron subrepticiamente a Colombia, lo 'agregaron' a la producción de algunas poblaciones y luego lo exportaron a través de canales tradicionales". De esa manera, utilizan el reintegro de divisas de exportación como un mecanismo que permite justificar sus ingresos ilegales. Para rematar, las regalías que reciben las entidades territoriales por la producción se convierten en fuente adicional de repartijas con alcaldes y otros funcionarios que acolitan esos manejos.

De hecho, durante los años 2008 y 2009, las regalías de oro casi se duplicaron, al pasar de $56.500 millones a casi $110.000 millones. "Un crecimiento que no parece corresponder al crecimiento en el precio, que fue tan solo de 25%", dice un documento del Sector de Minería a Gran Escala (SMGE), gremio que agrupa a compañías tan importantes como Anglogold Ashanti, Medoro y Mineros S.A.

La información de la Ofac coincide con la versión que dio en agosto de 2010 Salvatore Mancuso, el extraditado ex jefe de las autodefensas, ante la Corte Federal de Washington. Mancuso dijo que el oro que los enlaces de los paramilitares compraban en el exterior era fundido y distribuido en pequeñas cantidades entre numerosas personas que lo vendían al Emisor y a fundiciones que expedían certificados de exportación. Mancuso habló en esa ocasión de un "ejército de alcaldes" al servicio de esas operaciones.

Oficiales del Ejército que trabajan en desarrollo de estrategias para romper las redes de financiamiento de la guerrilla sostienen que no todo el oro viene del exterior, sino que hay un transporte del mineral desde zonas verdaderamente productoras y sometidas a controles más estrictos, hacia otras donde hay menos vigilancia.

Una de las brigadas móviles de esa fuerza militar que opera en el sur del país le ha seguido el rastro al oro que se produce en Barbacoas, Nariño, y que es, según expertos, el de mejor calidad del país. Buena parte de la producción es vendida al menudeo en las riberas de los ríos Telembí y Guambi, a través de tiendas y cooperativas de producciones artesanales. Los servicios de inteligencia creen que los compradores son emisarios de las Farc y envían el oro a centros de acopio controlados por 'Mauricio', un jefe guerrillero que aparece mencionado en correos extraídos del computador del extinto 'Mono Jojoy' como administrador de las minas de la guerrilla.

La existencia de estas prácticas ha sido reconocida por el propio presidente Juan Manuel Santos, quien, en un discurso en enero pasado, mencionó cómo en los correos interceptados a la cúpula de la guerrilla se menciona con frecuencia el pago de material de guerra y armamento con oro y se deja ver que el manejo del oro en físico es hoy uno de los temas centrales en la logística de las Farc. Medios internacionales como The New York Times y The Economist han alertado sobre el papel que cumple el tráfico de oro en las finanzas y las operaciones de blanqueo de dineros de la guerrilla colombiana.

La administración de esta operación es compleja, pero su estructura es sencilla. El oro se "atomiza", se vende en pequeñas cantidades a través de numerosas personas que llevan producto a las empresas fundidoras y comercializadoras. Las ofertas individuales nunca son llamativas en cuanto a la cantidad y no despiertan sospechas.

Según el Ejército, la Fiscalía tiene en su poder nombres de intermediarios -por ahora mantenidos en reserva- que facilitan la venta al exterior. Sin embargo, la información está fragmentada en expedientes que tienen que ver con actividades terroristas, corrupción en la distribución de regalías o con otros delitos contra el patrimonio público. Dinero estableció que en la Unidad de Lavado de Activos no existe ningún proceso relacionado exclusivamente con el blanqueo de capitales a través del comercio de oro.

Joaquín Bernal, subgerente de sistemas de pago del Banco de la República, confirma que el control sobre la comercialización del oro se convirtió en una tarea más dispendiosa para el Estado desde que se instauró el régimen de libertad cambiaria. En 1986, el Banco compraba el total de la producción nacional, que era entonces de 1,2 millones de onzas. En 1991 compraba 1,1 millones de onzas pero, con la libertad cambiaria, las condiciones se transformaron y en 1995 adquirió 195.000 onzas. Hoy compra en promedio, apenas 42.000 onzas al año. El grueso de la producción es negociado por fundiciones, cuyo control se basa en el principio de la buena fe.

