COLOMBIA: Gobierno reitera prohibición de explotación minera en páramos

EL DILEMA DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN

EL ORO QUE ENRIQUECE O EL AGUA QUE DA VIDA

JORGE WILLIAM SÁNCHEZ LATORRE, abogado, montañista, ambientalista.

El Páramo de Santurbán es detentador de dos importantes riquezas que en mi sentir se excluyen entre sí: En sus más de sesenta mil hectáreas abundan el oro, la plata y otros minerales de alta estima y de gran valor comercial, cuya explotación sin duda alguna reportaría –por concepto de regalías y oportunidades de trabajo- beneficios económicos para la región. Por otra parte, es un valioso ecosistema donde existen más de cuarenta lagunas, centenares de riachuelos, variada y abundante vegetación captadora y retenedora del vital líquido; es decir, se trata ni más ni menos que de una verdadera y gran fábrica de agua de la cual nos beneficiamos todos los seres vivos de este Gran Santander y de otras regiones del país.

El dilema, entonces, resulta evidente: Si se explota el oro y la plata a gran escala y a “cielo abierto”, como lo pretende la transnacional canadiense Greystar, esos recursos hídricos y todos los demás elementos bióticos del páramo resultarían seriamente afectados y en grave peligro de extinguirse en detrimento, por supuesto, de todos los que somos beneficiarios de los mismos. Si se excluye de ese ecosistema todo tipo de actividad minera (y cualquier otra actividad humana que lesione el páramo como la agricultura y la ganadería) la gran fábrica de agua podrá conservarse a perpetuidad. Obviamente, nunca se captarán los recursos económicos derivados de las regalías ni se ocuparán centenares de brazos actualmente cesantes. Entonces, citando a quien es considerado la conciencia ecológica del país, Andrés Hurtado García, me pregunto con él “¿Que vale más: El oro que engorda los bolsillos o el agua sin la cual no hay vida ni bolsillos que engordar?”

La decisión que hace pocos días adoptó el Ministerio de Ambiente (auto 1241 de abril 20), en el sentido de devolverle a la Greystar el estudio de impacto ambiental de su proyecto “Angostura” para que presente uno nuevo en el que “deberá considerar el ecosistema denominado “Páramo de Santurbán” como área excluida de la actividad minera”, implica que –al menos por ahora- uno de los actores gubernamentales de carácter nacional involucrados en el dilema planteado toma decididamente partido a favor de la protección del páramo. El otro actor, el Ministerio de Minas y Energía, al haber otorgado por conducto de “Minercol” a la Greystar la concesión minera N° 3452, está a favor de la explotación de minerales auroargentíferos sin importar que la misma se desarrolle en su mayor parte en zona paramuna. Entonces, surgen estas preguntas: ¿Deben primar las actuaciones y decisiones del Ministerio de Minas o las del Ministerio de Ambiente? ¿Qué pasa cuando entran en conflicto normas, actuaciones y decisiones de ambos ministerios, conflicto en cuyo vórtice está un ecosistema que racionalmente debería ser protegido?

La Corte Constitucional, en memorable fallo de exequibilidad de mayo 7 de 2.002 donde proclamó el “Derecho al Ambiente Sano”, sentó su posición sobre el particular creando lo que ella misma llamó el “Principio de Precaución” o “in dubio pro ambiente”, según el cual “…en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada, la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias.” (Sentencia C-339).

Habrá que esperar los resultados de la decisión que adopte el Ministerio de Ambiente frente al recurso de reposición a que tiene derecho la Greystar, la que, con toda seguridad, va a defender con “uñas y dientes” no solo su proyecto sino la gran inversión efectuada. Confiamos quienes nos hemos proclamado desde hace muchos años como defensores del Páramo de Santurbán que la decisión se mantenga ya que la misma es el resultado de la correcta interpretación de las normas jurídicas que regulan los páramos en Colombia y, además, como ya se dijo, está avalada por la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional.

Ojalá la CDMB avance con prontitud en su proyecto de constituir la zona del Páramo de Santurbán que corresponde a Santander en Parque Natural Regional, tal y como ya lo hizo hace algún tiempo su homóloga de Norte de Santander, CORPONOR, con la parte de este valioso ecosistema que por linderos le compete. De esta manera ese gran patrimonio de los santandereanos quedaría definitivamente fuera del alcance de las transnacionales mineras y de cualquier depredador del medio ambiente.

http://www.iniciativaambiental.net/noticias/Soberania/Soberania_popular/2010/5/16/El-dilema-del-Paramo-de-Santurban-El-oro-que-enriquece-o-el-agua-que-da-vida/

