GreyStar, Medoro y AngloGold, en vilo por tema ambiental

Bogotá.  La decisión de la canadiense de retirar la solicitud de la licencia ambiental para el Proyecto Angostura, estimula a quienes están viendo con lupa lo que pasa con los grandes proyectos como Medoro y AngloGold, para que se haga minería responsable.

La presión también es mayor para otras mineras que están explorando en Santander como Ventana, Galway Resources, Norvista.

GreyStar aclaró que seguirá estudiando alternativas para el proyecto y que trabajará conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como el Ministerio de Minas y Energía en la resolución de las cuestiones pendientes. "El retiro de la licencia podría ser mal interpretada en el sentido de que Greystar se retira totalmente del proyecto, pero la intención es simplemente evitar que ésta se emita para permitir una futura presentación de otro proyecto en términos más adecuados", precisó la compañía en una comunicación escrita. 

Steve Kesler, presidente y CEO de la canadiense dijo que "entendemos que la preocupación del gobierno y de las comunidades acerca del proyecto a cielo abierto y la necesidad de proteger el páramo y por eso hemos organizado una reunión para la próxima semana con el Ministro de Minas y Energía y la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El objetivo es discutir cómo el proyecto a cielo abierto puede ser modificado para responder a las preocupaciones y presentar nuestra propuesta para continuar adelante". 

Kesler dijo que es obvio que habrá un retraso en la producción prevista primero en comparación con el proyecto a tajo abierto propuesto, pero que van a trabajar con rapidez para avanzar en la siguiente fase de estudio y de perforación para ampliar y mejorar la categorización de los recursos subterráneos de alto grado. "Nuestro recién nombrado director de Operaciones, David Heugh, tiene una amplia experiencia de la minería de oro subterránea ya que cuenta con una amplia trayectoria e n Anglo American", aclaró.

Ante los nuevos acontecimientos, las directivas de la compañía canadiense Medoro Resources, anunciaron que no desistirán de su proyecto de exploración aurífera en Marmato (Caldas). El gerente Corporativo de Medoro, Juan Carlos Santos, aseguró que "nuestra operación está entre 1.500 metros y 1.700 metros de altura.

Estamos a la mitad de camino de tocar áreas prohibidas". Agregó que en este proyecto no hay restricciones de carácter ambiental. 

Cabe destacar que en este momento, Medoro está haciendo los estudios de impacto ambiental y aún no se ha tramitado la licencia ante el Ministerio de Ambiente. Según el vocero de la firma, el proyecto no tiene dificultades insalvables en materia ambiental y que por está razón están tranquilos.

Expertos consideran que otro proyecto que se debe reconsiderar es el de AngloGold Ashanti Colombia, el tercer productor mundial de oro, que actualmente tiene licencia para explorar en la mina La Colosa, ya que hay preocupación porque afecte los recursos hídricos cercanos a Cajamarca e Ibagué en Tolima. El tire y afloje en La Colosa, considerada una de las minas más grandes de oro con más de 12 millones de onzas, ha sido de marca mayor ya que en 2008 la exploración fue suspendida por orden de Cortolima debido a que utilizaba los recursos hídricos de la región. 

Actualmente, las actividades exploratorias que realiza la firma se realizan con agua comprada de otros sectores del país mientras se espera la autorización hídrica de la entidad.

El proyecto de Angostura se reformaría
La industria minera espera que el proyecto de GreyStar sea reformulado y que se ajuste a la normatividad vigente para que se continúe realizando fuera de la zona de páramo. Así lo señaló el director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Minería, César Díaz Guerrero, quien explicó que "este es un proyecto que se debe salvar porque va a generar grandes beneficios económicos al país. Hay que replantearlo para que tenga en cuenta las condiciones actuales de los ecosistemas donde se va a desarrollar. En cuanto a los demás proyectos, Díaz considera que se deben analizar de manera individual ya que la minería no se puede ver desde el punto de vista de extremista.