Bernal recuerda que el Banco es autoridad de regulación del régimen cambiario y tiene algunas responsabilidades en materia de registro, como por ejemplo de inversión extranjera y de procesamiento de informaciòn estadística de declaraciones de cambio. Sin embargo, la responsabilidad de la supervisión, control y vigilancia del buen cumplimiento del régimen cambiario en materia de exportaciones le corresponde a otras autoridades.

Más rentable que la coca 
Las exportaciones no son la única mampara para el lavado. El ex congresista Gustavo Petro asegura que en sus investigaciones sobre nexos de actores armados irregulares con políticos y funcionarios públicos encontró que entidades territoriales productoras y comercializadoras privadas han ayudado a las finanzas de los delincuentes con reportes de producción y exportaciones falsas.

Eso ocurrió, por ejemplo, con empresas operadas por testaferros de Jairo Rendón (hermano del jefe paramilitar John Fredy Rendón 'El Alemán') y de Juan Guillermo Gallón, acusado de narcotráfico, quienes incluso contaban con licencias de explotación expedidas por Ingeominas.

De acuerdo con estudios de la Cámara Colombiana de la Minería, presidida por César Díaz, el oro de origen dudoso es muchas veces chatarrizado o transformado en anillos y alhajas con apariencia de usadas. Así, al venderlo a las fundidoras, sus dueños dejan de pagar regalías, con lo cual se elude el que sería otro retén de control.

En un estudio reciente contratado por Anglogold Ashanti, la Universidad Eafit de Medellín exploró lo que ocurre con la producción y comercialización del oro en zonas de Zaragoza, Remedios y Segovia y concluyó, entre otras cosas inquietantes, que el comercio del oro ilegal es más rentable que la coca.

Dinero buscó también a representantes de las comercializadoras mejor acreditadas para consultarlas sobre el tema. Una de ellas es CI J. Gutiérrez & Cía. S.A., de Medellín, una de las empresas más grandes del país por ventas, que factura cerca de $1 billón anualmente. Andrés Vieira, su representante legal, afirmó que se trata de un tema complejo y de gran magnitud, pero que su explicación ameritaría mucho más que una entrevista de prensa.

Los favores de la ley 
La influencia de actores armados y grupos mafiosos en la explotación es favorecida por la propia legislación. Según datos consignados en un documento Conpes que será expedido próximamente, la ley 1382 de 2010 favorece el lavado de la minería ilegal a través de la figura de la "minería tradicional". No existe una definición concreta de quién es realmente un minero tradicional y, de hecho o, además, cualquier explotador que cumpla con el requisito de practicar la minería durante diez años puede solicitar títulos en áreas ya concesionadas.

Dada esta falta de claridad de la ley, a las organizaciones delictivas se les facilita tomar en arrendamiento predios y títulos y pagar por el usufructo de las concesiones otorgadas a mineros de hecho, haciendo muy difícil verificar quién lleva a cabo realmente la operación de extracción y comercialización del oro.

Según fuentes de la Dirección de Policía Judicial (Dijin), hay no menos de 60 casos en verificación en Antioquia, Córdoba, Cauca y Nariño especialmente, donde las Farc, reductos paramilitares y bandas de narcotraficantes como 'Los Rastrojos' se han hecho al control de la extracción.

En esas condiciones, el tráfico de títulos, especialmente en 2008 y 2009, se volvió incontrolable para Ingeominas, según funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. En esos años se registraron más de 15.700 transacciones con títulos.

Las principales empresas mineras formales han denunciado que son víctimas de extorsiones y chantajes. Los grupos ilegales les advierten que, si no pagan 'vacunas', ellos solicitarán título minero a la autoridad competente dentro de la misma área. Así lo denuncian informes del SMGE y de César Díaz Guerrero, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería.

El desorden se refleja en los movimientos de las importaciones de insumos. Como ocurría en la época en la que el éter, la acetona y otros insumos para la producción de cocaína eran de libre comercio, la importación de mercurio -la sustancia insignia de la minería ilegal- crece en una relación directamente proporcional al aumento del precio internacional. En 2009, la importación de mercurio creció 93,61% frente al año inmediatamente anterior, mientras el precio de la onza se incrementaba en 145,39%. Ese año fueron producidos 37.386 kilos de oro y se importaron 130.393 kilos de mercurio.

Este comportamiento de las importaciones también guarda relación con la proliferación de minas operadas clandestinamente. De acuerdo con informes todavía parciales de 19 Corporaciones Autónomas Regionales, existen 525 registros sobre minería ilegal en 193 municipios. El departamento con mayor número de registros de actividad minera ilegal es Córdoba (144 registros en 23 municipios), seguido por Huila, Antioquia, Nariño y Meta.