Gobierno reitera prohibición de explotación minera en páramos

La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dijo que está en estudio la licencia ambiental a la canadiense Greystar.La explotación minera está total y definitivamente prohibida en los páramos y otras zonas protegidas del territorio nacional, reiteró la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero.
La advertencia de la funcionaria fue hecha durante un debate en la Comisión Quinta del Senado, a donde asistió para abordar el tema de la explotación minera en el páramo de San Turban y su eventual afectación al ecosistema.
Frente a la posibilidad de otorgar licencia ambiental a la empresa canadiense, Greystar, para explotación de oro en límites de los departamentos santandereanos, la titular de la cartera señaló que ante el Ministerio se radicó dicha solicitud y que en tal sentido se realizarán los estudios técnicos con base en cartografía detallada.
"Sólo de esta manera se logrará identificar si el proyecto contempla para esta actividad alguna zona de páramo. En todo caso y a todas luces la exploración y la explotación minera no está permitida por Ley", enfatizó Uribe Botero, según un informe de prensa.
En cuanto a los procedimientos que actualmente adelanta el Ministerio, la titular de la cartera recordó que los estudios se realizarán también para lo social y ambiental.
Indicó que el próximo 21 de noviembre se adelantará una audiencia pública en la cual podrán participar los interesados, que previamente estén inscritos para presentar sus planteamientos al respecto.
Destacó la importancia del censo que adelanta Ingeominas para determinar la situación de los títulos mineros otorgados en zonas de importancia estratégica para el medio ambiente.
Señaló que "anterior al nuevo Código se expedían títulos mineros independientemente de la viabilidad ambiental, situación que debe revisarse. La Locomotora de la minería tiene que funcionar, en zonas que no estén excluidas por la Ley".
http://www.elespectador.com/articulo-230427-gobierno-reitera-prohibicion-de-explotacion-minera-paramos

COLOMBIA: Senadores piden al Gobierno no aprobar proyecto minero en el páramo de Santurbán

Martes 19 de Octubre de 2010

La Comisión Quinta del Senado de la República le solicitó hoy martes al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que no apruebe la intervención minera en el páramo de Santurbán, despensa de agua para un millón 700 mil habitantes de Santander y Norte de Santander.

Cabe advertir que en esta zona se han asignado más de 40 concesiones mineras, sin contar los proyectos que están pendientes de aprobación, como es el caso del proyecto Angosturas de la multinacional Greystar Resources, para extraer oro.

La solicitud de Comisión Quinta del Senado fue radicada por el congresista santandereano, Jaime Durán, quien aseguró que la explotación minera en el páramo de Santurbán podría generar contaminación del agua que recibirían los bumangueses y que alimenta fuentes hídricas de Norte de Santander. 

Al debate en el Senado asistieron los ministros de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega; de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Londoño Uribe, así como el director encargado de Ingeominas, César David López. Noticia en desarrollo.

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/10-colombia/6198-senadores-piden-al-gobierno-no-aprobar-proyecto-minero-en-el-paramo-de-santurban

Nueva explosión redujo posibilidades de encontrar vivos a mineros colombianos

Una nueva explosión ocurrida en la mina de carbón "La Esperanza" -localizada en la población de Tasco, en el departamento de Boyacá, en Colombia- redujo las posibilidades de encontrar con vida a dos mineros que están desaparecidosdesde hace dos días y con quienes los colombianos esperan que se repita lo que llaman el "milagro de Chile".

El jefe de la Defensa Civil de la región, Hugo Bohórquez, informó a la prensa que la explosión se registró esta mañana y provocó un nuevo deslizamiento de tierra en el socavón de carbón, donde permanecen atrapados Hernán Alfonso Barrera y John Freddy Ordóñez sin que se sepa si están vivos o muertos.

La nueva explosión no dejó socorristas heridos, pero sí obligó a éstos a trasladarse -desde el punto en el que se encontraban- a un túnel paralelo para lograr llegar al sector donde, se presume, están los dos mineros.

"En el túnel paralelo que se está elaborando hay una roca muy difícil de romper y por eso se ha tardado la excavación hasta el lugar donde se encuentran los obreros. Aún así, seguimos trabajando sin detenernos ni un sólo minuto", dijo Luis Fernando Piñeros, director de la Defensa Civil en Boyacá.

Un grupo de médicos, familiares y rescatistas permanece, a la espera de nuevas informaciones, en las afueras del yacimiento, situado en una región con numerosas minas de carbón que son explotados de manera rudimentaria y en las que son frecuentes este tipo de accidentes.

http://www.cooperativa.cl/nueva-explosion-redujo-posibilidades-de-encontrar-vivos-a-mineros-colombianos/prontus_nots/2010-10-14/141520.html

Quién controla la locomotora minera

El nuevo director de Ingeominas, Andrés Ruiz Rodríguez, reconoce que la capacidad fiscalizadora del Instituto está desbordada.

