PARROCO ASESINADO

El pasado 8 de agosto el padre José Reinel Restrepo Idárraga dio unas declaraciones al programa Oriéntese, en el que manifestó su rechazo a la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Marmato, Caldas.

domingo, 13 de febrero de 2011

COLOMBIA: Rebelión social contra explotación sin control

Por Helda Martínez
BOGOTÁ, feb (IPS) - Crece la movilización social contra la explotación aurífera en Colombia, una actividad en manos de firmas transnacionales que llevó al país a ser el más contaminado con mercurio del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
"El desarrollo, la inversión extranjera, la generación de empleos o promesas de bienestar para vecinos de la zona de explotación no pueden ser argumentos para arriesgar la riqueza hídrica de nuestros páramos", advirtió la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Esta entidad comunicó al gobierno de Juan Manuel Santos su férrea oposición al Proyecto Minero Angostura, para extraer oro y plata a cielo abierto durante 15 años, a cargo de la firma canadiense GreyStar en el Páramo de Santurbán, en el norteño departamento de Santander.

"No apoyamos una intervención que causará daños irreparables e irreversibles", dijo vía telefónica a IPS Erwing Rodríguez, director de la asociación de comerciantes en Bucaramanga, la capital departamental.

Adhieren a este reclamo la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras y otras organizaciones sociales. "Todos nos oponemos a miradas corto de plazo", enfatizó Rodríguez.

La empresa GreyStar rechazó que el proyecto afecte el ambiente. "Lo mismo me dijo hace 20 años la (firma estadounidense) Drummond", respondió el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez en un foro público realizado en Bucaramanga.

El ex funcionario aludió así a los daños ambientales confirmados en el norteño departamento de Cesar debido a la extracción de carbón por parte esta empresa, desastres que suman a las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos contra la población del lugar y los trabajadores mineros.

Precisamente, esas violaciones motivaron demandas en Colombia y en Estados Unidos y formaron parte de las objeciones para que finamente no se concretara el tratado de libre comercio entre los dos países.

"Es emocionante que por primera vez un conglomerado con participación de las clases media y altas, sectores sociales, agrupaciones políticas de izquierda y ambientalistas se reúnan alrededor de un solo objetivo, como es la protección del agua", señaló a IPS el geólogo Julio Fierro Morales.

El movimiento social en Santander se agrega a la perseverancia de ecologistas del central departamento de Tolima contra la intervención de la empresa sudafricana AngloGold en el municipio de Cajamarca.

"Ha sido un trabajo constante", comentó a IPS por teléfono Evelio Campos, director de la no gubernamental Ecostierra.

La estrategia es divulgar ampliamente los efectos devastadores de la minería en la red hídrica, con 160 fuentes de agua y ecosistemas aledaños, como páramos, bosques de niebla y forestales.

"Visitamos las veredas (parajes) para explicar a la gente el daño ecológicos, sociales y económicos que causaría la explotación", indicó Campos.

Este tipo de información es ampliada a través de un programa radial de media hora diaria y otro semanal, también de media hora, que va por el canal de televisión de Ibagué, la capital de Tolima.

"Este mes iniciamos una carrera en gestión ambiental en la estatal Universidad del Tolima", agregó Campos.

También se registran movilizaciones sociales en los Páramos de Nuevo Colón y Vijagual, en el nororiental departamento de Boyacá.

"Otro ejemplo esperanzador es la movilización de indígenas embera y afrodescendientes contra la explotación de oro en el Cerro Careperro por paarte de la compañía estadounidense Muriel Mining", explicó Fierro.

La Corte Constitucional ya ha dictado "sentencia a favor de indígenas, campesinos, negros y otros ciudadanos que se oponen a las intervenciones mineras de manera valiente, digna", resaltó Fierro.

Movilizaciones que incluyen el sur de Bogotá contra intervenciones contaminantes por parte del ejército en predios de la Escuela de Artillería, la diócesis católica de Bogotá con su Fundación San Antonio y firmas trasnacionales como Cemex, de México, y Holcim, de Suiza.

Este tipo de denuncias y protestas ya son antiguas en Colombia, que ocupa lugar destacado en el mundo por su biodiversidad y que hasta mediados del siglo XX fue uno de los principales exportadores de oro del mundo.