Para Ramiro Santa, vicepresidente para Colombia de Anglogold Ashanti, la realidad del mercado se resume en la siguiente ecuación: "producto legal + insumo legal + cero costo de transacción = mayores réditos para los informales".

En medio de este panorama, no se ve una salida fácil que permita organizar y dar claridad a producción y exportación de oro en el país. El Estado tendrá que adecuar la legislación y ajustar controles a la minería informal. Las exportaciones de oro están hoy muy cerca del corazón de las operaciones financieras y logísticas de los grupos armados ilegales. El gobierno Santos tendrá que abordar el problema de frente, pues le hace un daño extraordinario a la seguridad en amplias regiones de Colombia y, por supuesto, a la imagen del país.
Joaquín Bernal, subgerente de sistemas de pago del Banco de la República, considera que los controles se han hecho más complejos después de la instauración del régimen de libertad cambiaria.
Joaquín Bernal, subgerente de sistemas de pago del Banco de la República, considera que los controles se han hecho más complejos después de la instauración del régimen de libertad cambiaria.
María Claudia Jiménez, directora del Sector de Minería a Gran Escala denuncia que alrededor de la minería ilegal se incuban varias formas de corrupción.
María Claudia Jiménez, directora del Sector de Minería a Gran Escala denuncia que alrededor de la minería ilegal se incuban varias formas de corrupción.
Ramiro Santa, vicepresidente de Anglogold Ashanti, dice que para los informales la ecuación es perfecta: producto legal+ más insumos legales+ cero costo de transacción= mayores réditos para los informales.
Ramiro Santa, vicepresidente de Anglogold Ashanti, dice que para los informales la ecuación es perfecta: producto legal+ más insumos legales+ cero costo de transacción= mayores réditos para los informales.
Salvatore Mancuso le dijo a la justicia en Estados Unidos que un ‘circuito’ de alcaldes amparaban las operaciones de lavado de las autodefensas.
Salvatore Mancuso le dijo a la justicia en Estados Unidos que un ‘circuito’ de alcaldes amparaban las operaciones de lavado de las autodefensas.
Ante la efectividad creciente en las opreaciones contra la coca, la guerrilla se ha desplazado hacia el negocio del oro, que le resulta más rentable y menos riesgoso.
Ante la efectividad creciente en las opreaciones contra la coca, la guerrilla se ha desplazado hacia el negocio del oro, que le resulta más rentable y menos riesgoso.

domingo, 12 de junio de 2011

MINERIA Y CORRUPCION

Así opera el tráfico de permisos mineros en Ingeominas

Ex gerente y funcionarios deberán explicar maniobras extrañas. EL TIEMPO revela lista de implicados.