Las opiniones
Carlos Rodado Noriega
Ministro de Minas y Energía
"De acuerdo con las leyes colombianas no se pueden desarrollar proyectos de explotación minera en las zonas de páramo, disposición que haremos respetar".

Cesar Díaz Guerrero
Director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería
"La industria minera espera que el proyecto de GreyStar sea reformulado y que se ajuste a la normatividad vigente para que se continúe realizando fuera de la zona de páramo". 

Jorge Robledo
Senador de la República
"Con la amplia resistencia civil que realizaron los santandereanos, la transnacional sabía que el Gobierno no se atrevería a concederle una licencia que además era ilegal". 

Elvia Hercilia Páez
Directora de la Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga
"En muchas ocasiones se le advirtió a GreyStar que el proyecto debía ser reformulado ya que no cumplía con las normas ambientales vigentes".
http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-03-19/greystar-medoro-y-anglogold-en-vilo-por-tema-ambiental_124549.php

País en concesión

Susan Abad desde Bogotá

En su discurso de toma de posesión el 7 de agosto pasado, el presidente Juan Manuel Santos fue enfático al asegurar que en su gobierno serían cinco las locomotoras que halarían a Colombia hacia el progreso: vivienda, infraestructura, minería, agricultura e innovación. En opinión de expertos ambientalistas, en el caso de la minería, el correr hacia el progreso está dejando debajo de los rieles la sostenibilidad ambiental y cultural del país. Colombia conserva las mayores reservas carboníferas de América Latina, además de poseer oro, plata, platino, esmeraldas, níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y titanio. “Esta riqueza, unida a las favorables leyes que rigen esta actividad, determina que en la actualidad el 40% del territorio colombiano está solicitado en concesión para hacer minería”, asegura a Noticias Aliadas Mario Valencia, de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME). Las cifras oficiales confirman que la explotación de minerales es el gran negocio en Colombia. Autoridades de Comercio Exterior han revelado que más del 85% de la inversión extranjera en el país se encuentra en la extracción de minerales e hidrocarburos. Las estadísticas muestran que entre el 2002 y el 2009 la inversión en este rubro se elevó de US$466 millones a $3 millardos y las exportaciones crecieron de $2.8 millardos a $8.1 millardos. “Las leyes priorizan sólo lo económico”, asegura Juana Díaz, vocera de la Oficina de Territorios y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “En el 2001 se reformó el Código de Minas con la ley 685 que resultó muy exitosa para las grandes empresas. Se pierde entonces la primacía de la propiedad estatal sobre los territorios mineros y la inclusión de elementos de protección ambiental y el reconocimiento de zonas artesanales mineras. Asimismo, coloca unas exigencias que sólo pueden cumplir las empresas multinacionales en cuanto a infraestructura, a maquinaria y algo más grave aún, eliminó el requisito de licencia ambiental para la exploración”. Grandes impactos Sin embargo, la bonanza económica “no concilia con lo ambiental y lo social y existen muchos otros costos que difícilmente pueden ser valorados. Se están extrayendo recursos naturales no renovables causando un gran impacto en el patrimonio colectivo de los colombianos. Se expiden los títulos mineros sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de calificación. Ha sido un sistema plagado de falta de visión y de irregularidades”, dice Juan Mayr, ex ministro del Medio Ambiente y asesor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Las transnacionales poseen concesiones por más de 43,000 km². “Para mencionar un solo caso, la [minera sudafricana] Anglo Gold Ashanti tiene concesionadas 690,000 Ha en los proyectos Gramalote en Antioquia y La Colosa en el Tolima, en números redondos, un territorio inmenso con impacto sobre asuntos políticos y económicos y que explica buena parte de los conflictos sociales que se están viviendo en el mundo de la minería y que tienden a agravarse”, asegura a Noticias Aliadas el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo. “La población está pagando y pagará altos costos que no pueden ser valorados por la economía”, alerta el senador indígena Marco Avirama. “En el proceso de exploración y explotación minera y debido a la maquinaria, vehículos y tecnología empleados se afecta fuertemente la estabilidad de los suelos y su fauna, flora y agua causando la desaparición del ecosistema local, con ninguna posibilidad de recuperación. En el caso de la extracción de oro se necesitan grandes cantidades de agua para separarlo de otros elementos y se utiliza además el cianuro y mercurio que al llegar a los ríos se convierte en un gran contaminante”. Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la desmedida explotación aurífera en Colombia ha llevado a que se convierta en el país más contaminado por mercurio en el mundo. Mediciones realizadas por este organismo el año pasado determinaron que en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, antigua zona de explotación aurífera, hay hasta 10 y 20 veces más el rango de 10,000 nanogramos de mercurio por m³ de aire permitido por la Organización Mundial de la Salud. El recurso hídrico también está seriamente amenazado por la explotación a gran escala. Caso emblemático es la lucha que viene sosteniendo la población del nororiental departamento de Santander que exige al gobierno no expedir la licencia ambiental al proyecto en el que la empresa canadiense Grey Star pretende sacar más de 500,000 onzas de oro al año explotando los yacimientos ubicados en el Páramo de Santurbán, valioso ecosistema protegido por la Constitución, donde existen más de 40 lagunas, centenares de riachuelos y variada y abundante vegetación captadora y retenedora de agua. “Con la explotación se pondrían en riesgo las fuentes acuíferas que surten al acueducto metropolitano de las ciudades de Cúcuta [en Norte de Santander] y Bucaramanga [en Santander], del que dependen 1.6 millones de habitantes”, afirma Robledo. “Se van a utilizar diariamente 40 TM de cianuro, 230 TM de anfo. Se van a dinamitar 1,075 millones de TM de suelo en la primera fase, además que lo ejecutarán en una zona de páramo y reserva natural lo cual está prohibido”. “Y al mismo tiempo que impactan el medio ambiente también afectan nuestros valores culturales”, señala Avirama. “Las estructuras sociales y productivas se alteran. El campesino, indígena o afrodescendiente se ve privado del agua y territorio varias veces por parte de sus propios compañeros que trabajan en la minería informal o se han ‘vendido’ a las grandes empresas. Además la inversión que traen las compañías y el dinero que generan traen costumbres que no están acordes con la forma de vida y costumbres ancestrales de la población”. Despojo y desplazamiento Otra desventaja que los entrevistados por Noticias Aliadas manifiestan es la presencia de grupos armados ilegales que, atraídos por la circulación de dinero, se asientan en la región a extorsionar, o en algunos casos poniéndose al servicio de las transnacionales. “Se está consolidando un despojo de tierra, [a la vez que] se está consolidando una inversión extranjera, especialmente en minería y palmicultura, que está relacionada con el desplazamiento forzado”, ha dicho Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). “Un 32% de las 280,000 personas desplazadas que se registraron en Colombia en el 2010 ocurrieron en zonas donde esas dos actividades económicas se han incrementado notoriamente”. Y dentro de este marco, el gobierno tomó medidas —como iniciar visitas sorpresivas a las minas, caducidad de permiso por inseguridad, aumento de monto de multas y prevé la creación de la Agencia Nacional de Minerales— para regularizar a la pequeña minería, que según afirma es la mayor causante de contaminación, sega más vidas por su informalidad y se ha convertido en una nueva fuente de financiación para los grupos ilegales. Sin embargo, Valencia considera que es una forma de sacar del negocio a estos mineros para entregar las concesiones a grandes empresas. “En Colombia hay más de 2 millones de mineros artesanales, a pequeña escala, que desde hace mucho tiempo han sobrevivido gracias a esta actividad, y el gobierno está tratando de quitarles ese sustento y entregar la explotación a los grandes proyectos mineros”, afirma. “De forma amañada ha ido metiendo en el mismo costal a la minería artesanal con la ilegal, entonces adquiere la autorización para perseguirlos por igual y allana el camino a las grandes transnacionales”. -Noticias Aliadas.