Esa actividad aurífera "decayó luego en concordancia con la situación mundial, de manera correlativa con el aumento de la contaminación", explicó Fierro

Colombia conserva las mayores reservas carboníferas de América Latina, además de poseer plata, platino, esmeraldas, níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y titanio. También explota sal terrestre y marina, gravas, arenas, arcilla, caliza, azufre, talco, yeso, roca fosfórica y rocas ornamentales.

Todas estas riquezas naturales atrajeron a inversionistas extranjeros en la última década, favorecidos por el Código de Minas expedido por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

"Animados después con la promoción exitosa del gobierno siguiente, de Álvaro Uribe (2002-2010), que tuvo desatacada presencia en ferias mineras de todo el mundo en las que aseguraba que el conflicto social había terminó, lo cual permitiría el desarrollo minero", añadió Fierro.

Colombia ha expedido cerca de 10.000 títulos mineros, 4.000 de los cuales ya están en explotación, sin control suficiente por parte del gobierno, según los ambientalistas. Esta irregularidad es reconocida por las autoridades "al afirmar que hasta ahora solo 40 funcionarios pueden verificar el cumplimiento de los controles mineros, lo que es insuficiente", precisó.

El Ministerio de Minas y Energía anunció a comienzos de este mes una reforma que permita aumentar el control en la minería, en especial en la informal e ilegal que se realiza en distintas regiones, motivadas por condiciones de extrema pobreza y falta de incentivos para la agricultura.

Es una actividad muy peligrosa. La Cámara Colombiana de Minas registró en 2010 la muerte de 134 mineros, mientras que ya fallecieron 27 en lo que va del año en dos explosiones en minas de carbón.

"Lo mejor sería impulsar un referendo popular que permita un nuevo Código de Minas, con políticas favorables al país, la conservación de su riqueza natural y humana. Se necesitan cambios profundos que no llegarán por iniciativa legislativa o gubernamental", concluyó Fierro.

El escenario para impulsar el referendo sería la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, que surgió en febrero de 2010 agrupando a más de 50 organizaciones sociales colombianas.(FIN/2011)
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97461

domingo, 6 de febrero de 2011

Rebelión social contra explotación sin control

Por Helda Martínez
BOGOTÁ, feb (IPS) - Crece la movilización social contra la explotación aurífera en Colombia, una actividad en manos de firmas transnacionales que llevó al país a ser el más contaminado con mercurio del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
"El desarrollo, la inversión extranjera, la generación de empleos o promesas de bienestar para vecinos de la zona de explotación no pueden ser argumentos para arriesgar la riqueza hídrica de nuestros páramos", advirtió la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Esta entidad comunicó al gobierno de Juan Manuel Santos su férrea oposición al Proyecto Minero Angostura, para extraer oro y plata a cielo abierto durante 15 años, a cargo de la firma canadiense GreyStar en el Páramo de Santurbán, en el norteño departamento de Santander.

"No apoyamos una intervención que causará daños irreparables e irreversibles", dijo vía telefónica a IPS Erwing Rodríguez, director de la asociación de comerciantes en Bucaramanga, la capital departamental.

Adhieren a este reclamo la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras y otras organizaciones sociales. "Todos nos oponemos a miradas corto de plazo", enfatizó Rodríguez.

La empresa GreyStar rechazó que el proyecto afecte el ambiente. "Lo mismo me dijo hace 20 años la (firma estadounidense) Drummond", respondió el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez en un foro público realizado en Bucaramanga.

El ex funcionario aludió así a los daños ambientales confirmados en el norteño departamento de Cesar debido a la extracción de carbón por parte esta empresa, desastres que suman a las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos contra la población del lugar y los trabajadores mineros.

Precisamente, esas violaciones motivaron demandas en Colombia y en Estados Unidos y formaron parte de las objeciones para que finamente se concretara el tratado de libre comercio entre los dos países.

"Es emocionante que por primera vez un conglomerado con participación de las clases media y altas, sectores sociales, agrupaciones políticas de izquierda y ambientalistas se reúnan alrededor de un solo objetivo, como es la protección del agua", señaló a IPS el geólogo Julio Fierro Morales.