"Aquí todo tiene precio. ¿Quiere que le agilicen un registro minero, que se lo demoren, que le den derechos de explotación en una zona prohibida...? Pague. Esto es a la carta: todo se puede".
Ese fue el diagnóstico que recibió el Gobierno tras una investigación de seis meses en el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), donde se descubrió que hay tarifas para todo tipo de trámites y hasta una cuenta bancaria en Valledupar para que particulares consignen sobornos (Lea la historia de una pareja que negocia con licencias de explotación minera).
Aunque en la rueda de prensa de esta semana el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, no dio nombres ni detalles de lo que calificó de una "piñata con los títulos mineros del país", EL TIEMPO obtuvo el listado de funcionarios y ex funcionarios implicados en la indagación, que incluye al ex director de la entidad Mario Ballesteros, a quien el gobierno Santos le pidió la renuncia en octubre pasado.
Es más, se estableció que hay hasta cámaras espía en los computadores claves de la institución, que dan acceso a información privilegiada sobre las decisiones que se toman en un sector considerado como una de las grandes locomotoras de la economía. Solo entre enero y marzo, el sector minero exportó 2.019 millones de dólares, el 16 por ciento de todas las ventas al exterior.
Este diario también identificó a los llamados 'zares' de los títulos mineros: los esposos Héctor Alfonso Acevedo Gordillo y Yolanda Castro Jiménez, quienes tienen 12 registros aprobados y tramitan 500 más.
'Se les advirtió'
Pero el gran boquete está en el otorgamiento de registros o permisos de explotación minera -a personas naturales, empresas locales y multinacionales- que violan la ley o son fruto de trámites sospechosos.
Por ejemplo, el ex director Ballesteros deberá explicar por qué durante su administración se le entregaron a Andrés Rendle, en octubre del 2009, los derechos sobre 2.010 hectáreas en Yaigoje-Apaporis (Vaupés), dos días después de que el lugar fue declarado oficialmente Parque Nacional.
"El otorgamiento de ese título viola la Constitución y los códigos de Minas y de Recursos Naturales (...) El título es nulo y no genera derechos o efectos jurídicos", le advirtió el Ministerio de Ambiente a Ballesteros hace un año. Pero el título minero sigue vigente.
Andrés Rendle, el beneficiario de esta polémica decisión, es vicepresidente de operación para Colombia de la multinacional Cosigo.
Se trata de la misma compañía que, en asocio con Frontier, logró en el 2007 que Ingeominas les entregara 9.937 hectáreas en esa misma zona, considerada sagrada para siete tribus indígenas.
A nombre de Rendle, EL TIEMPO también encontró derechos sobre más de 12.000 hectáreas en sectores auríferos de Puerto Boyacá (Boyacá), Cerrito, Palmira, Ginebra y Buga (Valle).
Por este caso, además de Ballesteros, tendrán que explicar sus actuaciones Antonio Cabrales, quien firmó el contrato de concesión en Vaupés, y César Tulio Franco, entonces jefe del Grupo de Catastro y Registro Minero. Franco, hoy funcionario de la oficina de control interno del Ingeominas, le dijo a este diario que todo se trató de un error de uno de sus subalternos.
Y mientras este se subsana, Cosigo advierte que, aunque será respetuosa de la ley, tramitó el título antes de la declaratoria de parque nacional.
Ahora, intenta convencer a los indígenas de la conveniencia de la explotación de oro. Incluso, ya hay una tutela para que esa región deje de tener restricciones ambientales.
Otros 46 casos en la mira
Pero hay más de 20 funcionarios del Ingeominas indagados por conductas que van desde la entrega de 36 títulos mineros en parques naturales hasta la adjudicación de una decena de derechos de explotación minera en páramos, como el de Santurbán, Pisba, Tota y Chili.
Lo que llama la atención en el caso de los páramos es que todos los permisos fueron concedidos -durante la administración Ballesteros- días después de entrar en vigencia la Ley 1382 del 2010, que protege a estas zonas de la actividad minera. Algunos de los beneficiarios de estos permisos son Anglogold Ashanti, Oro Barracuda, Negocios Mineros y siete personas naturales.
En este expediente de irregularidades, EL TIEMPO encontró un nombre recurrente en varios escándalos: Alma Máter, fundación sin ánimo de lucro que ha contratado con el Invías, el ICBF, alcaldías y hasta con el Ministerio de Minas, y que estaba a cargo del caótico catastro minero.
Al respecto, voceros de Alma Máter manifestaron que tienen el "recibido a satisfacción" del ex director Ballesteros sobre los dos convenios que firmaron durante su administración.
No obstante, Mario Ballesteros no pudo ser ubicado para que explicara qué fue lo que pasó durante su administración.
Lo concreto es que la Fiscalía ya tiene en sus manos todo el expediente con la evidencia de las irregularidades, y en los próximos días empezará a citar a los implicados.
El objetivo es establecer quiénes son los responsables de esta "piñata", que incluye hasta casos insólitos, como la asignación de 23 derechos mineros en territorio venezolano, entregados por un funcionario de la Gobernación de Norte de Santander, que hace parte de las seis delegadas del Ingeominas que también otorgan registros mineros.
Otra vez aparece Red Alma Máter
El nombre de Red Alma Máter, vinculada a varias universidades el Eje Cafetero, se está volviendo familiar para investigadores de la FiscalíaProcuraduría y Contraloría. Hace dos meses, EL TIEMPO reveló que el Ministerio Público revisa convenios millonarios firmados por esta entidad con el Invías, el ICBF, institutos bajo la lupa de las autoridades. Ahora se sabe que fue contratada para reparar las inconsistencias del Catastro Minero del Ingeominas, al que se le han invertido más de 6.000 millones de pesos en los últimos años. Para ello, Alma Máter obtuvo dos contratos, tasados en 700 millones de pesos. La gran sorpresa es que éste sigue en etapa de prueba y que muchos registros aún se llevan en tablas de Excel. Alma Máter dice que los contratos fueron recibidos a satisfacción por el ex gerente del Ingeominas.
DenunciaComunidades mineras, bajo amenaza
Las reservas especiales -constituidas para comunidades con tradición minera- también han sido amenazadas debido a títulos entregados por el Ingeominas de manera sospechosa. Es el caso de La Uvita (Boyacá), donde el Gobierno declaró, en septiembre del 2007, una reserva para 22 mineros. Sin embargo, dos meses después se le entregó a un particular el derecho a explotar sobre ese mismo terreno porque, supuestamente, la información de la reserva no se 'subió' oportunamente al sistema de la entidad. Otro de los casos afecta a medio centenar de familias en Jericó, también en Boyacá. Los mineros habían radicado una solicitud de reserva desde el 2004. Para ellos, el proceso duró 5 años de estudio. Sin embargo, cuando el Gobierno accedió a considerar ese territorio como reserva y se expidió la resolución, la sorpresa fue que, un mes antes, el Ingeominas había entregado dicho terreno a un particular, en un proceso que solo duró un mes.