Un hallazgo de la Contraloría General de posibles irregularidades por más de 200.000 millones de pesos en la explotación de níquel de Cerro Matoso enciende las alertas en un momento en que el gobierno se la juega toda por cambiar el régimen actual en el manejo de estos recursos.

Documentos internos de la Contraloría General revelan las graves limitaciones de Ingeominas para verificar si las grandes empresas mineras le están girando a la Nación las regalías correspondientes a lo que producen.

Al revisar las cuentas de Cerro Matoso S.A., una de las minas de ferroníquel más grandes del mundo perteneciente a la BHP Billiton, situada en Montelíbano, Córdoba, la Contraloría General de la Nación encontró que las cuentas que por concepto de regalías presentó a la Nación están desfasadas en 23.000 millones de pesos. La entidad de control pudo establecer además que la empresa incluyó entre sus gastos de operación los correspondientes al sostenimiento del club y los colegios de los empleados. Una auditoría privada contratada por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), la entidad estatal que recauda y distribuye las regalías mineras de la mayor parte del país, con la excepción de aquellas provenientes de hidrocarburos, coincidió en la cifra.

La Contraloría además estableció que la empresa había negociado un material denominado canga, un subproducto de la explotación del níquel, por 180.000 millones de pesos menos de su valor real. La multinacional, basada en Australia, está discutiendo la validez de estos hallazgos ante un tribunal de arbitramento.

Este es uno de los descubrimientos que ha realizado la Contraloría, luego de dos años consecutivos de auditorías especiales a Ingeominas, y que está consignado en informes que hasta ahora salen a la luz pública, por iniciativa del representante conservador a la Cámara David Barguil.

"La información con la que se certifica el pago de las regalías mineras es en un alto porcentaje de buena fe", concluyó la entidad de control, luego de sus investigaciones. Dispara así una preocupante alarma en momentos en que el gobierno se la juega toda por cambiar el régimen actual en el manejo de estos recursos con un proyecto de ley en curso ante el Congreso.

Ingeominas recauda al año 1,6 billones de pesos que provienen de la explotación de minas de ferroníquel, carbón, oro, esmeraldas, sal, plata, hierro, entre otros metales, correspondientes a más de 3.000 títulos mineros. Para realizar esta labor, según informó a SEMANA esta entidad, tiene un equipo de 50 personas entre Bogotá y las diferentes regiones, que hacen al menos dos visitas al año por título. Si esto fuera real significaría que cada funcionario estaría cumpliendo la maratónica labor de realizar, en promedio, 120 visitas al año. Aun, de ser así, no podrían destinar más de dos días a cada visita para verificar si la producción que reportan las compañías mineras corresponde al pago de regalías que giran a Ingeominas. 

Aunque más del 90 por ciento de las regalías recaudadas provienen de tan solo 15 grandes explotaciones mineras, consideradas "proyectos de interés nacional", ni siquiera la información que declaran estas grandes empresas dueñas de estos títulos mineros es verificada debidamente, según los hallazgos de la Contraloría. Esto no solo deja un amplio margen para que ocurran irregularidades, sino que además permite que se puedan incumplir los términos de los contratos. 

Porque durante años el control de las regalías mineras estuvo en manos de Carbocol y Minercol, que terminaron infiltradas por la corrupción, fue que en 2004 se le trasladaron estas funciones a Ingeominas. Sin embargo, este había sido pensado como un instituto científico y no como recaudadora de regalías e impuestos. La Contraloría explicó en sus informes que, fruto de las dificultades en el cambio de sus funciones, la Subdirección de Fiscalización de Ingeominas ha tenido seis subdirectores en propiedad y nueve directores del servicio minero en menos de siete años. Cabe preguntarse cómo se puede poner en marcha una política consistente con semejante rotación de personal.

"Para qué nos decimos mentiras, la capacidad fiscalizadora del Ingeominas está desbordada", dijo a SEMANA su recién llegado director, Andrés Ruiz Rodríguez, quien explica que la estructura de la entidad no se adecuó al ritmo de crecimiento en las solicitudes de títulos y, además, que su presupuesto de 94.000 millones no es suficiente para verificar reportes de regalías por 1,6 billones de pesos. Ante sus limitaciones, Ingeominas contrató auditorías externas para mejorar su capacidad de control, pero por esta vía solo ha podido revisar dos grandes contratos, uno de los cuales confirmó los hallazgos de la Contraloría. 

Según sostiene Ruiz, es previsible que una situación similar se esté dando en las gobernaciones a las que el Ministerio les ha delegado funciones equivalentes a las de Ingeominas. Sin embargo, considera que si bien "es cierto que se parte de la buena fe de la minera multinacional, es atrevido decir que, porque no podemos fiscalizar con el suficiente nivel de detalle, todo el proceso es un acto de fe".