El movimiento social en Santander se agrega a la perseverancia de ecologistas del central departamento de Tolima contra la intervención de la empresa sudafricana AngloGold en el municipio de Cajamarca.

"Ha sido un trabajo constante", comentó a IPS por teléfono Evelio Campos, director de la no gubernamental Ecostierra.

La estrategia es divulgar ampliamente los efectos devastadores de la minería en la red hídrica, con 160 fuentes de agua y ecosistemas aledaños, como páramos, bosques de niebla y forestales.

"Visitamos las veredas (parajes) para explicar a la gente el daño ecológicos, sociales y económicos que causaría la explotación", indicó Campos.

Este tipo de información es ampliada a través de un programa radial de media hora diaria y otro semanal, también de media hora, que va por el canal de televisión de Ibagué, la capital de Tolima.

"Este mes iniciamos una carrera en gestión ambiental en la estatal Universidad del Tolima", agregó Campos.

También se registran movilizaciones sociales en los Páramos de Nuevo Colón y Vijagual, en el nororiental departamento de Boyacá.

"Otro ejemplo esperanzador es la movilización de indígenas embera y afrodescendientes contra la explotación de oro en el Cerro Careperro por paarte de la compañía estadounidense Muriel Mining", explicó Fierro.

La Corte Constitucional ya ha dictado "sentencia a favor de indígenas, campesinos, negros y otros ciudadanos que se oponen a las intervenciones mineras de manera valiente, digna", resaltó Fierro.

Movilizaciones que incluyen el sur de Bogotá contra intervenciones contaminantes por parte del ejército en predios de la Escuela de Artillería, la diócesis católica de Bogotá con su Fundación San Antonio y firmas trasnacionales como Cemex, de México, y Holcim, de Suiza.

Este tipo de denuncias y protestas ya son antiguas en Colombia, que ocupa lugar destacado en el mundo por su biodiversidad y que hasta mediados del siglo XX fue uno de los principales exportadores de oro del mundo.

Esa actividad aurífera "decayó luego en concordancia con la situación mundial, de manera correlativa con el aumento de la contaminación", explicó Fierro

Colombia conserva las mayores reservas carboníferas de América Latina, además de poseer plata, platino, esmeraldas, níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y titanio. También explota sal terrestre y marina, gravas, arenas, arcilla, caliza, azufre, talco, yeso, roca fosfórica y rocas ornamentales.

Todas estas riquezas naturales atrajeron a inversionistas extranjeros en la última década, favorecidos por el Código de Minas expedido por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

"Animados después con la promoción exitosa del gobierno siguiente, de Álvaro Uribe (2002-2010), que tuvo desatacada presencia en ferias mineras de todo el mundo en las que aseguraba que el conflicto social había terminó, lo cual permitiría el desarrollo minero", añadió Fierro.

Colombia ha expedido cerca de 10.000 títulos mineros, 4.000 de los cuales ya están en explotación, sin control suficiente por parte del gobierno, según los ambientalistas. Esta irregularidad es reconocida por las autoridades "al afirmar que hasta ahora solo 40 funcionarios pueden verificar el cumplimiento de los controles mineros, lo que es insuficiente", precisó.

El Ministerio de Minas y Energía anunció a comienzos de este mes una reforma que permita aumentar el control en la minería, en especial en la informal e ilegal que se realiza en distintas regiones, motivadas por condiciones de extrema pobreza y falta de incentivos para la agricultura.

Es una actividad muy peligrosa. La Cámara Colombiana de Minas registró en 2010 la muerte de 134 mineros, mientras que ya fallecieron 27 en lo que va del año en dos explosiones en minas de carbón.

"Lo mejor sería impulsar un referendo popular que permita un nuevo Código de Minas, con políticas favorables al país, la conservación de su riqueza natural y humana. Se necesitan cambios profundos que no llegarán por iniciativa legislativa o gubernamental", concluyó Fierro.

El escenario para impulsar el referendo sería la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, que surgió en febrero de 2010 agrupando a más de 50 organizaciones sociales colombianas.