sábado, 4 de junio de 2011

“La UE no puede seguir callando ante las violaciones de derechos humanos en Colombia”.

NOTA DE PRENSA  Bruselas, 2 de junio de 2011.        


En los 300 días de gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, la crisis de derechos humanos no cesa.

  
·         Oidhaco solicita a la UE que exija verdaderos avances al gobierno de Santos porque las cifras de violaciones a los derechos humanos no sólo no han cesado durante su gobierno sino que en algunos casos se han incrementado

·         La organización le pide a Bogotá que reconozca públicamente la existencia de grupos paramilitares en 32 departamentos del país.  Actualmente los presentan como delincuentes comunes y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos parece que fuesen consecuencia de la violencia común

·         Insta a la UE que pida resultados a Colombia en justicia porque la impunidad en violaciones a los DDHH ronda el 97%

·         Los miembros de Oidhaco, Justicia por Colombia y La Taula Catalana, presentan en España un documento con las cifras sobre la realidad en DDHH de los 300 días de Santos, firmado por cerca de 100 organizaciones españolas y europeas [ver anexo]

Bruselas, 2 de junio de 2011.  Se cumplen 300 días del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Tras los ocho años de Álvaro Uribe, muy negativos para los avances sociales y nefastos para los derechos humanos, con la asunción al poder del nuevo presidente colombiano se ha creado una sensación general de mejora.
Sin embargo, tras las buenas formas del discurso público, en la realidad nada ha cambiado. Por tanto, Oidhaco -Oficina Internacional de Derechos humanos-Acción Colombia-, le solicita a la Unión Europea que exija resultados en derechos humanos a Bogotá. “La UE no puede seguir callando ante las violaciones en esta materia en Colombia”, argumenta Vincent Vallies, su portavoz en Bruselas.

No es posible que allí la impunidad ronde el 97% en las violaciones a los DDHH, denuncia Oidhaco: “No se puede hablar de cambio cuando, a pesar de los esfuerzos de la rama judicial para investigar y juzgar los crímenes, no encuentra el suficiente apoyo del Estado ni en recursos ni en protección a sus jueces”, advierte  Vallies. “Sólo a manera de ilustración, en Arauca, provincia al noreste del país, en octubre de 2010, un miembro del ejército violó a dos niñas, asesinó a una de ellas y a sus dos hermanos. Hasta ahora no se sabe de ninguna investigación rigurosa; a cambio, la juez que investigaba el caso fue asesinada también”. “La UE”, expone el portavoz, “debe exigir al Estado colombiano que luche públicamente y con recursos y apoyos contra la impunidad”.

Durante la administración Santos han sido asesinados 15 líderes que representan a sus comunidades en la restitución de tierras que les fueron arrebatadas a millones de campesinos, afrocolombianos e indígenas, a través de la violencia. Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por miembros de seguridad del Estado, 233 lídereshan sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, que en muchos casos corren riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse entre otras cosas a megaproyectos de explotación en sus territorios; sólo en 2010 fueron asesinados 122.

La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado sino que se ha incrementado. “Y ahora parece adquirir mayor crueldad contra las mujeres”, destacaVallies. “Nos preocupa cómo cada vez crecen las agresiones contra las mujeres sindicalistas. La tercera parte de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en último año fueron en contra de mujeres, según ha denunciado la CUT [Central Unitaria de Trabajadores]”.
Intermón-Oxfam, denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. “Santos y el Estado colombiano deben hablar públicamente de ello y crear mecanismos de protección, además de llevar a los responsables ante la justicia”, dice el portavoz de Oidhaco.