La contralora general, Sandra Morelli, dijo a SEMANA que desde hace unos días empezó a escuchar del tema, y ahora que ya identificó los informes, anunció que designará un Grupo de Reacción Inmediata dedicado al tema, dirigido por el vicecontralor. Asegura que no entiende por qué no se habían publicado los informes realizados por su entidad, pero que ya tiene suficientes elementos para comenzar a actuar. "Un tema que logra poner de acuerdo a congresistas tan opuestos como David Name, Jorge Robledo y David Barguil, definitivamente debe tener algo para revisarle", dice Morelli.

El representante Barguil viene liderando con su copartidaria, la senadora Nora García, un proyecto de ley que, entre otras cosas, busca que sea la Dian la que se encargue de recaudar y distribuir las regalías. Barguil aseguró a esta revista que "esta es la punta de un iceberg de un aberrante caso de corrupción en el que pueden estar refundidos miles de millones de pesos en regalías y en impuestos. Este es un tema donde no solo hay que mirar lo que pasa en las regiones cuando llega el dinero, sino fortalecer al Estado para que sí llegue lo que corresponde".

La propuesta contempla además endurecer la capacidad regulatoria del Estado en estos contratos, pues los informes de la Contraloría, por ejemplo, encontraron casos en que algunos mineros, aun sin estar al día con sus obligaciones o sin resolver deudas con la Nación, consiguieron grandes exenciones. "No es posible que, por ejemplo, haya carboneras que tenían que pagar en el año 1,2 billones de pesos y que lograron exenciones por más de 900.000 millones de pesos. Así no le está quedando nada al país", dice Barguil. 

El director de Ingeominas explica que en la gran minería las condiciones de los contratos y la aplicación de sanciones varían, pues depende de cómo el Estado haya negociado en su momento con cada empresa. Considera que el nuevo Código Minero le da mayores posibilidades al país para obtener beneficios de esta riqueza, aunque precisa que hay un debate jurídico sobre cuál es la reglamentación que se debe aplicar al renovar los contratos existentes. 

Morelli defiende la idea de entregarle estas funciones a la Dian, con mayor capacidad y experiencia en cobros eficientes. Además, cree que "el país tiene que mejorar su capacidad de negociación, y si hay cláusulas que hacen insostenibles los contratos, se puede buscar anularlos. Nadie está obligado al absurdo".

Este debate sobre cómo fortalecer la capacidad fiscalizadora real del Estado sobre los grandes emprendimientos mineros se torna álgido, ahora que el gobierno le está dando un impulso sin precedentes a este sector y que se ha impuesto el reto de convertirlo en locomotora principal de la "prosperidad democrática".
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/10/6133

Las transnacionales canadienses, el Tiempo y Marmato

Carta del senador Jorge Enrique Robledo a Roberto Pombo, director de El Tiempo, 12 de octubre de 2010. Es notoriamente exagerada, falsa, la afirmación del enviado especial de El Tiempo a Marmato, Caldas, cuando dice que en 2006 “una avalancha se llevó la alcaldía, la plaza, la iglesia y 92 casas”. 

Seguramente, tal desproporción se explica porque su corresponsal fue a Marmato, dice la crónica (Oct.11.10), “por invitación de Medoro” Resources, la minera canadiense que tiene como meta destruir todo el casco urbano del municipio para montar una gran explotación de oro a cielo abierto.

No es casual que en Colombia, donde hay miles y miles de viviendas en riego y por todas partes, solo se esté en la tarea de desplazar a los marmateños, preciso donde el capital extranjero tiene el plan de extraer 7.5 millones de onzas de oro.

Y el debate, señor Director, no es solo sobre la legitimidad de desplazar a millares de marmateños que se resisten a perder su pueblo, sino sobre quién va a pagar el daño en caso de que la trasnacional se salga con la suya: si los extranjeros que se lucrarán en grande con el negocio o si Caldas y Colombia si se sigue dando pábulo a la falsedad de que hay que desplazarlos por riesgo.

La empobrecida Gobernación de Caldas lleva lustros invirtiendo en el desplazamiento de Marmato para lucrar a unos extranjeros que a la postre pagarán unas regalías insignificantes (entre el 1 y el 3.2 por ciento). La Colombia Golfields, otra minera canadiense a la que la Medoro le adquirió los derechos, compró y cerró más de cien minas y con total impunidad sometió a Marmato a una crisis social sin precedentes, al tiempo que anunció que “el coste total (del desplazamiento) podría estar alrededor de los 20 millones de dólares, con la posibilidad de compartir este gasto con el gobierno”.

El colmo de los colmos sería que a los marmateños los desplazaran para hacerle el negocio a la Medoro, que también se quedo con la Frontino Gold Mines, en Segovia, Antioquia, y que el resto del desplazamiento lo pagaran la Gobernación de Caldas y el gobierno nacional.
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/10/6148