(FIN/2011)

jueves, 3 de febrero de 2011

Cortes de carretera indefinidos exigen la liberación de las personas detenidas recientemente en Arauca

Paro cívico indefinido en Arauca


Desde las 6 AM de hoy jueves 3 de febrero de 2011 grandes concentraciones de personas han cortado diferentes puntos viales en el departamento de Arauca para exigir la libertad de las siete personas detenidas el día 25 de enero en Saravena. Entre las personas acusadas de rebelión y concierto para delinquir se encuentra el presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR), Ismael Uncasía Uncasía, cacique indígena del departamento. Cada una de las concentraciones está compuesta por unas 500 personas tanto indígenas como no indígenas del departamento que cierran indefinidamente las vías en los siguientes puntos: la salida noroccidental de Saravena (Vía Saravena-Pamplona) y Betoyes, (Vía Tame-Arauca, Tame).

Con estos hechos, las organizaciones sociales de Arauca declaran el Paro Cívico por la Dignidad y Soberanía de los Pueblos Ancestrales y el Movimiento Social y Popular en la que impiden el acceso de transporte público, maquinaria y personal trabajador a algunas instalaciones petroleras que afectan directa o indirectamente a comunidades indígenas U´wa y Sikuani de Arauca. En el mismo orden anterior de corte de vías.

Hace ocho años que en Arauca no tenía lugar una movilización masiva de esta envergadura con cortes de carretera durante un mes a causa de la movilización indígena y campesina de junio de 2003 contra las transnacionales y el accionar paramilitar en la región. Las Organizaciones Sociales de Arauca afirman que los acuerdos que posibilitaron el levantamiento de las barricadas en 2003 no han sido cumplidos.

En este caso, las exigencias son la libertad inmediata del presidente de ASCATIDAR, Ismael Uncasía, y el resto de personas detenidas el 25 de enero. Exigen también que no se criminalice ni judicialice la libertad de asociación, expresión y movilización; que se conforme una Comisión de verificación y seguimiento permanente sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera; que se investigue la utilización de indígenas en políticas de guerra dentro del conflicto que vive el país, y que se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena.

Por otro lado, la convocatoría de la jornada de paro cívico exige que se den garantías para las personas que asumen la vocería en representación de las comunidades indígenas y los movimientos sociales.

Para ASCATIDAR, el objetivo es que dejen en libertad a los compañeros detenidos ya que «su delito ha sido defender y hablar en defensa de los pueblos indígenas del departamento de Arauca». Así, hacen un llamado a toda la población a nivel departamental, nacional e internacional para que conozcan la realidad y la problemática que viven como indígenas originarios de Arauca.

Contacto de prensa: 
310 392 4350
sinfronteras@organizacionessociales.org

Más información y actualizaciones:
http://www.organizacionessociales.org

Paro cívico indefinido en Arauca: http://www.organizacionessociales.org/index.php?option=com_content&task=view&id=682&Itemid=1

miércoles, 2 de febrero de 2011

COLOMBIA Y MINERIA: LAS MISMAS PROMESAS DE LOS GOBIERNOS Y DESPUES DESTRUYEN TODO

Reservas forestales no podrán ser objeto de minería: Minambiente

Beatriz Uribe, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Con la circular 18001 de 2011 el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reiteró la prohibición a las explotaciones mineras en zonas de reserva forestal.
El documento precisa el alcance del decreto 2715 de 2010, en materia del procedimiento administrativo relacionado con la expedición de las solicitudes de legalización de minería tradicional y de minidragas, y garantiza de esta manera la recuperación y supervivencia de los bosques.

El comunicado expedido por la cartera del orden nacional se dirige a gobernaciones, alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo sostenible, Ingeominas y autoridades ambientales urbanas.
En este sentido, el documento establece que “no habrá lugar a legalización cuando las áreas solicitadas para legalizar se encuentren dentro de áreas excluibles de la minería de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 1382 de 2010”.
Entre tanto estipula la facultad de los alcaldes para que cierre las explotaciones e informe a la autoridad ambiental competente en la jurisdicción.

“No obstante, si la superposición es parcial, concluye la circular, el interesado puede continuar con la solicitud de legalización, siempre y cuando presente las nuevas coordenadas y planos en los que se excluya la superposición con la zona de reserva forestal”, explicó el ministerio.