La organización, por último, pide al presidente Santos “una verdadera voluntad política para erradicar la impunidad, proteger a los defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianos, así como a los sindicalistas y todas las víctimas del conflicto armado, entre ellas a las mujeres que son unas de las grandes ignoradas tanto por el Estado como por el gobierno”.

 


--
Oidhaco
Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia
Rue de la Linière 11,B 1060
Bruselas- Bélgica
Tels: 0032 25361913
         0032 25361932

COLOMBIA: NO A LA MINA LA COLOSA

LUNES 30 DE MAYO DE 2011



El Tolima podría convertirse en una región líder en el país frente a la explotación minera. Sin embargo, economistas sostienen que no están dadas las garantías para que esta se ejecute a cielo abierto, teniendo en cuenta las consecuencias nefastas que traería para el medio ambiente.


En los últimos meses se ha abierto una discusión sobre la eventual explotación de la mina La Colosa, en Cajamarca, la cual estaría a cargo de AngloGold Ashanti. Unos la defienden apoyados en el esperado progreso económico, mientras que otros sostienen que las afectaciones al entorno serían irreversibles.
El expertoEL NUEVO DÍA dialogó con Juan Pablo Fernández, economista de la Universidad Libre, quien estuvo de paso por la ciudad tras una invitación que le extendieran las asociaciones estudiantiles, interesadas en conocer las implicaciones que tiene la ejecución de una explotación minera.

EL NUEVO DÍA: ¿La explotación de la mina La Colosa es conveniente?
Juan Pablo Fernández:
 "Este es un proyecto de gran escala que se puede convertir en la mina más grande del país, además se encuentra en un nido de aguas para el Tolima. 
"Hay que tener en cuenta que esta explotación se efectuaría a cielo abierto, es decir que tiene unas condiciones diferentes a la minería de socavón. Por ejemplo, allí van a hacer un roto muy profundo, para sacar 2.7 gramos de oro".
END: ¿el Tolima tendría beneficios económicos por la explotación de la mina?
JPF:
 "Dudo mucho de ello, porque ni siquiera con la reforma de las regalías que el Gobierno está tramitando actualmente se van a quedar en la región los recursos. 
"Además, esas compañías tienen un régimen fiscal que las colma de todo tipo de exenciones tributarías; por ejemplo, no pagan industria y comercio, predial, tienen exenciones en ivas, renta, entre otros".
END: ¿La Ley de minería debe ajustarse?
JPF:
 "La Ley en este momento es muy laxa. Y desde el punto de vista económico estos proyectos a cielo abierto no contribuyen en nada a las finanzas del país. Es que si uno compara los ingresos versus los efectos negativos desde el punto de vista ambiental, esas explotaciones mineras no sirven.
"Pero retomando el tema de la legislación minera, estas favorecen a las empresas extranjeras. En este sentido hay que dar un giro y se deben dar unas condiciones distintas, en las que el Estado sea más participativo. Por ejemplo, se debería crear una empresa estatal minera, como es el caso de Chile".
END: ¿Cajamarca es una zona agrícola. Con llegada de la minería dicha actividad puede tender a desaparecer?
JPF:
 "Tengo entendido que en Cajamarca el salario rural está creciendo y eso afecta la competitividad de los productores. Es decir que incluso sin que hayan daños ambientales, la producción agropecuaria tiende a desaparecer".
END: ¿Quién debe asumir la responsabilidad social?
JPF:
 "Mi posición es que debe asumirla el Estado, a través de cobrarle altísimos impuestos a las empresas mineras. 
"Las compañías mineras hablan de la responsabilidad social - empresarial, pero gran parte de esos gastos los pagamos los colombianos, porque esas inversiones constituyen la exención de impuestos a la renta. Es decir, es un subsidio que el Estado le transfiere a la empresa".
END: ¿El Gobierno asegura que el país está en un ‘boom’ por las explotaciones en minería?
JPF:
 "Algunos funcionarios están echando carreta. Lo que dicen los estudios es que Colombia participa muy poco en la generación de la renta minera y la economía dice que yo puedo tener un ‘boom’ si participo de él. En conclusión, el 85 por ciento de la renta que genera la minería se queda en la empresa privada y no se trasforma en beneficios para la sociedad. Por eso digo que en este momento no hay ni abonanza minera ni petrolera", concluyó Fernández.

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 1

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 2

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 3

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 4