La determinación del gobierno nacional da parte de tranquilidad a los diferentes actores que en el orden territorial se ha opuesto al interés de compañías dedicadas a la actividad para la extracción a futuro de minerales como oro, zinc y cobre de la cordillera Central, y cuyo caso más representativo es La Colosa.

Y aunque representantes de la firma que planeaba adelantar el proceso, la multinacional AngloGold Ashanti, había declarado a La Crónica del Quindío que los trabajos correspondientes a esta operación no involucraban terrenos del departamento y que todos se centraban en el Tolima, la preocupación se mantenía por el hecho de que se calculaban cerca de 60 licencias que se gestionaban para adelantar obras en la zona cordillerana del Quindío, incluyendo empresas como Cerro Matoso.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento, Julio César Cortés Pulido, se mostró satisfecho por la gestión realizada desde la administración con el gobierno nacional para impedir el desarrollo de una actividad minera que podría haber afectado la biodiversidad, el paisaje y el suministro del recurso hídrico del ente territorial.

“El gobernador Julio César López Espinosa ha sido muy claro, hemos recibido su mensaje en defensa de las condiciones ambientales del Quindío. Los alcaldes han sido contundentes y el gobierno departamental ha sido un auténtico vocero de las localidades. En este sentido tuvimos la oportunidad de socializar el tema con la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, en la reunión de la comisión Sexta del Senado en Armenia, en la que se abrió una mesa temática exclusiva donde se le mostró las condiciones en las que podría quedar el territorio cafetero en el caso en el que estas exploraciones y licencias se dieran”.

La gobernación también expuso la situación en otros escenarios, como en el Acuerdo por la Prosperidad que tuvo lugar en esta capital en diciembre pasado, con la disposición de una mesa de trabajo centrada en la materia, así como en las tres últimas versiones del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, Consa, en la que el ente territorial lideró la discusión ante el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Londoño.

“Para nosotros escuchar estas palabras es satisfactorio porque sabemos que estamos en un departamento con condiciones ambientales supremamente importantes y lo que queremos es apoyar los procesos ambientales. Esto se ve reflejado en hechos como ser el primer departamento de Colombia que paga un incentivo a la conservación y cuyos primeros aportes se hicieron a 35 familias que conservan 136 hectáreas en Salento con una suma de aproximadamente $122 millones”.

El titular de la cartera añadió que ya se han adquirido predios para conservación y adelantó que próximamente se firmará convenio con la universidad del Quindío para que se encarguen del manejo ambiental de estos.
“Creo que hay un trabajo importante y es satisfactorio saber que la cartera se ha comprometido con nosotros. Pero el anuncio da además coherencia a la aplicación de la normatividad, la cual era cuestionada al prohibir el otorgamiento de tierras comprendidas en la reserva forestal central para procesos de reforma agraria pero abrirse la posibilidad de que se permitieran explotaciones mineras”, concluyó.


Por: Andrés Felipe Mejía Álvarez

Convocan a marcha para protestar por explotación minera en Santurbán


on el propósito de defender el agua de Bucaramanga y ante el daño ambiental que generaría el proyecto Angostura en la región, la protesta se realizará el viernes 25 de febrero.
El director ejecutivo de Fenalco Santander Erwing Rodríguez Salah se refirió a la controversia de la gran minería en alta montaña, y apoya la convocatoria que los ambientalistas de la región hacen sobre la marcha ‘Defendamos el agua de Bucaramanga’, programada para el viernes 25 de febrero, con salida a las 4 de la tarde del Parque del Agua, bajando por la Avenida Quebrada Seca hasta la Carrera 27, para tomar la Calle 36 y finalizar en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

Según Rodríguez, el Proyecto Angostura contempla la utilización diaria de 40 toneladas de cianuro sódico y 230 toneladas diarias de anfo, con el que se van a dinamitar 1.075 millones de toneladas de suelo en la primera fase.

El Páramo de Santurbán produce el agua necesaria para 2,2 millones de personas ubicadas en los municipios que conforman las áreas metropolitanas de Bucaramanga, Cúcuta y 20 municipios más.

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 1

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 2

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 3

INVASIONES MINERAS EN COLOMBIA - PARTE 4